27 de noviembre 2023
Uno a uno los acusados se sientan en los bancos ajados de la sala de Tribunales, justo atrás de sus defensores. Testigo a testigo, audiencia a audiencia, escuchan todo desde que empezó el juicio, el pasado 11 de octubre, y cada tanto hablan en voz baja con sus abogados, que los representan ante el juez del Tribunal Oral Criminal N° 4, Emir Caputo Tártara.
Como el arranque de la audiencia puede tardar hasta tres horas, suelen ocuparlas esperando frente al fuero penal, charlando o fumando un cigarrillo tras otro. Dos de ellos están acompañados por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que los siguen segundo a segundo desde el penal, donde cumplen prisión preventiva. El resto viaja desde sus casas, que ubicadas en la periferia de La Plata, también son sus cárceles: cumplen prisión preventiva en sus domicilios desde el 2019. Desde 2018 rotaron entre comisarías federales, alcaidías y penales hasta que lograron estar presos en sus casas.
Son, o más bien eran, casi todos feriantes del parque Saavedra. El predio que se extiende de 12 a 14 y de 64 a 68 comenzó a ser una opción para cada vez más trabajadores de la feria desde comienzos del 2016. La crisis económica desatada a partir del 2015 no solo empujó a los platenses más humildes a subsistir con la compraventa callejera, sino a enfrentarse a la informalidad más cruda y a las lagunas legales que eso conlleva.
Denunciados penalmente por funcionarios del área de Seguridad del gobierno de Julio Garro, estos seis feriantes (tres hombres y tres mujeres) fueron investigados por la Justicia ordinaria y la policía federal y detenidos hasta el juicio. Los acusan de asociación ilícita y extorsión, pero Ellos aseguran que estaban organizados a pedido del mismo de la Municipalidad, aunque ni en la denuncia ni en la investigación penal que se llevó adelante hasta detenerlos, aparece una sola vez el nombre de su Asociación Civil, integrada por más de 100 feriantes. Fue amparados en esa organización que habían acordado voluntariamente realizar pagos semanales por el armado de estructuras y cuidado de la mercadería.
Los acusados son Estela Martínez y Roberto Martínez (hermanxs), Alicia Lauge, Claudia Monti, Jorge Fierro y Javier Huertas. Sus defensores Ignacio Fernández Camillo, Solange Barnetche, Adrián Rodríguez Antinao y Federico Ravina, trabajan a contrarreloj por pedido del juez para argumentar en contra de la acusación del fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia, que podría llegar a pedir penas de 8 a 20 años de cárcel. Su hipótesis de caso es que el gobierno local de Cambiemos utilizó a la justicia penal como fuerza de choque para «sacarse de encima» el problema de los feriantes informales de Parque Saavedra. En otras palabras, aluden a una práctica conocida: el lawfare, la guerra judicial.
El armado
Según Darío Ganduglia -por entonces secretario de Seguridad municipal- y su segundo en orden, Fernando Padován, esta “organización delictiva” extorsionaba al resto de los puesteros amenazándolos con no dejarlos vender si no pagaban. En su denuncia radicada el 20 de julio de 2018 ya planteaban el doble delito de extorsión y asociación ilícita y señalaban a Huertas y a Alicia Martínez como los “jefes” de esta banda extorsiva. La denuncia la tomó la fiscal Virginia Bravo, que debía llevar adelante una investigación.
Como se mencionó antes, desde el inicio de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) hasta las detenciones no hay una sola mención a la “Feria Parque Saavedra Gazebos Blancos Asociación Civil”, organización que nucleaba desde marzo de ese año -el de la denuncia-, a varios de los presuntos delincuentes, y que en su carta orgánica describe desde la conformación de la Comisión Directiva hasta la necesidad de hacer aportes semanales para el mantenimiento de la feria.
Se trataba de una cuota voluntaria pero solicitada para proveer estructuras, cuidado de la mercadería por las noches, limpieza del baño y el mantenimiento de una sana competencia entre los puestos con la ubicación específica de cada uno, como reflejo de un acuerdo asambleario. Los socios también habían firmado un poder que permitía a Huertas y Martínez dialogar -y negociar- con la Municipalidad en nombre de todos. Esto surge de testimonios de otros feriantes recogidos en la causa y de los mismos detenidos. A pesar de esto, la investigación avanzó con la mira puesta en las extorsiones.
El Municipio aportó prueba y, presumiendo incumplimientos por parte de los feriantes, adjuntó: la Ordenanza 9322 del año 2001 que regulaba el funcionamiento de las ferias y su modificatoria, la 9177, que declara de interés municipal la actividad artesanal; y la Ordenanza 10.001 del 2005 que autorizaba a la ONG “Feria Artesanal y Cultural Parque Saavedra” a utilizar parte de la zona como experiencia piloto (esta última ya vencida al momento de la denuncia).
Perycia comprobó que además hay otra Ordenanza más nueva, del 2013: la 11.089 sobre el uso de las veredas del Parque Saavedra, que autorizaba a la ONG de artesanos a funcionar por dos años, que no fue adjuntada como prueba, aunque hubiera sido más pertinente que la anterior. Es que según testimonios de todos los feriantes -de cargo y de descargo- durante el juicio, el Parque era compartido entre feriantes de gazebos, artesanos y manteros, y cada grupo tenía su sector particular. Una dinámica organizada pero no por eso desprovista de tensiones.
El Municipio también aportó videos y fotografías del domicilio de Huertas y Martínez, que probaban que los jueves y viernes entraban y salían varios autos de la casa, y el testimonio clave de una pareja de feriantes, que en el expediente consta que fueron a declarar acompañados por Padován, el denunciante. Ellos confirmaron la versión de la Comuna y aseguraron que si no pagaban un determinado monto, no podían ir a trabajar. La mujer dijo que Huertas y Martínez la “obligaban a ir a pagar a su domicilio el alquiler del lugar del Parque, pero yo llevaba mis cosas para el puesto”.
Después de un pedido de detención infructuoso, el caso tomó un giro llamativo: la fiscal ordenó que interviniera la policía federal -algo extraño en causas del fuero provincial- y avanzó en una rápida individualización de seis acusados. Eran integrantes de la Comisión Directiva, la cocinera de una olla popular que organizaban y el fletero que traía y llevaba mercadería de los feriantes. Sin embargo, algo llamó la atención de la defensa: el informe de la PFA inicia con “tareas de investigación e inteligencia” sobre los sospechosos sin una orden previa de la fiscal Bravo, que pediría un mes más tarde sólo la individualización del domicilio, tal como consta en la causa.
Además se sumaron testimonios de otros dos feriantes de plaza Alsina, uno de los cuales aseguró haber sido extorsionado y dijo: “Somos 60 feriantes de 1 y 38 que no queremos pagar y estamos en la calle”. Bravo inició un segundo pedido de detención sumando los testimonios y un informe de la Federal flojo de pruebas (horas y horas de videos del Parque Saavedra, proveídas por un domo del Centro de Operación y Monitoreo municipal que ya realizaba focos y zoom a los investigados, según declaró un policía en el juicio). El juez Pablo Raele aprobó el pedido y se libró la orden.
Mientras todo esto ocurría, los feriantes organizados estaban en una lucha legal-administrativa con la Municipalidad por la realización de la feria. Habían intentado un traslado a la feria de 80 y 134, pero unos encargados tercerizados del predio les quisieron cobrar un canon y la situación se había tensado. El 14 de diciembre de 2018, en el marco de esa causa judicial, el Juzgado 2 de la Justicia en lo Contencioso Administrativo le había confirmado a la Asociación Civil un permiso provisorio para seguir funcionando en el Parque por un mes. Apenas horas más tarde, los seis feriantes fueron detenidos por la policía federal. Pasarían casi cinco años presos preventivamente.
Según surge de las declaraciones de feriantes en el juicio, desde ese mismo sábado el Parque amaneció blindado con policías, gendarmes y agentes del Municipio, a los que además denuncian por haberles “secuestrado” mercadería y estructuras. La defensa advierte que la misma Municipalidad cayó en el delito de desobediencia frente a la decisión del Juzgado contencioso y pidió que se lleve adelante una investigación al respecto.
Cinco años más tarde, lagunas de memoria
Los abogados hablan sin dudar de una causa armada: dicen que la Comuna y la Justicia desconocieron por completo la existencia de la Asociación Civil cuando venían negociando desde antes, y cuestionan que la investigación penal preparatoria se haya llevado adelante junto a la Policía Federal, con el añadido de estas tareas “investigativas y de inteligencia” (sic) por parte de la PFA, sin orden judicial previa que las avalase.
En el juicio, el oficial de inteligencia que firmó la foja reconoció que pudo haber recibido la orden “por teléfono”. “La investigación de la policía federal tuvo lugar en absolutamente toda pesquisa a realizar y con inteligencia a las familias”- explicaron los abogados, destacando que la participación de la federal es llamativa cuando debería haber intervenido la bonaerense – “Establecieron vínculos que dieron lugar a imputaciones y posteriores privaciones de libertad como las de Claudia Monti, amiga y colaboradora de la olla comunitaria que Javier Huertas y Estela Martínez realizaban en su casa para todo el barrio; o la de Roberto Víctor Martínez, hermano de Estela y albañil en su casa, que puso algunas veces un puesto en el Parque, pero que no tenía vinculación con la comisión directiva. Todo fue en aras de provocar el mayor daño posible a la organización laboral que se había constituido, atacando en términos personales y de vínculos a sus organizadores”, aseguraron a la prensa.
Lo cierto es que ya en instancia de juicio, los testimonios de la pareja de feriantes denunciantes se desdibujaron, y el de la mujer -que era el más contundente- se modificó parcialmente.
Sentada frente al tribunal, la ex feriante -actual trabajadora municipal- aseguró que no tuvo inconvenientes y que podía trabajar “libremente” en el Parque. En otro tramo de su declaración, consultada por la Fiscalía, ratificó su afirmación en la IPP: “Si no pagaba no podía trabajar”. Pero la mujer dijo desconocer la existencia de la Asociación Civil, aunque existe un poder firmado por ella misma para permitir que los representantes de la asociación negociaran por todos.
Tras casi una hora de preguntas, repreguntas de la defensa y la verificación de su propia firma en el poder, se vio obligada a reconocer que era socia de la Asociación. Pese al pedido de la defensa, el juez desistió de imputarla por falso testimonio, considerando que no había actuado “de mala fe”. En cuanto al marido, también hizo declaraciones que llamaron la atención, por ejemplo dijo en pleno juicio haber declarado para Fiscalía en la Torre I, sede municipal, durante el período de instrucción. El juez Caputo Tártara, esta vez, accedió a “tener en cuenta en la sentencia” la situación que contó el testigo.
Por su parte los denunciantes, tanto Ganduglia como Padován, parecen haber borrado cassette. Ninguno se acordaba puntualmente de la denuncia, ni de cuándo la habían hecho, ni de quiénes habían sido los feriantes que habían aportado como prueba en esa causa, ni de que habían intentado constituirse -sin éxito- como particulares damnificados.
Padován, fiscal penal de la Provincia desde 2019, reconoció que la Ordenanza que presentaron al principio estaba obsoleta: “Tal vez se haya debido a un error”. Ganduglia dijo no conocer a la Asociación Civil, ni su litigio con la Comuna, ni haberles otorgado nunca un permiso precario. Y si bien aseguraron que la Municipalidad no realizaba tareas de investigación de ningún tipo, concedieron que los videos del domicilio Huertas y Martínez habían sido seleccionados por estar las cámaras ubicadas en “una zona marcada por el mapa de delito”: 13 y 80. Consultadas por este medio, fuentes oficiales del Municipio dilataron la posibilidad de brindar un testimonio extrajudicial, y al momento de esta publicación los funcionarios no han hablado del tema por fuera de Tribunales.
Como testigo de parte, otro feriante que declaró solidificó la hipótesis de la defensa: “El municipio nos pedía charlar con una institución, no con una persona, para llegar a firmar un convenio. El señor Pablo Alvarez me llevó con engaño, yo era referente de 1 y 38 y al sacarnos dijo que nos cedía el espacio de 14 de 66 a 68. Fuimos 120 puesteros pero cuando llegamos el espacio estaba ocupado. Lo que no queríamos era un enfrentamiento, y este señor Álvarez quería un enfrentamiento entre los puesteros. Por eso nos fuimos a la parte del medio y hablamos con las personas que estaban a cargo del espacio. A mí personalmente nunca me cobraron. El resto de los puesteros decían que a varios les cobraban, no tengo una prueba, de comentarios no puedo hablar”, dijo el ex feriante y dirigente de manteros de Plaza Alsina.
Además, contó que se había retirado de la feria tiempo antes del allanamiento a integrantes de la Asociación, porque no se quería “quedar a confrontar los pocos lugares que había” y que varios grupos se disputaban. Le hizo una denuncia a Álvarez por extorsión e incumplimiento de deberes como funcionario público (que está archivada) y se llevó su puesto de Petshop a otra parte.
En las últimas jornadas del juicio, cuando la defensa pudo presentar sus testigos, feriantes de todos los rubros ratificaron la versión de la creación de la Asociación Civil para lograr un acuerdo sólido con la Municipalidad, negaron la extorsión y aseveraron que los aportes eran “voluntarios”, especialmente para pagarle a un grupo de jóvenes -hasta ahora no identificado en absoluto durante el juicio- que armaba los puestos de madrugada y los dejaba listos para usar.
Una feriante comentó: “Muchos compañeros vivían de la feria, entonces apostaron todos los ingresos que tenían en invertir para hacer la diferencia en las Fiestas, que es donde más volumen de ventas hay. Hasta que ese día (el 14 de diciembre) fuimos a trabajar y nos estaban esperando. No pudimos entrar más. Nos esperaba Gendarmería, la policía, y no nos dejaron pasar”. La mujer es la mejor amiga de Alicia Lauge, otra de las imputadas, feriante de comidas que ahora está encerrada en su casa y con un permiso laboral para cuidar de un anciano.
La testigo contó: “Yo fui a pedir trabajo porque no tenía nada y me pusieron al lado de Alicia. Se convirtió en mi mejor amiga, mi hermana. Y sé que esto la desgastó como persona, como ser humano. Pasó muchas situaciones difíciles en la vida pero esto la destruyó. Nosotras siempre fuimos pobres, pero decentes. Y que te toquen tu autoestima y tu persona es lo más bajo que nos puede pasar en la vida”, dijo, antes de contar una situación de torturas que su amiga vivió estando detenida en la comisaría de la Federal.
Javier Huertas es pintor y silletero. Ferió con su mujer desde que empezó a bajar el trabajo en su rubro, por el 2016, hasta los últimos días que pudo: tenían un puesto de ropa en Parque Saavedra. Asegura que, como presidente de la Asociación, era el que más seguido se reunía con funcionarios municipales para tramitar permisos y habilitaciones. Hablaba con Ganduglia, Oscar Negrelli (secretario de Coordinación municipal), Álvarez, Roberto Di Grazia (Convivencia y Control Ciudadano) y Emanuel Reyes (director de Inspecciones) entre otros, según cuenta a Perycia al salir de una de las audiencias.
“Ellos me decían ‘Mirá Javier, nosotros no podemos negociar con personas comunes, tienen que ser instituciones, organizaciones civiles u ongs’. Lo hicimos, hicimos el poder, y después en la causa nos ponen ‘el grupo de choque autodenominado La Comisión’. Se usaba esa frase porque éramos la Comisión directiva”, dice Huertas con una sonrisa amarga. Aunque comenzaron en 2016 siendo poco más de 40, en 2019 y “con la llegada de muchos feriantes de 1 y 38 (plaza Alsina) éramos entre 300 y 400. Hacíamos reuniones en el club 28 de Octubre o en un centro de jubilados, teníamos abogada y contadora, porque también nos pedían monotributo social”. Según Javier y los demás feriantes, siempre cumplieron con todas las demandas que el Municipio hacía, y aceptaban ir renovando los permisos individuales precarios mes a mes.
Ahora su situación es la más complicada ya que lo acusan, a él y a su mujer, de ser los “líderes” de esta presunta banda. Su pareja no asiste al juicio por motivos de salud mental y permanece detenida en su casa. Él asiste religiosamente. Lo mismo hacen los demás detenidos. El 13 de noviembre, los que aún permanecían en penal (Fierro y Martínez) obtuvieron la domiciliaria tras de meses de insistencias de la defensa. Eso, y lo que sus abogados aseguran es una acusación inconsistente, son sus únicas buenas noticias de este juicio.
Basándose en testimonios de algunos feriantes, la Fiscalía apostará sus cartas y existe la posibilidad de que se reduzca el delito y por ende el pedido de pena. La mayoría ya llevan 4 años y 11 meses detenidos. Para sus abogados “el Municipio tenía un interés claro, la instalación de la feria en otro predio, cobrando un canon a los feriantes para el ingreso, y así lo terminó haciendo con quienes quedaron sin organización que los respaldara; que se entienda, fue un ataque directo al sindicalismo argentino”. Así lo intentarán demostrar durante la próxima jornada y en los alegatos, previstos para el 4 de diciembre. Según dictó el juez en la última audiencia, y pese a la protesta de la defensa por la falta de tiempo, el veredicto será previo al 18, cuando el magistrado salga de licencia.
