Levitando, suspendido en el aire, indestructible e infinito, es el asbesto, ese mineral que ya se cobró la vida de 3 trabajadores del subte (Jorge Bisquert, Juan Carlos Palmisciano y Jorge Gabriel Pacci), enfermó la pleura de 84 trabajadores y condenó al cáncer a otros 6.
En Argentina está prohibido desde el año 2003. La compra de las formaciones que lo convirtieron en el enemigo invisible de trabajadores y pasajeros del subte – uno de los medios de transporte más utilizados por la población urbana en el área metropolitana – se realizó bajo el gobierno de Mauricio Macri entre los años 2011 y 2012, casi nueve años más tarde. Bajo la concesión de EMOVA Movilidad S.A — desde 2021 perteneciente al Grupo Roggio, que brinda servicios de infraestructura al extractivismo—, el subterráneo sigue funcionando con esos coches.
La venta de vagones de trenes subterráneos contaminados llegó desde Madrid a Buenos Aires hace más de diez años: en los manuales de las formaciones ya figuraba la presencia del componente. Más de una década después, EMOVA/Metrovías, SBASE y el Gobierno de la Ciudad siguen sin reconocer a los trabajadores la presencia del cancerígeno en el subte.
Las mediciones que niegan la contaminación por asbesto las realiza la APRA (Agencia de Protección Ambiental), ente dependiente del Gobierno de la Ciudad que, mientras destina presupuesto en campañas para el reciclado de botellas y la vacunación de mascotas, sigue exponiendo a los usuarios de uno de los medios de transporte más utilizados en la metrópolis al mineral.
La APRA no admite estudios de laboratorios que no estén en sus registros: laboratorios privados que se encargan de medir la contaminación del espacio y ámbito público, en este caso, de las áreas que comprenden el subterráneo.
Consultado por Perycia, el ente proveyó un listado de laboratorios que, al igual que el listado de la web, no incluye especificaciones sobre parámetros de los agentes contaminantes que mide cada uno, ni los métodos con que lo hacen, ni las acreditaciones o certificaciones que poseen. Solicitamos además (a través de la Ley 104 de Acceso a la Información Pública) que nos detallaran el estado del proceso de desasbestización que vendrían llevando a cabo, y nos informaron que “excede a las competencias asignadas a la Dirección General de Control Ambiental mediante Resolución Nº 81-GCABA APRA/20”.
Con respecto a las mediciones de asbesto en subestaciones – Pellegrini, Alem, Los Incas, Urquiza, Malabia y Medrano (estas dos últimas con el informe de medición pendiente) – de la línea B, la más contaminada, nos informaron que, además de solicitar las tareas de desamiantado, las últimas mediciones de aire con fecha con resultado de analito de asbesto con concentración (resultado analítico) 0,01 f/cc, arrojaron valores por debajo de los establecidos en el Decreto N° 351/79, reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72 (Valores aceptados de 0.1f/cc).
La respuesta parece coherente pero es extraña: si bien el límite máximo es de 0,1 fibra/cc como comprobó Perycia, la norma citada (Dec. 351/79) dejó de aplicarse para para las mediciones de asbesto en el año 2003. La que ahora está vigente es la Res. 295/2003, que la reemplazó.
Esta resolución del Ministerio de Trabajo establece incluso que la exposición al asbesto es determinante de riesgo y que su presencia puede ocasionar un grave daño ambiental y a la salud, independientemente de las concentraciones existentes. El Ministerio de Salud, por su parte, declaró el 1º de octubre como “Día Nacional de Lucha contra el Asbesto”.
Quien mejor sintetiza el panorama es Hernán Rubio, consultor independiente en Salud, Seguridad y Medio Ambiente: “Ni el APRA ni la DGPDT (Dirección General de Protección del Trabajo), tienen los medios, ni el equipo profesional, ni la voluntad política de auditar nada”.
Definirlo para limitarlo
El miércoles 8 de noviembre del 2023 giró en las comisiones de Trabajo, Presupuesto, Medioambiente y Salud de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que el diputado Daniel Gollán, médico sanitarista y ex Ministro de Salud, presentó el jueves 9.
El proyecto contempla la realización de un análisis y mapeo a nivel nacional sobre asbesto: dónde se encuentra, en qué cantidades y estados y qué tipos de asbesto hay, para poder clasificarlo y, en virtud del riesgo, dar intervención a la quita y disposición final del mineral.
Gollán comenzó a plantear el tema cuando la discusión por el asbesto llegó – gracias a la lucha de los trabajadores del subte – a cobrar dimensión pública. “Este problema tiene más prioridad (para los trabajadores de Emova) por la exposición. Después habrá que empezar a trabajar en un proyecto más macro, que tenga que ver con una ley que puede salir de esta Cámara, que plantee el tema con un diagnóstico de situación: saber dónde es más peligroso, para hacer un plan e ir erradicándolo de escuelas, clubes, fabricas”, había reflexionado entonces el legislador.
El asbesto se encuentra en todos lados y, a raíz del trabajo de todos estos años de lucha por la desasbestización, frente a los distintos desafíos planteados por la problemática, a los trabajadores del subte les tocó visitar espacios que no son habitualmente comunes para ellos. Incorporar conocimientos, tecnicismos, herramientas y todo lo que pudieron, de donde pudieron, para trabajar conjuntamente en pos de su lucha.
“Fuimos a la CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo), al COPIME (Congreso de Higiene y Seguridad en el Trabajo), a la Academia Nacional de Medicina, a la Legislatura, al Congreso. Así fue surgiendo este proyecto multidisciplinario que, en asamblea con los trabajadores del subte, se votó con la mayoría como parte del plan de lucha por la desasbestización en el subte. Los trabajadores impulsamos y apoyamos el proyecto porque, aunque el ambiente del subte es uno de los mayormente contaminados por asbesto, somos solidarios con el resto de la sociedad”. Francisco Ledesma es integrante del equipo de la Secretaría de Salud Laboral del Sindicato del Subte y confía en que el proyecto cuente con la aprobación de un arco mayoritario de funcionarios de distintos bloques.
Trabajadores y diputados iban a reunirse en diciembre para avanzar en la discusión en comisiones sobre el proyecto de ley para mapear el asbesto en la Argentina. Pero el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus redefinieron la agenda legislativa. La confirmación de oferentes para la fabricación de flota nueva que iba a salir en diciembre se postergó para marzo 2024. En la actualidad, hay una sola empresa que desasbestiza u ocluye el asbesto instalado en la infraestructura y flotas de subtes.
Doscientas cincuenta mil personas mueren cada año por la exposición a este mineral en el mundo. El número no alcanza a dimensionar la magnitud de las consecuencias que se subregistran porque los primeros síntomas, dependiendo de las preexistencias físicas, pueden demorar hasta diez años en manifestarse. Asbestosis, mesotelioma, cáncer de pleura, neumoconiosis, todos derivados de un proceso aún incomprendido por la medicina, que socava la salud de los trabajadores expuestos a la avaricia empresarial y a una fibra que, flotando en el aire, no reconoce fronteras.
El tema del asbesto comprende a las escuelas, a las universidades, al transporte, a distintos sindicatos. Ya desde la UOCRA y La Bancaria dieron el visto bueno al proyecto. Con el seguimiento de la Doctora en Geología Leticia Lescano –(Universidad Nacional del Sur), Especialista en contaminación con asbestos, docente del departamento de Geología y veedora de la OIT – que confirmó la presencia de asbesto en piezas de las flotas Fiat, CAF-GEE, Siemens, Nagoya, en techos del Premetro y frenos de escaleras mecánicas de madera; el proyecto es también una invitación para que distintos actores de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones y activistas medioambientales, las facultades de medicina y organizaciones de salud nacionales, repiensen al asbesto no sólo en el marco de la lucha que vienen dando los trabajadores del subte, sino también como un desafío en materia de legislación laboral y de salud.
