El caso de Julieta Pistoia es un ejemplo de lo que sufren las mujeres y feminidades en situación de vulnerabilidad dentro de las narcoestructura, en la que son es eslabón más débil. Son revictimizadas por una Justicia sin perspectiva de género que además, persigue y criminaliza a las y los consumidores. Pero también, la de Julieta es una historia de resiliencia y lucha colectiva, ya que gracias a su ingreso a “Vientos de Libertad”, rama que trata consumos problemáticos en el Movimiento de Trabajadores Excluidos, pudo conseguir su libertad.
Hace poco más de dos meses llegó a su fin la pesadilla que atravesó Julieta. La joven bonaerense cumplió cuatro años de prisión sin sentencia firme por el delito de “partícipe necesaria” en la causa de comercialización de estupefacientes contra su ex pareja. El pasado 31 de octubre el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mercedes la declaró inocente y le dictó una pena por juicio abreviado de un año en suspenso bajo la carátula de tenencia simple, porque según los elementos de prueba, no había cometido ninguna acción vinculada con la comercialización.
Julieta es un caso testigo de la criminalización que padecen las personas con problemas de consumo, en particular feminidades. Su condición de mujer la expuso a una situación de vulnerabilidad mayor. Tras 10 años de adicciones y encontrándose en situación de calle, conoció a Gastón, un dealer que le ofreció un lugar donde vivir. Comenzaron una relación signada por la violencia. Ella denuncia que durante los alrededor de dos meses que estuvo en pareja sufrió golpes, insultos y manipulación a través de su problemático vínculo con la droga.
De acuerdo a Ignacio Funes, defensor de Julieta, “la voluntad de ella estaba condicionada, no tenía dominio ni autodeterminación del hecho a partir de la situación de consumo y de la relación violenta que tenía con el principal condenado en esta causa”. Además, el también abogado de Vientos de Libertad, señaló que esta vinculación asimétrica entre consumidoras y dealers es muy habitual.
Desde su experiencia en el MTE, remarcó que “lo que le pasaba a Julieta también le pasa a un montón de compañeras”. Funes explicó que los hombres que se dedican a la comercialización suelen generar “un vínculo sexoafectivo atravesado por una situación de violencia y al mismo tiempo se le suma el agravante de la manipulación de la sustancia. Se aprovechan de esa situación en la que se encuentran (las mujeres consumidoras) y las manipulan con el consumo”.
“Las mujeres quedan en una situación de desamparo”
La situación de Julieta empeoró en el 2019. La casa donde vivía con Gastón fue allanada y él resultó detenido por comercialización de drogas. Luego de 20 días, también ella fue apresada y acusada de “partícipe necesaria” en la causa de su pareja. La prisión preventiva se extendió por el plazo de cuatro años: permaneció un mes en una comisaría, dos años en la Casa Convivencial Comunitaria para Mujeres, Niñes y Diversidades de “Vientos de Libertad” y otros dos con prisión domiciliaria.
Durante su estadía en el centro de “Vientos de Libertad/ MTE”, su caso fue tomado por Ignacio Funes y Natalia González, abogados de la organización, ante las dificultades que la organización tuvo para comunicarse con la defensa pública de Julieta, a cargo de Juan Bautista Mahiques, defensor federal adjunto del Departamento Judicial de Mercedes.
“Viento de Libertad” es una rama del MTE abocada a abordar las problemáticas de consumo en barrios populares a lo largo del país. La organización cuenta con una red de 86 centros barriales y 13 casas comunitarias convivenciales. De estas últimas, tres están dedicadas a mujeres y diversidad; dos se encuentran ubicadas en la provincia de Buenos Aires y una en Neuquén. Estas casas tienen la particularidad de permitir alojar madres con sus hijos e hijas.
Funes resaltó la necesidad de crear más dispositivos de tratamiento para mujeres y disidencias. “Son muy pocos los lugares que existen a nivel nacional que tengan esta perspectiva y que además llevan adelante el servicio, el tratamiento y el proceso de manera gratuita. De varones hay muchos más dispositivos. En cambio, las mujeres quedan en una situación de desamparo absoluto”, explicó. Además, el abogado consideró que otra de las falencias de muchos dispositivos es que no tienen en cuenta la posibilidad que las mujeres que son madres puedan alojarse con sus hijos e hijas.
No es un caso aislado
“Las redes de la narcoestructura utilizan a las personas con problemas de consumo para garantizar su impunidad en el territorio, abastecer su negocio, y muchas veces ni siquiera les pagan con plata, solo les dan sustancia. Entonces, es una situación análoga a la trata de personas”, expuso Funes. La mayor causa de detención de mujeres cis, travestis y trans es por infracciones a la Ley de Estupefacientes N° 23.737, según el Servicio Penitenciario Bonaerense.
El abogado afirmó que, conforme a lo que viven en “Vientos de Libertad”, las personas con consumo problemático de barrios populares judicializadas son criminalizados por “la comercialización, no por tenencia. Es una situación recurrente, por lo menos en mi opinión, de mantener una política punitiva activa contra el sector. Como la tenencia simple hoy, con todo el desarrollo de la jurisprudencia, es mucho más discutida y la pena es menor, suelen calificar los hechos como comercialización”.
En esa línea agregó: “La lectura que hacemos nosotros es que el Poder Judicial siempre trata de resolver las cuestiones sin atender a las características propias del caso, sin la personalización del caso. En general se resuelve sin analizar la condición de género, la condición de vulnerabilidad social a la que están expuestas la mayoría de las mujeres que, de alguna u otra manera, pueden llegar a estar implicadas en esta red de comercialización”.
Las mujeres en la nacroestructura
De acuerdo a un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), las mujeres y diversidades en latinoamérica son el eslabón más débil de la narcoestructura, que debido a las crisis sociales y económicas, a los procesos de precarización laboral y la “subordinación al varón”; no encuentran otra opción de supervivencia más que las vías ilegales. Las tareas que suelen realizar son de escasa responsabilidad y no violentas, pero más riesgosas, como el transporte de droga.
Conforme al estudio, las problemáticas que giran en torno al ingreso de las mujeres en la narcoestructura son la ingesta de estupefacientes – más común en las zonas de frontera, que consiste en el microtráfico de estupefacientes dentro del cuerpo –; la vulnerabilidad económica, que es transversal en la mayoría de los casos y tiene que ver con las condiciones de pobreza estructural; el engaño, casos en donde las mujeres desconocen el delito; y la trata de personas, en la que se las obliga a cometer el delito.
Además, se contemplan otras dos problemáticas análogas al caso de Julieta. Por un lado, cuando media la violencia de género, muchas mujeres son acusadas de coautoras o partícipes necesarias de los delitos cometidos por su pareja/agresor sin tener en cuenta la situación de sometimiento en la que se encontraban. Por otro, el llamado “mujeres de las circunstancias”: casos en donde por el solo hecho de ser convivientes se las considera cómplices sin acreditarse de forma fehaciente el delito.
Estas mujeres suelen estar en circunstancias de extrema vulnerabilidad social, económicas, afectivas y psíquicas, según este informe titulado “Narcocriminalidad y perspectiva de género”. Esas condiciones no son tenidas en cuenta por el sistema penal que actúa de manera “violenta, discriminatoria y desproporcionada debido a criterios de género y sexualidad”. El estudio concluye que las mujeres y disidencias padecen una doble vulneración, primero por las redes de la narcocriminalidad y luego por el sistema judicial “que no garantiza el debido acceso a la justicia”.
Vientos de Libertad
Tras cuatro años de lucha, Julieta y su defensa llegaron a la instancia de juicio oral el pasado 31 de octubre. En esa jornada, el fiscal de la causa solicitó una audiencia preliminar en la que pidió el cambio de carátula de comercialización a tenencia simple. “Nosotros lo discutimos un poco, lo pensamos, pero hicimos primar la voluntad de Julieta. Ella quería cerrar la situación ya”, manifestó Funes.
Luego, el fiscal ofreció a la defensa un juicio abreviado que culminó en la condena de Julieta a un año de prisión en suspenso por considerar, según los elementos de prueba, que la joven no había cometido ninguna acción vinculada con la comercialización. Por lo tanto, se le otorgó la libertad. “Lo que pasó es que la fiscalía –no quiero decir por falta de ganas solamente, sino por ahí incluso por una sobrecarga de trabajo – nunca leyó la causa hasta el día anterior del juicio”, relató el abogado.
De acuerdo al defensor, tras su paso por Vientos de Libertad, Julieta se comprometió con la visibilización de la problemática. Para la organización, este caso se convirtió en una consigna política: “Tratamos de visibilizar, además de la criminalización y todas estas circunstancias horribles en las que suelen estar las mujeres, también que faltan dispositivos para mujeres con sus hijos”. El espacio también exige que se aplique la perspectiva de género en los casos como el de Julieta, así como que se deje de poner el foco en los pibes y pibas con problemáticas de consumo y que se comience a investigar a los reales responsables de la nacroestructura.
