La mañana del jueves 23 de noviembre de 2023, los abogados de genocidas Sebastián Olmedo Barrios y Gonzalo Miño, se miraron sonrientes en la audiencia virtual del Tribunal Oral Federal TOF N°1 y se saludaron con ironía, citando a Guillermo Francella:
_Buen día, ¿hermosa mañana verdad?_
Los defensores de Ismael Verón, Enrique Welsh y Alberto Crinigan (co-autor junto a Victoria Villarruel de un libro reivindicando la última dictadura), imputados por crímenes en los centros clandestinos «1 y 60» y la Comisaría 8va de La Plata, tenían buenos motivos para celebrar: Habían pasado apenas 4 días del triunfo de Javier Milei en el balotaje.
Con La Libertad Avanza, no irrumpió solamente un gobierno negacionista. Asumió – por primera vez en 40 años de democracia – una administración atravesada de punta a punta por personas vinculadas a la casta militar y la Dictadura.
El mapa de represores en el Gobierno.
El propio Milei tiene como uno de sus penosos antecedentes laborales haber sido asesor económico del genocida Antonio Bussi durante su paso por el Congreso nacional en los ´90. Durante el debate presidencial, usó las mismas palabras que las del genocida Emilio Massera en el Juicio a las Juntas para decir que en Argentina “hubo una guerra” en la que el Estado cometió “excesos” y además dijo que no hay 30.000 desaparecidos sino 8.753. Fue más allá en las provocaciones cuando el 1 de marzo de este año, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, cuestionó las políticas sanitarias durante la pandemia y dijo que si hubiese sido de otra manera, «hubiéramos tenidos 30.000 muertos, de verdad». En el mismo recinto parlamentario, un mes antes, el diputado Itaí Hagman puso en evidencia que Milei «copiaba y pegaba» palabra del ministro de Economía de la Dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz.
El caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel es el más emblemático. Esa una referente nacional del negacionismo más reaccionario y preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Se entrevistó con el dictador Jorge Rafael Videla en prisión. Su nombre figuraba en los cuadernos de Miguel Etchecolatz, quien la agendó como una de las abogadas que podía ayudarlo en el juicio que lo llevó a la cárcel. Su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, fue un militar que participó del Operativo Independencia «contra la delincuencia subversiva” en Tucumán y después en la guerra de Malvinas fue subjefe de Aldo Rico, en la Compañía de Comandos 602.
El tío de la vicepresidenta, el capitán Ernesto Villarruel, también fue militar. Después de estar prófugo, en 2015 fue detenido cuando fue a votar, acusado por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención el Vesubio. No lo juzgaron porque los estudios médicos determinaron que sufría Alzheimer y se lo declaró incapaz.
En septiembre de 2023, Victoria Villarruel logró meter su relato de «Memoria completa» en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, un ámbito institucional que hasta ese momento había sido vedado a relatos pro-dictadura. Como contó Perycia, Villarruel encabezó un «homenaje a víctimas del terrorismo», donde la familia militar le dijo que confiaban en ella y la entonces postulante a vice les respondió «No me voy a olvidar de ustedes».
Botas en la Rosada y el Congreso
La búsqueda de puentes entre el gobierno de Milei y la Dictadura se vuelve inagotable si se rastrea a legisladores provinciales, concejales y otros dirigentes de La Libertad Avanza a lo largo y ancho del país. Una de las últimas revelaciones apunta a la Agencia Federal de Inteligencia donde habrían arribado ex espías de las Fuerzas Armadas.
La radiografía genocida en el Ejecutivo es amplia:
- El ministro de Defensa, Luis Petri, posó esta semana en una foto con Cecilia Pando, y un grupo de mujeres casadas con represores condenados, para quienes piden la libertad.
- El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , fue abogado de Enrique Barre, imputado por crímenes de lesa humanidad en el juicio de las Brigadas policiales de la Bonaerense.
- El jefe del Ejército, Alberto Presti, es hijo de Roque Carlos Presti, jefe del Regimiento 7 de Infantería de La Plata durante 1976, implicado en delitos de lesa humanidad como el ataque a la casa de Teruggi- Mariani, tras el cual sigue desaparecida Clara Anahí Mariani-Teruggi.
- El presidente de Fabricaciones Militares, Hugo Alejandro Pascarelli es hijo de Hugo Hildebrando Pascarelli, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino el Vesubio.
- El Diputado nacional de La Libertad Avanza por Tucumán, Ricardo Bussi, es hijo del multicondenado Antonio Bussi.
- El senador riojano Juan Carlos Pagotto fue abogado defensor de represores.
- Nicolás Kasanzew, designado por Villarruel como titular de la Dirección de Gesta de Malvinas en el Senado, fue corresponsal de la televisión pública (ATC) en Malvinas y ex combatientes lo señalan por ser “propagandista” de la versión de la Dictadura.
- Augusto Vilgré La Madrid, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur es coronel retirado y veterano de la guerra. En 1989 actuó en la represión del copamiento de La Tablada, que culminó con desapariciones y fusilamientos extrajudiciales. Se jacta de haber sido parte del operativo en el que el Ejército desapareció a cuatro personas.
- Carlos Manfroni es coautor, junto a Villarruel, de “Los otros muertos: Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70”. En enero, fue designado jefe de gabinete en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich.
- La diputada marplatense Juliana Santillán es hija del suboficial mayor de la Armada Carlos Santillán, destinado a La Base Naval de Mar del Plata en la que funcionó un centro clandestino de detención. Se considera integrante “orgullosa de la familia militar, de la Armada, de la Marina”.
«El aparato del terror y la crueldad»
Este 24 de marzo no es un 24 más. A 48 años del Golpe genocida, el «Nunca Más» parece puesto en duda, con un gobierno que reinstala el relato de la Dictadura, copia parte de sus políticas económicas, desarma el Estado, disuelve derechos, reprime las protestas y amenaza con sacar las Fuerzas Armadas a las calles.
A días de la movilización por el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció que le intervinieron el teléfono; Teresa Laborde, hija de la sobreviviente Adriana Calvo y nacida en cautiverio, dijo que la amenazaron de muerte y una militante de H.I.J.O.S denunció que fue abusada, golpeada y amenazada por persona que ingresaron a su casa y le dejaron un mensaje que dice «Viva la Libertad Carajo». La víctima del atentado le dijo a Página12 que el «gobierno habilita el terror y la crueldad» y reclamó que se investigue «el aparato que está detrás».
