Publicada: 25/3/2024
¿Quién es el fiscal de Mar del Plata que denunció a Estela de Carlotto por los delitos de «amenaza de rebelión» y «alzamiento en armas contra la Constitución»?
Se trata de Juan Manuel Pettigiani, un miembro de la casta judicial muy conocido en la ciudad balnearia. Según la denuncia que presentó contra la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, sus declaraciones sobre Milei en el marco de la masiva marcha por el 24 de Marzo, «se vieron precedidas por la quema, en la ciudad de La Plata, de un muñeco que representaba al Presidente, lo que marcaba el contexto de la violencia en el que se desarrollaron los hechos».
La referente de derechos humanos, de 93 años, había dicho que Milei «Es un extraño personaje. Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido»
Pocos días antes, el mismo Pettigiani denunció a Juan Grabois por supuestas irregularidades con el Fondo de Integración Socio Urbana en Mar del Plata y luego Grabois pidió su jury porque lo comparó con el narco colombiano Pablo Escobar.
En 2019, Perycia publicó un perfil completo de Pettigiani, un polémico integrante del Poder Judicial bonaerense que hasta fue denunciado por maltrato y acoso laboral.
En ese momento, el beneficiado por sus dictámenes había sido Carlos Stornelli, el fiscal de Comodoro Py que se encontraba en rebeldía, en la causa por espionaje ilegal conocida como «D´Alessio Gate». Pettigiani pidió la absolución de Stornelli y presentó un dictamen en la Cámara Federal de Mar del Plata para que el caso más resonante de esos tiempos sea retirado del juzgado federal de Dolores – a cargo en ese entonces de Alejo Ramos Padilla, – y guiada hasta territorio amigo de los personajes más implicados: los trajinados despachos de Comodoro Py.
Buscaba dormir una causa que había revelado como nunca antes las conexiones tóxicas entre jueces y fiscales federales, agentes de inteligencia orgánicos e inorgánicos, comisarios, dirigentes políticos y periodistas de influyentes medios de comunicación.
Un entenado judicial y político
A Juan Manuel Pettigiani le cuadra literalmente el mote de familia judicial: es el hijo del ex presidente de la Suprema Corte de justicia de la provincia de Buenos Aires. Eduardo Pettigiani (padre) fue nombrado en el Poder Judicial por Videla en 1976 y como juez de Mar del Plata fue un rechazador de habeas corpus por personas desaparecidas. En democracia, benefició a represores y llegó a la Corte bonaerense de la mano de Eduardo Duhalde, de quien había sido su secretario de Seguridad. La cercanía de su padre con Duhalde lo llevó a coquetear con la idea de ser intendente de Mar del Plata en 2011, cuando Juan Manuel se mostraba públicamente como un paladín contra la inseguridad. Pero su principal padrinazgo político fue el del sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas. “Cada vez que el Momo venía a Mar del Plata se los veía juntos. Cuando murió faltó como una semana al despacho”, confía un hombre que suele caminar los pasillos de los tribunales marplatenses.
Pettigiani tiene otro mentor y es un viejo amigo del padre: Fabián Fernández Garello, jefe de los fiscales de Mar del Plata, investigado por secuestros y torturas a militantes durante la última dictadura, como ex agente de inteligencia de la Bonaerense.
En su carrera judicial el fiscal lleva cosechadas, por sus decisiones, un rosario de manifestaciones en su contra. En 2006, tuvo los primeros repudios cuando dictaminó que los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), entre cuyos imputados se encontraba el ex fiscal Gustavo Demarchi, no eran delitos de lesa humanidad y por lo tanto estaban prescriptos. Con el tiempo, Petiggiani fue recusado, su dictamen anulado y siete de los nueve miembros de la CNU condenados.
“En las causas por trata de personas, la mayoría de las veces pide juicio abreviado”, le dice a Perycia otro hombre que frecuenta los letrados marplatenses. En marzo de 2017, el Movimiento de Mujeres y la Diversidad Mar del Plata pidió su destitución. La bronca era por el juicio contra los empleados y el dueño del prostíbulo “La Posada”, que había terminado con los siete acusados absueltos. Pettigiani había retirado la acusación a cinco de los siete imputados considerándolos “fácilmente reemplazables y que eran también personas vulnerables”. Además, en el caso de Aníbal Soria -sospechado de ser el financista-, había pedido su absolución para el delito de trata de personas y mantenido sólo el de explotación económica de la prostitución ajena. Un año después, la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa absolución y dispuso un nuevo juicio oral.
Unos meses más tarde, en junio de 2017, el fiscal volvió a estar en boca de todos: arregló un juicio abreviado -que no se ventila y prevé penas muy bajas– con los abogados de una banda de neonazis que daba golpizas brutales a jóvenes homosexuales que caminaban por las calles de La Feliz. Pero la justicia provincial logró que el juicio finalmente se llevara a cabo.
Pettigiani pidió penas bajas aduciendo que no se había probado la existencia de una “organización criminal”. Finalmente, el tribunal oral los condenó a penas de 15 años. “Antes de leer el fallo, el juez del tribunal Roberto Falcone habló sobre el rol del fiscal, lo mandó a estudiar, y hasta nombró bibliografía”, cuenta un periodista que aquél día estuvo en la sala.
En abril de 2018, más de cien organizaciones volvieron a firmar un documento público pidiendo por su apartamiento. “Un fiscal que defiende represores, esclavistas sexuales y neonazis, cuyo accionar atenta sistemáticamente contra los derechos humanos, debe ser nuevamente sumariado y definitivamente apartado”, decía el paper. Entre los seis fallos “vergonzosos” que enumeraban, contaban el de la CNU, el juicio contra el tratante Luis Germán Ituarte – en el que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) había considerado su actuación como una “incongruencia de actuación que avergüenza”-, y el de la banda neonazi.
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