En diciembre de 2023 comenzó formalmente el gobierno de La Libertad Avanza con su fundador, Javier Milei, como presidente. Inmediatamente, la motosierra empezó a rugir, y se comenzaron a ejecutar recortes a mansalva en varios asuntos de los que el Estado, mal o bien, se ocupaba. Hasta ese momento, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) funcionaba bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social y otorgaba subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos, sobre todo para aquellos de alto costo. Estaba destinado a personas de bajos recursos, que no contaran con cobertura médica y se trataba del último recurso -nacional- en caso de que existiera, por alguna razón, la imposibilidad de que cada provincia se hiciera cargo.
Al asumir en su cargo, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, decidió modificar la estructura, ya que consideró que la DADSE debía depender de la cartera de Salud, desde ese momento a cargo del ministro Mario Russo. Además, presentó una denuncia en la Justicia en la que aseguró que en la anterior administración se había incurrido en “graves irregularidades” a través del organismo. A pesar de asegurarle a los beneficiarios que no sufrirían consecuencias por este movimiento, sus vidas se volvieron un incordio en el que conseguir los medicamentos es una odisea. Según las respuestas a los pedidos de información de las organizaciones sociales, hay entre 1.300 y 1.600 solicitudes “en proceso”, sin respuesta, en el organismo. Según sus propias palabras, el gobierno los abandonó.
No se trata solo del cuerpo. Recibir el diagnóstico de una enfermedad es un golpe que amenaza con un futuro sombrío y que afecta y reorganiza una vida entera. La respuesta casi inmediata es el instinto de supervivencia. En 2024, ya sabemos que la ciencia ofrece, con su aura solemne, una forma de preservar el milagro, la vida. El tratamiento existe, le comunica el profesional. La esperanza persiste, siente el paciente. Pero los milagros terrenales no son gratuitos y los laboratorios lo saben. Para dimensionar la situación, estamos hablando de ampollas, comprimidos e inyecciones que cuestan millones de pesos. Y de personas que no tienen empleos registrados e incluso de menores, cuyos padres no poseen obra social por la misma razón.
Tomate tu tiempo
La denuncia hacia la antigua administración de la DADSE consta de 14 fojas y fue presentada por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. Recayó en el juzgado federal número 11 que se encuentra vacante y que subroga Julián Daniel Ercolini. La investigación está a cargo del fiscal Carlos Rívolo. “La denuncia está medio floja, pero se va a avanzar”, aseguró un alto funcionario con acceso a la causa.
El texto, al que tuvo acceso Perycia, denuncia a quienes fueron autoridades y funcionarios del organismo. La presentación asegura que los procedimientos de selección de proveedores no solo no eran claros, sino que eran rudimentarios y que fueron ignoradas dos auditorías hechas en 2019 y 2022 que advertían esta situación. De ellas se resalta que “independientemente que se trate del otorgamiento de subsidios, se deberán observar los principios básicos tutelados en la normativa vigente aplicable a toda la APN [Administración Pública Nacional] en materia de compras y adquisición de bienes y servicios”, ya que “se vulneran los principios de transparencia, igualdad de proveedores e igualdad de oferentes (…)”. La acusación es por presunta defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El proceso de investigación de esta causa, como sabemos, puede ser lenta. En general lleva tiempo y burocracia. Pero este rasgo característico del sistema, en este caso, es determinante. No hay tiempo. Paralelamente, el Gobierno decidió traspasar la DADSE a la cartera de Salud a cargo de Russo y resaltó que los pacientes no son el motivo de la denuncia y seguirán manteniendo sus medicamentos. Pero esto, como veremos, es falso. La dilatación de la resolución judicial sirve, de alguna manera, como forma de ahorro en un plan de recorte feroz, y los días pasan también para quienes esperan su tratamiento: se acortan a cada momento sus chances de supervivencia. Tal es así, que seis personas fallecieron durante estos meses de desidia esperando su tratamiento: Camila Giménez (Córdoba), María Teresa Troiano (Buenos Aires), Alfredo González (Buenos Aires), Mariana Floridia (Buenos Aires), Patricio Romanos (Buenos Aires) y Aldo Pinto (Salta). Las organizaciones que recopilaron estos casos aseguran que puede haber más.
El tire y afloje judicial
A partir de febrero, luego del traspaso, el ministerio de Salud comenzó a hacer los llamados para la presentación de presupuestos de asistencia directa. Además, el responsable de la cartera, Mario Russo, recibió a los representantes de las organizaciones no gubernamentales de pacientes oncológicos, patologías poco frecuentes y crónicas. Y por otro lado, la vocería del Ministerio circuló un comunicado de prensa en el que informa que “se avanzó en resolver los pedidos identificados como las más urgentes en base a criterios de auditoria médica. Se resolvieron 320 y semana a semana, se seguirá concretando el otorgamiento de medicamentos a fin regularizar la totalidad de la demanda pendiente”.
Lo que no menciona es cómo se resolvieron esos casos -en general fueron rechazados-, ni el tire y afloje judicial que se está dando entre el Estado y los pacientes. Celeste Quintana vive en la ciudad de Quilmes y en 2019, a sus 28 años, fue diagnosticada con cáncer en el sistema linfático. Su médica le indicó una droga que se llama Pembrolizumab en dos ampollas de 100 mg cada 21 días, en ciclos de dos aplicaciones. Es decir, precisa cuatro ampollas en seis semanas que cuestan aproximadamente 7 millones de pesos cada una. Celeste no tiene obra social ni un empleo registrado y en el Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer (IPDYTC) de la Provincia de Buenos Aires se negaron a entregárselo por estar “fuera del vademécum”. La DADSE, su última opción, llevaba meses sin contestarle el pedido, por lo que presentó un amparo en el juzgado contencioso administrativo federal número 11. La cautelar salió a su favor, pero el ministerio de Salud apeló la decisión, retrasando aún más la entrega de las ampollas que la mantendrían con vida. Por último, el juez federal Martín Cormick volvió fallar a favor de Celeste, quien finalmente obtuvo lo requerido.
“Se trata de una tortura psicológica”, argumentaron los integrantes de las organizaciones sociales que llevan adelante el reclamo. Débora Bosco es la presidenta de la Fundación Solidaridad Cáncer (FUSOCA) y en diálogo con Perycia destacó la angustia a la que se encuentran sometidos quienes además de lidiar con la enfermedad, ahora lidian con la idea de no poder continuar sus tratamientos: “Hay casos que no pueden esperar. Hay un pequeñito de 9 años que por el avance de su enfermedad sufrió la amputación de un brazo y su mamá se comunicó conmigo porque necesitaban administrarle morfina cada 4 horas para los dolores. La semana pasada ese nene falleció. Incluso tuvimos casos en los que, sobrepasados por el estrés, los pacientes intentan quitarse la vida. Es tristísimo”, se lamentó.
El 15 de abril se presentó un pedido de amparo colectivo por parte de la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa) junto a la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil SOSTEN, la Fundación Entrelazando Esperanza, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo. Esta recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo-Federal N°7.
La directora de ALAPA, Florencia Braga Menéndez, dio un discurso de una contundencia arrolladora en la presentación: “Nunca tuvimos una situación ideal, pero esto no lo vivimos nunca. Lo que están haciendo es mistanasia: muerte por abandono indigno de persona. Que auditen lo que quieran, pero que no frenen la entrega de medicamentos. Esta acusación quedará marcada a fuego en la historia”, dijo.
La conferencia fue en el Salón del Bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación, donde también disertaron los legisladores Juan Marino, Victoria Donda, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollán y Pablo Yedlin. Ese mismo día más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado como logro un ahorro de 140 mil millones de pesos en la cartera sanitaria.
Unos días más tarde, el presidente Javier Milei dijo en cadena nacional que el sector público nacional registró durante el mes de marzo “un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos”. Y agregó: “A diferencia de lo que muchos afirman, no sólo ha sido posible terminar con el déficit fiscal, sino que lo hemos hecho de una manera que es económicamente sustentable y moralmente deseable, ya que por primera vez en la Argentina no pagan justos por pecadores”.
Desde ALAPA explicaron a Perycia que “el desmadre en el sistema de salud es estructural”: a los 1.600 pacientes que esperan una respuesta de la DADSE se suman, por dar un ejemplo, los 25 mil casos que esperan respuesta a sus pedidos de medicamentos en el Programa Federal Incluir Salud, que hasta el momento buscaba brindar cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas. Es decir que se trata de un ahorro, también, en vidas.
