“Libertad, libertad, a los presos por luchar”.
Es jueves por la noche y el cántico se repite por horas frente a distintas dependencias policiales, donde están alojadxs los y las detenidas tras la protesta contra la Ley Bases del miércoles pasado. Familiares, amigxs y organizaciones empuñan la consigna con carteles, bombos, aplausos, quizás esperando que lxs detenidxs oigan. Hasta el cierre de esta nota, la Justicia aún no había resuelto los pedidos de excarcelación que presentaron las defensas. El fiscal Carlos Stornelli agravó muchos de los cargos después de que el Gobierno tildara de «terroristas» a lxs manifestantes: las acusaciones son por delitos como “intimidación pública”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “resistencia a la autoridad”, “Atentado contra el orden constitucional” y “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”. Todo esto “con el posible agravante” de ser considerados “actos terroristas” (en base a la famosa “ley Antiterrorista” sancionada en 2007). Además, pidió la prisión preventiva de todxs lxs manifestantes.
Este viernes, después de una conferencia de prensa donde organismos de DDHH denunciaron la ilegalidad de las detenciones, varios familiares aseguraron estar “en ascuas” sobre la situación de sus seres queridos. La incertidumbre es grande, aunque sí hay una certeza: después del miércoles 12 de junio subió una vez más el promedio de personas detenidas, heridas y judicializadas por luchar en la era de Javier Milei. Desde el 10 de diciembre al 30 de abril, el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma relevó 338 heridxs a causa de la violencia represiva, 72 detenciones y 61 sanciones penales a manifestantes. Si se suma el recuento de lo ocurrido el miércoles mientras se debatía y aprobaba la Ley Bases -200 heridxs, 36 detenidxs y al menos 33 imputadxs- podría decirse que hubo 108 detenciones en 187 días: un promedio de una detención cada 41 horas.
Para Jimena Frankel, integrante del Monitor de la CTA, hay tres niveles que atraviesan la política represiva de este gobierno. “Por un lado está la cuestión discursiva, desde el plano simbólico, donde el mismo gobierno le habla a las organizaciones populares diciendo que están dando una batalla cultural -y quizás uno de los hitos más importantes sea la ministra de Seguridad Patricia Bullrich diciendo que ‘Por miedo a un muerto no vamos a frenar nuestra política’. Por otro lado está la cuestión normativa, institucional, como es por ejemplo la implementación de el Protocolo Antipiquetes que ya en la gestión de Mauricio Macri se había mencionado pero sin ponerse en práctica. Y por último un exceso de presencia policial aún en las movilizaciones que no son masivas, es decir, un despliegue descomunal de fuerzas de seguridad en la calle”, describió la especialista.
En esa línea, advirtió que hay una correlación entre los gobiernos de Macri y Milei sustentada en gran parte por la continuidad de Bullrich al frente de la cartera nacional de Seguridad. Y que casos como el del abuso a la militante de HIJOS y la persecución judicial en Jujuy a dos hombres por tuitear contra el gobernador, que dan cuenta de violencias paraestatales motivando la pregunta de “¿hasta dónde pueden llegar?”.
María del Carmen Verdú, de CORREPI, comentó a Perycia que desde su organización “no habíamos registrado etapa más violenta en materia represiva que la del gobierno de Macri del 2015 al 2019, sobre todo a partir de agosto del 2017. “En todas las movilizaciones que hubo desde diciembre hasta ahora, como nunca se vio a la gente arriba de las plazas, en la vereda -salvo a 24 de marzo y alguna otra convocatoria como el paro de la CGT y la marcha universitaria. No hubo situaciones en las que se pudiera decir que estaban cortando la calle y sin embargo la presencia policial siempre estaba: cortaban la calle para que no se corte la calle”, cuestionó la abogada y activista.
Brutalidad policial al servicio del Ejecutivo
“Es importante para mí mencionar la presencia (no en todos los casos pero al menos en dos represiones) de este nuevo gas amarillo (NdR: OC MK-9) que tiene el antecedentes de utilización en Chile; un gas sumamente tóxico que no se puede limpiar de la misma forma que ell gas pimiento tradicional”, sumó Frankel. Este gas, que ya fue objeto de denuncias tras represiones anteriores, se complementa con el uso indiscriminado de armas que, también al igual que en Chile, ya dejaron como saldo al menos tres personas con pérdida ocular. El miércoles pasado un reportero gráfico recibió un balazo de goma en la cabeza, justo en el entrecejo, lo que pone en evidencia a dónde apunta la policía para reprimir en las manifestaciones.
En Correpi coinciden en que la del miércoles fue “una de las represiones más feroces” desde que asumió Milei al gobierno. “Victoria Villarruel trata de violentos a quienes no tienen armas y de terroristas a quienes padecen el terror. Bajo la idea de argentinos de bien y argentinos de mal, aplaude el proceder extremadamente violento y cruel de las fuerzas de seguridad a cargo de Bullrich, festeja las detenciones de quienes ejercían su derecho a protestar y vuelve, constantemente, al ‘algo habrán hecho’”, refirieron en redes sociales.
Verdú remarcó que este escenario garantiza y refuerza una mirada de “estado policial”, por la cual los y las agentes de seguridad deben llevar las 24 horas del día su arma reglamentaria sin importar si están de servicio o no. Y que las modificaciones legislativas que viene trabajando el Gobierno -la Ley Bases pero también la reforma del código penal– no hacen más que apuntalar esta mirada. Por ejemplo con la figura de reiterancia -que ya se aprobó en la Legislatura porteña y buscan implementar a nivel federal-, una persona que haya sido acusada (ni procesada, ni condenada) en el pasado por un delito, será tratada como reincidente. Además, con la misma reforma buscan subir las penas mínimas de delitos como “resistencia a la autoridad” y “prepotencia ideológica”, lo que impactaría directamente en la posibilidad de que lxs imputadxs por esos delitos obtengan una excarcelación.
El “pico represivo” sube mes a mes
Desde el Mapa de la Policía, un proyecto conjunto que releva los episodios de violencia institucional y del que Perycia forma parte, se explica que el PRO y LLA se unieron “con el objetivo de imponer una nueva gobernabilidad, basada en un dos principios fundamentales: llevar a cabo un programa económico de tinte marcadamente antipopular, y neutralizar cualquier intento de resistencia ante el ajuste y las reformas pro mercado. Para cumplir con el segundo, postulado están desplegando una nueva política de seguridad, que criminaliza la protesta social y hostiga a las organizaciones sociales, desconociendo los consensos democráticos establecidos luego de la última dictadura militar”. Por eso es que los organismos de DDHH insisten en la importancia de luchar contra las reformas legislativas que pretende instaurar el Gobierno, ya que sin represión, el ajuste económico no cierra.
La persecución a militantes y activistas trasciende los límites temporales del episodio represivo: por ejemplo, gracias a cámaras e imágenes tomadas el miércoles en Congreso, continuaron las detenciones hasta este mismo viernes. Algo parecido había ocurrido en febrero en Mendoza, donde un militante del Partido Obrero fue detenido en su casa horas más tarde de una manifestación contra la entonces Ley Ómnibus. Los límites se corren cada vez más, por eso resulta difícil encontrar un “pico represivo”: antes podía identificarse en febrero -durante el tratamiento de la primera versión de la Ley Bases- y ahora, tras la represión del miércoles 12, puede encontrarse ahí. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aseguró que el último episodio constituyó “una verdadera caza de manifestantes”.
En febrero, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos, el CELS solicitó a la Comisión Interamericana (CIDH) que tome medidas cautelares en favor de trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y manifestantes, planteando “nuestra preocupación por la reiteración de operativos desproporcionados que terminan con personas detenidas y con heridas graves”. Sin embargo, la petición aún no fue resuelta. Amnistía Internacional, por su parte, instó a los jefes de gobierno y de Estado del Grupo de los 7 (G7) a “manifestar su preocupación y rechazo a los ataques a los derechos humanos que viene llevando a cabo el gobierno argentino de Javier Milei desde diciembre”. La cumbre, de la cual Milei participa como asistente, no se expresó al respecto.
Según la integrante del Monitor de la CTA-A, a medida que pasan los meses el gobierno “va sumando condimentos a esta receta represiva que quiere definir, o que quizás nunca va a definir y solo aumenta cada vez más”. Para Frankel “hay una canilla abierta para que (las fuerzas de seguridad) puedan avanzar indiscriminadamente. Uno ve los videos de las fuerzas tirándole gas a los ojos a los manifestantes, que ruegan que no se los reprima, y ve que no hay límites. Si la Justicia quisiera hacer algo, esos videos son de público conocimiento”, pero ningún fiscal actúa de oficio contra la policía. Mes a mes, los delitos que se imputan van aumentando en gravedad. Otro parámetro, esta vez judicial, de que los y las manifestantes en la era Milei están más solxs que nunca a nivel institucional.
