Publicada el 16/11/24
Mientras el gobierno argentino, en la ONU, vota en soledad en contra de los derechos de los pueblos originarios, las luchas de las comunidades mantienen vigencia a lo largo y ancho del país. No solo en tierras patagónicas o cerros del noroeste. También en la Provincia de Buenos Aires, a menos de 300 kilómetros de la Capital.
A espaldas de los grandes medios, la Cámara de Apelaciones de Junín ratificó que no se puede desalojar la sede urbana Salón INAUN (“el segundo/a que sigue la huella o camino”) de la Comunidad mapuche Lof Epu Lafken (dos ojos de agua) de Los Toldos, porque es propiedad comunitaria indígena. Así quedó desestimado el pedido de desalojo que había realizado el municipio de General Viamonte a cargo del intendente radical Franco Flexas. La causa penal se cerró y eso frenó la violencia institucional y de género que Verónica Azpiroz Cleñan, integrante de la comunidad, venía denunciando.
En la sentencia del 4 de junio, la Cámara ratificó así el fallo del Juzgado de Garantías Nro 1, que ya había dictaminado que no se podía desalojar el Salón Comunitario INAUN (el que sigue la huella en Mapuzugun). La denuncia penal por usurpación fue desestimada por la autoridad judicial con el argumento de que “la ausencia de las actas de asamblea (uno de los argumentos presentados por la administración municipal) es una cuestión de índole interna, administrativa, apartada de la materia penal. La constatación de la falta de limpieza y cuestiones que en todo caso podrían ser abordadas por medio de las propias ordenanzas locales, nunca lo serán desde el ejercicio del poder represivo del estado. De sólo imaginar que el Estado podría perseguir a los ciudadanos ante la falta de aseo surge manifiesta la violación al principio de reserva de raigambre constitucional (Art. 19 CN).” Por lo tanto, la Justicia determinó que «no existe figura alguna en la legislación de fondo que habilite la persecución de una situación como la que es traída a conocimiento del Ministerio Público Fiscal”.
En diciembre de 2023, el Intendente Flexas había firmado un decreto para revocar la donación que había realizado en el 2002 su antecesor, Juan Carlos Bartoletti, como parte de un acuerdo entre la comunidad y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que aportaba los fondos para construir el edificio.
El Concejo Deliberante del Municipio de General Viamonte (Los Toldos) ratificó el pedido del Poder Ejecutivo a través de un decreto que acusaba de abandono y falta de limpieza a la sede comunitaria, y por esa razón solicitaba la revocación con cargo de la donación del edificio para ser repatrimonializado a favor del municipio. El proyecto fue tratado el 20 de diciembre del 2023 (Nro° 42/2023), dando lugar a la aprobación de la ordenanza municipal Nro° 3799 con la votación de los dos bloques Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Sin embargo, quienes debían intervenir para seguir un proceso administrativo ante una situación irregular de comunidades indígenas eran el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) o la Dirección de Personas Jurídicas a nivel provincial, con asiento en La Plata. Por otro lado, no existieron convocatorias de parte del Concejo Deliberante para dialogar respecto del uso que la comunidad Epu Lafken realizaba del espacio desde 2002 en el Barrio Los Eucaliptos. La comunidad realizaba actividades culturales, de formación en herbolaria mapuche, animación digital, huertas, tallado en madera y cerámica y festividades propias de la cuenta del tiempo mapuche.
“Ese espacio se construyó con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el proceso de re-mapuchización en los ‘90. En ese momento, como ninguna comunidad o familia tenía personería jurídica, el gobierno local alojó el dinero en la cuenta bancaria de la Municipalidad para poder pagar los servicios de construcción y compra de materiales. El suelo era fiscal”, explica a Perycia Verónica Azpiroz Cleñan, miembro de la Comunidad a quien el Municipio denunció penalmente por la supuesta usurpación. Para la referente, se trata de un acto de violencia de género hacia su persona por parte del Ejecutivo municipal.
“Ningún concejal de Unión por la Patria nos anotició de esta situación. Nos sorprendió porque el Consejo Deliberante siempre convocó a la gente mapuche para dialogar, sobre todo en un pueblo tan pequeño como este. Nos enteramos que el municipio había hecho un allanamiento administrativo y en ese momento no podíamos ingresar, porque habían cambiado la cerradura. Fuimos a la Comisaría a hacer la denuncia e hicimos posesión del espacio que nos pertenece desde hace 22 años. Nosotros vamos a defender este territorio, porque nadie usurpa un territorio que le pertenece”, aseguró la referente.
El salón INAUN tiene usos múltiples: reuniones de los integrantes de la Comunidad, un ciclo del Programa FINES (educación para adultos) y la organización de celebraciones que tienen que ver con la identidad, como el Wiñoy Xipahtü o año nuevo mapuche en junio.
“El procedimiento administrativo y penal que se me siguió -agrega Azpiroz Cleñan-, así como también el aprobar una ordenanza sin convocar a la comunidad involucrada fue un proceso irregular y malicioso, por lo cual decidimos ocupar la sede urbana y hacer posesión del lugar. La denuncia penal por usurpación me llega a fines de enero, después que realizamos la posesión del salón. En enero fuimos a hacer mantenimiento del lugar y nos encontramos que no podíamos ingresar porque habían cambiado los candados de las puertas, los vecinos nos contaron que habían estado dos camionetas del Municipio con un escribano. Inmediatamente fuimos a hacer la denuncia policial, a la semana la Fiscalía desestimó nuestra denuncia y la archivó. Ahí nos enteramos que existía una ordenanza municipal aprobada el 17 de diciembre del 2023 en la cual el Poder Ejecutivo local le pedía al Concejo Deliberante que revoque una donación con cargo que había hecho el intendente Bartoletti de signo peronista en el 2002”.
Moira Goldenhorn es la abogada que acompañó a Azpiroz Cleñan. “Nos impactó la denuncia penal que se realizó contra Verónica, porque no estaba dirigida contra los representantes legales de la Comunidad, sino contra mi clienta de forma particular. Fue todo muy violento desde un primer momento, todo el abordaje del expediente también fue complejo porque ellos hace más de 20 años tienen el espacio, la comunidad le realizó mejoras, entonces esta situación sonó a persecución al pueblo mapuche en provincia de Buenos Aires”, planteó la letrada.
Y explicó que “nos presentamos a la causa como particulares damnificados, porque si alguien estaba usurpando no era la comunidad. Al no existir formalmente ningún imputado, la comunidad también se declara afectada por un presunto delito de usurpación que pudiera haberse cometido, pero no nos dejaron participar en ese rol. Tuvimos que participar como defensa, como cualquier persona que está supuestamente sospechada de haber incurrido en un delito. Desde ese lugar sí nos han hecho a lugar y rápidamente la denuncia fue desestimada, porque como hemos dicho, nadie puede usurpar lo que es propio”.
La construcción del SUM se encuentra en el Barrio Los Eucaliptos, porque allí históricamente fue a vivir la población mapuche después de la última pérdida del territorio, tras la inundación de 1980 y en el marco del último despojo territorial en un proceso planificado por la dictadura cívico militar.
El origen de esta ciudad, cabecera del partido de General Viamonte, se remonta a mediados del siglo XIX, cuando varias comunidades mapuche negociaron con el Presidente Barotolomé Mitre la permanencia en ese espacio territorial y el reconocimiento de 6 leguas (16400 has). A lo largo de los años también se afincaron migrantes europeos, que fueron ocupando tierras mapuche con dudosas certificaciones legales.
“En el caso de Los Toldos, el nombre mismo es por la forma de las casas de las familias mapuche, ya que se cubrían de cueros como si fueran toldos, eran las tolderias instaladas por el Logko Ignacio Coliqueo en 1862, explica Verónica. “El 30% de la población de esta ciudad es Mapuche y el nivel de politización es bajo, entonces cuando tratamos de construir una agenda propia mapuche, el poder local trata de debilitarla. En este momento, en la era libertaria, parece que se habilita romper con el Estado de Derecho. Sobre todo sorprende el mundo peronista o seudo peronista. ¿Quiénes ejercen el poder en Argentina? Eso habla de lo mal que está el peronismo a nivel local y nacional. Alguien que dice representar la agenda de derechos, diversidad y a los sectores populares no puede votar a favor de un despojo y desalojo de un edificio que está destinado a recuperar la cultura mapuche. Tienen que revisarse. No todo vale. Quieren quedar bien con el Intendente para negociar alguna dádiva por atrás”, reclama Cleñan a los concejales de Unión por la Patria.
Durante 12 años, la comunidad mapuche Lof Epu Lafken solicitó las mediciones de las tierras que ellos consideran propiedad ancestral. En la actualidad, los campos se encuentran ocupados por personas que las compraron de un modo engañoso en varios años, en particular en la década del 1980.
Durante 2022 y 2023, apelando a la Ley 26.160, se llevó adelante el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en Los Toldos y se logró medir estos campos. “Gracias a esa resolución del Poder Ejecutivo Nacional y a ese Boletín Oficial pudimos ofrecer prueba que esos campos que reivindicamos son nuestros y tiene validez ante la Justicia -explicó Verónica en su momento a Radio Popular de Los Toldos- Aliento a nuestra gente, que cree que no se puede recuperar la tierra: no se puede recuperar de manera individual, pero sí de manera colectiva, de manera comunitaria”.
