Publicada el 28/2/25
El jueves 20 de febrero de 2025, la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata retomó las audiencias del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Cuerpo de Caballería de La Plata («1 y 60») y la Comisaría 8° durante la última dictadura cívico-militar, dos de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la región.
El exjuez Carlos Alberto Mayón, quien durante la dictadura fue titular del Juzgado Penal N° 6 de La Plata, fue citado como testigo en la audiencia N° 52 y la querella indagó sobre su rol en la investigación de las muertes de Lucía Swica y Jorge Caravelos. Los cuerpos de ambos militantes, que habían sido secuestrados, aparecieron calcinados dentro de un auto en la madrugada del 21 de julio de 1978. Y la causa, un supuesto accidente de tránsito montado por los represores, fue caratulada “muerte por accidente y homicidio culposo», y luego modificada a «N.N. o Jorge Caravelo s/homicidio culposo» por el entonces magistrado. Antes, Mayón había rechazado un hábeas corpus presentado por la madre de Swica.
Sofía Caravelos, hija de las víctimas, había solicitado el testimonio con la esperanza de que Mayón pudiera aportar detalles cruciales sobre cómo se manejaron los hallazgos de los cadáveres, la decisión de archivarlos como NN y la respuesta judicial ante el habeas corpus presentado por su abuela en su momento.
Lucía Swica, docente de la Facultad de Psicología de la UNLP, y Jorge Caravelos, militante del Frente Argentino de Liberación (FAL), fueron secuestrados el 18 de mayo de 1978 en La Plata. Tras pasar por centros clandestinos como La Cacha y la Comisaría 8°, sus cuerpos aparecieron calcinados tres días después en un auto, bajo circunstancias sospechosas. Su hija, Sofía, fue testigo de un largo proceso de reconstrucción de su historia, que incluyó la identificación de los restos en 2002 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Recién en 2016, gracias al impulso del juez Federal Ernesto Kreplak, la causa fue modificada para reconocer que tanto Swica como Caravelos fueron víctimas de homicidio, y no de un accidente. La causa, antes archivada como homicidio culposo, pasó a ser caratulada como «homicidio y otros delitos», brindando una mínima reparación a la memoria de los desaparecidos.
Durante la audiencia, Mayón relató su recorrido en el poder judicial y se refirió al contexto de su tiempo como juez, al justificar su permanencia en el cargo durante la dictadura: “Todos los jueces consideramos que debíamos continuar porque de lo contrario la situación iba a ser peor, porque se iban a nombrar jueces amigos”.
El exjuez también se refirió a los procedimientos judiciales durante ese período, respondiendo a las preguntas de la querella sobre los casos de habeas corpus y el hallazgo de cadáveres. Su respuesta fue vaga, eludió dar cualquier detalle específico: «Si había alguna sospecha de que ese habeas corpus estaba relacionado con la persona hallada, sí, se hacían las pericias correspondientes. Dependía de cómo era el caso«. Sin embargo, cuando la querella solicitó detalles sobre los telegramas que había recibido su juzgado, estos fueron rechazados por el tribunal, al considerar que podrían comprometer la responsabilidad del testigo.
La querella, representada por la abogada Guadalupe Godoy, también solicitó que se elevara el testimonio a la Universidad Nacional de La Plata, donde Mayón es docente de Derecho Constitucional. Hace más de una década, Sofía había pedido que Mayón declarara en la causa como imputado por su rol en el encubrimiento del crimen de sus papás. En su último testimonio, valoró que al menos haya sido citado como testigo. «Quería que lo citen para saber qué sabe, qué recuerda y por qué archivó la causa«, expresó Sofía con la frustración de quien aún busca justicia (y verdad) tras 47 años de lucha. Sin embargo, el exjuez no abundó en precisiones.
En relación al contexto judicial de los juicios de lesa humanidad, la abogada Godoy expresó que «los juicios de lesa humanidad después de la pandemia se han modificado mucho. Ya no hay imputados en la sala, tampoco suele haber defensores, a veces ni siquiera jueces, solamente quien preside. El juicio de ‘1 y 60’ y Comisaría 8va sigue siendo presencial, y eso es bueno, después de haber terminado el año pasado el juicio de brigadas, que fue completamente virtual. Pero este cambio de escena es complejo también para el acompañamiento de los testigos. Muchas veces los testimonios se toman en una sala vacía, a diferencia de lo que fueron antes los procesos en esta ciudad”. «Este juicio en particular tiene en juzgamiento las detenciones masivas del 24 de marzo de 1976, cuando todavía no estaba bien organizado el aparato represivo y el circuito de centros clandestinos. La Comisaría 8° tuvo un rol particular como lugar de ‘preblanqueo’, es decir, un lugar en el que quienes llegaban allí ya habían pasado por otros centros clandestinos, como La Cacha, y luego eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, agregó Godoy.
Además, la abogada subrayó cómo el caso de los padres de Sofía Caravelos refleja las omisiones y fallas del poder judicial de la época: “El caso de los padres de Sofía es paradigmático, ya que la justicia permitió que se archivara la causa bajo la carátula de ‘homicidio culposo’ y como NN, lo que imposibilitó la identificación de los restos y la apertura de la causa durante muchos años. No nos olvidemos que antes de la democracia, los casos de habeas corpus o aquellos que involucraban privación ilegal de libertad eran los que llamaban la atención dentro del Poder Judicial. En este caso, al estar caratulados como NN, el expediente quedó archivado durante años, hasta que fue Sofía quien, mediante su búsqueda, logró reabrirlo a finales de la década del 90. El caso de Mayón refleja la falta de indagación sobre las responsabilidades del poder judicial, que sigue siendo una deuda pendiente en esta jurisdicción. A pesar de la existencia de elementos y causas que señalan la responsabilidad de jueces y fiscales, aún no se ha avanzado en la investigación de su rol durante la dictadura”.
Carlos Mayón continuó con su carrera en la democracia y durante su testimonio, dejó entrever que su visión de la Justicia no se diferenciaba demasiado entre el régimen dictatorial y el democrático. Según explicó Caravelos a Perycia, «para él era exactamente igual que lo citaran de la Suprema Corte para decirle que desde jefatura de policía estaban preocupados por su acción, que si recibía una nota de Montoneros… Le resultaba lo mismo. Le resultaba lo mismo La Plata que Varela (donde hallaron a la pareja), encontrar cuerpos NN todos los días o con frecuencia, no identificarlos, etc. Y (dijo) que tampoco había más habeas corpus que antes. Siento que para él era prácticamente lo mismo, era un burócrata de la maquinaria de la muerte«. Además de archivar la causa y rechazar el hábeas corpus, Mayon ordenó que la abuera de Sofía se hiciera cargo de las costas. Y así lo hizo.
La hija de las víctimas está convencida de que el juez sabe más de lo que dijo en el juicio sobre el devenir de sus papás, y en parte por eso el proceso sigue siendo una herida abierta. “No soporto que se diga que mi padre mató a mi madre”, expresó visiblemente conmovida durante la audiencia judicial, en referencia a la última teoría judicial antes del archivo. El trabajo del EAAF y la lucha de las organizaciones y activistas lograron esclarecer parte de la verdad, pero aún queda un largo camino para que la justicia, que llega 47 años tarde, se haga realidad. Sofía perdió a sus padres cuando tenía 6, pasó muchos años indagando en sus historias e identificó gustos, deseos, tristezas y dificultades que los conectan con sus nietos, los hijos de Sofía. Ese trazo de experiencias, encuentros y compartires, los construyó desde la militancia y su activismo como abogada penalista.
«Cuando arrancaron las audiencias el año pasado se me convocó a declarar por la causa de mis papás, lo cual me resultó una gran sorpresa que no tomé de manera grata… todo lo contrario. Es que la causa de mis papás está desdoblada, hay una parte que todavía no fue elevada a juicio… y esa es la primera gran desilusión: que toda esta parafernalia que se montó sobre los juicios de lesa humanidad con fiscalías especializadas, con personal especial abocado al tratamiento, en el caso de mis viejos fue un fiasco. Es un bochorno que todavía no esté en condiciones de estar elevada a juicio a la causa de su paso por el centro clandestino de detención La Cacha«, que fue previo a su secuestro en la Comisaría 8°.
La audiencia continuó con el testimonio de otras víctimas de la dictadura, y dejó en evidencia una vez más cómo los mecanismos judiciales de la época se pusieron al servicio de la impunidad. La indiferencia del poder judicial y la burocratización de las búsquedas de los y las desaparecidas fueron una pieza fundamental en el rompecabezas de los delitos cometidos por la dictadura cívico-militar. Seguir construyendo memoria, verdad y justicia también es cuestionar el prestigio, la impunidad y los espacios de poder que siguen siendo una constante para los encargados de desoír y desestimar los reclamos de cientos de familias y seres queridos.
Perycia tuvo acceso a este informe detallado que se presentó ante la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, para ponerla en conocimiento de estos hechos vinculados al docente.
El debate oral, que investiga múltiples crímenes perpetrados en centros como la Comisaría 8° y el Cuerpo de Caballería, se retomará el 20 de marzo a las 9 de la mañana.
