Publicada 1/4/2025 originalmente en Revista El Sur
La familia del ex juez Carlos Otero Álvarez lo acompañó durante todo el juicio. El día de la sentencia, sus familiares y allegados se triplicaron y ocuparon más de la mitad de la estrecha sala del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF-2), donde solo quedaron butacas para los querellantes. Entre el público y otros familiares de víctimas, que debieron presenciar la audiencia en un pequeño televisor instalado en el hall, el nutrido entorno del acusado parecía presagiar una nueva y frustrante absolución.
Como aquel 7 de noviembre de 2017 en que el fallo de los jueces Julián Falcucci, Jorge Gallino y José Quiroga Uriburu permitió a Otero Álvarez salir libre de culpa y cargo y por la puerta principal de la casona de Hipólito Yrigoyen y Crisol. Aplaudido por el personal de tribunales, con la frente alta y desdeñoso hacia quienes lo abucheaban y sostenían los retratos de los 31 presos y presas fusilados en ocho episodios entre abril y octubre de 1976, con el falso y gastado pretexto de “intentos de fuga”, o asesinados ante decenas de testigos en el patio de la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) de barrio San Martín.
“Nuestra expectativa es la misma que tuvimos siempre: la absolución del doctor Otero Álvarez, porque indudablemente el delito del que lo acusan es inexistente”, dijo a El Sur su abogado defensor, Julio Deheza, minutos antes de iniciarse la jornada final de este segundo juicio al que debió someterse, luego de que la Cámara Nacional de Casación anulara el fallo de 2017. Los camaristas Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña reprocharon los “graves defectos en su motivación, razonamiento y en la valoración de la prueba y el derecho aplicable” y que “se apartó del paradigma de los derechos humanos”.
Para Deheza, la responsabilidad sobre el destino de los presos y presas era solo “del juez y fiscal que tenían conocimiento de las denuncias” (sobre torturas, ultrajes, amenazas y asesinatos), su defendido “no tenía que decidir nada porque no era su función” como secretario y “siempre actuó de buena fe”. Es la teoría del “simple fedatario” de actos judiciales que abonó aquella absolución.
Sin embargo, este 31 de marzo los jueces Mario Martínez, Facundo Zapiola y José Escobar Cello resolvieron por voto unánime “condenar a Carlos Otero Álvarez (como) autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad”, e imponerle “la pena de tres años de prisión en la modalidad de ejecución condicional” y la “inhabilitación por el doble de tiempo”. Apenas audibles a través del TV, las palabras tardaron en hacer efecto en el público, que aguardó la frase “este juicio ha terminado” para estallar en aplausos y abrazos.
No era para menos. Por fin había finalizado la “causa maldita”. Y con una condena esperada, a pesar de que la fiscalía y las querellas pidieron siete años de prisión efectiva. No era poca cosa. A 49 años de los hechos, a 42 de reconquistada la democracia, a 17 de la primera denuncia contra los funcionarios judiciales, a 15 de la condena a Videla, Menéndez y los responsables directos de la masacre de la UP1 y a 7 del fallido juicio anterior.
Por los ausentes
La pendiente lectura de los fundamentos mostrará que los jueces escucharon los argumentos de las abogadas querellantes Patricia Chalup y Adriana Gentile: el acusado “tomó conocimiento directo” de esos crímenes y si los jueces y fiscales no hacían nada, tenía “en su rol de secretario, la obligación legal de denunciar ante autoridad competente”. Y de los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta: la idea de Otero Álvarez como “simple fedatario” exento de mayor obligación “no es real”, porque “está acreditado un comportamiento activo, un conocimiento de todo lo que ocurría con estas víctimas” y una “actuación objetiva tendiente a mantener, en el caso de Baronetto, su agonía”.
Luis Miguel Vitín Baronetto, ex preso político en la UP1 y viudo de Marta González, asesinada el 11 de octubre del ‘76 en el último fusilamiento colectivo, fue un testigo clave en el juicio de 2010 por los crímenes de la UP1 y artífice de la causa “de los magistrados”. “El fallo nos satisface porque significa un paso más contra la impunidad”, valora al finalizar la audiencia. “Desde hace 17 años, cuando intensificamos la batalla por el enjuiciamiento de los cómplices judiciales, la corporación del Poder Judicial operó activamente para poner trabas e invisibilizar esta causa”, señala Baronetto. Por eso, destaca: “Hemos logrado que la complicidad civil de la que tanto se habla y poco se hace, haya sido enjuiciada en Córdoba por primera vez”.
Para Carolina, hija de Hugo Vaca Narvaja (h), acribillado con Arnaldo Toranzo y Gustavo De Breuil el 12 de agosto del ’76, el contexto de negacionismo y apología del terrorismo de Estado convierte al fallo en “un triunfo increíble”. “No importa si son tres o seis años, si va a estar en su casa con todas las comodidades, pero está condenado y eso es lo que importa. Ojalá hubiera estado mi vieja para poder verlo”, dice mientras a su alrededor crece el festejo. Raquel Altamira de Vaca Narvaja falleció en 2021 víctima del Covid. Tampoco están ya en este mundo otros familiares que empujaron la causa: Olga Acosta, compañera de Miguel Ángel Mozé, asesinado el 17 de mayo del ’76. Olga Tello, cuñada de Diana Fidelmann, víctima del mismo fusilamiento. La joven militante montonera que en la hora final, a la orden de “corran carajo”, respondió: “No seas cobarde. Matame de frente, hijo de puta”.
“Cuando la sacaron de la cárcel, Diana nos dijo: ‘no dejen que me lleven otra vez’. Cuando la detuvieron, la violaron y torturaron, después la llevaron nuevamente a torturar y violar, con el permiso de esta gente como (el juez) Adolfo Zamboni Ledesma (ya fallecido) y Otero Álvarez, y después, por tercera vez, la sacan y la fusilan con otros cinco compañeros”, rememora Delia Galará, ex presa política en esa cárcel, una de las sobrevivientes que se atrevió a denunciar los abusos sexuales. El testimonio de Delia acerca las escenas que el tiempo y el burocrático discurso judicial, llevado al extremo en esta causa, han vuelto lejanas: “Yo declaré delante de Otero Álvarez con un tipo atrás de mí apuntándome con un fusil. ¿Te creés que él dijo algo? Nada. Porque nosotros éramos ‘subversivos’ y no teníamos ningún derecho”.
Su hija Lucía traslada la mirada del pasado al futuro: “Lo más importante de este fallo es el mensaje que deja. Así como los militares y policías saben que a donde vayan los iremos a buscar, porque queremos justicia, que también los civiles que fueron cómplices necesarios sepan que no pueden guardar silencio”. “No puede haber más violaciones a los derechos humanos. El pueblo argentino ya dijo basta”, reclama.
Mientras tanto, Otero Álvarez y familia salen del edificio, esta vez por la antigua puerta de servicio. Ya no camina a su lado la otra, la que lo acompañó durante tantos años con una motivación menos noble: la “sagrada familia judicial”.
