Publicada 14/7/2025
El 25 de marzo, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó en el Boletín Oficial la resolución 372/2025 (RESOL-2025-372-APN-MSG) que deshabilita el funcionamiento de los centros de estudiantes de las Unidades Penitenciarias Federales y restringe la permanencia de personas privadas de la libertad en los espacios educativos por fuera del horario asignado estrictamente a clases.
A casi cuatro meses, estudiantes prisionizados/as de las unidades de Devoto y Ezeiza le contaron a Perycia que a partir de la implementación de la medida empezó a haber problemas con las “bajadas” de los y las estudiantes. Muchas personas perdieron las cursadas cuatrimestrales dado que no lograron cumplir con los requisitos de asistencia. “Se está realizando un doble control -de asistencia-: uno, por parte del Servicio Penitenciario Federal y otro por parte de la UBA”, dicen. Los y las docentes del Programa UBA XXII deben informarla al Servicio Penitenciario Federal (SPF), medida de control por excelencia.
Según el relato de los/as estudiantes -que prefieren no dar sus nombres por temor a represalias-, a partir de la resolución ministerial, “fue cortado el acceso a internet” al interior de los Centros, con lo cual muchos se vieron forzados a abandonar la regularidad en cursos y materias vinculadas a la formación en informática. El impacto de la resolución es total. En el Centro de Estudiantes de Ezeiza, los casos de permanencia en los espacios educativos por fuera del horario de clases (entre materia y materia, por ejemplo) se adjudican más a la falta de recursos humanos del SPF para subir y bajar a las personas que a una decisión política, o judicial.
También denuncian que tanto en el CUD (Centro de Estudiantes de Devoto), como en el CUE (Centro de Estudiantes de Ezeiza), el Sistema Penitenciario Federal realizó un recorte en las raciones de comida y en las horas de trabajo, lo que impacta directamente sobre la alimentación y salud de las personas y en la posibilidad de contar con un ingreso por horas trabajadas (medio principal de subsistencia y apoyo a sus familiares).
“El acceso a la educación es la principal estrategia de contacto con personas de la comunidad no privadas de la libertad durante la pena. Docentes, otros estudiantes, etcétera. Es importantísimo que podamos seguir estudiando”, le dicen a Perycia desde ambas unidades penales.
Los docentes del Programa UBA XXII confirman que los estudiantes están “bajando” poco. De 40 personas anotadas por propuesta educativa, sólo participan 8. Los talleres creados con posterioridad a la resolución ministerial quedaron sin efecto, igual que las inscripciones a materias y talleres realizadas en ese período.
La difícil búsqueda por reparar los daños
Al día siguiente de la resolución de la ministra Patricia Bullrich, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Defensoría General de la Nación (DGN) presentaron una acción de habeas corpus colectivo y correctivo. Aseguran que la resolución ministerial “restringe arbitrariamente el acceso al derecho a la educación y a la organización de los estudiantes universitarios, en contravención de las leyes 24.521, 26.206, 26.877, el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 75 inciso 22 y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
Según la presentación, “La acción procura revertir esta decisión en defensa de los derechos de todo este colectivo sin distinción”. Asegura que “se le desconocen los derechos que por ley le corresponden”. Además, advierte que “el grupo amparado trasciende a las personas que lo integran en una determinada coyuntura. Es decir que el colectivo incluye no sólo a los estudiantes alojados en establecimientos del SPF que actualmente cursan sus estudios, sino también a quienes podrían verse perjudicados por esta prohibición en el futuro”.
La Justicia Federal se declaró incompetente y dijo que la PPN no tenía legitimación activa para presentar un habeas corpus colectivo. La Cámara Federal confirmó la incompetencia pero respaldó la legitimidad de la Procuración. Entonces, la acción fue trasladada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 (de turno) a cargo del Juez Mariano Iturralde. Al igual que en la Justicia Federal, la ordinaria se declaró incompetente y la definición sobre qué justicia debe resolverlo quedó a cargo de la Corte Suprema.
La PPN y la DGN presentaron, ante el mismo Juzgado, un pedido de medida cautelar que pusiera en suspenso la resolución ministerial en tanto se resuelva el habeas corpus (la cuestión de fondo). El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) adhirió a ese pedido.
Iturralde hizo lugar a la medida cautelar de no innovar con efecto suspensivo respecto al segundo punto de la Resolución de Bullrich, que prohíbe la permanencia en los espacios educativos, pero sujeta a alcanzar un acuerdo entre las partes.
Las propuestas (unilaterales) del Sistema Penitenciario Federal
El Juez hizo que las autoridades del Programa XXII de la UBA, a cargo de Marta Laferriere y del Sistema Penitenciario Federal, a cargo de Fernando Julián Martínez, se reunieran en dos oportunidades con el objetivo de alcanzar ese acuerdo. Sin embargo, el SPF no cedió y su propuesta, presentada unilateralmente, no cambiaba nada: que los y las estudiantes solo bajaran durante el horario de cursada.
Ante la discrepancia de la directora del Programa, el Juez determinó la creación de una mesa de diálogo con la participación Marta Laferriere, Directora del Programa UBA XXII, la Procuración Penitenciaria de Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. Se sumó la Asociación Pensamiento Penal como amicus curiae y un representante por cada centro de estudiantes -Devoto y Ezeiza-. Naturalmente, fueron convocadas las autoridades del Sistema Penitenciario Federal y del Ministerio de Seguridad de La Nación.
¿Cómo sigue? ¿Qué propuesta rige?
Iturralde aceptó la última propuesta del Sistema Penitenciario Federal que ofreció dar “bajada” a los estudiantes en el horario de cursada, incorporando 2 hs semanales más (turno mañana o tarde) para quienes estén cursando una materia y 4 para quienes cursen dos. No explicita qué sucede con las que cursan 3 o más.
La idea, que no modifica la cuestión de fondo y sigue violando los derechos de las estudiantes prisionizados, la presentaron unilateralmente los funcionarios penitenciarios en la única mesa de diálogo, que al igual que las reuniones a puertas cerradas entre el SPF y autoridades del Programa UBA XXII, fue virtual.
En todos esos encuentros, se negaron a escuchar los reclamos de las organizaciones e instituciones involucradas. Lejos del objetivo de una mesa de diálogo, los enviados por Bullrich llegaron para imponer su propuesta y se conectaron faltando 15 minutos para el cierre del zoom.
“Esto es algo que nos excede a nosotros – aseguran los estudiantes -. Peleamos por nosotros y por las generaciones que están por venir. Para que ellos también puedan acceder a este derecho”.
