“Que la justicia no haya actuado en tiempo y forma para mí fue tremendo. Yo tuve un proceso muy largo, me costó mucho hablar, siempre tuve mucho miedo: fui amenazada, amedrentada y sobre todo muy hostigada por parte de los denunciados, su familia y gente de la política, lo cual nunca me quitó las fuerzas ni las ganas de que se haga justicia”.
El audio llega a Perycia a través del WhatsApp. La que habla es una de las denunciantes de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, la pareja de militantes y trabajadores del Senado bonaerense detenidos el 29 de diciembre acusados de abusar sexualmente de al menos cuatro mujeres. La primera denuncia se había realizado en 2019 y durante años, los hechos circularon entre advertencias informales, desplazamientos silenciosos y omisiones institucionales. Un caso que retumba en tribunales y organismos públicos con varias preguntas incómodas y un generalizado mando de silencio oficial.
Las autoridades “tomaron conocimiento de lo que a mí me había pasado, con lo poquito que podía contar en ese momento porque las palabras no salían, y el abordaje fue instantáneo y de manera muy cuidada, muy respetuosa y también muy humana – le cuenta a Perycia otra de las denunciantes, trabajadora del Senado provincial- . No tengo más que agradecer por el abordaje que tuvieron conmigo mis compañeras de trabajo y quienes están a cargo mío en el Senado. Sí obviamente lo que duele mucho es el silencio por parte de la política, por parte de compañeros y compañeras que son dirigentes hoy del espacio o del movimiento en el cual me siento interpelada e identificada y militante, pero porque el efecto, la sensación y el sentimiento es de desamparo y de desilusión, justamente entendiendo que somos muchas mujeres las que denunciamos y que queremos que la política sea diferente”.
Para ella “esto no lo causa la política, pero en algún punto permite que estos tipos de personas se reproduzcan en ella, encuentren refugio y amparo. Entonces, un poco lo que duele es el silencio y el sentimiento de desamparo frente a la gravedad de lo que nosotras hemos tenido que atravesar y sufrir. Es doloroso, como militante política, el silencio y hasta la indiferencia en algunos casos con respecto a nuestra causa”.
¿Qué tiene, o que tenía para decir la política sobre el abuso sexual y las relaciones de poder? Es la pregunta más importante, y quizás más incómoda, que surge ante el caso de “los abusos en el Senado”, como muchos medios dieron a conocer. Lo cierto es que los abusos no fueron solamente en la oficina 007 de la Cámara Alta bonaerense, sino que se desarrollaron, según las denuncias, en numerosos espacios y en el marco de un vínculo de confianza, padrinazgo político, militancia y en algunos casos con una diferencia de edad muy considerable. La complejidad de las denuncias parece perderse en un contexto donde el feminismo fue corrido de un plumazo de la agenda pública y la atención sobre estos temas, difuminada.
Los hechos y la larga línea del tiempo
Las denuncias describen múltiples hechos de abuso ocurridos entre 2015 y 2019, aunque la primera acusación contra la pareja fue hecha en el 2014 por el delito de lesiones. Más tarde, en 2019, se radicaron las primeras dos denuncias por presunto abuso sexual y en el 2025 se sumaron dos más. El corpus de testimonios llevó a la fiscal Betina Lacki, luego de solicitar pericias sobre víctimas y denunciados, a pedir su detención, concretada el 29 de diciembre del año pasado.
Son al menos cuatro las mujeres que denunciaron a Nicolás Daniel Rodríguez, líder de la agrupación “La Capitana”, y su pareja Daniela Silva Muñoz, también dirigente del espacio, que está acusada como partícipe necesaria del delito de abuso sexual agravado.
De los relatos de las víctimas se desprende la existencia de un patrón: acercamientos iniciales bajo la promesa de formación y crecimiento político, la construcción de vínculos de confianza y un posterior aislamiento físico y emocional. Según las denuncias, los encuentros derivaban en situaciones de presión sexual, coerción y, en algunos casos, abusos cometidos en oficinas públicas, domicilios particulares y espacios vinculados a la militancia. Las mujeres describen una dinámica en la que el poder simbólico, la diferencia etaria y la influencia dentro de la organización operaban como importantes herramientas de control.
En las denuncias, además, consta que Rodríguez no sólo las obligaba a tener relaciones sino que también pretendía decidir con qué otras personas podían salir o tener relaciones. Cuando las cosas no salían como él pretendía, las situaciones se ponían más violentas: encierros, insultos, golpes, amenazas e incluso violación de domicilio. En varios casos, el empleado estatal y referente político lograba ingresar a las casas de las víctimas por la madrugada y portando una katana o navajas.
Los acosos también sucedían en ámbitos abiertos y públicos. Varias fuentes cercanas a la historia detallaron a Perycia que Rodríguez acosó a una de sus víctimas durante una marcha de Madres de Plaza de Mayo.
Los testimonios también mencionan la participación activa de Silva Muñoz en la consolidación de esos vínculos y en encuentros sexuales que las denunciantes califican como no consentidos. Algunas, además, narraron la utilización de un relato místico —con jerarquías, “orden” y supuestas capacidades extraordinarias— que habría sido empleado contra ellas para intimidarlas, confundirlas y reforzar la dependencia emocional. A través de distintos mails, la pareja enviaba información sobre cómo debían actuar y qué debían hacer dentro de la supuesta secta “Orden de la luz”.
Además de la causa principal -que investiga los hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegítima de la libertad y amenazas- la Fiscalía N° 2 de La Plata a cargo de Lacki trabaja en una segunda línea de investigación, vinculada a posibles maniobras de encubrimiento u omisiones que habrían interferido con el acceso de algunas denuncias al sistema judicial. En la causa central interviene el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien avaló las detenciones y la prisión preventiva de Rodríguez y Silva Muñoz. En paralelo, la investigación que busca determinar eventuales responsabilidades de terceros está bajo la órbita del juez Luis Raele y se encuentra en una etapa preliminar, sin imputaciones formales.
Ignacio Fernández Camillo, abogado de las denunciantes, explica a Perycia que el paso del tiempo y la falta de respuestas institucionales tuvieron consecuencias directas sobre las denunciantes. “La víctima que denunció en 2019 tuvo un impacto muy profundo en su salud psíquica, en sus rutinas, con la impunidad que veía. Y en el descreimiento no solo de instituciones, sino de funcionarios”, señaló y dijo que eso también operó para las demás mujeres: “En relación a las otras víctimas eso era un freno, al dispositivo coercitivo se sumaba eso, eran cuestiones que desalentaban la acción, el encarar el proceso, además de lo propio de reconocerse víctima y hacerse cargo de las acciones a llevar adelante”.
A principios de febrero, el juez Masi convalidó la prisión preventiva de Nicolas Rodríguez y Daniela Silva Muñóz, solicitada por la fiscal Betina Lacki y los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly; y por lo pronto continuarán en prisión hasta el juicio oral.
“La Capitana” y sus vínculos políticos
Nicolás Rodríguez comenzó su militancia (al menos públicamente) en 2016, cuando se acercó a participar de reuniones y encuentros de Unidos y Organizados, espacio que surgió en 2012 y que nuclea a varias organizaciones, movimientos y frentes políticos alineados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Era un militante “de raza”, como se conoce en la jerga, que luego fue escalando hasta convertirse en un dirigente y referente político en la ciudad de La Plata.
Fruto de su militancia dentro de UyO, Rodríguez comenzó a relacionarse con otros referentes políticos y -junto con Silva Muñoz- a participar dentro de la Asociación de Politólogos Bonaerenses. El licenciado en Cs. Políticas terminó presidiendo ese espacio y, gracias a eso, dando clases en la materia de Economía Política en el colegio secundario de Estudiantes de La Plata.
En 2018, cuando Axel Kicillof inició su campaña política recorriendo la provincia de Buenos Aires subido en el “Clío”, el auto del ahora ministro de Gobierno Carlos Bianco, el dirigente se sumó a las caravanas para “figurar” en fotos y videos, una práctica que aprovechan muchos políticos y dirigentes para promocionarse de cara a las campañas.
Fue ese año en el que se constituyó el Movimiento Ciudadano “La Capitana”; desprendimiento de Unidos y Organizados, liderado inicialmente por Gisell Fernández, hermana de Cristina Fernández de Kirchner, quien años después dejó el espacio por problemas de salud mental. Aun así, su nombre le sirvió a Rodríguez para presentarse como el sobrino de Gisell y de Cristina Fernández. Algunas fuentes aseguraron a Perycia que la madre del acusado sería una presunta hija no reconocida del padre de CFK. Otras versiones plantean que Gisell apadrinó políticamente a Rodríguez cuando fundó la agrupación, y por eso él aseguraba en público ser “su sobrino”.
En 2019, cuando surgieron las primeras denuncias por abusos, tanto los dirigentes de Unidos y Organizados como las autoridades de Asociación de Politólogos Bonaerenses desplazaron a la pareja de sus espacios como medida de protección y acompañamiento a las víctimas, que en ese entonces aún padecían presiones y abusos por parte de los acusados. Referentes de ambos espacios ya declararon en la causa judicial.
Pese a los desplazamientos de ambos espacios, Rodríguez y Silva Muñoz continuaron tejiendo lazos con varios dirigentes políticos. En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2019, en La Plata se jugó una interna dentro del Frente de Todos, entre las precandidatas y precandidatos a intendentes Florencia Saintout, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Escudero, Luis Arias, Federico Martelli y el actual intendente Julio Alak.
“La Capitana” había definido acompañar políticamente a Victoria Tolosa Paz y logró ubicar a Rodríguez como noveno precandidato a concejal. En una entrevista con el portal Info Blanco sobre Negro, él expresó que “venimos a trabajar para los vecinos y junto a cada uno de ellos. Con sus miradas, con sus propuestas y con sus soluciones”, y agregó que “una gestión nuestra será un antes y un después para toda la ciudadanía, en materia de políticas de géneros, de empleo, de seguridad, de transparencia, de información pública, de infraestructura, de obra pública, de educación y salud”.
Tras la derrota de Tolosa Paz -y como suele suceder en la política- los espacios se reorganizaron y la agrupación continuó generando vínculos con otros sectores del peronismo. Para las elecciones del 2023, “La Capitana” apoyó la precandidatura a intendente de Gastón Castagneto, quien perdió la interna con Julio Alak. En su nueva gestión, Alak otorgó cargos en su Gabinete a todas y todos los precandidatos con los que había competido, y Rodríguez fue designado, a través del Decreto municipal 0338/24, como subsecretario de Convivencia Ciudadana, un área que funciona bajo la órbita de la secretaría de Relaciones con la Comunidad, a cargo de Gastón Castagneto. Rodríguez era funcionario “ad honorem” por incompatibilidad con su función como trabajador de planta permanente en la Presidencia del Senado bonaerense, otorgada por el entonces titular del cuerpo legislativo, Gabriel Mariotto.
Fernández Camillo señala un período que considera clave. “Hay un bache importante entre 2014 y 2015, cuando se los nombra planta permanente en el Senado. Reconociendo que era otro tiempo, (se esperaba) otro abordaje político en estas temáticas: no existían denuncias de violaciones pero sí deviolencia de género, y aun así se los nombró en planta permanente con el cargo más alto”, agregó el abogado. Según reconstruyó Perycia, Rodríguez renunció o fue apartado de su cargo en el Municipio casi un año antes de ser detenido, luego de que una de las víctimas denunciara frente a funcionarios municipales los abusos.
No hubo respuestas de la Municipalidad a las consultas de este medio, ni explicaciones públicas respecto a la salida de Rodriguez, que pese a su destitución y posterior detención, hasta el 14 de enero del 2026 continuaba apareciendo dentro del Organigrama Municipal.
De Daniela Silva Muñoz, en cambio, se sabe bastante menos que de Rodríguez. Además de empleada de planta permanente en la Presidencia del Senado, compartía con Rodríguez liderazgo político en “La Capitana”. En el año 2021 fue precandidata a concejal por el Frente de Todos en la lista de Victoria Tolosa Paz.
Hubo versiones periodísticas que señalaron a Silva Muñoz como integrante o referente de la Secretaría de Género del gremio UPCN. Sin embargo, de la web de la seccional bonaerense del gremio se desprende que lo más cercano a una secretaría de Género que tiene el gremio es una secretaría de “Igualdad de Oportunidades y Trato”; y además, la secretaria general de UPCN bonaerense, Fabiola Mosquera, aclaró a Perycia que la ahora detenida era efectivamente afiliada, pero que “nunca participó de ninguna secretaría de género”.
Se destaca una entrevista que la dirigente brindó al medio El Editor Platense en la previa de las PASO del 2021. El medio eligió citar en el título una frase que, con el tiempo, se revela poco feliz: “Nuestra organización viene a romper las lógicas de la vieja política”. En esa entrevista, Silva Muñoz se presenta como licenciada en Ciencias Políticas y una joven militante peronista formada bajo la propuesta esperanzadora del kirchnerismo. Describió a Giselle Fernández, que ya había tomado distancia del agrupamiento que otrora había fundado, como “principalmente una gran militante, una gran persona, una compañera de fierro”.
¿Encubrimiento? Melina Gaudino, la “abogada trucha” que investiga la Justicia
Melina Gaudino dice ser abogada y militante peronista: así se presentó ella ante las víctimas. Actualmente está siendo investigada por la Justicia por posibles maniobras de encubrimiento y por “engañar” a las víctimas diciéndoles que contaban con un representante legal trabajando en la causa. Además, según reconstruyeron varios medios de comunicación, Gaudino no tendría un título universitario, por lo que fue referenciada como “abogada trucha”. Gaudino había sido funcionaria en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hasta el 2023. Luego estuvo al frente de la Secretaría de Acceso a la Justicia en la Municipalidad de La Plata, cargo del cual fue desplazada.
Claudio Yacoy es abogado y secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda, y fue la persona que Gaudino mencionó ante las víctimas para contarles que las estaba representando. “En enero de 2025 aproximadamente, Gaudino me comentó el caso de las chicas. La verdad me pareció un caso aberrante del lado en que se lo mire”, relata Yacoy en una entrevista con Perycia para comenzar a describir y aclarar su situación en la causa. En ese encuentro, Gaudino le planteó que las denuncias se habían realizado en el 2019, y que la causa no avanzaba porque “ella creía que había cierto poder que de alguna manera hacía retrasar la investigación”.
Tras varios encuentros y desencuentros, y falta de información entre Yacoy, Gaudino y las denunciantes, en octubre una de las víctimas logró comunicarse con Yacoy para consultarle si había podido avanzar en la causa. “Yo le respondí: ‘Disculpame, no hice nada de eso’. Ella me responde que muchas gracias”. Él volvió a comunicarse con Gaudino y, entre reproches, ella le contestó que las víctimas tenían otro patrocinio.
En esta nota, unas de las víctimas narró que “tanto a Melina como a Claudio les pusimos a disposición todo el material que teníamos. Él nos dijo que nos podía representar. Durante varios meses Melina nos decía que Claudio estaba presentando todos los escritos y había pedido una perimetral”. La joven agregó que le habían entregado a Gaudino material probatorio para la causa, y que al comunicarse con ella, le echó la culpa a Yacoy e insinuó que “el material que tenía el abogado podía estar siendo arreglado por Nicolás o Daniela”.
Para finales de diciembre la noticia ya estaba en todos lados, y Gaudino y Yacoy fueron acusados mediáticamente como “abogados truchos”. “Yo no conozco a las víctimas, no conozco a los imputados, no conozco a nadie. Por favor, quiero que quede total y absolutamente claro que si Melina tenía alguna relación con esta gente, yo desconocía”, advierte el funcionario de Avellaneda, que efectivamente nunca llegó a representar legalmente a las víctimas.
El 16 de enero de este año, Yacoy se presentó en la fiscalía para declarar como testigo en la causa. Si Gaudino obró o no como encubridora es lo que actualmente la fiscalía está investigando. A Yacoy nunca le dio esa impresión.
La secta, un último recurso de coacción
“Llegar a juicio oral implicaría mucho más que una sentencia, mucho más que una condena en términos punitivos. Implica que se abra la posibilidad de reconstruir una vida, de pensar y vivir una vida tranquila, en armonía, respirando, caminando sin estar en estado de alerta todo el día, sin tener un dispositivo de control y sometimiento que opere sobre nuestras cabezas y nuestras vidas todo el día y todos los días”, describe una de las denunciantes a Perycia.
En mayor o menor medida, los medios de comunicación dieron a conocer el caso como “abusos en el senado bonaerense” o “la secta Orden de la Luz”. Sin embargo, no surge de la investigación judicial una acusación directa en ese sentido (por la presunta secta) y las acusaciones se reparten entre Rodríguez como autor principal del delito de “abuso sexual con acceso carnal” agravado y Silva Muñoz como partícipe necesario. Los agravantes brindan un contexto de la delicada situación de las víctimas: uso de armas, privación ilegítima de la libertad. Según se desprende de los testimonios, la mayoría de los abusos se habrían desarrollado en la casa de Muñoz, y otros también en la oficina del Senado que Rodríguez tenía a su cargo. Y más allá del rol de Melina Gaudino, la “falsa abogada” a quien señalaron por querer dilatar el proceso, la Justicia no apunta, por el momento, hacia ningún dirigente político, institución o espacio de militancia por el delito de encubrimiento.
Mucho se dijo también sobre el rol de los detenidos presuntos integrantes de la “secta”: Rodríguez era “dios Kiei”, un tipo de “semidiós” o dios reencarnado que componía un selecto grupo junto a otras 11 personas en el mundo; y su pareja como “sensei” o “maestra” espiritual que promovía y garantizaba los encuentros. La manipulación disfrazada de espiritualidad, asegura Fernández Camillo, fue un recurso que la pareja utilizó cuando empezaba a ver que las víctimas comenzaban a querer irse del espacio, o peor, del círculo íntimo de Rodríguez y Silva Muñoz, y que perjudicó gravemente a las mujeres. Al conceder la prisión preventiva, de hecho, el juez Juan Pablo Masi estableció un nuevo agravante en uno de los delitos imputados “por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima”.
La pericia psicológica realizada sobre Rodríguez durante la investigación dio cuenta de que el politólogo mantuvo una “posición exculpatoria”, atribuyendo las múltiples denuncias a un intento de perjudicar su trayectoria política, factor que destacó como muy importante en su identidad. De la pericia se desprende, además, que no presentaba alteraciones que comprometieran su comprensión de la realidad. La construcción del relato místico, o de supuestas múltiples personalidades, como contaron algunas víctimas, será un factor importante en el marco del desarrollo de la causa y a la hora de juzgar a la pareja.
Un silencio que aturde
La única institución de La Plata que repudió los hechos fue el club Meridiano V, donde el líder de “La Capitana” jugaba y entrenaba básquet. Rodríguez fue echado. Del Senado fue apartado meses antes de su detención, al igual que su pareja, consecuencia del avance del proceso penal. Ambos siguieron cobrando y al día de hoy la Cámara no se expresó oficialmente al respecto (aunque sí se abrió un sumario interno), así como tampoco el Municipio, que tuvo a Rodríguez como subsecretario.
Aun así, tres legisladoras peronistas-kirchneristas –Mónica Macha, Laura Magdalena Clarke y María Rosa Martínez– presentaron un pedido de declaración para que el cuerpo manifieste “su solidaridad con las mujeres que denunciaron haber sido víctimas de delitos contra su integridad sexual, en un contexto de manipulación, amenazas y ejercicio abusivo de poder, cuya autoría sería responsabilidad de dos empleados de esta Cámara y que habrían sido cometidos dentro de las instalaciones de la misma, instando, asimismo, a que la investigación judicial en curso esclarezca por completo los hechos denunciados y determine con precisión la totalidad de las responsabilidades penales correspondientes”.
Consultada por Perycia, la senadora Martínez explicó que la iniciativa surgió como una respuesta política frente al silencio institucional que rodeó el caso. “Yo no quiero hablar de víctimas, quiero hablar de denunciantes, porque son personas que se sobreponen a una situación de abuso y de injusticia y de violencia sexual”, afirmó. Según relató, el objetivo de la declaración fue acotado pero explícito: “decir acá estamos, acompañamos esa valentía y esperamos que se haga justicia. Nada más que eso”.
Martínez señaló que al momento de la presentación, no habían tenido contacto directo con las denunciantes, ya que cuando se dieron a conocer los hechos el Senado había entrado en receso, aunque agregó que espera poder conversar con ellas cuando se retome la actividad legislativa. Subrayó la importancia de que las mujeres sepan que “no están solas”, especialmente en un contexto atravesado por una “ofensiva de negar las denuncias” vinculadas a la violencia de género.
La senadora descartó que, como remarcaron algunos medios, la presentación se de en el marco de la interna peronista (kirchnerismo vs. kicillofismo). “La declaración era a favor de las denunciantes, para que sientan que no están solas. Porque nosotras somos compañeras comunes que circunstancialmente tenemos un cargo de senadoras, pero tenemos una responsabilidad, y si esto ocurrió dentro del Senado, tenemos una responsabilidad doble”. Además planteó la necesidad de “garantizar que una persona que ha sido atacada, abusada sexualmente, sienta que tiene los márgenes posibles de denuncia y que el temor no le impida llegar a la búsqueda de justicia”. Y sumó que “del consejo de hacer la denuncia a denunciar, hay que generar acompañamiento”, ya que el acceso a la Justicia “no es un título, es una realidad” que requiere dispositivos claros, información y respaldo estatal.
Sobre el rol de los funcionarios, Fernández Camillo afirmó que existió un conocimiento previo de los hechos. “La realidad es que la ministra de las Mujeres tenía conocimiento desde antes de la denuncia de 2019; y supo también de la denuncia penal. O sea que lejos estuvo de ser un rumor”, expresó el letrado. Y advirtió que “es muy compleja la articulación de responsabilidades respecto de esto, porque siendo funcionarios tienen la obligación de denunciar pero, ¿y sabiendo que existe la denuncia? Ahí el que está actuando —o no— es el sistema de justicia”.
Perycia intentó comunicarse en varias oportunidades con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Estela Díaz, quien en una entrevista con Infobae reconoció haber mantenido una reunión con las víctimas y recomendarles denunciar penalmente ya que se trataba de un delito de instancia privada. No consta que el Ministerio haya intervenido de ninguna otra manera en el proceso, lo que genera bronca e indignación aún hoy entre algunas de las denunciantes. Este medio también intentó hablar con Victoria Tolosa Paz pero los resultados fueron negativos. Lo mismo ocurrió con Gastón Castagneto, quien supo ser el jefe directo de Rodríguez hasta su silencioso desplazamiento, también, del Municipio platense. Intentamos consultar a la Municipalidad, para conocer más sobre el contexto de la expulsión y consultar el decreto de despido, con iguales resultados.
A mediados de febrero, Lacki reiteró un pedido a la Municipalidad platense y a la ministra Estela Díaz para que informen si conocieron los hechos enmarcados en la causa, y de haberlo hecho, qué acciones tomaron al respecto. La fiscal insistió así con un pedido ya hecho el 28 de enero. El 24 de ese mismo mes, Infobae había publicado la nota donde acusaba a la ministra Díaz de no haber intervenido a pesar de haber escuchado el relato de las propias víctimas. La declaración de la ministra al medio nacional fue que “es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”.
Al momento de publicar esta nota, ningún representante de los espacios o líderes políticos que contuvieron a los acusados en su armado se comunicó con las víctimas para solidarizarse, o al menos mostrarse a disposición.
Por el contrario, las denunciantes siguen apostando a la política: cada una desde su espacio (una agrupación, un partido o un sindicato), todas continúan militando en el peronismo.
Más allá del proceso penal, Fernández Camillo planteó la necesidad de pensar medidas reparatorias. “Lo que establece la Convención de Belém do Pará es una necesidad de medidas reparatorias, en este caso del Senado de la provincia, del Estado provincial sin duda, para con las víctimas”, explicó. Y sostuvo que esas medidas no deberían limitarse a lo económico: “Tendría que pensarse qué otro tipo de medidas reparatorias se articulan o se establecen, ya sea en el abordaje individual o en el abordaje preventivo de este tipo de situaciones. Porque no fueron una ni dos, sino varias víctimas, y los mecanismos institucionales del Senado fueron completamente deficientes, y los organismos estatales provinciales también”.
Mientras la causa avanza, entre silencios ruidosos, la militancia – a pesar de todo – sigue siendo el refugio de las denunciantes. “No solo mi familia estuvo muy presente siempre, también muchas organizaciones, sobre todo compañeras – le dice una de ellas a Perycia – . Las compañeras feministas de la asamblea feminista de acá, el Frente de Mujeres, son un grupo que ha sabido contenerme muchísimo a mí y a las chicas”.
Al cierre de esta nota, Rodríguez y Silva Muñoz permanecen con prisión preventiva. Luego de la decisión judicial, cambiaron de abogados. La fiscalía continúa analizando dispositivos electrónicos secuestrados y, pese a que se investiga el rol de la “falsa abogada”, no hay imputaciones a funcionarios ni dirigentes políticos. Y aunque la Justicia investiga delitos individuales, ninguna institución abrió hasta ahora una investigación administrativa o política propia.
