Publicada 1/6/2026
El 22 de mayo el Ministerio de Capital Humano y el presidente Javier Milei anunciaron como una gran innovación, a través de redes sociales, la creación del primer “gemelo digital social”, un sistema que se propone predecir escenarios futuros a partir de la integración de “información de múltiples fuentes en una base unificada”. La comunicación dejaba más dudas que certezas. Más allá de los errores de escritura de la IA que no se ocuparon de corregir en el spot (mal presagio),
- Se habla de “múltiples fuentes” de información, pero no especifica cuáles son ni con qué marco normativo se realizará la transferencia de datos y su integración.
- El comunicado que acompañó el video asegura que la implementación tendrá cuatro fases: una primera de “diagnóstico institucional”; la segunda, una “mesa colaborativa”; una tercera de “arquitectura de datos” y una cuarta de “tecnología, ética y gobernanza”. Primera alarma: colocar la ética y la gobernanza al final, es algo que puede suceder en un desarrollo de software tradicional, pero nunca en un proyecto de simulación social como éste. La gobernanza y la ética deben ser transversales o, cómo mínimo, previas a la arquitectura de datos. Construir un gemelo digital social implica capturar, procesar e integrar datos que pueden ser altamente sensibles. La gobernanza no debe ser entendida como «controlar el sistema cuando ya funciona», sino que implica la definición de quién es dueño de la información, cómo se accede a ella, qué niveles de privacidad se requieren y cómo se garantizará la transparencia. La arquitectura técnica es la que materializa las reglas de gobernanza. Lo que debería figurar como última fase es la auditoría externa, tan indispensable como ausente en el anuncio.
- Ni el video ni la comunicación escrita del Ministerio detallan fechas, responsables o presupuesto, ni tampoco qué empresas tecnológicas participarían. Aunque anticipa: «Convocamos a los principales actores del mundo para construir el primer modelo global».
La opacidad del anuncio condujo a muchos a pensar en el rol de Peter Thiel, director de Palantir, quien no sólo se reunió tres veces con el presidente Milei sino que se instaló a vivir en Argentina en una residencia valuada en 12 millones de dólares. No es una especulación antojadiza: el «Digital Twin» -gemelo digital- es uno de los productos que ofrece esa empresa de inteligencia, a través de su plataforma Foundry.
La captura de datos
Frente a la escasa información, pronto surgieron pedidos de informes en la Cámara de Diputados, solicitudes de acceso a la información pública y una acción de hábeas data colectivo para exigir precisiones sobre el tratamiento de datos personales de la población argentina. Cinco días después del primer spot, el Ministerio de Capital Humano difundió en X un breve comunicado en que aclara que se trata de “un proyecto, en etapa preliminar” y asegura que “se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas” (muy sutil: no dice que no licitará partes, sino que no será realizado “integralmente” por una empresa). Finalmente, recula cuando afirma que “el proyecto se construirá integrando información disponible en el ámbito de este Ministerio”. En el anuncio inicial, el ministerio dirigido por Sandra Petrovello hablaba de “grandes volúmenes de información provenientes de distintas áreas del Estado y del sector privado”.
Más allá de la contradicción, cualquiera de las opciones es preocupante.
Si el almacén de datos fuera sólo “información disponible en el ámbito de este Ministerio”, no hay que olvidar los alcances del mega-ministerio que conduce Sandra Pettovello. Capital Humano no sólo cuenta con los registros de beneficiarios de planes sociales: incluye los sistemas registrales de la Secretaría de Trabajo, la información administrada por la Secretaría de Educación y, sobre todo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que cuenta con la base de datos más grande del país.
Por otra parte, la integración de distintas bases -de manera secreta y sin criterios auditables- ya quedó habilitada a partir del DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre, que modificó la Ley de Inteligencia Nacional y dio amplios poderes a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); por ejemplo, habilitar a detener personas sin orden judicial e invocar para eso motivos secretos. Ese decreto crea una “comunidad informativa nacional” que integra información de RENAPER, ARCA, Migraciones, los ministerios de Justicia y de Seguridad, Cancillería, el Centro Nacional de Ciberseguridad y también “los órganos y organismos nacionales que el Poder Ejecutivo” defina “a propuesta del Secretario de Inteligencia de Estado”; es decir, los que quiera.
Automatización de la desigualdad
El nombre “gemelo digital” es llamativo, concitó la atención general, pero no es el quid de la cuestión. Gemelos digitales existen hace décadas. Se usan, por lo general, para simular procesos industriales, logística de transporte y distintas obras de infraestructura. Si uno bucea en la web del propio Estado, puede encontrar gemelos desarrollados por el INTI -uno de los organismos desguazados por el actual gobierno- o la Secretaría de Energía. Pero traspolar sin más esta tecnología al plano social puede ser un problema, porque los comportamientos sociales no siguen reglas de la física. Las causas y consecuencias de muchos procesos escapan a los cientistas sociales más rigurosos y no pueden explicarse por meras correlaciones de datos.
Según el ministerio de Capital Humano, su proyecto “impulsa por primera vez en el mundo la aplicación de esta tecnología específicamente en términos sociales». Habría que preguntarse por qué no hay experiencias previas y si es razonable anunciar con tanta pompa un sistema sobre el que no hay evidencia científica de que funcione.
La investigadora holandesa José Van Dijck denomina dataísmo a una ideología que se caracteriza por “una creencia generalizada en la cuantificación objetiva y el seguimiento potencial de todo tipo de comportamientos humanos y sociales a través de las tecnologías”. Una de las ilusiones del dataísmo es la idea de que existen los datos “brutos”. “Los metadatos son pilas de código cargadas de valor que son multivalentes y deben abordarse como textos multiinterpretables”, explica Van Dijck.
Más allá del proyecto de Gemelo Digital, el Ministerio de Capital Humano ya anunció anteriormente la incorporación de IA en la gestión de sus políticas, sin que se haya informado qué herramientas ni qué criterios de gobernanza o auditoría implementan. Sobre la administración algorítmica de políticas sociales sí hay experiencias en otras partes del mundo, que hacen razonable estar alerta. La investigadora norteamericana Virginia Eubanks analiza varios casos ensayados desde principios de este siglo y exhibe los problemas que trajo la captura de información personal sin parámetros de privacidad y la delegación de grandes decisiones en su libro La automatización de la desigualdad. Herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres (Capitán Swing, 2021). Anunciadas con el objetivo de una distribución más eficaz de ayudas, las tecnologías agregaron trabas, reprodujeron criterios discriminatorios del pasado y tomaron decisiones irrazonables casi imposibles de revisar y apelar. “En la actualidad, la opinión generalizada es que el nuevo régimen de los datos limita las oportunidades de los pobres y de la clase trabajadora, desmoviliza su organización política, restringe sus movimientos y recorta sus derechos humanos”, resume Eubanks.
En la fascinación tecnológica de los funcionarios, sea por vocación propia o alimentada por el lobby de las big tech, es recurrente la proyección de distintas variantes de scoring social: sistemas que, a partir de los datos acumulados, evalúan la “confiabilidad” o el valor social de las personas, sea para definir la asignación de un crédito o la prioridad en un proceso de adopción. Pese a la supuesta “objetividad” con que se presentan estas tecnologías, hay muchos aspectos que deben ser pensados antes de incorporar sistemas automatizados en la organización de ayudas sociales. ¿Puede una multa de tránsito de quince años atrás determinar la asignación de un beneficio? Otra vez, la gobernanza de datos y la transparencia de criterios es el primer paso, no el último.
En la Ley sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea, las evaluaciones de solvencia o scoring son consideradas sistemas de “alto riesgo” -lo que establece regulaciones estrictas-, mientras que el «scoring social» está totalmente prohibido. Hace diez años, la tercera temporada de la serie Black Mirror inició con el capítulo “Nosedive” (Caída en picada), llamando la atención sobre el alcance que podría adquirir un sistema de reputación social automatizado. Cuando las distopías han quedado cortas, parece necesario recordar que hoy nada de esto es ciencia ficción.
La soberanía en cuestión
Si efectivamente tras la implementación del Gemelo Social estuviera Palantir u otra tecnológica norteamericana, cobra mayor relevancia un aspecto incluido en el reciente Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Estados Unidos, firmado el 5 de febrero, que aún espera la ratificación del Congreso argentino. Según la comunicación oficial, el acuerdo reconoce al estado norteamericano «para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales; y absteniéndose de discriminar los servicios o productos digitales estadounidenses”. En Estados Unidos, por otra parte, rigen leyes como la Patriot Act y la Cloud Act, que obligan a las firmas tecnológicas a compartir con el gobierno información recabada en otros países, sea por orden judicial o por simples pedidos de Inteligencia.
La entrega de datos sensibles de la población a una empresa extranjera es, de por sí, un problema de soberanía. Especial preocupación genera la empresa fundada por Peter Thiel y Alexander Karp en 2003, íntimamente ligada a los servicios de inteligencia. Su nombre no es casual: hace referencia a la obra de J.R.R. Tolkien, donde un palantir es una piedra vidente que permite “vigilar de lejos”. Como detalla en un artículo reciente Luis Pagani, presidente del Consejo Asesor del Laboratorio del Sindicato informático, la empresa surgió a partir de un financiamiento semilla ligado a la CIA y “sus contratos hablan por sí solos: USD 30 millones del ICE estadounidense para construir dossieres de migrantes a deportar; £330 millones del NHS británico para procesar datos clínicos de millones de pacientes, con tanta resistencia que el gobierno del Reino Unido hoy evalúa rescindir el contrato; contratos con la OTAN y con el ejército israelí. En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal declaró en 2023 que el uso policial de su software era parcialmente inconstitucional. En New Orleans, Palantir operó en secreto durante seis años un sistema de policía predictiva que el propio Concejo Municipal desconocía”.
Palantir, además, es una empresa que profesa activamente una ideología que descree de la democracia. Su manifiesto está plasmado en el libro de Alexander Karp (cofundador y director ejecutivo) y Nicholas W. Zamiska The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West. El 18 de abril -justo cuando Thiel llegaba a la Argentina para confabularse con el gobierno libertario- la propia firma resumió su contenido en este tuit.
La residencia de Thiel en Argentina es un motivo para estar atentos. Y requiere leer entrelíneas la agenda legislativa del gobierno. Por un lado está el proyecto del “Super RIGI”, orientado al desarrollo y explotación de “nuevas actividades económicas”, expresión que engloba “todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”. A quienes calcen en esa definición, el Gobierno quiere garantizar energía subsidiada, bajos impuestos, flexibilización de controles ambientales y resolución de conflictos en el CIADI. Por otra parte, está la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que obtuvo su dictamen de mayoría en el Senado cuando el gobierno salió a las redes con el humo del gemelo digital. El proyecto incluye una reforma a la Ley de Tierras que abre la posibilidad de que Estados extranjeros adquieran porciones del territorio nacional.
Hacia un enclave tecnofascista
La versión del proyecto que obtuvo dictamen con el apoyo de gobernadores aliados habilita una excepción llamativa: las provincias podrán presentar «proyectos de cooperación» para que un Estado extranjero compre tierras, lo que requiere sencillamente la autorización del Poder Ejecutivo Nacional. Como advirtió Fernando Schapachnik en una nota publicada en El Destape, ese artículo podría explicar qué busca en Argentina el director ejecutivo de Palantir.
Peter Thiel es también uno de los financiadores de Pronomos Capital, otra empresa cargada de ideología: dirigida por el matemático Patri Friedman (nieto del economista Milton Friedman), su objetivo es financiar y desarrollar ciudades autónomas y zonas económicas especiales. Un ejemplo: en 2013 el gobierno de Honduras creó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), otorgándoles autonomía administrativa, judicial y fiscal. Así se desarrolló Próspera, una experiencia libertaria perteneciente en gran parte a Pronomos. El marco legal fue derogado en 2022 y declarado inconstitucional por la Corte hondureña en 2024, pero Próspera sigue allí, reclamando su derecho adquirido para sancionar sus propias leyes.
Esta cruzada también tiene sus ideólogos y manifiestos. La clave está en The Network State: How to Start a New Country (2022), un libro publicado por otro tecnoempresario, Balaji Srinivasan, cofundador de la empresa genómica Counsyl y CTO de una plataforma de criptomonedas. Su meta es la creación de nuevos estados, donde la ideología antecede al territorio: “Un «estado de red» -explica Srinivasan en su libro- es una comunidad en línea muy cohesionada, con capacidad para la acción colectiva, que financia colectivamente territorios en todo el mundo y acaba obteniendo el reconocimiento diplomático de los Estados ya existentes”. En el sustento de esa idea está su propia experiencia como “residente electrónico” de Estonia (en el marco de un programa estatal que antecedía la ciudadanía digital a la física) y la experiencia de creación de criptomonedas que terminaron teniendo curso legal, por ejemplo, en El Salvador. “Un concepto clave es dar prioridad a la nube y dejar lo físico para el final —pero sin descartarlo por completo—, empezando por una comunidad en línea para luego materializarla en el mundo físico”.
En otras palabras, así como otros multimillonarios tech imaginan la vida semipermanente en aguas internacionales (Seasteading, una práctica que también ha impulsado Thiel) o incluso la colonización del espacio (la obsesión de Elon Musk por Marte), el ideólogo del Estado-red propone una “diáspora inversa”. ¿Sería el gobierno de Javier Milei, en su fascinación sumisa hacia estos tecnoempresarios, capaz de reconocer diplomáticamente uno de estos estados? Y si tras la reforma de la Ley de Tierras llegara un “proyecto de cooperación”, ¿habilitaría que ese estado se quedara con una parte del territorio argentino?
Parece una fantasía literaria, pero no lo es. Está ocurriendo.
* Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Profesor de Geopolítica de la comunicación en el Doctorado en Transformación Digital, Comunicación y Educación.
