Publicada 22/06/2026
La jueza Alicia Vence, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, determinó este lunes que los crímenes cometidos el 9 y 10 de junio de 1956 en los basurales de José León Súarez constituyen delitos de lesa humanidad. A su vez, determinó penas de prisión perpetua para los fallecidos Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, Desiderio Fernández Súarez y Rodolfo Rodríguez Moreno, todos responsables de ordenar, fusilar y amparar el asesinato de siete civiles, además de haberlo intentado con otros cinco que lograron escapar. Asimismo, la magistrada ordenó que estos hechos figuren en los legajos de los responsables, como también la creación de un sitio de memoria en el lugar donde ocurrió la masacre, entre otras medidas.
Berta Carranza cierra los ojos, levanta la cara al cielo y recibe el único cuadrado de sol que hay afuera del Auditorio Hugo del Carril, en la localidad bonaerense de José León Suárez. Es viernes 19 de junio y dentro del auditorio Daniel Brión —hijo de Mario Brión— declara ante la jueza Alicia Vence durante el tercer y último día del juicio por los fusilamientos del 10 de junio de 1956. Ese día, la policía bonaerense, al mando del teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, durante un levantamiento peronista en distintos puntos del país, ordenó asesinar a 12 civiles que se encontraban viendo una pelea de boxeo en un chalet de la calle Hipólito Hirigoyen 419, en la localidad de Florida, partido de Vicente López. En un basural de José León Suárez, a metros del auditorio donde se lleva a cabo este juicio, los policías asesinaron a Carlos Lizaso, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión y Nicolás Carranza. Este último era el padre de Berta, quien ahora abre los ojos despacio, mira a un costado y dice: “Esperamos 70 años para este juicio. Cinco minutos al sol me puedo tomar”. Viste una campera marrón con una blusa beige y un collar con la cara de Evita Perón envuelve su cuello. “No tengo recuerdos de mi padre, pero lo fui construyendo con fragmentos de lo que mi mamá y la gente me iba contando”, dice Berta, que tenía dos años cuando asesinaron a su papá. Ahora, con 72, espera que la jornada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín termine de una vez y confirme a la masacre del basural como un crimen de lesa humanidad. No lo sabe aún, pero la hija del fusilado deberá esperar tres días. “¿Quién está declarando ahora?”, pregunta Berta mientras regresa al auditorio.
La primera en declarar durante el tercer y último día de juicio fue Marike Muñiz, sobrina de la periodista Enriqueta Muñiz, quien junto a Rodolfo Walsh investigó los fusilamientos entre 1956 y 1957, año en que se publicó la primera edición de Operación Masacre. El libro recopiló todas las crónicas que Walsh escribió en diarios y revistas sobre el caso. Enriqueta, mientras entrevistaba a sobrevivientes, familiares, abogados y funcionarios judiciales, llevó un diario personal de toda la investigación. “Mi tía nunca habló sobre ese tema mientras estaba viva. Mucho menos nos dijo que tenía escrito un diario personal”, recuerda su sobrina desde una pantalla en el auditorio. Cuando Enriqueta murió en 2013, Marike y otros familiares fueron hasta el departamento de la periodista, en la calle Pasteur 76, Capital Federal, para juntar y empacar sus pertenencias. Allí, la familia se encontró con bolsas y carpetas de papeles desperdigados por todo el lugar. Una carpeta ancha, con letra perfectamente legible, llevaba por título: “Historia de una investigación”. En 2019, gracias a la gestión del periodista Diego Igal, se publicó el diario de Enriqueta en forma de libro. Los abogados de los familiares, Alberto Palacios y Walter Arias, utilizaron ese material, junto al de Walsh, como prueba documental de la masacre. “Todo lo que está ahí es la verdad. Mi tía y Rodolfo arriesgaron sus vidas por llevar un registro fiel de lo ocurrido”, finaliza Marike. Un sábado 19 de enero de 1957, a metros del auditorio, Rodolfo y Enriqueta pisaron por primera vez los pastizales duros del basural. Necesitaban conocer el lugar exacto de los fusilamientos. Cuando llegaron, cuenta Enriqueta en su diario, un visitante extraño los sorprendió. Ambos creyeron que los estaban siguiendo. Walsh, para llevarse rápido un registro exacto de la masacre, le tomó una foto a Enriqueta como si estuviera posando en alguna playa. En la imagen, la periodista sonríe en medio del campo que, meses antes, regó de sangre ese suelo.
El segundo en declarar fue el sociólogo e investigador peronista Roberto Baschetti. En su archivo personal, Baschetti guardó distintos recortes de prensa que le sirvieron para escribir más de 20 libros sobre la historia del peronismo. “La ejecución ilegal de 12 civiles la madrugada del 10 de junio de 1956 no fue azarosa. Fue un operativo planeado y deliberado por los servicios de inteligencia de la época, que ya tenían conocimiento de los levantamientos”, explicó Baschetti. Tras el derrocamiento de Perón el 16 de septiembre de 1955, la “Revolución Libertadora” impulsó la creación de dos organismos de espionaje político fundamentales en la historia: el Servicio de Informaciones del Estado (SIDE) y el Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense (SIPBA). Este último, a cargo del jefe de la policía provincial, Desiderio Fernández Suárez. Perycia accedió a cables de información de la SIPBA de esa época, hoy guardados en el archivo de la ex-DIPPBA, bajo la gestión documental de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), donde se reconoce el espionaje interno a partidos políticos, sindicatos y fábricas. Además, el propio Fernández Suárez, según sus informantes, tenía conocimiento de las torturas que se llevaban a cabo en comisarías bonaerenses contra militantes peronistas. Incluso, detalló un cable, existió un policía de apodo “Pechito” que por cada “peronista que mataba” recibía un ascenso.
Baschetti retoma: “Los militares golpistas, al saber con antelación sobre los levantamientos, podrían haber contenido los mismos sin derramar tanta sangre. Pero eligieron, por el contrario, dar un mensaje: llegamos al poder asesinando ciudadanos inocentes y nos vamos a quedar de igual manera”.
Tras el segundo testimonio, la magistrada Vence presenció —por pedido de la querella— escenas de la película Operación Masacre de Jorge Cedrón, basada en el libro de Walsh. En la escena inicial, protagonizada, entre otros, por Julio Troxler, uno de los fusilados que sobrevivió, Fernández Suárez llega a la casa de Florida con un grupo de policías. Al costado del auditorio, en la primera fila donde se sientan los familiares, dos efectivos de la policía federal clavan la mirada en la escena. Se codean por lo bajo mientras se ríen tímidamente.
La documentalista Marcela Sluka presenció los tres días del juicio. Está llevando a cabo un documental sobre la vida de Julio Troxler, el fusilado que en 1973 fue subjefe de la misma policía bonaerense que lo quiso asesinar. “Julio escapó esa noche y volvió para salvar a sus compañeros. Él generó la distracción en el camión de detención que le salvó la vida a siete personas”, cuenta Sluka. “La vida de Tróxler resume lo que fue la resistencia peronista de la época y la que siguió”, precisa. Sobre el juicio, la documentalista cuenta: “Escuchar el dolor de los familiares, luego de 70 años, trae ese episodio al presente y demuestra que la resistencia continúa”, agrega la documentalista.
Berta, afuera, vuelve a buscar sol, pero la sombra fría del mediodía lo cubre todo. Le acaban de informar que tiene que esperar hasta el lunes para los alegatos y el veredicto de la jueza. “Esperé 70 años, puedo esperar tres días más”, dice. Lenta para moverse pero rápida para contestar, Berta agrega que no le molesta que el juicio no lleve a nadie a prisión, aunque ella ya lo había intentado. Hace unos años, junto a otros familiares y cuando Fernández Suárez todavía estaba vivo, quisieron denunciarlo en la justicia de La Plata. “Nadie nos dio pelota”, recuerda.
—¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando salga el veredicto?
—Ir a marchar y pedir justicia por los fusilados de La Plata, donde la misma noche mataron a cinco personas. Después, por los de Lanús, donde asesinaron a seis.
Tras 70 años de esperar justicia, dice Berta, esto recién empieza.
