Publicada 24/6/2026
Mientras se define su situación procesal, Mariela Agunín -técnica agropecuaria, constructora de casas en barro y wood frame, niñera y emprendedora, cocinera de panes rellenos- pasa los días sola en una celda en el penal de Saavedra, unos 100 kilómetros al norte de Bahía Blanca. Puede dormir de noche solo bajo efecto de pastillas. Desde que está ahí, aseguran en su entorno, tuvo episodios de pánico y llanto y un insomnio casi imposible de manejar. Cuando la detuvieron, a mediados de abril de este año, en un allanamiento nocturno en su casa del barrio Villa Belgrano en Bahía, Mariela tenía la renovación de su Registro Nacional del Programa de Cannabis (Reprocann) en trámite. Usaba cannabis para aliviar su insomnio.
La noticia de que el Ministerio de Salud de la Nación había aprobado su solicitud le llegó semanas después, cuando ya estaba presa por disposición de la Justicia bonaerense.
La Fiscalía N° 19 de Bahía Blanca, a cargo de Mauricio del Cero, la acusa del delito de “comercialización de estupefacientes” (artículo 5 inc. c de la Ley 23.737) agravado por cometerse en un lugar de esparcimiento público (artículo 11 inc. c): plaza Rivadavia, la más céntrica de la ciudad del sur provincial. Todo comenzó el 9 de enero del 2025, cuando agentes de la Policía observaron el intercambio entre Mariela y su amiga a través de cámaras de seguridad. Las siguieron, las detuvieron y les incautaron sus teléfonos. Ellas no opusieron resistencia. A la amiga de Mariela le secuestraron la sustancia: 7 gramos de marihuana, la única cantidad concreta hallada en la causa. Más tarde trascendió que le había enviado a su amiga un comprobante de transferencia por 35 mil pesos.
Un año y tres meses después, la noche del 15 de abril del 2026, un grupo de policías entró a la casa de Mariela, según su hermano “violentamente y rompiendo la puerta”. No encontraron plantas ni elementos de comercialización; pero apoyándose en el material hallado en su teléfono, el juez Alberto Antonio Manzi del Juzgado de Garantías N° 3 de Bahía Blanca ordenó su detención. Días más tarde, un medio local titulaba: “Golpe al narcomenudeo en el centro: detuvieron a una mujer por vender droga en la plaza Rivadavia”.
No solo su defensa pidió la excarcelación; también numerosas organizaciones cannábicas. El 3 de junio pasado, sus amigas y compañeras de candombe hicieron vibrar los tambores pidiendo su liberación.
Finalmente, hace apenas días, la Cámara de apelaciones resolvió que Mariela continuará esperando el juicio con prisión preventiva.
Como narco
“Es una injusticia total, una incoherencia lo que está pasando con mi hermana. Hoy ella lleva casi 10 semanas en una unidad penitenciaria allá en Saavedra por estos 7 gramos de marihuana, le armaron una causa gigante y está imputada de comercialización agravada de estupefacientes, lo cual la pone al mismo nivel que una narcotraficante. Yo me enteré al día siguiente por mi hermano. Me dice, ‘Mariela está en cana, le allanaron la casa, se la llevaron y le revolvieron todo, vamos’. Estaba toda su ropa tirada afuera, todo despelotado. Le hicieron un quilombo en la casa queriéndole encontrar algo y no encontraron nada”.
Santiago Agunin resume así a Perycia la situación de Mariela, la única mujer entre cinco hermanos. La define como una persona “de espíritu libre” y emprendedora, en contacto con la naturaleza y el deporte aéreo -le encanta hacer slackline– y “muy social”. Cuenta que construyó su propia casa con barro y ayudó a varias otras personas a construir las suyas en madera. También Santiago trabaja construyendo cabañas y casas de madera frente al mar o entre los médanos, en Monte Hermoso.
“Todo esto es una pavada, una estupidez total”, dice. Porque mientras ella está detenida “acá en Bahía se está comercializando droga fuerte como la merca, el paco, etcétera. La cortan, la rebajan con cualquier cosa para poder sacarle más plata y la venden y consumen niños, pibes, adolescentes. Es tremendo eso, y está pasando cada vez más en los barrios. Soy dirigente scout y lo veo”, advierte Santiago.
“Ella está destruida. En todo sentido. La sacan todos los días una hora al sol, y después vuelve a un lugar re húmedo, donde se caga de frío. La tienen aislada, está sola en la celda. No puede dormir, está medicada, o sea, ella nunca consumió pastillas y ahora la medicaron porque no podía dormir y porque tenía ataques de pánico, de llanto. Sabiendo que no es una delincuente ni nada… es más buena que el pan la Mari,” dice su hermano, que comparte con ella la pasión por el candombe. Mariela toca tambor chico, como otro de sus hermanos, y él tambor piano en la comparsa bahiense Tezirawa Ngumbá. Juntos participaron de cientos de llamadas, incluidos unos encuentros patagónicos donde año a año se transmiten saberes de ese arte-ritual de raíces afro-uruguayas.
En la última movilización feminista del 3 de junio, las comparsas de Bahía confluyeron en un rejunte. Y en los carteles que llevaban se podía leer la consigna: “Ni Una Menos. Libertad a Mariela. Basta de presas por marihuana”.
Qué plantean la acusación y la defensa
Consultado por este medio, el fiscal del Cero sostiene la imputación “por haber vendido ese día en la plaza pública y porque después, en su teléfono celular, se detectaron aproximadamente dos meses de comercio al menudeo”. Dice que ya da por concluida la investigación -que está elevada a juicio- e insiste en aclarar que “no es verdad” que Mariela esté presa solo por 7 gramos de marihuana, sino “por una venta que fue habitual y constante”. Para la defensa, encabezada por el abogado Carlos Carnevale, la habitualidad es discutible y el encuadre penal desproporcionado: “la escala penal del delito del que la acusan, que va de 6 a 20 años, es el único motivo por el cual ella está detenida”, explica.
“Nosotros estamos planteando que ellas eran amigas, que Mariela tenía el Reprocann en trámite, que no era comerciante, no vendía otro tipo de drogas; y también estamos discutiendo la habitualidad. Claramente, cuando se redactó esta figura penal se tuvieron en cuenta otros casos. Parece que no se pretendía punir una situación tan aislada. Criminalizar estas conductas parece contrario a todo lo que hemos avanzado en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta la pena tan alta que tiene el delito, tanto que le impide llegar al juicio en libertad”, agrega el defensor, que realizó una solicitud de excarcelación extraordinaria y en su defecto, la prisión domiciliaria, por su delicado estado de salud psicofísico.
“Mariela no estaba siendo investigada -le recuerda Carnevale a Perycia– , no tenía un seguimiento por parte de policías encubiertos, no tenía denuncias, no había nada. Cuando le allanan la casa para detenerla, no secuestran ni 1 gramo de marihuana. No encuentran nada y se la llevan detenida. Más allá de su situación de salud, la regla en todos los procesos penales es que la persona esté en libertad salvo que haya peligros procesales, y acá no hay ningún peligro procesal. Ella siempre estuvo a derecho, tomó conocimiento de una causa en su contra hace un año y no se mudó, no hizo nada para impedir la investigación, al contrario, siguió haciendo su vida normal. No hay nada para presumir que pueda evadirse o entorpecer el proceso”.
El fiscal se opuso a excarcelarla y asegura que no hay circunstancias excepcionales porque el hecho es “grave”. “Uno de los primeros mensajes que se observa en el dispositivo es el de la transferencia por Mercado Pago de la persona que le compró en la plaza -insiste Del Cero-. Y si uno va para atrás, hay por lo menos 7 u 8 operaciones”, asegura, previas al operativo que inició la investigación. Para la defensa esos intercambios no fueron más de dos, y la existencia de una actividad habitual de comercialización está lejos de encontrarse acreditada.
¿La fiscalía podría haber elegido no hacer este tipo de acusación, o no agravarla? “Yo no puedo elegir cómo sucedieron los hechos, que son los que determinan y provocan la calificación legal”, responde el fiscal ante la consulta de Perycia. El funcionario arrastra duras críticas y denuncias públicas de organizaciones cannábicas por considerar que criminaliza a usuarios medicinales y recreativos en polémicas causas vinculadas a la marihuana en Bahía Blanca, Monte Hermoso, Sierra de la Ventana, Tornquist, Puan, Pigüé, Punta Alta y Coronel Suárez.
Finalmente, el Juzgado de Garantías N° 3 y luego la Sala I de la Cámara de Apelaciones bahiense confirmaron lo que el fiscal pidió desde un principio: Mariela seguirá esperando su juicio -hasta ahora con fecha incierta- detenida en un penal.
Su defensa ya pidió que sea juzgada por un jurado popular: “Queremos que sea la sociedad la que considere si este intercambio es suficiente para considerar a una persona, en definitiva, narcotraficante, porque esa es la figura de la que estamos hablando”.
¿A quién persigue la ley de Drogas?
Para la comunicadora, investigadora y militante en política de drogas Dalila Tealdi, el caso de Mariela no es un hecho aislado sino un ejemplo de un fenómeno más amplio: la criminalización de los eslabones más débiles en la cadena de comercialización de estupefacientes. “La ley es un fracaso para nosotros, quienes militamos en políticas de drogas y abogamos por el respeto de las personas usuarias y las garantías de los derechos humanos. Pero entiendo que para el sistema penal este no es ningún fracaso”, sostiene la presidenta de RESET-Política de Drogas y Derechos Humanos.
En su análisis, la denominada “ley de estupefacientes” 23.737 y el esquema de desfederalización de la persecución del narcomenudeo terminan impactando de manera desproporcionada sobre personas en situaciones de vulnerabilidad. “Esto nos muestra que el sistema penal persigue siempre a las personas usuarias y los eslabones más chicos de las cadenas de comercio y tráfico de estupefacientes. Y en paralelo, las grandes organizaciones siguen actuando con total impunidad”, señala.
Tealdi vincula además estas dinámicas con el crecimiento de los encarcelamientos de mujeres por infracción a la ley de drogas. “Cuando se escarba en sus historias, queda de manifiesto que recurrieron a la venta al menudeo por una cuestión de necesidad, de supervivencia”, explica. En Argentina, la infracción a la ley de drogas es una de las principales causas de encarcelamiento de mujeres: representa poco más del 40%, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) y la Procuración Penitenciaria analizados por el CELS. Una porción significativa de ellas espera su juicio en prisión preventiva.
¿Cuál es la finalidad del Estado al perseguir a esos pequeños vendedores proponiendo el mismo castigo penal que a los jefes narcos? La especialista lo explica así: “Rinde más en las estadísticas hacer de cuenta que se está combatiendo el narcotráfico, y que las cárceles de a poquito se vayan llenando de pobres, personas vulnerables y mujeres; que tomar medidas y definir una política que de verdad acabe con las grandes organizaciones de narcotráfico”.
“Necesitamos una ley basada en la salud pública, los derechos humanos y la reducción de daños que deje de perseguir a los eslabones más vulnerables de la cadena -agrega Tealdi-. Ese es el camino más fácil, el que nos trajo hasta acá, y por el que tenemos que seguir peleando”.
En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se ingresó un proyecto de declaración que expresa una “profunda preocupación y repudio” por su detención, calificando el accionar de la justicia bahiense como una medida “desproporcionada y arbitraria”. La iniciativa —presentada por el diputado de izquierda Christian Castillo y coordinada de cerca con su familia y organizaciones cannábicas— denuncia el ensañamiento del sistema al aplicar una figura penal con una escala de hasta 20 años de prisión contra Mariela, y alertando además sobre su severo deterioro de salud dentro de la unidad penitenciaria.
Además, ante la reciente confirmación judicial de que Mariela deberá esperar el juicio detenida, organizaciones y activistas convocaron a manifestarse este viernes 26 de junio en los Tribunales bahienses.
Mientras su caso se discute en tribunales, en la Legislatura, en las redes y en las calles, la joven bahiense sigue esperando en una celda. Adentro el tiempo se mide en horas de encierro sin condena. Entre ambos mundos quedan muchas preguntas en el aire; entre ellas, la de si el sistema penal está realmente combatiendo el narcotráfico o solo administrando castigos sobre los cuerpos más propensos a recibirlos.
