2/3/2020
Los motores del helicóptero que en la madrugada del 24 de marzo de 1976 retiró a María Estela Martínez desde la Casa Rosada no se habían enfriado cuando por La Plata, Berisso y Ensenada camiones y automóviles del Ejército, de la Armada y de la Policía bonaerense comenzaron la cacería de las primeras víctimas del régimen naciente. La presidenta fue bajada en el Aeroparque Metropolitano y nunca llegó a Olivos. La nave fue rodeada y el golpe daba sus primeros pasos. A 66 kilómetros de ahí, en las instalaciones ubicadas en las calles 1 y 60, militares del Regimiento 7 organizaban el primer centro clandestino de detención de la dictadura en La Plata. Sin metáforas, el avance de la dictadura lo daban allí los pasos apurados de los borceguíes de la Infantería policial y los agentes de la policía montada calzados en las largas botas negras con espuelas.
Cuarenta y cuatro años después, los delitos de lesa humanidad cometidos desde aquella madrugada y hasta fines de 1976 llegarán a juicio oral y público. Si se cumple el cronograma pautado, el 22 de abril iniciará en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata el juicio de la causa bautizada “1 y 60”, con 18 acusados que en aquella época revistaron en el Ejército y en las policías bonaerense y federal, a quienes estaba integrado el civil Carlos “el indio” Castillo, de la Concentración Nacional Universitaria, CNU. Ya condenado a prisión perpetua, “el indio” deberá afrontar su segundo juicio, esta vez acusado -junto a los policías federales- por el secuestro y las torturas de tres militantes. De acuerdo con la investigación, son 197 las víctimas identificadas que pasaron por “1 y 60” en 1976, la mayoría de ellas sobrevivientes. Al menos 13 de ellas fueron ingresadas el mismo 24 de marzo, según la acusación fiscal, y con el correr de los días los galpones se fueron llenando. Un ex policía declaró en el año 2000 en el Juicio por la Verdad, cuando no había amenazas de persecución penal, que en la víspera del golpe lo llamaron a “1y60” y que allí estuvo acuartelado durante cuatro o cinco días. Dijo que pudo observar un “área restringida” con “todas camas, una al lado de la otra, y gente desnuda con las manos atadas”. Calculó que eran al menos ochenta o cien personas, que estaban en una especie de galpón con los ojos vendados.
El mismo año y en el mismo juicio un fotógrafo de la Policía reconoció que “a los detenidos políticos les tomaban fotografías al momento de ingresar a este centro. Las fotos eran tomadas en el patio, de frente y de perfil, y luego se conformaba una ficha por cada detenido, que era pasada a un archivo que obraría en esta dependencia policial o bien en la Jefatura de Policía”.
Mientras se aguarda el inicio de “1 y 60”, la agenda de los juicios en La Plata continúa con el aún no concluido por los crímenes en la Brigada de San Justo, iniciado en 2018. Otros dos juicios más deberían comenzar en 2020 si se respeta el cronograma dispuesto por el mismo TOCF N°1: el que juzgará los hechos de los pozos de Banfield y Quilmes, previsto para el 5 de mayo, y el que abordará los crímenes en la Brigada de Avellaneda, conocida entonces como “El Infierno”, el 7 de septiembre.
“1 y 60” tiene la característica particular de haber sido inaugurado con el golpe. También se diferencia del resto en que los represores dejaron algunas marcas más de sus delitos en la burocracia, que permiten reconstruir aquellos días. Los registros quedaron en la Dirección de Inteligencia policial: “Las fichas confeccionadas, que en algunos casos incluían las huellas del detenido, permitían determinar fehacientemente su identidad y sus antecedentes -particularmente, aquellos vinculados con su actuación política y gremial-”, resaltó la Cámara Federal al confirmar el procesamiento de quienes ahora serán juzgados.
Por caso, los policías federales que llegarán a juicio fueron identificados gracias a un sumario administrativo. El principal Jorge Luis Fontana extravió su documento nacional de identidad en un “procedimiento antisubversivo” y el jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal inició actuaciones administrativas para deslindar responsabilidades. Tanto Fontana como sus entonces compañeros, los cabos José Luis Benítez, Carlos Hugo Leguizamón, Roberto Arturo Gigli y Oscar Nicolás Traubenik declararon en aquél expediente, labrado tres días después de los hechos, que el 2 de abril de 1976 entre las 2.00 y las 5.00 de la mañana detuvieron a dos hombres y a una mujer en una casa de la calle 23 entre 36 y 37, y que luego los entregaron a la jefatura del área militar 113.
Las tres personas, que pasaron unas horas por la comisaría 9na y luego fueron derivadas a “1 y 60” son Luis Julián Farina, Nélida Leonor Balbi y Roberto Mario Carattoli, quien fue herido con un disparo en una pierna durante el operativo. El trío sobrevivió y pudo contar su versión de lo ocurrido durante la investigación: la irrupción policial en la vivienda, el tabicamiento que sufrieron y la persecución a Carattoli cuando, asustado al ver que los encapuchaban, intentó escapar por una ventana. Los sobrevivientes no conocían las identidades de los policías que los habían secuestrado, pero sí la del miembro de la CNU Castillo. Los nombres de los efectivos quedaron registrados en el expediente, que fue encontrado durante la investigación. Benítez y Leguizamón están acusados en este juicio junto su jefe, el ex comisario Juan Rafael Pochelú. El resto falleció.
Los otros imputados en la causa “1 y 60” están acusados por su responsabilidad en el funcionamiento del centro clandestino. Los de más alto rango fueron integrantes de la plana mayor del Regimiento 7 de Infantería de La Plata: Alberto Jorge Crinigan, ex oficial de Inteligencia; e Ismael Ramón Verón y Enrique Francisco Welsh, ex oficiales de Operaciones.
También, está imputado el ex jefe de la Compañía A de ese regimiento Lucas Marcelo Castro; el ex jefe del Cuerpo de Infantería de la Policía bonaerense José Clemente Forastiero y los ex oficiales a su mando Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Tomas D’Ottavio, José Esteban Pulvermacher y Adalberto Oscar Rincón, y el ex jefe del denominado Grupo Cóndor de la Policía bonaerense, Juan Antonio Vidal.
La lista se completa con los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Ricardo Armando Fernández y Gustavo Adolfo Cacivio.
¿Sólo promesas?
En su último informe sobre el estado del proceso de juzgamiento, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad calculó en 5,3 años la demora de una causa de este tipo en obtener sentencia firme desde que la fiscalía requirió su elevación a juicio. Cuando comience “1 y 60” habrán pasado casi cinco años desde el primer requerimiento y más de cuatro del segundo de los dos requerimientos que originaron este juicio. Así, se habrá consumido casi todo el tiempo del promedio nacional sin siquiera haber obtenido una primera sentencia. En esa causa, el extenso plazo apenas se consumió en poner en marcha el debate. Peor es la situación de las causas de los pozos de Banfield y Quilmes: el primer requerimiento de “Banfield” fue formulado en enero de 2012, mientras que el de “Quilmes” es de diciembre de 2014.
En el caso de “El Infierno”, la situación es diferente. El requerimiento de elevación a juicio fue formulado por los fiscales en febrero de 2017.
El 2020 es el año de las promesas del Poder Judicial, que propone revertir una situación caracterizada por la falta de jueces titulares que integren los tribunales, en particular el TOCF N°1, donde están radicadas la mayoría de las causas y es el órgano en el que tramitarán estos tres grandes juicios. Además, es el mismo que está a cargo del debate en curso sobre la Brigada de San Justo.
Ese tribunal no tiene jueces titulares. Lo integran desde hace años jueces subrogantes designados por la Cámara Federal de Casación: actualmente 16 jueces de otros tribunales intentan sacarlo del atraso en las diferentes causas, de las cuales las de lesa humanidad son sólo una porción.
En tanto, el TOCF N°2 tiene dos jueces titulares y un subrogante, mientras que el TOCF N°3, creado hace diez años, aún no fue puesto en funcionamiento. Todos los cargos vacantes en los tres tribunales fueron concursados en 2017 y 2018 y el Consejo de la Magistratura remitió las ternas al Poder Ejecutivo Nacional el año pasado. El Presidente Alberto Fernández retiró los pliegos de las personas elegidas por su predecesor y deberá elegir nuevamente a candidatos o candidatas para que el Senado les dé acuerdo.
Mientras, los juicios programados se desarrollarán con subrogantes y eso significará que, en respeto de la “garantía del juez natural”, los jueces que integran el tribunal para cada causa cumplirán esa función hasta dictar sentencia.
Nunca en La Plata tramitaron dos grandes juicios o “megacausas” de lesa humanidad a la vez. Menos tres o cuatro, si se si tiene en cuenta que el juicio en curso por la Brigada de San Justo no tiene fecha cierta de finalización.
Desde 2006, en la capital de la provincia se celebraron y concluyeron 18 juicios por crímenes de lesa humanidad, con la siguiente periodicidad: En 2006, la causa “Etchecolatz”; en 2007, “Von Wernich”; en 2010, las causas “Unidad 9” (conocida también como juicio a los penitenciarios) y “Alonso Suárez Nelson” (caso de apropiación); en 2011, “Unidad 9 II”; en 2012, “Circuito Camps” y “Manacorda-Casado Tasca” (caso de apropiación); en 2013, “Iaccarino” y “Madrid-Gallinari Abinet” (caso de apropiación); en 2014, “La Cacha”; en 2015, las causas “Junín” -iniciada en 2014, sobre crímenes en esa ciudad del noroeste bonaerense, que además fue sede del debate- y “Escuela Naval”; en 2016, “Caso Favero”, “Ramírez” (homicidios en el Regimiento 7), “Zúñiga” (miembros de la Policía Federal) y “Manacorda-Caso Cugura Casado” (caso de apropiación); en 2017 “CNU La Plata” (juicio a dos civiles); y en 2019 el juicio en la causa «Falcón» (a ex miembros del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell). A esa saga antecede el debate que se celebró en 2004 por la sustracción, la retención y ocultamiento de la hija de desaparecidos Carmen Sanz.
Sería histórico y auspicioso que el 2020 fuera el año del quiebre y que, al igual que en otras jurisdicciones federales, tramiten a la vez dos o tres grandes causas.
Los pozos
El 5 de mayo es la fecha que el TOCF N°1 fijó para el comienzo del juicio por los crímenes en los pozos de Banfield y Quilmes, dos lugares que fueron las sedes de las brigadas policiales de ambas localidades del sur del gran Buenos Aires. La Brigada de Banfield, además, compartía el edificio de las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora con otras dependencias de inserción regional, como las direcciones policiales de inteligencia, de seguridad y de investigaciones de la zona metropolitana. La Brigada de Quilmes, en tanto, tuvo la característica de haber sido transformada en un centro plenamente clandestino en enero de 1977, cuando el edificio pasó a manos del Ejército. Curiosamente, los policías continuaron allí su desempeño en la represión ilegal, pero incorporados en la plantilla de la Brigada de Lanús, donde funcionaba “El Infierno”. Los pozos de Quilmes y Banfield tienen por característica haber funcionado como centros clandestinos en largos períodos: tuvieron víctimas antes del golpe de Estado -hay casos de 1974 en Banfield- y hasta comienzos de 1979, en Quilmes.
Ambas causas llevarán a juicio el número más grande de víctimas en la historia judicial de La Plata. La fiscalía y los organismos de derechos humanos individualizaron 254 víctimas en el Pozo de Banfield y 175 en el de Quilmes. Veintiuna de todas ellas pasaron por los dos centros clandestinos. Llegan a juicio 19 acusados en total, entre ellos Miguel Osvaldo Etchecolaz y el jefe de Banfield, Juan Miguel Wolk. También estarán el médico Jorge Antonio Bergés y los civiles Jaime Smart y Juan María Torino, ministro de gobierno y su secretario, respectivamente.
Las dos brigadas fueron maternidades clandestinas del plan sistemático de apropiación de niños y niñas, como asimismo lugar de paso de víctimas del Plan Cóndor, la asociación ilícita transnacional que unió a las dictaduras del Cono Sur.
Los casos de los y las estudiantes secundarios secuestrados en “La Noche de los Lápices” están entre los emblemáticos de estas dos sedes del terror de Estado.
El Infierno
La Brigada de Investigaciones de Lanús tenía su sede en la calle 12 de octubre N°234 de Avellaneda, donde hoy funciona el Espacio Municipal de la Memoria. “Las condiciones de detención padecidas en dicho lugar, incluían de manera sistemática la desnudez forzada y otras formas de violencia sexual”, describió la fiscalía en el requerimiento de juicio. Una testigo víctima, citada en esa acusación, refirió que la puerta de su calabozo permanecía siempre abierta, lo cual “implicó múltiples violaciones habituales por parte de los cabos de guardia y de los integrantes de la ‘patota’, y de otros abusos sexuales, como masturbaciones sobre su cuerpo”. Contó también que “en una oportunidad fue utilizada para probar un dispositivo de tortura que se introducía en la vagina y causaba quemaduras en el endometrio, con el fin de que ‘no nazcan más hijos de puta’”.
La causa tiene 62 víctimas individualizadas. Aquella testigo no podrá declarar, porque la muerte la encontró antes que el juicio, algo que, a esta altura del proceso de juzgamiento, es frecuente. Su testimonio seguramente se incorporará por lectura. Entre las víctimas, la fiscalía identificó tres grupos particulares por la pertenencia: hay doce directivos y empleados del Hotel Liberty de Buenos Aires, dos trabajadores -Víctor Ventura y Esteban Reimer, ambos desaparecidos- de la Comisión Interna de Mercedes Benz y cinco de la fábrica de calefones SAIAR, de las cuales dos fueron desaparecidos: Héctor Alberto Pérez y Luis Adolfo Jaramillo.
En este juicio, cuyo comienzo está previsto para el 7 de septiembre, también están acusados Smart, Etchecolatz y Wolk; los ex jefe y subjefe de la Brigada, Bruno Trevisán y Rómulo Jorge Ferranti; y el ex cabo que trabajaba a sus órdenes, Miguel Ángel Ferreyro.
Los hermanos Ramírez
En la agenda local de juicios de lesa humanidad asoma la posibilidad de un cuarto proceso en 2020, dado que el tribunal dispuso que el 20 de septiembre se lleve a cabo la audiencia preliminar de debate, una instancia para fijar fecha y organizar el juicio. Se trata de las causas unificadas en las que intenta dilucidarse el asesinato en Almirante Brown, el 15 de marzo de 1977, de Vicenta Orrego Meza y la seguida apropiación de su hija María Ester y de sus hijos Alejandro y Carlos Ramírez. Junto a Orrego Meza fueron asesinadas María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga, militantes de la organización Montoneros que huían de las fuerzas de la represión ilegal, a quienes Vicenta había dado refugio. Al día siguiente, personal policial y militar asesinó en un domicilio de Lomas de Zamora a Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y un individuo que aún no fue identificado. Berger era padre de María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew.
Todos esos casos forman parte del juicio.
Los acusados por los homicidios son seis ex policías bonaerenses como autores directos y Etchecolatz, Wolk y Trevisán, como autores mediatos. Además, está imputada la secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Pellicer, por su intervención en la apropiación de la niña y los niños. Tenían 2, 4 y 5 años; tras ser testigos de la ejecución de su madre, fueron confinados durante más de seis años en el “Pequeño Hogar de Belén”, a disposición de aquél tribunal. Durante todo el período la fallecida jueza Marta Delia Pons impidió que los familiares –su padre, preso político y luego exiliado, y una tía- conocieran su paradero, a pesar de las incesantes averiguaciones y gestiones que llevaban adelante para dar con ellos. En su paso por el Hogar, la niña y los niños fueron sometidos a violencias y abusos sexuales. La causa tuvo otros imputados civiles por esos hechos, pero fallecieron o fueron declarados incapaces para afrontar el juicio.
Tres de siete
Los juicios de las causas “1 y 60”, “pozos de Banfield y Quilmes” y “El Infierno” integran el lote de siete que, de acuerdo a la información proporcionada a Perycia por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, deberán comenzar próximamente en todo el país si se respeta el cronograma establecido por cada tribunal. Los juicios con fecha y lugar de inicio son los siguientes:
● El 9 de marzo debería comenzar en Bahía Blanca el juicio por los crímenes de la Triple A, que llega a esa instancia con cuatro acusados, tres de los cuales están libres porque se vencieron sus prisiones preventivas y el restante en prisión domiciliaria.
● El 17 de marzo es la fecha prevista para el comienzo en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires del juicio “Chavanne – Industrias Grassi”, que tiene imputados al ex agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielmineti y al ex presidente de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchevarne por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi), quienes estuvieron secuestrados en Campo de Mayo.
● Ese mismo día, en otra sala de los tribunales federales de Comodoro Py, debería dar inicio un juicio a los ex marinos Jorge “el tigre” Acosta y Alberto Eduardo González por crímenes cometidos contra una prisionera secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada.
● El 15 de abril el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba tiene previsto iniciar el debate en las causas “Diedrichs” y “Herrera”, por crímenes en el centro clandestino de detención «La Perla». Serán juzgados 22 acusados por los delitos cometidos contra 43 víctimas.
Juicios en marcha
Existen veinte juicios activos (17 orales y públicos y 3 escritos) en ocho provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
● El juicio en La Plata por los crímenes en la Brigada de San Justo comenzó en agosto de 2018 y aborda la responsabilidad de 18 ex militares, ex policías y civiles por los delitos cometidos contra 84 personas.
● En Tucumán está en curso desde diciembre pasado el juicio que unificó cinco causas, conocido como Megacausa N°14, para juzgar en un sólo debate a 25 imputados que revistaron en la Policía provincial, la Gendarmería y el Ejército por 335 hechos.
● En Mar del Plata dio inicio a fines de febrero el juicio «Cueva III», en referencia al juzgamiento del tercer tramo de la causa por los crímenes en el centro clandestino La Cueva, que funcionó debajo del viejo radar de la Base Aérea. Tiene cinco imputados por los hechos que damnificaron a 61 personas, entre ellas los abogados desaparecidos en “La Noche de las Corbatas”. Este juicio se sumó a otros dos que ya estaban en marcha. En septiembre pasado inició el debate conocido como “CNU II”, que tiene imputados a dos abogados por asociación ilícita y homicidios. Desde abril de 2018 se desarrolla el juicio denominado “Subzona 15”, que tiene como objeto el juzgamiento de 43 ex miembros de las tres fuerzas armadas, la Prefectura Naval y la Policía bonaerense por los delitos en perjuicio de 272 víctimas.
● En la Capital Federal se lleva adelante el juicio “ESMA IV”, que transcurre la etapa de alegatos, donde se juzga la responsabilidad de ocho imputados en los secuestros, torturas, homicidios y agresiones sexuales contra más de 800 víctimas. Esta misma ciudad es sede del juicio “Orletti V”, que juzga desde noviembre pasado el quinto tramo de la causa que investiga el centro clandestino Automotores Orletti, eje de la alianza de las dictaduras argentina y uruguaya durante la Operación Cóndor. Tiene cuatro imputados por los crímenes contra once víctimas. También en noviembre pasado comenzó en los tribunales porteños el juicio “Vesubio III”, por crímenes en el centro clandestino El Vesubio, que funcionó en La Matanza. Tiene cuatro acusados. El objeto procesal está compuesto por cincuenta homicidios y 370 casos de secuestros y torturas.
● En los tribunales federales de San Martín son tres los procesos en curso: un juicio -iniciado en abril de 2019- trata los delitos perpetrados contra 94 víctimas entre 1979 y 1980 en la conjura de la denominada “Contraofensiva Montonera” y tiene a once ex integrantes del servicio de inteligencia del Ejército entre los acusados. A fines de ese mismo mes comenzó el debate conocido como “Campo de Mayo” y “Mercedes Benz”, donde se juzga a 22 personas por los delitos cometidos contra 350 víctimas, entre ellos 20 trabajadores de la automotriz alemana. El proceso es el resultado de la unificación de diferentes causas, que tuvieron como epicentro aquella guarnición militar del norte del Gran Buenos Aires. Otro juicio comenzó en agosto de 2019 y juzga a tres acusados por los crímenes perpetrados en el Arsenal Naval de Zárate, en el buque patrullero ARA Murature y en la ciudad de Campana.
● En Rosario juzgan desde abril de 2018 a 13 imputados por los crímenes cometidos en centros clandestinos dependientes de la Policía santafesina contra 152 víctimas en el tercer tramo de la causa “Feced”, que lleva el apellido del ex jefe de la fuerza, el fallecido comandante de la Gendarmería Nacional Agustín Feced.
● En junio pasado inició en San Nicolás el juicio “Saint Amant III”, el tercer tramo de la causa que tramita en la justicia federal de Rosario por crímenes en el noreste de la provincia de Buenos Aires. La causa se identifica con la identidad del jefe del área militar, el fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant. Tiene cinco acusados por crímenes contra cincuenta víctimas.
● Desde noviembre pasado, Rawson y Comodoro Rivadavia se han turnado como sedes del juicio a dos imputados -un ex jefe policial y un ex jefe militar- por los crímenes padecidos por el maestro desaparecido en Trelew Ángel Elbio Bel, por cuyo apellido se conoce popularmente a la causa.
● En Mendoza se desarrolla el juicio a 20 acusados, la mayoría de los cuales perteneció a la inteligencia del Ejército y a la Fuerza Aérea, por los delitos cometidos contra 107 personas. La causa es conocida como “Destacamento de Inteligencia 144”.
● En San Juan, en la causa “Megajuicio III” se juzga desde junio de 2019 la responsabilidad de 35 imputados, entre ellos 20 ex militares, 14 ex policías provinciales y el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello, por crímenes contra más de 150 víctimas.
● En Jujuy, desde junio de 2018 se juzgan los crímenes de la causa conocida como “La noche del apagón y hechos del 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar”, que tiene imputadas a 23 personas por delitos cometidos contra 114 víctimas.
● Además, otros tres procesos tramitan por escrito, con las reglas anteriores a la existencia de los tribunales orales federales: en Paraná, la causa “Área Paraná II”, en la cual se juzga a un médico del Ejército; en Salta, “Lona I – Palomitas”, que tiene imputado al ex juez federal Ricardo Lona por su participación en la masacre de presos políticos durante un traslado desde un penal a otro; y en la Capital Federal, las causas “Triple A II” y “Triple A III”, por crímenes anteriores al golpe de Estado.
