14/12/2019
Ocurrió hace unos días en la Unidad 51 de mujeres, en Magdalena. Agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) vieron llegar a familiares, que suelen atravesar grandes distancias, en horas de viaje en micro o en tren y con niños a cuestas.
—Acá hay huelga de hambre, así que hoy no pueden comer lo que trajeron en sus tuppers-dijo un agente en voz alta ante el grupo de parientes, una vez que entraron al penal.
Enteradas de la extorsión, algunas privadas de la libertad se indignaron, iniciaron un reclamo y a dos de ellas las golpearon salvajemente: a una mujer le dio una convulsión y finalmente las metieron en “buzones”. En las próximas horas las trasladarían a otra cárcel.
“El servicio busca la reacción de las personas detenidas para poder reprimir. En otras unidades, familiares y compañerxs privados de libertad también nos dijeron que se reprimió. Buscan presionar para levantar la huelga”, dice a Perycia María Medrano, referente de “Yo no Fui”, una Asociación civil y cultural feminista que trabaja con talleres de arte, oficio y comunicación en cárceles de mujeres.
Medrano agregó: “De parte de las personas privadas de la libertad nos consta que defienden una medida que es pacífica y que no existió ningún problema ligado a eso”.
La huelga de hambre en cárceles bonaerenses, convirtiéndose en un hecho histórico, cumplió más de una semana.
Perycia reconstruyó, mediante diversas voces, el estado actual de la medida, que a último momento sumó cerca de 9 mil personas privadas de libertad a favor de la huelga -aproximadamente un 20 por ciento de la población total-, y ya llega a 20 unidades. Hasta última hora, las reuniones daban cuenta de una compleja negociación que alcanza a las nuevas autoridades, pero mientras tanto, según fuentes especializadas, el conflicto sigue “in crescendo”.
“La huelga de hambre se desencadenó por una situación puntual que ocurrió en el gobierno de María Eugenia Vidal, ya que antes de irse dejó de pagar a la empresa que llevaba alimentos a las unidades penitenciarias -explica Medrano a esta agencia-. Fue la gota que rebalsó el vaso. Las personas privadas de la libertad venían soportando vejámenes y torturas sistemáticas, y esto hizo estallar todo. Ahora estamos esperando que la nueva gestión tome cartas en el asunto y ver cómo interviene en este panorama tan delicado”.
Al asumir, en efecto, el gobernador Axel Kicillof hizo rápida referencia a la medida. “Nos dicen que hay una deuda con proveedores de 400 millones de pesos. Debemos resolver las cuestiones básicas que afectan al Servicio Penitenciario Bonaerense», dijo. En el ministerio de Justicia que ahora conduce Julio Alak aún no se conoce aún el nombre del secretario de Políticas Penitenciarias.
La novedad ha sido, al cierre de esta edición, una serie de resoluciones inéditas de la Suprema Corte Bonaerense, quien pidió un “uso racional” de prisión preventiva -en las penitenciarías provinciales, el 49% está con prisión preventiva o con una condena en proceso de apelación-, alertó sobre la sobrepoblación al proponer trasladar presos a otras provincias y reconoció las “graves condiciones de alojamiento”.
Además, el informe coincidió con una presentación del defensor General de Casación Penal, Mario Coriolano, en el que se exigen medidas alternativas a la prisión para los casos de mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años.
Los especialistas sobre cárceles no dudan: el máximo tribunal abonó el terreno para el anuncio de prontas medidas de Axel Kicillof -y su efecto parlamentario- sobre nuevas políticas públicas en torno a las condiciones de detención.
Investigan una muerte
Otro hecho de violencia se conoció también en Magdalena, uno de los distritos más afectados por la huelga de hambre. Según una fuente del Servicio Penitenciario, durante la huelga fue asesinado un interno en la Unidad 35 y su rival -el episodio habría ocurrido durante una pelea- está muy grave. La víctima, de acuerdo a la fuente, se había ido a comer un asado con el pastor de la cárcel. La justicia está investigando la responsabilidad del SPB en el hecho, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acercó informes.
“La situación está muy fea, los pabellones están cerrados -dijo a Perycia una docente que da clases en las cuatro unidades de Magdalena y prefirió resguardar su identidad-. El conflicto con la alimentación viene de largo, hace rato que los presos no estaban comiendo bien, nos dicen por ejemplo que la carne se la roba el SPB. Y además, aprovechándose de la huelga, el SPB no les hace llegar la comida a los que no se plegaron a la medida, creando un escenario de tensión”.
Hace tres semanas se confirmó oficialmente que hubo inconvenientes con la provisión de alimentos en todas las cárceles bonaerenses. Faltó carne y pollo en las dietas de los presos. Según los funcionarios de ese momento había sido por una recálculo en la licitación, derivada de los aumentos de precios, pero antes de dejar sus cargos aseguraron que “el problema estaba solucionado”.
Sin embargo, las personas privadas de la libertad desmintieron a los políticos con su propia realidad y ése fue el germen de la huelga, que después se desvió hacia otros planteos.
Desde diferentes unidades, se elevaron a los jefes penitenciarios varios petitorios, escritos de puño y letra o impresos por los referentes carcelarios. Entre los puntos principales, hablaron de acceder a morigeraciones de pena; de dejar sin efecto la ley “Blumberg” ya que impide las excarcelaciones y endurece las condenas; de reinstalar la ley del “2 por 1”, que computa doble cada día que un detenido pasa con prisión preventiva; de activar una «mesa de diálogo» entre la Justicia, el Ejecutivo y sectores parlamentarios, algo que contó con el apoyo del informe de la Suprema Corte Bonaerense; y, por último, instaron a impedir la aprobación del nuevo Código Penal, en actual debate en el Congreso.
“La verdad es que es un momento complicado para una medida de fuerza así, justo en medio del cambio de gestión -reflexiona María Medrado a esta agencia-. Pero entiendo que la cosa estalló porque las personas privadas de la libertad no daban más”.
La docente que trabaja en las unidades de Magdalena dijo a Perycia que las condiciones de detención son dignas del infierno de Dante. “Las celdas están colapsadas, ni hablar que se les complica estudiar, encima ahora con el calor que es agobiante y no deja respirar. Lo que más me chocó fue que en una celda, donde tiene que estar dos o tres hay ocho presos, y no tienen camas para dormir. Entonces se turnan, se van despertando a la noche y duermen mal. ¿Quién puede vivir así? Eso tensa cualquier situación”.
Mensaje a Kicillof
Los organismos de derechos humanos que trabajan e intervienen de forma cotidiana en las cárceles concuerdan que los problemas de hacinamiento, sobrepoblación, de condiciones indignas de higiene y alimentación, y los maltratos sistemáticos del SPB son los ejes de la huelga de hambre, aunque existen disidencias en torno a las razones de por qué se activó el conflicto a poco de asumido el nuevo gobierno.
Bajo la solicitud de una medida cautelar, denunciando por “abandono de personas” a la gestión de María Eugenia Vidal, las Asociaciones La Cantora, Miguel Bru, OTRANS Argentina e HIJOS la Plata exigieron la entrega inmediata de alimentos a la población carcelaria bonaerense.
“Nos preguntamos cuáles son las verdaderas intenciones por las que el gobierno saliente, en manos de Eugenia Vidal, NO alimenta a la población carcelaria. Es por su odio de clase, por acuerdos con los proveedores de alimentos, o la verdadera razón es plantear un escenario hostil y violento al interior de los contextos de encierro de la provincia de Buenos Aires, altamente superpoblados, a días de la entrega del mando a un gobernador electo que claramente está comprometido con la defensa de los derechos humanos”, expresaron en un comunicado, responsabilizando a la gobernadora saliente.
De acuerdo a María Medrano, de “Yo No Fui”, el deterioro de las cárceles no es nuevo ni de la gestión de Vidal, “pero no hay dudas que con el gobierno de Mauricio Macri empeoró profundamente. El nivel de hacinamiento y de crueldad que viven las personas es tremendo, las cárceles son sistemas de torturas. Es increíble que hayamos llegado a que las personas reclamen derechos tan básicos como la alimentación”.
Desde el seno interno de una de las organizaciones de derechos humanos sospechan que el SPB “siempre marca la cancha al gobierno entrante” y, por ende, sea quien esté armando una operación en las sombras.
«Luchamos todo el año para paliar las condiciones inhumanas, por lo que estamos de acuerdo que se combatan porque la situación es exasperante -dijo a Perycia la referente de La Cantotra, Azucena Racosta-. Pero creemos que esto se parece a un apriete de la gorra hacia el gobierno de Kicillof, que no casualmente tiene un discurso de defensa de los derechos humanos. Sabemos que están ocurriendo presiones fuerte en los pabellones para apoyar la huelga, y no podemos pensar más que son los propios servicios que quieren armar conflicto para presionar por el sostenimiento de sus negociados”.
En las últimas, el ministro de Justicia Julio Alak convocó a una mesa de diálogo integrada por todos los sectores involucrados y el Comité contra la Tortura ha visitado las unidades y habló con los referentes de los pabellones. Se espera que jueces provinciales, en los próximos días, actúen en el mismo sentido. Además, familiares de las personas detenidas se movilizaron a Gobernación, presentaron un petitorio y lograron el compromiso de ser recibidos por autoridades.
