31/10/2019
Mientras los funcionarios de la alianza Cambiemos empiezan a embalar cajas y emprolijar los balances ministeriales, el gobierno bonaerense se apura a cerrar acuerdos con dinero público antes de la inexorable retirada del Estado. La caja de las obras sociales, se sabe en el mundo político, es un botín codiciado: en IOMA, un convenio firmado en secreto hace algunos meses es la punta de una madeja de empresarios, funcionarios de primera línea de la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muy difícil de desenredar. Un proyecto que la oposición política y las dirigencias sindicales denuncian como privatización encubierta.
La información se conoció hace apenas una semanas: era un secreto guardado bajo siete llaves. El 10 de mayo, en una asamblea que pretendía mantenerse oculta, el Directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) firmó un convenio por tres años con Provincia Net, una de las ocho empresas del Grupo Banco Provincia S.A. que desde enero de 2016 preside el primo del Presidente, Jorge Macri. El acuerdo prevé el desarrollo y la administración de un nuevo sistema informático madre, que integre a todos los existentes.
La empresa que Provincia NET subcontrató, sin licitación pública, se llama Conexia SA. Según su página web, es una unidad de negocio dedicada a proveer soluciones informáticas de la industria de la salud. Sin embargo, el convenio firmado por Provincia NET le da el control de los sistemas de cobro y pago de afiliados y prestadores, y el de las autorizaciones de prácticas médicas y de medicamentos.
El convenio se resolvió expeditivamente y pasando por alto, incluso, las alarmas internas. La propuesta técnico-económica de Provincia NET -a la que accedió Perycia– fue presentada el 28 de noviembre de 2018. Pero más bien parece un simulacro para cumplir con requisitos formales: entre ese boceto y el acuerdo aprobado en silencio cinco meses más tarde casi no hay diferencias.
Sí hay una omisión sustancial: como puede apreciarse en los documentos adjuntos, en la propuesta presentada por Provincia NET ya se sugería el nombre de Conexia SA para el desarrollo informático. «El software propuesto por CONEXIA resultaría el que mejo se adapta en cuanto a tiempo de implementación y funcionalidades, motivo por el cual, a requerimiento de ese Instituto (IOMA), se realiza la propuesta de Provincia NET integrando para la prestación del servicio en la gestión de prestaciones médicas el software desarrollado po la firma CONEXIA SA», dice el documento.
La mención de la compañía, sin embargo, fue quitada del convenio definitivo firmado entre las partes. Los técnicos de Conexia desembarcaron en la sede central, una tarde después de las elecciones primarias, exigiendo las claves de acceso a las bases de datos. Eso sí: con el presupuesto presentado por Provincia NET -entre montos fijos y otros porcentuales redondearía unos 16.5 millones de pesos anuales-, hubo consenso absoluto: no se le cambió ni una coma.
Convenio aprobado por IOMA
Tampoco se retocó una cláusula que establece una rígida confidencialidad hasta cinco años después de haber finalizado el acuerdo: «Las PARTES declaran conocer y aceptar por el presente, que toda la información confidencial que le sea proporcionada por la otra parte es de exclusiva propiedad de ésta, pudiendo solamente ser utilizada por la otra parte, exclusivamente a los fines de la presente, previa autorización expresa y mientras dure la autorización entre ambas».
Antes de la firma, el expediente debía pasar la revisión de otros organismos. El 13 de marzo, Fiscalía de Estado le pidió a IOMA «justificar la razonabilidad de los importes a abonar en concepto de precio por cada uno de los servicios a contratar». Sólo después de resolver ésa y otras observaciones, podría «continuarse con el trámite tendiente a la suscripción y posterior aprobación» del convenio. Pero el expediente no tuvo más movimiento. Tampoco en Contaduría General de la Provincia, donde una fuente le aseguró a Perycia que quedó paralizado el 22 de abril. «La Dirección de Jurídicas de IOMA dijo que había que resolver las observaciones de Fiscalía de Estado antes de firmar», contó a esta agencia Luana Simioni, delegada general de la junta interna de IOMA en ATE.
El convenio se cerró igual.
Un acuerdo entre las sombras
A pesar del interés en cristalizarlo, el acuerdo se definió en una votación reñida, que necesitó del desempate de su presidente. El presidente del Directorio, Pablo Di Liscia, y el vocal por el Poder Ejecutivo, Alejandro Rico Douglas, votaron a favor. Rico llegó al Directorio de la mano de Sebastián Neuspiller, quien se unió al Pro en 2014 por ser vecino en el country de Diego Santilli, en Pilar, y ahora es Superintendente de Servicios de Salud. En contra votaron las dos vocalías gremiales, Patricia Wilde de UPCN y Paula Espiño de SUTEBA. Con las abstenciones de la vicepresidenta del organismo, Malena Baro, y del segundo vocal, Pablo Juliano, Di Liscia hizo valer su voto doble, y con la voluntad de dos personas el proyecto se aprobó.
Desde los gremios de la mutual alzaron la voz para advertir que el acuerdo es ilegítimo y transfiere a empresarios cuestionados funciones esenciales que hasta el momento hacían los trabajadores del organismo: una privatización encubierta. «Todavía no tuvimos respuesta del pedido de reunión con el Directorio para que nos explique qué significa este convenio. Estamos preparando una presentación judicial para que se pare porque el convenio no tiene ninguna razonabilidad» agregó Simioni. «Es un sistema que podrían desarrollar los trabajadores de Ioma, y se le da al ámbito privado».
«Provincia Net es una empresa del Estado en un 85%, pero tiene acciones casi privadas que administra Jorge Macri», le explicó a Perycia Idelmar Seillant, el titular de SUPTTIOMA. «Este es un convenio irregular, con el que prácticamente están desmantelando IOMA. Viola casi todos los principios de su carta orgánica, le permite a la empresa contratar servicios y le saca a Ioma la administración, el contralor, las auditorías científicas. Vamos a presentar un amparo para que este negociado se frene. No tiene ninguna justificación esta tercerización», agregó.
La gobernadora María Eugenia Vidal negó que hubiera una privatización en la mutual y habló del convenio en términos de modernización: traería aparejado la reducción de tiempos en los trámites y la posibilidad de hacerlos delante de la pantalla.
“Es absolutamente mentiroso –precisa Luana Simioni-. Las opciones online que existen son todos sistemas desarrollados por los propios técnicos de IOMA, que incluyen el IVA móvil, un sistema que quisieron desarrollar con una empresa privada y lo tuvieron que poner en funcionamiento los propios compañeros de Sistemas. La mirada de Vidal confirma que no tienen ningún interés de desarrollar nuevas tecnologías en el Estado sino al revés: tildar al Estado de obsoleto y con esa excusa garantizar el negocio con los privados. Por muchísima menos plata el software se podría desarrollar con recursos propios y quedar en manos del Estado”.
En la Legislatura bonaerense, el bloque opositor elevó un pedidos de informes. Pretendían que Di Liscia explicara, entre otras cuestiones, si Provincia Net ya recibió algún adelanto de lo comprometido en el convenio. Sin embargo, el bloque provincial de Cambiemos obturó el pedido. Desde IOMA aseguraron que se trata de un «contrato imprescindible» en el marco de un «ambicioso programa de modernización».
Los cuadernos del macrismo
La suerte de IOMA bajo la administración de Cambiemos puede condensarse en un par de párrafos. María Eugenia Vidal llegó a la gobernación bonaerense diciendo que pelearía incansablemente contra la corrupción. Del año 2011 a 2015, Seillant radicó 17 denuncias denunciando variantes del fraude: drogas oncológicas a pacientes muertos por sumas millonarias; desvíos para pagar internaciones domiciliarias que eran falsas; prótesis facturadas a pacientes que no las recibían, sobrefacturaciones por más del 600%. En abril de 2016, Vidal le dijo a la prensa que el drenaje por esas maniobras, en los últimos cuatro años, equivalía a unos 1.500 millones de pesos. El nuevo presidente de la mutual, Sergio Casinotti, presentó la denuncia penal correspondiente: el cambio prometido en campaña era un hecho.
Pero Seillant se dio cuenta pronto de que nada iba a cambiar. Presentó, desde entonces hasta hoy, otras 14 denuncias por los más variados delitos. «Denunciamos a Casinotti, que se fue al PAMi, a Carlos D’Abate que lo sucedió, y ahora a Di Liscia, por hacer el mismo mecanismo: direccionar compras y suministros a determinadas empresas amigas. Las contratan de forma directa, sin compulsa pública, para que no podamos controlarlas», recordó el gremialista.
Fue lo que pasó con Conexia, la compañía con filiales y negocios en Colombia y Estados Unidos. Nadie pudo auditarla porque nadie supo de su desembarco hasta que estuvieron adentro. De lo contrario, se hubieran escandalizado con sus antecedentes: en Chubut y Neuquén había sido contratada para informatizar las obras sociales y en ambas provincias había terminado desafectada e investigada judicialmente por sospechas de estafa.
El caso de Neuquén es asombroso, por la repetición exacta de protagonistas y acontecimientos. El 14 de marzo de 2002, el Instituto de Seguridad Social de la provincia (ISSN), con la venia del gobernador Jorge Sosbich, contrató un sistema inteligente de control de servicios médicos por 12 millones de pesos mensuales. Como en La Plata, el acuerdo se hizo a espaldas de sindicalistas y trabajadores, que ya habían rechazado la misma propuesta un año antes. El ISSN, además, se comprometió a aumentar el pago al compás del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). La empresa todavía estaba dentro de Impsat, del Grupo Pescarmona. En La Plata pasó lo mismo: IOMA se comprometió a actualizar el monto de la cuota por inflación, cada seis meses.
A pesar de las deficiencias en el sistema, en Neuquén no lograron desafectar a la empresa hasta abril de 2010. Por esos días, la CTA patagónica denunció «un negociado que se veía venir del gobierno de Sobisch para salvarle la quiebra a la Empresa Impsat (del grupo Pescarmona)». «Este es un contrato atado a la variación del dólar cuando los ingresos de la obra social son en pesos; obviamente es impagable y más teniendo en cuenta la situación que atraviesa el organismo», agregaron. El Fiscal anticorrupción Pedro Telleriarte mandó a juicio por negociación incompatible con la función pública al administrador del ISSN, Gerardo Hettinger, y a Luis Navas, el representante comercial de Impsat.
En Chubut, mucho tiempo después, pasó lo mismo. El fiscal anticorrupción Guillermo Hansen tuvo suspicacias sobre «lo oneroso de la contratación». El contrato que auditaba era de 1.862.000 pesos mensuales, durante 60 meses. “Ese es el monto que estamos revisando. El contrato parece muy perjudicial respecto al Ministerio», le dijo a la prensa Hansen.
Corría agosto de 2018. Un mes después, el 14 de septiembre de 2018, mientras se definía si el contrato en Chubut era un fraude, Horacio Rodríguez Larreta inauguró oficinas de Conexia en San Francisco, en la costa Oeste de los Estados Unidos. En la foto que congeló aquél corte de cinta, sonriente, estaba Luis Navas: seguía siendo el CEO de Conexia, como en Neuquén y en Chubut. Como en la actualidad. Con la diferencia de que esta vez su empresa fue contratada sin licitación, enmascarada como una mamushka debajo del sello de Provincia NET. Con el impulso indispensable del primo hermano de Mauricio Macri, Jorge Macri, y Augusto Rodriguez Larreta, el hermano menor de Horacio.
Los tentáculos de Larreta
Conviene repasar, uno por uno, las islas y los puentes que conforman este mapa. Lo primero que llama la atención es que en la obra social de los bonaerenses aparezca como figura destacada el jefe de gobierno porteño. “En los pasillos de IOMA todo el mundo comenta que la caja fue cedida por María Eugenia Vidal a Rodríguez Larreta”, confió a esta agencia una importante fuente de la obra social.
Apenas asumió la gobernación, Vidal nombró a Jorge Macri como presidente del Grupo Bapro y como a uno de sus directores titulares a Augusto José Rodríguez Larreta, hermano del alcalde y socio en todos sus emprendimientos privados. Augusto, que en los tempranos ’90 supo ser vocero del ministro de Defensa menemista Oscar Camilión y el ex ministro de Economía Roque Fernández, también fue ungido como director en el directorio de Provincia Net, la firma que subcontrató sin licitación a Conexia.
Los Pescarmona, padre e hijo, son piezas de un linaje de empresarios de la rama metal-mecánica que ganó infinidad de licitaciones públicas desde la dictadura en adelante, pero alcanzó la cúspide en la década del ’90. Cuando el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli pusieron en marcha la «doctrina Irúruzun» en la «causa de los cuadernos», premiando con excarcelaciones a los empresarios que acusaran a la administración pasada, Enrique Pescarmona se convirtió en uno de los primeros arrepentidos y detalló presuntas extorsiones de los hombres de Julio De Vido.
El acuerdo entre IOMA y Provincia Net está rubricado por Pablo Di Liscia, acaso el hombre clave en esta trama. Llegó al Directorio de la entidad en diciembre de 2017, luego de ejercer durante diez años distintos cargos en el gobierno porteño. Alternadamente, trabajó bajo las órdenes directas de Larreta y de Vidal. La senadora Malena Baro, vicepresidenta del Directorio (se abstuvo en la votación), es la esposa del presidente del Bloque de Senadores bonaerense de Cambiemos, Roberto Costa.
En la contracara del acuerdo, el firmante por Provincia Net fue su presidente, el ingeniero informático Raúl Piola. Es otro hombre del riñón del intendente de Vicente López, Jorge Macri: en las elecciones de medio término de 2017 lo designó “representante tecnológico” de Cambiemos. En abril de 2018, Piola hizo buenos negocios con Rodríguez Larreta: su empresa Logisis It SRL fue favorecida por un millón cuarenta y cinco mil pesos ($ 1.045.620) a través de una contratación directa para el mantenimiento informático y técnico de las Estaciones Saludables de la Ciudad de Buenos Aires.
Ajenos a la telaraña de intereses e irregularidades, los afiliados de IOMA comprueban cada día como la cobertura médica empeora: la mutual tiene una deuda de 400 millones de pesos con las farmacias y cada vez restringe más la cobertura de estudios y tratamientos. “IOMA tiene superávit, es decir, se comporta como una empresa. Y reduce la atención de tratamientos y pone trabas burocráticas en función de una política especulativa. En Facebook pueden leerse numerosas denuncias y demandas judiciales por esta política de la mutual. También en la web puede encontrarse data sobre muertes evitables que han sido responsabilidad de este servicio médico”, concluyó ante Perycia la importante fuente de la obra social.