18/09/2019
Si se pusieran uno encima del otro, los papeles desperdigados en varios recintos completarían una pared. Una porción de ellos atesta siete u ocho estantes de un armario viejo: 48 cuerpos -9.600 fojas-, 59 legajos de investigación con pistas autónomas, y 74 anexos, nutridos principalmente de transcripciones de intervenciones telefónicas. A un costado hay más carpetas, cds y hasta casettes. Esa es la dimensión física de 13 años de esfuerzos, hasta ahora infructuosos, por encontrar a Jorge Julio López, el testigo desaparecido en la madrugada del 18 de septiembre de 2006. Un empleado de la fiscalía creada por la resolución 46/02 para investigar las violaciones a los derechos humanos, dedica casi todo su día a continuar regularmente esa tarea. Hay un legajo, sin embargo, que crece mucho más rápido que el resto: el enigmático “Legajo 10”.
“El Legajo 10 contiene un acervo de información proveniente de dependencias policiales, delegaciones provinciales del Registro Nacional de las Personas, juzgados y fiscalías que han remitido constancias sobre hallazgos y trámites administrativos y judiciales sobre hallazgos de cadáveres y restos NN”, dice a Perycia una fuente con acceso al expediente.
“La pregunta más difícil de todos los aniversarios es ‘¿en qué estado está la causa?’”, reflexiona Guadalupe Godoy, que aquél septiembre era abogada del colectivo Justicia Ya!, la organización que patrocinó a López durante el juicio a Etchecolatz. La respuesta es inmediata, inapelable: “Si López no está, es que la causa no va bien”.
Dos líneas paralelas
Son decenas las líneas de búsqueda que se siguieron a lo largo del expediente 509/2008 «López, Jorge Julio s/desaparición forzada de persona», que en 2009 fue delegado en la Unidad Fiscal coordinada por Hernán Shapiro, pero actualmente se concentra sobre todo en dos. Por un lado, la búsqueda de los cadáveres NN en el “Legajo 10”. Por otro, el repaso de los millones de registros telefónicos obtenidos durante los primeros años de pesquisa. “Tuvo muchos problemas esa tarea, que venían haciendo las fuerzas federales, y nunca se pudo completar. Ahora se convocó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación”, apunta la fuente judicial.
También se pidió asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que desde su creación en 2013 se ha especializado en secuestros no extorsivos, para que sus técnicos analicen las medidas de prueba que se hicieron en los primeros meses de investigación. “Hoy lo que se está haciendo es la revisión de muchas cosas que habíamos pedido los querellantes, con una mirada más próxima a lo que hemos sostenido como hipótesis posible”, cree Guadalupe Godoy.
Para la abogada querellante, las dificultades de la búsqueda en su momento se centraron en dos temas fundamentales: “Por un lado había una resistencia que tenía que ver con una cuestión política. Por el otro, el problema fundamental del poder judicial; la ausencia de capacidad investigativa, la ausencia de fuerzas o cuerpos de investigación propios que puedan pensar en un hecho así, inédito. Entonces, muchas de las líneas, se hicieron pero de manera meramente formal”, cuenta. “Con los casos como el de Luciano Arruga o Johana Ramallo queda en evidencia que no hay sistema federal con capacidad de hacer relevamiento efectivo de todos los casos de NN”, agrega Godoy a Perycia.
El círculo incompleto
La falta de un registro único y federal de cadáveres NN dificulta la identificación no sólo de López, sino de cualquier persona desaparecida en la actualidad.
Hay cuerpos que nadie reclama porque no están en ningún registro, por un lado, y personas que faltan de sus casas por el otro, pero una burocracia torpe –como en los casos de Luciano Arruga y Johana Ramallo- impide que el círculo cierre con una identificación. El problema es tan grande que en mayo de 2018, el diputado Horacio Pietragalla presentó un proyecto legislativo para la creación de un registro, sistematización y seguimiento de cuerpos NN, y extravío, ausencia, paradero ignorado y desaparición forzada de persona. Por ahora el boceto tiene estado parlamentario, pero nunca se trató. Pietragalla ya bebió ese trago amargo antes: el que había presentado en 2015 fue ignorado por el cuerpo y perdió estado parlamentario.
El “Legajo 10” intenta suplir, de manera artesanal, esa falencia. Consiste en recabar la información de los cuerpos sin identificar que se hayan encontrado desde 2006 en todo el país y que tengan características similares a López. La fiscalía platense hace pedidos de informe a todas las morgues y espera la respuesta. “Las morgues, los cementerios, los hospitales con morgues reciben nuestro pedido y nos informan lo que requerimos: el registro de personas NN que pasaron por ahí, o si todavía están ahí, desde el año 2006 en adelante”, detalló la misma fuente judicial. El problema es que en cada provincia o distrito la estructura de la que dependen es distinta, y el método de registro también.
Por eso, las listas recibidas en la causa López están yendo a parar a una base de datos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SIFEBU), que depende de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad de la Nación. En esa oficina se centraliza la información y se individualiza cada caso. También interviene el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). A partir de esa base de datos, se piden las huellas dactilares de esos restos NN: si no los tiene la misma morgue; hay que rastrearlas ante la autoridad judicial que registró el cadáver. Finalmente, esas fichas decadactilares se comparan con las de López.
Pero no siempre es técnicamente posible: algunos registros se han deteriorado tanto que no sirven para el entrecruzamiento. En ese caso, hay que hacer un cotejo de ADN con los de los hijos del albañil.
La fiscalía también pidió la intervención del Departamento de Policía Judicial de la Procuración General bonaerense, que envió un informe con todas las causas penales de la provincia que involucran cuerpos NN, una información que aún no fue cotejada en la Unidad Fiscal. También informó que el cruce de las huellas dactilares de esos expedientes con las de López resultó negativo.
A Julio López lo desaparecieron dos veces. La noche del 27 de octubre de 1976 una patrulla comandada por el entonces director de investigaciones de la bonaerense Miguel Etchecolatz se lo llevó de su casa en Los Hornos. Pasó por cuatro centros clandestinos -Cuatrerismo, Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava-. Sufrió torturas y presenció asesinatos, entre ellos los de una pareja de compañeros de la Unidad Básica, Ambrosio Francisco de Marco y Patricia Dell Ortto. El 4 de abril de 1977, cinco meses y cinco días después de su secuestro, López fue «blanqueado» y enviado a la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, donde estuvo preso hasta el 25 de junio de 1979.
La segunda desaparición fue en 2006, el día en que la querella alegaba contra su torturador, contra quién López había testificado. El fragmento filmado de su declaración es casi mítico y vuelve a verse cada 18 de septiembre: López se sienta, apoya su boina sobre la falda y relata ante el tribunal, con voz temblorosa, hasta el último detalle del horror. El testimonio fue fundamental para conseguir la prisión perpetua de Etchecolatz, la primera vez que el término genocidio apareció en una sentencia judicial.
López no estuvo en la sala para oírlo: una ausencia por la que no hay imputados, trece años después.
