2/9/2019
Tocó el timbre y esperó. Volvió a tocar y volvió a esperar. Cuando estuvo a punto de tocar por tercera vez, recién entonces el represor Argentino Alberto Balquinta le abrió la puerta al enviado del tribunal. El ex comisario, que para trasladar detenidos durante la noche usaba las camionetas que les quitaba a los cazadores furtivos de liebres, olía mal. Estaba sucio, con dificultad para moverse y hacerse entender. Demoró en abrir la puerta de madera y llegar hasta la reja. La visita del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ocurrió hace algunos meses, en pleno desarrollo del juicio que lo tiene como uno de los principales acusados por delitos de lesa humanidad en Olavarría. Ese día, quizás, Balquinta comenzó a tejer su plan.
En realidad, su segundo plan. El primero había sido en 2017 cuando pidió una eutanasia para terminar con sus supuestos padecimientos, pero la Justicia no le creyó y rechazó el pedido de libertad por considerar que se trataba de una simulación para mejorar la situación procesal. Ahora parece repetir su estrategia.
—Hasta a mí me convenció en su momento de su mal estado de salud, pero se ve que está mejor que yo —le dice a Perycia Araceli Gutiérrez, ex detenida desaparecida y víctima del aparato represivo que lo tuvo a Balquinta como protagonista.
El ex comisario, hombre de Ramón Camps en Olavarría, debería ser condenado el próximo jueves 5 de septiembre por los crímenes que cometió en Monte Peloni, un centro clandestino de detención regenteado por el Ejército. Debería. Porque una decisión controversial del Tribunal Oral de Mar del Plata, lo excluyó por razones de salud el 23 de agosto pasado y dispuso su inmediata libertad. La resolución se firmó a dos semanas del veredicto y el día previo a la última audiencia.
Según el dictamen, al que accedió Perycia, la psiquiatra del Cuerpo Médico Forense Liliana Noemí Portnoy informó que Balquinta padece un “síndrome psicoorgánico, exhibiendo desde la perspectiva psicoclínica un cuadro susceptible de consagrar una minusvalía ‘total y permanente’ con debilitamiento en las funciones cognitivas que condiciona su capacidad”.
Aunque la perito de fiscalía opinó que los informes clínicos estaban incompletos y opuso una disidencia, los jueces Alfredo Ruiz Paz, Luis Imas y Víctor Bianco, aceptaron el pedido de su defensora oficial.
En un viaje a Buenos Aires junto a su hija, el ex comisario fue revisado por los médicos del Cuerpo Médico Forense Gustavo Macia y Mariano Carlos Fassi, que no pudieron practicarle el examen neurológico, como había pedido la Fiscalía. Los peritos de parte de Balquinta, destacaron que tenía una “sonda vesical por hipertrofia prostática” permanente, que “presentaba una cardiopatía hipertensiva con trastornos de conducción” y no debía ser sometido a situaciones de “stress físico ni psíquico”. Los exámenes médicos se realizaron en julio y hubo un factor que puede haber influido en el deterioro físico del comisario: viajó 400 kilómetros y fue revisado por los profesionales con apenas dos horas de sueño.
Pero Balquinta tuvo una recuperación casi milagrosa. Al día siguiente de la disposición de la justicia federal, salió a dar una caminata por las calles de Olavarría. Al ex comisario de la policía bonaerense, con sus 88 años y valiéndose tan sólo de su bastón, se lo veía enérgico cuando un vecino lo retrató varias veces con su cámara. “Balquinta fue visto y fotografiado sin compañía de persona alguna y en la calle en inmediaciones de su domicilio, poniendo de manifiesto la falsedad de su mal estado de salud”, anunciaron a través de un comunicado la Comisión por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de esa localidad bonaerense. Además de su aspecto saludable, Balquinta tenía arresto domiciliario por los delitos cometidos en “La Huerta”, el “chupadero” que funcionó en la ciudad de Tandil. Por eso ahora querellantes y víctimas exigen que se lo reincorpore al proceso. El antecedente de Monte Peloni hace pensar que su defensora oficial pedirá la desafectación también en la causa de «La Huerta».
—El error del tribunal es no haber suspendido antes —dice Manuel Marañón, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
Marañón no cuestiona los exámenes médicos, sino la decisión de apartar a Balquinta sobre el final del juicio. Por eso la Secretaría no se sumó a la apelación que presentaron la APDH de Olavarría y la fiscalía, a cargo de Ángeles Ramos.
—Hay que entender el dolor de las víctimas que sienten que la justicia no llega —explica a Perycia el abogado de organismos de derechos humanos César Sivo—. Los juicios son eternos, como éste de Pelloni, dos años de debate más 6 u 8 de instrucción… En el camino los genocidas envejecen, enferman y muchas veces terminan con la impunidad biológica. Hay que juzgarlos de inmediato, de manera urgente.
Sivo habla desde Mar del Plata, donde todavía sigue retumbando la resolución que favoreció a Balquinta. Como Marañón, prefiere no hacer foco en los exámenes médicos. «Hay que respetar la dignidad humana, más allá que sea un genocida. No merece un trato desigual porque eso es lo que nos diferencia de ellos y de lo que hicieron. No podemos retroceder en ese sentido», agrega Sivo.
En Olavarría, a más de 300 kilómetros de la ciudad balnearia, familiares y sobrevivientes de Monte Peloni piensan distinto. Creen que ese anciano con bastón, a quien algunos policías siguen llamando “comisario”, está mintiendo.
—No es tal la gravedad que alegó, se pudo manejar solo en la calle sin la compañía de nadie —dice la abogada de la APDH local, Mariana Catanzaro.
Su celular fue uno de los primeros en recibir, la tarde soleada del sábado 24 de agosto, las fotos de Balquinta saliendo en jogging de su casa de la calle Lavalle 1876, frente al lujoso verde del Golf Club de Estudiantes. En pocos minutos, el Whatsapp de la abogada fue y vino con las imágenes que confirmaban su sospecha y el planteo de la apelación. Incluso a los jueces del Tribunal Oral Federal les sorprendió ver al anciano caminando con tan buen talante, prolijo y limpio. Era un aspecto muy distinto al que encontraron en aquella visita en su domicilio.-
Catanzaro conoce bien el valor probatorio de las fotos: en marzo del año pasado, con su propio celular fotografió al ex oficial de policía Héctor Rubén Rinaldi, comiendo en un restaurant de la ciudad. Lo habían apartado cuatro meses antes de la causa, por incapacidad mental. Las fotos lo devolvieron al banquillo de los acusados y este jueves escuchará su condena.
—Es muy grosero que a Balquinta lo aparten recién para la sentencia —agrega Catanzaro—. Tengamos en cuenta que si a un imputado se lo aparta del juicio es porque no está en condiciones físicas de defenderse, pero a esta altura apartarlo es irrisorio.
Tras la difusión de las imágenes, Balquinta fue citado a Mar del Plata. Hizo los casi 350 kilómetros para ser indagado el jueves pasado por el doctor Ruiz Paz, miembro del TOF, el mismo que tiene la causa Peloni II y La Huerta. La pregunta era obvia y no se hizo esperar:
—¿Es usted el de la foto?
La respuesta fue afirmativa.
La suerte de Balquinta ahora se resolverá en Comodoro Py. La Sala IV de la Cámara de Casación deberá dictaminar el próximo miércoles 4 de septiembre, un día antes que la sentencia, las apelaciones presentadas por la Fiscalía y APDH. El juicio oral definirá crímenes contra 45 víctimas y hay 31 imputados, aunque algunos de ellos ya murieron.
La fiscalía y las querellas pidieron prisión perpetua para el asesino más conspicuo del pueblo, acusado de desapariciones, torturas, homicidios y hasta violaciones. Balquinta era el primer eslabón de la cadena del terror: los secuestrados desfilaban por su comisaría, la Primera de Olavarría. Luego de las torturas de ablande eran llevados a Monte Peloni, una estancia rural convertida en centro de tortura y muerte que persiguió obreros de las fábricas ladrilleras y cementeras Fabi, Loza y Loma Negra y que operó en la subzona militar 12, que abarcaba los distritos de Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul.
Desde la APDH no tienen demasiadas expectativas sobre las condenas. No confían en el Tribunal de Mar del Plata y evocan varias de sus decisiones esquivas. Por ejemplo: los jueces nunca accedieron a llevar las audiencias a Olavarría, el lugar donde ocurrieron los hechos. Ni siquiera aceptaron hacerlo para los alegatos o la sentencia. Por eso, durante casi dos años y medio, las víctimas tuvieron que viajar más de 300 kilómetros con recursos propios. Permitió que los imputados nunca estuvieran presentes en las audiencias y prohibió que los familiares levantaran en la sala fotos de sus desaparecidos.
Los más escépticos sospechan que la separación de Balquinta es una estrategia para suavizar las condenas. Así los jueces cargan la responsabilidad en un superior, luego lo apartan por cuestiones de salud y el resto de los imputados queda con cargos más suaves.
—No entendemos cómo se lo aparta a una semana del juicio, con fotos que revelan que fingió y está bien de salud —dice a Perycia Carmelo Vinci, uno de los sobrevivientes de Monte Peloni, e impulsor del juicio.
Araceli Gutiérrez es una de las principales testigos contra la ferocidad represiva en Olavarría. Su padre, su hermano, su cuñado y ella misma fueron torturados en la comisaría de Balquinta.
—Hoy es un hombre grande, con bastón, pero responsable de todo lo que hizo —le dice a Perycia—. Fue un hombre cruel. Tiene que ser condenado y estar preso.
La voz de Araceli llega por el teléfono agria y serena.
—Balquinta tiene que terminar en una cárcel, como corresponde. Lo que hizo, lo hizo de joven, pero llegó a viejo y la mayoría de mis compañeros no llegaron a los 20.
