En la Unidad 33 de Los Hornos no funciona el agua caliente. Con las bajas temperaturas del invierno, al igual que sus compañeras, Astrid Marcela Mendoza se ducha con agua fría.
-Pasa el tiempo y sigo acá adentro. Es una vergüenza todo esto -dice por teléfono, con el tono apagado.
Su madre está con un grave problema de salud. Hace unos días, su abogado Adrián Rodríguez Antinao presentó un pedido de salida extraordinaria.
-Al menos quiero ir a darle un beso y un abrazo. Me conformo con eso.
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Los días en la cárcel, para Marcela, son una sucesión de horas en el limbo de la angustia.
-Soy inocente y hace cuatro años que el encierro me está arruinando. A mí y a toda mi familia.
El calvario de Marcela Mendoza comenzó en Bavio la tarde del 9 de agosto de 2015 y fue contado por esta agencia en una entrevista exclusiva durante el año pasado y en una crónica realizada hace unos meses cuando estaba por cumplir cuatro años en prisión. «¿Cuánto tiempo más me van a tener acá, lejos de mi familia», se preguntaba aquella vez, luego de que la Sala I de la Cámara de Casación bonaerense anulara el veredicto condenatorio que la había sentenciado a prisión perpetua, acusada de haber provocado la muerte de su ex pareja, Eduardo Gómez.
En dicha ocasión, Marcela no podía creer -y así lo sigue sintiendo- cómo continuaba en prisión tras el fallo de Casación a su favor. Los jueces Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky habían ordenado la realización de un nuevo debate oral, con el voto en disidencia de Maidana que se mostró a favor de una “absolución” y la “inmediata libertad” para así “evitar un nuevo sometimiento jurisdiccional” a la imputada.
El fallo de Casación, en efecto, le había dado la derecha al planteo que la defensa de Marcela hizo desde un principio, donde habían denunciado que no hubo pruebas para condenarla a perpetua por homicidio. En ese sentido, habían dicho que faltaron peritajes claves, que la sentencia fue “arbitraria” y que el debate oral estuvo plagado de sospechosas irregularidades. Y, además, que faltó perspectiva de género porque no se tuvieron en cuenta las denuncias por violencia machista que había contra él.
A partir de ese momento, Marcela sigue reclamando llegar en libertad a un nuevo juicio. Pero en julio la justicia le dio un nuevo revés.
No sólo aún no ordenaron la realización de un nuevo proceso sino que la confinaron a que continúe en el encierro.
Un golpe más: duro, inesperado.
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-Está peor que un genocida –expresa a Perycia su abogado Adrián Rodríguez Antinao.
Luego del fallo de Casación el letrado presentó un nuevo habeas corpus para pedir por la libertad de su defendida. «La condena fue un femicidio judicial, un disparate jurídico, porque nunca se tomó en cuenta lo que dijo la acusada, ni la historia de violencia previa, ni las aclaraciones que hizo en el juicio oral el único testigo presencial del hecho y que desvirtúan lo que estaba asentado como su testimonio en la etapa de instrucción de la causa”, había dicho el abogado, quien creyó que, esta vez, el habeas corpus iba a ser tenido en cuenta por la justicia.
Marcela es celíaca y los informes médicos muestran un agravamiento de su enfermedad desde el momento de su detención. Hay días que no come: su desmoronamiento físico y emocional es alarmante. “En el servicio penitenciario lo único que hay es clonazepan para que te duermas y listo, nada más. No existe la posibilidad de tratamiento, menos de una dieta”, graficó Marilyn, una de las hijas de Marcela.
El habeas corpus puso el acento en la arbitrariedad de su detención tras el fallo de Casación, en el excesivo tiempo en que Marcela había estado privada de su libertad sin sentencia condenatoria, en el daño colateral ocasionado contra ella por no dictaminar un nuevo proceso «evaporando cualquier tipo de esperanza de libertad», y en el deterioro agravado de su salud por padecer una enfermedad crónica con alimentación ineficiente.
Sin embargo, la justicia lo rechazó con argumentos insólitos. La jueza María Silvia Oyhamburu, de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, determinó que no hubo «mora judicial», que tampoco hubo arbitrariedad, y citó el Código Penal para no dar lugar al reclamo, desconociendo el fallo de Casación que ordenó anular el juicio que la condenó: «Cabe ponderar la pena en expectativa contemplada para el delito imputado a Mendoza, homicidio agravado por haber provocado la muerte de una persona con la que había mantenido una relación de pareja (art. 80 inc. 1° del Código Penal), a partir de lo cual, entiendo que la medida de coerción que viene sufriendo la procesada, no resulta desproporcionada y/o irrazonable».
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En el último tiempo, Astrid Marcela Mendoza no tiene yerba ni para un mate con agua fría.
Explica que, mientras a ella «se le va el tiempo» en la espera de una resolución, la justicia tardó tres meses en deliberar y notificarla tras la presentación de su último habeas corpus.
Tan lejos y tan cerca, en esa enorme distancia extramuros, se separa la vida de una persona de los tiempos de un expediente.
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Trabaja en la cárcel produciendo broches.
-De tres producciones que entregué, tengo para cobrar 14 pesos –dice Marcela, con la voz quebrada por el cansancio. Es tarde y en la Unidad 33 de Los Hornos oscurece entre candados y pasadores metálicos.
-Es muy doloroso, no sé cuánto tiempo más voy aguantar. Acá me enfermo seguido. No hay insumos ni medicamentos.
Cuenta que en pocos días le agregan un colchón a su celda. No estará más sola.
Y antes de despedirse vuelve a jurar por sus cinco hijos, una vez más, en su inocencia.
-Ojalá se haga justicia, y lo antes posible. Para eso están instruidos los jueces, ¿no? A mí me arruinaron mi vida, y la de toda mi familia. ¿Cómo pueden dormir tranquilos?
