04/07/2019
En 1982, José Alfredo Sánchez realizaba la colimba -corre, limpia, barre o baila- en el Regimiento de Infantería (RI) 5 de Paso de los Libres, en Corrientes. Pero el inicio del Conflicto del Atlántico Sur lo encontró de licencia en Colonias Unidas, un pueblo del interior de Chaco, ubicado a 120 kilómetros de Resistencia. “Despertate que entramos en guerra”, le comunicó su madre, Hipólita, la mañana del 2 de abril.
Sánchez era el menor de tres hermanos y el único que aún vivía en la casa paterna. Había ingresado al Servicio Militar Obligatorio a principios de 1981 y era radio operador del pelotón comando de la Compañía B.
Al igual que Sánchez, Daniel Martirez González era clase 62 y estaba bajo bandera en el RI 5. Como único hijo de madre soltera, podría haber sido exceptuado de realizar el servicio militar, pero su sueño era “ser soldado de la Patria”. La noticia del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas también lo encontró de licencia en Chaco. “Había ido a ver a mi mamá y me llamaron urgente”, recuerda el ex soldado a 37 años de la Guerra.
Cuando volvió al Regimiento, Sánchez se encontró con un clima ajetreado. “Estaban alistando todo para salir hacia el sur”. Varios de los soldados viejos, que habían recibido la baja en octubre, ya se habían reincorporado.
Además del equipo básico, que consistía en “un Fusil Automático Liviano (FAL) y cuatro cargadores con 21 proyectiles cada uno”, Sánchez recibió una pistola Ballester-Molina, calibre 11,25, con la “irrisoria cantidad” de 13 proyectiles “envueltos en un papelito de diario”. “Y para la radio me dieron seis pilas. Nada más”. Al otro lado de la línea, Sánchez remata la frase con una risa que denota incredulidad ante la precariedad de los equipos.
El traslado del RI 5 a las Islas se realizó en etapas, con intervalos de algunos días. La tropa salió en tren rumbo a Paraná, Entre Ríos. Luego, viajó en avión a Comodoro Rivadavia y, posteriormente, a Puerto Argentino. El 24 de abril llegó a Malvinas.
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En las Islas, Sánchez y González estuvieron destinados a la Compañía B, a cargo del teniente primero Jorge Reynaldo Lugo Oliver. El primero era radio operador de la tercera sección; el segundo apuntador de cañones 105 milímetros de la sección apoyo.
En Puerto Argentino, Sánchez fue entrevistado por el periodista Nicolás Kasanzew del noticiero “60 minutos”. “Usted sabe lo que tiene que decir. Ahí lo van a entrevistar”, le advirtió Lugo Oliver.
Montaron un campamento “al costado del aeropuerto”, donde permanecieron por dos o tres días, hasta su traslado a Puerto Yapeyú, en la isla Gran Malvina. Cruzaron el Estrecho San Carlos en la bodega de “un barco de llevar mercadería”, al que Sánchez describe como “una nuez”.
Los soldados de la Compañía B, ubicada en un cerro alejado del puerto, sufrieron de lleno las inclemencias del clima y la inequitativa distribución de los alimentos entre los superiores y la tropa. “Ellos comían bien y nosotros no”, sostiene Sánchez en diálogo con Perycia y asegura que el soldado Juan Quintana murió por inanición.
El muchacho “se sentía mal y débil”. Según Sánchez, los militares lo tomaron “como que no quería hacer las actividades de guardia” y en esa línea decían: “¿No quiere salir de la carpa? Entonces, no come”. La situación de Quintana se agravó a punto tal que su compañero de carpa, Martín Villalba, dijo: “Yo no puedo dormir más con él por el olor que larga”. Cuando lo sacaron, Quintana “era un cadáver que estaba respirando”. Sánchez y el cocinero lo llevaron hasta el hospital de campaña, donde finalmente falleció.
Además de Quintana, González también recuerda el caso del soldado Remigio Fernández. En relación al trato de los superiores, el ex combatiente es gráfico: “Cuidaban más las ovejas argentinas que la propia tropa”.
“Se cagaron en la vida nuestra”, denuncia González con la voz cargada de impotencia. Luego, durante la conversación con Perycia, remarca: “No les importaba nada que nos muriéramos de hambre. Ellos vivían en su mundo”.
Frente a esa situación, González extrajo “un cartón de Parisien, una horma de queso en barra y una cajita de dulce de membrillo” de la carpa del subteniente Jorge Eduardo Taranto. “Ahí te das cuenta que a ellos no les interesaba la vida de los soldados, si comían o no comían, porque ellos tenían… ellos tenían para sus vicios… tenían de todo”, apunta el ex combatiente. Cuando Taranto descubrió el faltante en su carpa, obligó a González y al soldado Rosendo Prado a arrastrarse por el suelo, entre el barro con hielo. Luego, el subteniente les disparó “6 o 7 veces entre las piernas”. Ante el silencio de los soldados, el militar les pegó “por el lomo” con el baquetón de acero que se utilizaba para limpiar los fusiles. Después, “a Prado lo mandó a estaquear”.
“Eran los que nos tenían que guiar para combatir al enemigo… Teníamos un enemigo en común…”. Las palabras salen a borbotones. Mientras habla, González parece buscar la frase que le permita dimensionar el horror vivido. Entonces, la encuentra: “Éramos la propia tropa. El enemigo eran los ingleses”. Las palabras caen con el peso de una herida abierta, una de las tantas en torno a la causa Malvinas. “A mí me llevaron a la guerra para combatir con el enemigo inglés, no para combatir con el enemigo argentino”.
Los últimos días del conflicto, la situación de los soldados era insostenible. “No dábamos más”, rememora González y apunta: “Estábamos en condiciones muy malas. Apenas caminábamos. Estábamos endureciéndonos todos. Nos estábamos congelando”.
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Tras la rendición argentina, los dos soldados chaqueños volvieron al continente a bordo del buque británico Canberra. Por primera vez desde su llega a las Islas, pudieron bañarse y descubrir las señales más visibles que les había dejado la guerra. A González el espejo le devolvió la imagen de “una bolsa de huesos”. Había ido a Malvinas con casi 90 kilos y volvió con 65. También Sánchez se impresionó al verse con el pelo largo y 17 kilos menos.
Los soldados bajaron en Puerto Madryn. Allí, González denunció lo ocurrido en las Islas ante miembros de la Cruz Roja. Entonces, los militares les preguntaron si quería «tener problemas” y el soldados les respondió que los iba a denunciar, porque no habían sido “ningunos bonitos” con él ni con sus compañeros.
En Campo de Mayo, Sánchez fue derivado al Hospital porque tenía pie de trinchera. Recibió la baja el 2 de julio, pero recién en septiembre le dieron el alta médica. Antes, tuvo la visita de “gente de inteligencia del Ejército” que le prohibió siquiera hacer mención al conflicto. Cuando volvió a Colonias Unidas, “lo que menos quería era hablar de la guerra”.
En tanto, González fue trasladado a un Centro de Atención y Rehabilitación Intensiva (CARI), donde lo alimentaban «las 24 horas». A mediados de junio le dieron la baja. “Nos firmaron el documento y nos sacaron. Que nos vayamos a la casa. Así nos despidió el Ejército”, recuerda al otro lado del teléfono. “¿Vos podés creer eso?”, pregunta a Perycia y, seguidamente, retoma el hilo de su relato: “Nos llevaron en tren de Campo de Mayo, nos sacaron de noche, y nos llevaron a Paso de los Libres. En Paso de los Libres nos tuvieron un día, nos dieron el documento y adiós”.
En 1986 González se mudó a Río Grande.
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La causa 1777 que investiga las torturas a soldados conscriptos por parte de sus superiores está radicado en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, en Tierra del Fuego. A doce años de su inicio, reúne más de 120 denuncias contra 97 oficiales y suboficiales de las tres Fuerzas Armadas por más de cien casos de tormentos y vejámenes.
En una oportunidad, González se enteró que Taranto viajaría a Río Grande y pensó enfrentarlo en el aeropuerto. Un amigo abogado lo hizo desistir de esa idea y lo acompañó al Juzgado Federal para hacer la denuncia. Así canalizó su “sed de justicia” y se involucró en el proceso judicial. Pero el 22 de septiembre de 2010 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia declaró extinta por prescripción la acción penal surgida de los delitos investigados y sobreseyó a Taranto.
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-Yo había decidido no hablar de la tortura, no hablar del estaqueamiento. Nunca pensé hablar de lo que pasó. Para mí pasó y decidí hacer mi vida. Pero cuando se inicia esto de la causa de los abusos, los atropellos y las torturas mencionan mi caso.
-¿Quién lo menciona?
-Villalba, Martín. Ellos mencionan que hubo soldados que estuvieron estaqueados, como el caso del soldado Sánchez.
Durante el conflicto, el chaqueño entabló amistad con un joven isleño de apellido Goss, quien más de una vez le ofreció alimentos. En una oportunidad, el soldado regresó con comida y fue acusado de robo. El sargento ayudante Luis Alfredo Manzur y Ramón Antonio Linares lo obligaron a hacer movimientos vivos, arrastrándose “por el barro, por el agua, por la nieve”. Luego, lo estaquearon.
“Desde las 9.30 de la mañana hasta las 11 y algo de la noche” permaneció “acostado boca arriba” sobre el pasto húmedo, cubierto por un poncho, “sin poder ir al baño, sin agua, sin comer, sin nada”. Fue el bombardeo enemigo, y no la intervención de algún oficial, lo que le puso fin a la tortura para que el soldado tomara su posición en la compañía. A más de 25 años del conflicto, Sánchez denunció lo ocurrido ante la Justicia.
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El 5 de diciembre de 2018 el juez Federico Calvete, interviniente en carácter de subrogante, dictó llamado a declaración indagatoria para 18 miembros de las Fuerzas Armadas. “GARDE, Miguel Ángel; AFFRANCHINO RUMI, Belisario Gustavo; GASSINO, Eduardo Luis; FERRANTE, Jorge Oscar; SAMYN DUCO, Emilio José; DÍAZ, Jorge Guillermo; MANZUR, Luis Alfredo; LINARES, Raúl Antonio; HERNÁNDEZ, Pablo Emilio; TAMAREU, Claudio; ROMANO, Jorge Arnaldo; CARO, Ramón Eduardo; GUEVARA, Sergio Alberto; CONTRERAS, Oscar Luis; RIVERO, Francisco Gabriel; ALBARRACÍN, Oscar; LEIVA, Ramón Desiderio y a CALDERINI, Gustavo Adolfo” debían presentarse ante la Justicia, pero aún no se sabía cuándo.
Casi cinco meses después, el 2 de mayo de 2019, Calvete fijó las fechas para las primeras audiencias. Éstas tendrían lugar entre el 27 de junio y el 4 de julio. En esa oportunidad, el magistrado amplió el requerimiento y llamó a prestar declaración indagatoria a Omar Parada; Emilio Terán; Jorge Cadelago; Jorge López; Horacio Vleck, y Raúl Masiriz. Con la incorporación de los últimos seis llamados, cuya fechas se definirían a posteriori de las respectivas notificaciones, el número ascendía a 24.
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Mariel Borruto se sujeta las manos, las entrelaza y las vuelve a separar, toca los dos anillos que lleva en la mano izquierda y vuelve a sujetarse las manos. Son las 17.31 del 26 de marzo de 2019 y la aspirante a la titularidad del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande espera su turno para exponer ante la comisión de Acuerdos, mientras la locutora repasa sus antecedentes laborales en el Poder Judicial.
“Hace 25 años que vivo en la isla de Tierra del Fuego”, dice Borruto ante la Comisión presidida por el senador Rodolfo Urtubey. Recuerda que trabaja en el juzgado “desde su creación” y subraya que pasó “por todos los puestos”. “Soy consciente de la responsabilidad que implica el cargo”, enfatiza.
En su exposición Borruto manifiesta: “Una cosa más que interesante es que la competencia del Juzgado Federal de Río Grande está también sobre nuestras Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur”.
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El 8 de mayo Borruto juró como jueza. Dieciséis días después suspendió por tiempo indeterminado las indagatorias a los militares acusados. Según indicaron desde la querella, los argumentos esgrimidos por la magistrada para aplazar las audiencias hasta nuevo aviso fueron la falta de espacio y de medios para concretarlas en los días pautados por su antecesor.
En esa oportunidad, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, miembro del equipo jurídico del Cecim, sostuvo que “cuando se tiene la vocación político institucional de avanzar en este tipo de causas no es necesario que se den todos los requerimientos que el Juzgado está pidiendo para poder alcanzar la Verdad y la Justicia”.
La resolución de Borruto fue un golpe para la causa que conocía desde sus inicios, en 2007. Para Guerrero Iraola, la decisión de la jueza no sólo es “una aberración en términos institucionales”, sino también una operación del “lobby militar”. “Cuando más cerca estamos, más fuerte aparece del otro lado la corporación militar”, advierte el abogado en diálogo con Perycia.
El discurso que el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, dio el 29 de mayo en el Colegio Militar parece confirmar el planteo de la querella. «A 37 años de la gesta de Malvinas, rendimos un merecido homenaje a nuestros veteranos de guerra: oficiales, suboficiales y soldados. Combatieron todos juntos con gran valor y arrojo compartiendo privaciones y sacrificios. Actualmente, ciertas imputaciones pretenden echar sombra sobre el heroísmo y coraje de nuestros combatientes. Todos dieron lo mejor de sí por la defensa de nuestras Islas», dijo Pasqualini, en el marco del acto por los 209 años de la fuerza.
La dilatación de las indagatorias no sólo frenó el avance del proceso, que lleva más de doce años en etapa de instrucción, sino que también volvió a poner sobre la mesa la revictimización de denunciantes y testigos. Guerrero Iraola tiene una frase muy gráfica: “el Estado, representado por el Poder Judicial de la Nación, sigue tomándolos como moneda de cambio”.
A Sánchez le genera “bronca, porque es una situación que no debería suceder”. “Vos te prestas a la declaración y decís: ‘Ahora ya esto tiene que terminar’ y al final seguimos dando vueltas”, remarca el ex combatiente.
En la misma línea, González ironiza: «Parece que todo va a pasar en denuncia». El dolor por los compañeros torturados y muertos por hambre no se aplaca con el tiempo. Tampoco el de los padecimientos propios. “¡Mirá lo que estamos esperando, Justicia!”, dice el ex combatiente a Perycia.
González y Borruto viven en la misma ciudad. Se han cruzado en la calle y se han visto en el juzgado. “Nos escuchó a más de uno, nos tomó declaraciones o escuchó cómo tomaban declaraciones otras personas”, asegura el ex soldado.
“No sé si por falta de coraje o qué le pasa a esa señora que no quiere… ¿Tantos miedos le tiene a esos milicos?”. La respuesta a su pregunta la da el mismo González: “Parce que estos jueces tienen patrones”.
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El 31 de mayo representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en su carácter de querellantes, tuvieron una audiencia con la jueza de Río Grande. El 11 de junio diez de los organismos de Derechos Humanos más importantes del país rechazaron la decisión de la magistrada.
“Hemos escuchado en todo este tiempo los más variados argumentos políticos, jurídicos y fácticos para justificar el lento avance del proceso de Verdad y Justicia en nuestro país, pero nadie se atrevió a tanto”, expresaron a través de un comunicado de prensa que llevaba la firma de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la Zona Norte; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; H.I.J.O.S. Capital; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza; Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, y Familiares y Compañeros de los Doce de la Santa Cruz.
Los organismos también repudiaron los dichos del Jefe del Ejército y exigieron la “debida y urgente intervención» de «instancias superiores», como la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El 4 de julio deberían haber finalizado las primeras audiencias. Sin perspectivas de una fecha cierta, resta saber si Borruto seguirá haciendo de los dolores de denunciantes y testigos “una cuestión burocrática”.
