Por: Joaquín Plantamura y Laureano Barrera
Fotos: Joaquín Plantamura
Publicada: 11/12/18
Los bordes de esta historia, que puede resultar insólita, son así: un pibe de 18 años, sin antecedentes depresivos ni motivos para querer morir, se acuesta la mañana del 14 de octubre de 2002 sobre las vías del tren. Ha pasado mucho tiempo, se notará. La formación del Roca pasa a las 8:10 por la localidad de City Bell, en los arrabales de La Plata, rumbo a la Capital Federal. Cuando los maquinistas divisan el bulto hacen sonar la bocina con desesperación, pero -contra todo lo que han visto a lo largo de sus vidas-, el presunto suicida no se mueve un ápice de su posición. La locomotora lo arrolla y lo mata.
La historia, contada en detalle por Perycia, es una larguísima suma de eventos desafortunados que invitarían al lector más crédulo de todos a desconfiar de la inmediata versión policial: basta recordar que una hora después del “accidente”, antes de que hubieran llegado los peritos médicos, fotográficos y criminalísticos a la escena de la muerte, con el cuerpo de Cristian todavía debajo de los vagones, los eficaces efectivos de la comisaría 10ma –con jurisdicción en el lugar- no sólo lo habían identificado, sino que habían caratulado su deceso como suicidio y visitado a la familia para anoticiarlos del trágico final.
No es lo peor, aunque cueste entenderlo. Todo lo que siguió al montaje de los policías aquella remota mañana de lluvia fue alejar los sucesos de la verdad. Desde la Reforma Procesal Penal en la Provincia de Buenos Aires en 1998 (se cumplieron 20 años, que son mucho más que nada, contra lo que dice el tango), el Ministerio Público Fiscal, a través de las Unidades Funcionales de Investigación (UFI), tiene el deber de investigar y esclarecer los crímenes que ocurren en el territorio provincial. Pero mucho más aún, si los sospechosos de haberlo cometido son agentes estatales. En este caso, integrantes de una figurita repetida en esa materia: la ¿otrora? “Maldita policía” provincial.
Los patrocinantes de la familia Pérez consideraron probado durante el juicio que “Cristian fue llevado en estado de inconsciencia, producto de los golpes sufridos, a las vías del tren, donde pocos minutos después de las 8:00 lo arrolló provocando su muerte. Dos testigos señalaron que poco antes del atropellamiento, vieron un patrullero detenido a pocos metros del lugar donde apareció el cadáver de Cristian. A su vez, una testigo aseguró haber visto a los policías bajar un bulto y ubicarlo en las vías”, describió en un comunicado el CIAJ.
Por eso, por el delito de homicidio agravado de Cristian, los querellantes pidieron prisión perpetua para David Alejandro Koening y Juan Alejandro Pavela –cuyo hermano atropelló accidentalmente a Pérez, lo que motivó su detención-. Por encubrir el crimen, solicitaron penas de 5 años para Pedro Oscar Djurasek –exonerado de la Fuerza en 2006 por torturar un preso en una comisaría de Lomas de Zamora- y Jorge Alberto Luna, y de 3 años y medio para Miguel Ángel Álvarez.
Finalmente, sobre Rubén Eduardo Lago y Juan Marcos Condoleo no presentaron acusaciones, ya que consideraron que en el proceso no se pudo comprobar su participación en los hechos.
Pero la representante del Ministerio Público, Victoria Huergo, que llegó tarde a todas las audiencias y no retuvo los apellidos de los acusados ni al momento de alegar, decidió retirar los cargos por homicidio y por encubrimiento contra los siete policías que llegaron a juicio acusados de matar: decidió no acusar.
“Fue una sorpresa porque la fiscal Huergo planteó que el impedimento para poder acusar fue el paso del tiempo, y se ocupó de desplegar una serie de argumentos que servían para la defensa de los imputados”, le dijo a Perycia Sofía Caravelos, que junto a Analía Carrillo y Ariel Rodríguez conforman el equipo jurídico del CIAJ. Una decisión así, dicen quienes litigan desde hace tiempo, no se toma sin la anuencia –y una reunión previa- con sus jefes: en este caso, el multifacético procurador Julio Conte Grand. “En un mes de audiencias, intentamos develar el homicidio de Cristian Pérez a manos de los policía de la comisaría 10ma, el encubrimiento y la omisión de denunciar, pero por ahora queda impune”, agregó la abogada.
Este último capítulo (falta la sentencia, aunque ya es predecible), el que podría mover a risa si no estuviera mediado por una muerte, la de Cristian, tejida con las puntadas irrefutables de la violencia institucional, y por la desazón de una familia que desde hace 16 años espera respuestas: ni más ni menos que justicia. Resulta tragicómico que el Ministerio Público Fiscal diga que retira los cargos contra los sospechosos porque no se puede probar qué pasó aquella madrugada por las gravísimas dilaciones y demoras que cometió… el Ministerio Público Fiscal.
Los detalles, repetimos, pueden leerlos en “La trama de los Malditos”, que contamos hace unas semanas aquí. Pero podemos recordar en estas líneas la punta del podrido iceberg: cuatro investigadores tuvieron en estos 16 años el expediente durmiendo en algún cajón. Leandro Heredia, el primero, fue destituido el 23 de octubre por irregularidades en más de cincuenta causas. Tomás Alberto Morán, el segundo, está detenido desde septiembre por pedir coimas a cambio de protección judicial y sospechado de integrar una asociación ilícita con jueces, barras, altos mandos policiales y delincuentes comunes.
Por eso conviene machacar, sin miedo al autoplagio, que es imposible entender la violencia policial sin su incondicional aliado judicial. Como señaló en el comunicado el organismo patrocinante: “La fiscal Huergo adujo que según su parecer había ‘contradicciones insaneables’, y presentó un alegato despreciando pruebas confirmadas en juicio, sin pedir ningún tipo de medida de investigación que aporte claridad sobre el caso. Esta práctica oscura ocurrió el día de los Derechos Humanos y representa no sólo una falta a las funciones del Ministerio Público, sino una falta de respeto a la familia de Cristián que lleva 16 años esperando este juicio, con la esperanza de conocer la verdad sobre lo sucedido con el joven. Desde el CIAJ, creemos que resulta preocupante el accionar de la Fiscalía en su carácter de representante y parte del Estado frente a su responsabilidad ante un caso de violencia institucional”.
