En septiembre el Senado dio media sanción al proyecto que amplía a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género. Con un panorama complicado para avanzar en la Cámara de Diputados, la propuesta vuelve a instalar la pregunta sobre cómo desarticular en tribunales el fenómeno de segregación vertical, más conocido como “techo de cristal”.
El último informe de 2021 de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica que los números no variaron demasiado desde el año anterior: como contó este medio en la nota El techo de cristal hace un año, más de la mitad de los cargos estaban y siguen ocupados por mujeres, aunque en funciones de menor poder: las administrativas y el funcionariado. Cuando se trata de posiciones jerárquicas, las mujeres ocupan solo el 31%.
Los números
La distribución de los 187 cargos, entre ellos ministros/as, procuradores/as generales, y defensores/as generales se da de la siguiente manera: 127 son varones, y solo 59 mujeres. En la década que lleva la Oficina relevando estos datos, la participación femenina en espacios de máxima autoridad aumentó solo 6 puntos porcentuales.
En el máximo tribunal de justicia, esta brecha es aún más grande. En toda la historia, solo tres mujeres integraron el máximo tribunal del país: Margarita Argúas (designada durante los gobiernos de facto de Levingston y Lanusse en 1970 y hasta 1973), Carmen María Argibay (2005–2014) y Elena Highton de Nolasco (2004–2021). Actualmente, luego de la renuncia de Highton de Nolasco el último año, la Corte se encuentra compuesta por cuatro hombres.
Tampoco hay paridad entre los cargos de camaristas. Hay tres Cámaras que hasta 2021 no han integrado mujeres: la Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, la Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, y la Nacional Electoral.
“Lo que observamos en el Mapa de Género no es solo una segregación vertical, sino también horizontal. Los varones se concentran en materias con mayor poder político y económico como los fueros penal o penal económico mientras que las mujeres lograron mayor presencia en temáticas vinculadas con el cuidado, como seguridad social, derecho del trabajo y derecho civil”, manifestó a Perycia Gloria Pasten, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).
Unidas por la paridad
La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial trabajan en conjunto para romper el techo de cristal y promover, además, decisiones judiciales con perspectiva de género. Por ejemplo, en junio de este año se graduó la primera promoción de 60 cursantes de la Diplomatura Judicial en Género, el primer posgrado dirigido a altas autoridades.
Pasten explicó que la Asociación lleva a cabo acciones de capacitación, sensibilización y difusión para alcanzar la igualdad de oportunidades y luchar contra las barreras que impiden el acceso de mujeres y de niñas al ejercicio real de sus derechos. Entre estas acciones está el dictado de cursos, talleres, conversatorios, y actividades de análisis de jurisprudencia nacional e internacional con perspectiva de género.
“La capacitación tiene por objetivo que se comprenda que la violencia de género no es un hecho aislado, sino un problema social y cultural que debe ser atendido por el Estado”, expresó la jueza.
El falso “mérito”
María Fernanda Vázquez es consejera de la Magistratura y ex decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Para ella, la explicación a la falta de paridad es multicausal: “En general hay un conjunto de factores que hacen que a la mujer le sea más difícil escalar jerárquicamente, que tiene que ver con las tareas de cuidado, y también con que la Justicia es un poder que en general ha sido conservador y patriarcal”, explicó a Perycia.
Vázquez aclaró que aún resta trabajar para que en los mecanismos de selección pueda facilitarse la inscripción de las mujeres: “Quizás se podría hacer también una evaluación diferenciada de los antecedentes, el cómputo de la antigüedad y de la experiencia”. Es decir, lo que algunos llaman “mérito” tiene también un rasgo de género. La consejera explicó que históricamente las mujeres se han desempeñado en una doble jornada laboral en relación a las tareas de cuidado, y esto no les ha permitido abordar capacitaciones de posgrado, publicaciones o investigaciones con la misma facilidad que a los hombres.
En la misma línea, Pasten aseguró que “cuando se creó la Oficina de la Mujer tuvo por objetivo incorporar la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos, lo que pretendía era alcanzar la equidad de género para quienes utilicen el sistema de justicia y para quienes trabajen en él”.
Acerca de la perspectiva de género, Pastren agregó: “Si esta mirada de la realidad está ausente, la propia letra de nuestra Constitución Nacional va a constituirse en una mera expresión de deseo sumado al incumplimiento de obligaciones internacionales”.
“No hay justicia sin perspectiva de género”
Las Consejeras Fernanda Vázquez, Pamela Tolosa y el Consejero Diego Molea, presentaron un nuevo proyecto ante el Consejo de la Magistratura para modificar el reglamento de selección de magistrados y magistradas: “Creemos que hay que iniciar un debate profundo que promueva reformas en la evaluación de magistrados con mayor idoneidad, que nos permita verificar que tengan perspectiva de género en el momento de tomar sus decisiones judiciales”, aseguró Vázquez a Perycia.
“Capacitarse en género le tiene que permitir a magistrados y magistradas ser conscientes de los estereotipos y que esto no les permita nunca hacer Justicia, yo creo que no existe la Justicia sin perspectiva de género”, finalizó Vazquez.
