Son las 9.20 de la mañana y el hall de Tribunales, en la calle Paraguay 1538 de la Ciudad de Buenos Aires está casi desierto. Al fondo, en un banco largo de madera, al costado derecho del recinto, está sentado el tucumano José Orellana. Apenas se lo ve, de traje azul marino y camisa celeste, rodeado de un pequeño grupo de gente que murmura. Después de casi 6 años de espera, hoy es el día: el exdiputado peronista y actual intendente de la localidad de Famaillá, provincia de Tucumán, deberá dar cuenta ante la Justicia por una denuncia de abuso sexual que pesa sobre él. Pero aquí, en tierras porteñas, nadie sabe bien quién es ni por qué deberá sentarse en el banquillo. Poco importa que en su cuenta de Instagram tenga una foto reciente con el presidente Alberto Fernández. El beneficio sutil de la lejanía y el anonimato.
Ingreso restringido
La sala de audiencia se habilita a las 9.30 y el juez a cargo, Federico Marcelo Salvá, informa a los únicos dos periodistas que intentan presenciar el debate que no está permitido el ingreso. La puerta se cierra y detrás quedan, además de la prensa, cuatro personas de la Comisión de Género de la Cámara de diputados de la Nación. Dicen que están allí para acompañar a la denunciante, Agustina Poch. Que la comisión se creó después de la denuncia, tras la inacción e indiferencia de la misma Cámara ante los hechos. Es que Agustina, el 11 de noviembre de 2016, cumplía tareas como asesora y su oficina se encontraba a la par de la de Orellana, cercanía de la que él se valió para abusar de ella dentro del recinto y con total impunidad.
“Yo era diputado nacional en el momento en que sucedió este grave delito de agresión sexual. La víctima trabajaba para la diputada Gabriela Troiano (Partido Socialista) y me puse a su lado, denunciamos en el recinto y pedimos que lo sancionaran pero los diputados no nos hicieron caso, de ninguna de las bancadas, no recibimos ninguna solidaridad”, dice el exdiputado Julio Raffo, a quien el juez tampoco permite presenciar las audiencias. “Ante un hecho tan grave que afectaba a la dignidad de la Cámara y de los que estábamos ahí fuimos a ver a las autoridades del momento y nos dijeron ´quédense tranquilos, lo vamos a cambiar de oficina´, esa fue la solución institucional”, recuerda. La indiferencia de la institución no solo se reflejó en el gesto inocuo de pedirle a Orellana que mude su oficina sino que además dicha mudanza tardó meses desde que se produjeron los hechos. La Cámara obligó a Agustina a seguir ejerciendo sus funciones en el despacho que lindaba al de su abusador, lo que fue decisivo para que ella perdiera su trabajo.
Al tiempo, cuando Orellana fue procesado, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados impulsó una reparación histórica a favor de Agustina y se la reconoció como trabajadora de planta permanente. En la actualidad tiene a su cargo la coordinación de las capacitaciones de la Ley Micaela.
Lo que pasó en la audiencia
Pero ahora, Orellana enfrenta los cargos por el delito de abuso sexual simple, previsto en el artículo 119, párrafo primero del Código Penal que prevé una pena de hasta 4 años. Podría ser una pena de efectivo cumplimiento. Así lo dice una de las abogadas de la querella, Fernanda González Allega, en conversación con La Nota Tucumán. La querella, durante el juicio oral, estará a su cargo junto a los letrados Carlos Cruz y Sofia Morandeira. La abogada cuenta que en la audiencia “se leyeron los requerimientos de elevación a juicio, no hubo cuestiones preliminares, declaró inicialmente José Orellana y luego Agustina Poch. Finalmente, el testigo (de la defensa) Javier Romero”. La denunciante pidió declarar sin la presencia del imputado. “La verdad es que fue una jornada difícil porque estuvo la declaración de Agustina, una declaración muy emotiva, que conmovió mucho a las personas que estábamos en audiencia y me pareció que la declaración de Orellana y la del testigo Romero fueron muy inconsistentes”, expresa la abogada y aclara que es lo único que puede adelantar ya que lo demás será utilizado como estrategia para el caso y los respectivos alegatos.
Por su parte, Laura Caniggia, integrante de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados a quien, excepcionalmente, se le permitió acompañar el juicio, cuenta que durante la jornada se proyectaron imágenes de videos del pasillo donde estaban los despachos, del momento en que ocurrió el abuso. Dice que las declaraciones de Orellana y del testigo Romero fueron inconsistentes y contradictorias.
“La declaración de Orellana fue desconocer todo, dijo que no la conocía ni siquiera a ella (Agustina Poch), todo el tiempo decía que era un armado político de Gabriela Troiano para posicionarse y hacerse conocer, que ella lo arruinó todo y que lo afectó”, cuenta a La Nota Tucumán. La exdiputada Troiano será testigo por la querella durante la sustanciación del juicio. “Mi percepción, en estas situaciones de juicios donde una no espera mucho o espera una espalda (a las víctimas) es que estuvo muy bien el juez, el fiscal (Dr. Sandro Abraldes) estuvo impecable y la querella muy contundente. Me voy con un sabor dulce, siento por primera vez que podemos llegar a estar ante un buen resultado, pero son solo sensaciones”, dice.
La jornada se extendió, aproximadamente, hasta las 14 horas. Las próximas audiencias se realizarán los días 20 y 28 de octubre. Una vez concluidas las declaraciones testimoniales, se fijará fecha de alegatos que se estima, serían la primera semana de noviembre.
Un protocolo incompleto
Si bien la Cámara de Diputados de la Nación cuenta con un protocolo para activar en casos de violencias de género, algunas integrantes de la Comisión de Género destacan que éste resulta insuficiente ya que una situación de abuso como la que vivió Agustina Poch no podría ser abordada con ese instrumento. El protocolo no puede ser aplicado a los diputados en funciones.
Al respecto, el exdiputado Julio Raffo expresa “las palabras de la ley y los protocolos son importantes pero no son suficientes si no hay una voluntad política, jurídica e institucional de hacerlos funcionar. Tengo mis dudas al ver que acá no hay ningún funcionario acompañando, sosteniendo (la denuncia de Poch), no lo hubo en aquel momento ni lo hay ahora”. Y sigue: “lo que hay que transformar es la conducta y la conciencia concreta de los funcionarios para que reaccionen porque quien no reacciona frente a esto es un indigno”.
