—A usted la veo todas las mañanas llegar, colgar carteles y apoyar siempre a la familia. Trae afiches, trae barbijo, trae banderas. ¿Por qué hace todo esto, todos los días?
—Realmente me conmovió muchísimo. Este es un caso que me impactó, y dije: «tengo que estar con los padres».
La señora habla en el móvil de la Televisión Pública, debe pisar los 60 años y vive en La Boca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tiene el pelo corto y grisáceo y lleva lentes de aumento. Este verano decidió cambiar sus vacaciones en la playa por los Tribunales de Dolores, donde se desarrolla el juicio contra ocho jóvenes acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa.
—Salía de vacaciones y decidí venirme para acá y estar hasta el 31, hasta que termine, apoyándolos a los padres.
Cada mañana, desde muy temprano, la mujer pega muchos de los carteles que luego aparecerán en la televisión. Se aposta casi todo el día en la puerta del juzgado y se queda vigilando hasta tarde que las banderas estén en orden y los letreros no se despeguen. Hoy luce el kit completo de apoyo al joven asesinado el 18 de enero de 2020: en la mano derecha una bandera con la cara de Fernando; en la izquierda, una pancarta pidiendo justicia con la cara de Fernando; colgado de la oreja, un barbijo que —también— tiene la imagen del joven y —también— exige “perpetua para sus asesinos”; una remera con su cara dibujada sobre una bandera argentina y un prendedor que —no es difícil imaginarlo— también muestra su rostro.
—Voy a estar hasta el día que den la perpetua —se juramenta.
Y aprovecha el cierre de su incursión televisiva para arengar a la gente que está a su alrededor:
—¡Justicia es perpetua, justicia es perpetua!
Es 18 de enero de 2023. Se cumplen tres años de la madrugada calurosa en la que un grupo de rugbiers que veraneaban en las playas de Villa Gesell atacaron a piñas y patadas a Fernando a la salida del boliche Le Brique, provocándole la muerte. Dentro de la sala de audiencias, la etapa en la que se oyen testigos y peritos y se exhiben las pruebas documentales está llegando [llegó] a su fin. Afuera, en la vereda, los móviles televisivos producen informes sobre las muestras de apoyo de “la sociedad”. No hay demasiada gente. La cámara de la TV Pública hace un travelling corto y enfoca a una señora en cuya remera se ve a Báez Sosa con el torso desnudo y las alas plegadas de un ángel. Viajó especialmente desde Salta para apoyar a Graciela y a Silvino, los padres. Dice que lo hace desde el primer día, y que está a dispuesta a luchar con ellos para que la única condena aceptable contra los ocho atacantes sea la reclusión perpetua.
—Me parece una crueldad lo que hicieron estos asesinos —argumenta—. No merecen salir nunca más de la cárcel.
La periodista describe el aire espeso que por momentos se respira. Anuncia que hasta allí, las afueras de los Tribunales de Dolores, han llegado desde todo el país —e incluso desde países limítrofes como Uruguay y Paraguay— personas “con hambre de justicia”.
Más tarde, ante un anfiteatro del Lago repleto, Silvino y Graciela participarán de una misa interreligiosa en la que se plantará un jacarandá, el árbol predilecto de su hijo. Los acompañarán amigos de Fernando, el equipo técnico de Fernando Burlando, y hasta la pareja del abogado, la modelo Barby Franco, quien lo convirtió hace poco —como ha dejado ver en sus redes sociales— en flamante papá. Entre el público estarán personalidades como el artista Flavio Mendoza, el corredor de autos Marcos Di Palma y la actriz y productora Cris Morena.
—Las palmas bien arriba y justicia por Fernando —pedirá el animador del acto.
Alrededor de las nueve de la noche, los padres de Fernando dirán al micrófono que siguen creyendo en la Justicia, y que, aunque esperan para los imputados un castigo ejemplar, no buscan venganza. No mencionarán la pena perpetua.
Desde las gradas, la mayoría de los vecinos y vecinas que asistan a la misa marcarán un matiz con los padres del chico muerto: esperan la cárcel de por vida para los asesinos.
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En Villa Gesell, el escenario del crimen, la evocación del tercer aniversario trastoca la atmósfera festiva habitual de enero: por la mañana, en algunos balnearios se recordó el episodio y muchos bañistas rompieron en aplausos. También allí se organizó una misa para recordar a Fernando —al igual que en Zárate, Mar del Plata, y el barrio de Recoleta donde Silvino es encargado de un edificio—. El santuario tiene un altar con flores, estampitas, fotos y rosarios que se erige sobre el cantero donde aquella madrugada cayó al piso después de recibir dos trompadas simultáneas y por la espalda de miembros de la patota. El obispo Gabriel Mestre, arzobispo de la villa en la fecha del asesinato, oficia la ceremonia. Pide consuelo para familiares y amigos del joven, justicia para sus padres, y finalmente pide paz. “Los hombres y mujeres estamos desafiados a romper con el espiral de violencia que se vive en muchos niveles de nuestra sociedad”, remarca.
Entre los asistentes, donde abundan los pareos y las telas claras, se destacan algunos afiches con mensajes menos piadosos: “Justicia es perpetua”, “son ocho asesinos”, se lee.
Los movileros, urgidos desde los canales a generar material sin descanso, multiplican los testimonios alrededor del crimen. Un breve repaso por YouTube permite apreciar un hilo conductor en la mayoría de ellos: un mismo tono.
—Justicia por Fernando es justicia por todos los chicos posibles que pueden ser Fernando —dice una mujer de unos 45 años, quien asistió a las honras con su hija adolescente—. Se merece justicia también la posibilidad de los chicos de salir a divertirse sanamente, y no tener que estar pendientes de que vuelvan o no vuelvan a casa.
Vine acá porque se cumplen tres años —asegura Noelia de Lanús, madre de una nena de cinco—. Una al ser madre, al tener hijos, lo siente, se pone del lado de la madre y es un dolor que no tiene explicación.
Ahora habla una mujer de remera blanca y lentes oscuros.
—Estoy conmovida porque yo también tengo un hijo, y tengo mucho temor. Quiero que se haga justicia.
—Me da mucha pena la mamá, el papá. Que les den perpetua a esos hijos de puta —dice con la voz tiritando de bronca una señora de pelo blanco y esponjoso, que lleva puesta una solera clara—. Son unos malditos. Dice que peleaban siempre en Zárate, que nadie los quería. Yo escuché en el… nosotros somos de Mendoza. Yo siempre comparto todo, todo lo que sale. Yo tengo un hijo también, y me da mucha pena lo que han hecho con él.
Casi todos los entrevistados y entrevistadas transmiten un dolor muy hondo, como si asistieran al funeral de un ser querido. O a las exequias de un ídolo popular.
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“La transmisión en vivo del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa rompió todos los índices de métricas y ratings, es la noticia con más clicks y que más audiencia atrae en el último mes”, escribió en una columna de opinión del Diario.ar Brenda Focás, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET en la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín.
—Hubo juicios, como el de (el reportero gráfico, José Luis) Cabezas, que se transmitieron día tras día. Pero hay muy pocos antecedentes de casos que se hayan mantenido en agenda desde ocurrido el hecho hasta el debate oral —amplía la investigadora del Conicet, que además es autora del libro “El delito y sus públicos” (2020) y coautora de “El delito televisado” (2022) junto a Gabriel Kessler—. En estos años nos fuimos enterando en qué cárcel estaban, quiénes los iban a visitar. Hubo muchísimas notas sobre ellos.
—¿Por qué el caso despierta ese interés social?
—Hay dos cuestiones principales. Por un lado, la visibilidad. Vos hablás con cualquier editor de audiencia, y por la medición de las métricas, te dice que las noticias relacionadas al caso miden un montón. Es un círculo que se retroalimenta: se publica mucho del tema porque las notas son las más leídas. Y a la inversa. La segunda tiene que ver con un elemento que forma parte de la construcción clásica de las noticias de inseguridad: esa cosa de “le puede pasar a cualquiera”. Ésa es una diferencia con el caso Lucio Dupuy (el niño pampeano de 5 años asesinado por su madre y la pareja), por ejemplo, que también es un caso muy tremendo pero toca sensibilidades que están en el límite de lo que queremos conocer, y por lo tanto no genera esa sensación de que nos podría haber pasado a nosotros. Además, el juicio Baéz Sosa tiene otros ingredientes, como el abogado querellante Fernando Burlando, que monta su propio show mediático.
Hace tres años, para esta época, las redacciones estaban despobladas y la agenda estaba monopolizada por cuestiones económicas —las jubilaciones, las prepagas y el aumento de la inflación—, con los infaltables artículos sobre la demanda hotelera y la farándula protagonizando algún escándalo para llamar la atención. El crimen de Fernando, esa secuencia brutal repetida una y otra vez mediante grabaciones de celulares y cámaras callejeras de seguridad, encendió al instante la sensibilidad de la sociedad. Tres años después, en las vísperas del tercer aniversario, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores —María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari— fijó la fecha de juicio. Era posible imaginar que mucha gente, distendida de la rutina habitual, seguiría la noticia como los episodios de una telenovela aclamada, y que los canales de televisión cubrirían cada audiencia con tenacidad.
—Diría que en realidad debería ser un factor en contra —matiza Focás—. Porque la gente también lee menos noticias, está de vacaciones y se relaja. Eso es llamativo, también. De hecho, apareció ahora otro niño asesinado por el padrastro y la madre (nota: se refiere al caso de Renzo Godoy), y no miden, no miden.
Para la investigadora del Conicet, quienes siguen el devenir del caso Báez Sosa están conmovidos porque lo sienten un caso muy familiar, cercano. Por eso consumen y comparten todo lo vinculado a la suerte del joven y de sus matadores. Según su mirada, se producen dos niveles de identificación. Uno, ya mencionado, la empatía con la víctima: todos los padres y madres podrían llegar a transitar, cualquier día de estos, el vía crucis por el que hoy pasan Silvino y Graciela. El segundo factor que señala Focás es un espejo que puede devolvernos un reflejo mucho más incómodo:
—Los victimarios no son el joven, varón y pobre del conurbano bonaerense, sino jóvenes de clase media, con padres trabajadores, que tenían una ferretería o trabajaban en el Estado. Pibes que trabajaban, estudiaban, y una noche de verano salieron a bailar y terminaron asesinando a un pibe de su edad. Quienes tenemos hijos, y también hemos sido jóvenes, sabemos que más allá de la atrocidad y de que uno dice ‘mi hijo no haría eso’, pueden terminar ahí enroscados, y en un segundo todo se puede ir de las manos. Porque pasa. Esa es la singularidad de este caso: también el hijo de cualquiera de nosotros podría ser uno de los victimarios.
—¿Por qué creés que la audiencia adoptó una postura tan unánime, de que la única condena válida es la reclusión perpetua de los rugbiers?
—Desde ya que la postura de la gente coincide con el encuadre de la mayoría de los medios, que llevan al lector a pensar que los chicos se tienen que pudrir en la cárcel, como dicen. No hay lugar para el disenso. Incluso hubo periodistas que salieron a decir que eran chicos que se habían excedido, y tuvieron que borrar los mensajes porque los mataron. Yo no soy partidaria de una mirada tan conductual, de afirmar que porque los medios tienen un encuadre punitivista (que lo tienen), la gente pide cadena perpetua. Los medios colaboraron, sin dudas. Pero hay otras cuestiones, como el miedo, porque el caso tematiza un riesgo.
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En la práctica, en Argentina nunca existió la prisión perpetua. Aunque su denominación está contemplada desde que se promulgó el Código Penal bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, en 1921, el encierro moderno supone un régimen progresivo en la ejecución de las penas, con la posibilidad de una última etapa de libertad vigilada fuera de la prisión, a través —principalmente— de la figura de la libertad condicional.
El debate técnico sobre ese punto fue una de las tantas derivaciones del juicio, sobre todo a partir del deseo manifiesto que se ha esparcido de reclusión perpetua para los rugbiers de Zárate. Ramiro Gual, magíster en Criminología, docente de las Universidades de Buenos Aires, Quilmes y Palermo, y director de la revista Prisiones del Centro de Estudios de Ejecución Penal (CEEP), detalló algunos aspectos del problema en un extenso hilo de twitter.
En el Código original, un condenado a perpetua podía salir de la cárcel bajo libertad condicional a partir de los veinte años, y después de cumplir un plazo de libertad vigilada la pena se purgaba definitivamente. Durante el siglo transcurrido desde aquellos tempranos ‘20 hasta hoy, el Código Penal sufrió ciento cuarenta enmiendas. Y hubo dos modificaciones en particular que endurecieron los requisitos para acceder a la libertad condicional, único camino posible para que un condenado de por vida pueda salir de prisión.
La primera fue una serie de leyes agrupadas bajo el nombre de “reforma Blumberg”, impulsadas por Juan Carlos, el empresario textil cuyo hijo fue secuestrado y apareció ejecutado en un descampado el 23 de marzo de 2004. Los pedidos de Blumberg se tradujeron en seis leyes, una de las cuales ampliaba el plazo para acceder a la libertad condicional de las penas perpetuas a 35 años. Y establecía por primera vez una lista de delitos a los que le quitaban el beneficio de la libertad condicional (de los homicidios agravados, solo «criminis causa»).
Mucho después, en julio de 2017 y bajo la presidencia de Mauricio Macri, se sancionó la ley 27.375 —conocida como “reforma Petri” por su impulsor, el mendocino Luis Petri—, que amplió la lista de delitos sin condicional, incluyendo a todos los homicidios agravados.
Sin la posibilidad de libertad condicional, la condena perpetua era perpetua. Por eso, con cierto sigilo, la mayoría de los jueces y juezas empezaron a cuantificar la pena perpetua convirtiéndola en una pena temporal. Lo que en el dialecto carcelario se describe como «darle un número». Por su informalidad, esa cifra era totalmente discrecional: en algunos juzgados seguía siendo 20 años y en otros de 37 y medio. Con el tiempo, las instancias judiciales superiores y la propia Corte Suprema, con su composición actual, le pusieron el ojo encima. Desde entonces los magistrados aplican dos métodos distintos para calcular el tiempo máximo en que la pena debe agotarse, aún sin libertad condicional. Ambas sumas, concluye el investigador Ramiro Gual, llegan al “número trágico” de los 50 años de cárcel: “Decidir que una persona pase 50 años en prisión es condenarla (tibia y disimuladamente) a pena de muerte”, dice.
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Desde el día en que lo mataron, se sabe que Fernando Báez Sosa es la única víctima. Desde el día en que murió, se sabe —por las filmaciones— que al menos una parte del grupo de rugbiers provocó esa muerte. Desde entonces, también, la cobertura mediática a toda hora, en todas las pantallas, han convertido a Fernando en una víctima perfecta.
En la construcción de la narrativa mediática, la víctima perfecta no puede tener manchas —las haya tenido o no— porque en la dicotomía de héroes y villanos, la abnegación y la bondad del humillado vuelven más indignante su muerte. Fernando era el único hijo de una pareja de migrantes paraguayos honrados y laboriosos: ella cuidadora de ancianos, él portero. Sin recursos económicos familiares o con muy pocos, estudió muy duro y consiguió una beca entre 400 aspirantes para pagar el colegio Marianistas, una escuela de gestión privada a la que asistían una mayoría de pibes y pibas con la economía resuelta. Después estudió más y aprobó las materias del CBC que le habrían permitido entrar en la Facultad de Derecho. Ni él ni sus padres tomaron nunca un atajo: todo lo consiguieron con el sudor de la frente. Fernando encarnaba el sueño de superación del pibe que asciende socialmente con mucho esfuerzo. Dicen que era optimista pero tenaz; un poco soñador pero con los pies en la tierra.
En el idioma de la gran prensa, y en una mayoría del sentimiento común, su muerte es especialmente injuriante porque su vida era pura, igual que su porvenir.
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Todos los juicios penales son, más menos, la reconstrucción judicial de una serie de hechos, el encuadre legal que a esos hechos le corresponde y el castigo —calibrado, por lo general, en años de cárcel— que caerá sobre la persona o las personas que los hayan cometido. Pero no todos los juicios penales son exclusivamente eso. Algunos son también una vidriera que tiene escenarios distintos y se rige por otras reglas. En los paneles televisivos y las redes sociales, el debate oral por la muerte de Báez Sosa adquiere visos teatrales, de circo criollo o vodevil, donde la discusión jurídica y el drama se mezclan con el entretenimiento y el morbo.
El día después de acompañar a Silvino y Graciela en el homenaje por Fernando, a la espera de los alegatos, el abogado Fernando Burlando viajó a Pinamar y participó de un partido de exhibición de polo en el parador “Ufo Point” con empresarios, jugadores profesionales, periodistas y managers. Apenas desmontó, le dio una nota al diario Clarín:
—Andá sacando una foto así, en este marco —le indicó al fotógrafo.
El tono de las preguntas tenía la impronta de las entrevistas veraniegas, leves, con el glamour de un fondo de arena y mar.
—¿Necesitabas desestresarte después de todo lo que viene siendo el juicio?
—Mirá, fueron jornadas largas, pero te voy a ser franco. Nosotros disfrutamos mucho de nuestro trabajo. Parece que estuviésemos a mitad de año, no a principio, por la energía y la potencia que le está poniendo Fabián (Améndola, su socio), nuestros hijos, todo el equipo que nos acompaña que está muy comprometido. Y sabés que cuando hay compromiso, el cansancio no se siente. Obviamente, esto genera un corte tan lindo y con un paisaje tan precioso que hace muy bien.
En la intersección de ambos mundos —la sala de audiencias y la pantalla de televisión— Burlando se mueve como pez en el agua. Hace años que tiene plena conciencia de que no son compartimentos estancos y cuando mueve una pieza en uno sabe con bastante exactitud el efecto que provocará en el otro.
El abogado de los acusados, Hugo Tomei, también jugó sus cartas en el ámbito público para atenuar, de alguna manera, la condena social. Después de pedir la absolución para sus clientes alegando que el hecho no estaba probado, les encomendó a sus defendidos que hicieran uso de las últimas palabras para pedir perdón.
La escena duró 278 segundos. Uno a uno, se pusieron de pie y le hablaron al Tribunal. Pronunciaron once veces la palabra “disculpas” y cuatro la palabra “perdón”. Siete de ellos se lo ofrecieron a la familia de Fernando, pero cinco se disculparon también con sus propias familias y con “el resto de las personas afectadas”. Exceptuando a Enzo Comelli y Ayrton Viollaz, todos remarcaron voluntariamente un punto fundamental para la estrategia defensiva de Tomei: no hubo “intención” ni “plan para matar”. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi y Enzo Comelli lamentaron la muerte de un chico de su misma edad. Viollaz pidió que Dios bendiga al Tribunal y Luciano Pertossi, que también se encomendó a Dios, fue para implorar una condena que le resulte “algo bueno”. Luego de pensarlo un segundo, se corrigió: “algo bueno para todos”, concluyó.
La jugada no salió todo lo bien que Tomei esperaba. Las alocuciones fueron toscas, interpretadas con poca maestría, muy lejos de la autenticidad de sentimientos que pretendieron mostrar. Acaso Thomsen, con una afectación algo más genuina, logró que las emociones se impusieran al guión. Con la voz quebrada, describió su angustia por no poder volver el tiempo atrás. Resta saber si el tribunal le creyó, y en ese caso, si eso podría mejorar sus posibilidades en la sentencia.
Por lo pronto, las redes sociales ya dieron la suya. Ese viernes, durante largos ratos, Thomsen fue trending topic de Argentina en twitter: acompañados por memes y notas de sarcasmo, los usuarios y usuarias calificaron sus lágrimas como una mediocre actuación.
