Damián Brumer se enteró por los medios que había sido denunciado junto a cuatro senegaleses y una argentina por varios delitos: uno de ellos era la trata de personas. La denunciante era María Virginia Pérez Cattaneo, secretaria de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata.
El 31 de agosto de 2020 la funcionaria municipal envió a la Justicia Federal un mail en el que acusaba a Brumer, abogado del Colectivo “La ciega”, y a varios miembros de la comunidad senegalesa de estar al mando de una organización que traficaba personas desde Senegal y les sacaba los documentos antes de entrar a Argentina.
Doce días después de haberse presentado la denuncia, el intendente Julio Garro publicó un video en Twitter jactándose de haber denunciado “el negocio ilegal y millonario detrás de la venta ambulante”. El tuit tuvo más de 118 mil reproducciones. Pero finalmente nada de lo que decía se probó.
Denunciamos el negocio ilegal y millonario detrás de la venta ambulante. pic.twitter.com/pG7mwo2yBp
— Julio Garro (@JulioGarro) September 12, 2020
La mayoría de los nombres que aparecieron en la denuncia no eran nuevos para la Justicia. En agosto de 2019, varias de las personas acusadas o señaladas como víctimas por la funcionaria habían firmado un amparo —presentado por “La ciega”— para el cese inmediato de los operativos conjuntos entre el municipio y el Ministerio de Seguridad provincial que los tenían como objetivo. La Justicia Federal lo admitió y registró como proceso colectivo. Pero por una cuestión de competencia, quedó sin resolver.
Diecisiete meses de angustia
Los delitos por los que se acusaba a seis personas iban desde lo económico, como evasión tributaria, pasando por falsificación y reproducción de marcas, hasta los más graves: trata de personas, asociación ilícita, tráfico de personas y encubrimiento de contrabando.
La causa cayó en la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, a cargo de Guillermo Ferrara, que consultó a los Juzgados Federales N°1 y N°3 de La Plata, y a la Fiscalía General del Departamento Judicial de la misma localidad si las personas denunciadas tenían antecedentes penales. La respuesta, en todos los casos, fue negativa.
“La Justicia Federal y, en este caso, la fiscalía a cargo, pusieron trabas burocráticas permanentes para que podamos acceder a la investigación y ejercer nuestra defensa. Aunque manteníamos la tranquilidad por saber que era una mentira, no dejamos de sentir una gran angustia porque éramos conscientes de la gravedad de la acusación y la dimensión que iba a tener la investigación que impulsaba la fiscalía”, contó a Perycia el abogado (y acusado en la causa) Damián Brumer. La investigación duró poco más de diecisiete meses: casi un año y medio.
«Aunque manteníamos la tranquilidad por saber que era una mentira, no dejamos de sentir una gran angustia porque éramos conscientes de la gravedad de la acusación».
No hay trata
Por su parte, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), también consultada por la fiscalía dijo que “de la información reunida hasta el momento en esta causa, no surgían elementos que permitan corroborar la hipótesis jurídico-penal de trata de personas con la que se inició la investigación”. Por otro lado, advirtió que “se correría el riesgo indeseado de criminalizar a todo un colectivo de personas extranjeras o incluso perseguir penalmente a posibles referentes de la comunidad que no poseen responsabilidad alguna en delitos endilgados”.
«Se correría el riesgo indeseado de criminalizar a todo un colectivo de personas extranjeras», advirtió la PROTEX.
Ferrara además le indicó a la División de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina que realizaran “discretas tareas investigativas y de vigilancia encubierta” de las personas y los domicilios que aparecían en la denuncia. Después de seguir, vigilar y hablar con los vecinos de la comunidad senegalesa en períodos de veinte días durante varias oportunidades, “la Prefectura señaló que los resultados de las tareas de vigilancia, no permitieron constatar la existencia de talleres clandestinos y/o traslado de mercaderías en grandes dimensiones, o la existencia de alguna persona que influya en los lugares investigados como organizador”.
Para denunciar la persecución de la que estaba siendo objeto, el colectivo “La ciega” y la comunidad senegalesa platense entregaron informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “la escalada de violencia xenófoba y racista que sufren lxs migrantes senegalesxs a manos de Control Urbano y de la Policía”, organizaron charlas con organismos provinciales y nacionales, movilizaciones y un festival virtual por los derechos de trabajadores migrantes.
“Pasaron muchas cosas feas y sabemos que van a seguir pasando porque el municipio no va a relajar y va a buscar excusas para que los comerciantes la pasen mal”, explicó a Perycia el vocero de la comunidad Cheikh Gueye, y agregó: “Ellos van a seguir difamándonos para poner a la gente en nuestra contra, pero nosotros también tenemos redes y acceso a los medios de comunicación para defendernos”.
Un respaldo colectivo
Estar atentos a los controles es una regla para los manteros senegaleses que todos los días a partir de las nueve de la mañana ofrecen sus productos en las calles más transitadas de La Plata. Para Gueye, el problema no es la policía, de quienes muchas veces se hacen amigos, sino la instancia que viene después de que son interceptados por Control Urbano. Porque es ahí cuando aparecen las agresiones y los malos tratos.
«Pasaron muchas cosas feas y sabemos que van a seguir pasando porque el municipio no va a relajar», sospecha el referente de la comunidad senegalesa en La Plata.
Según el momento político y coyuntural, el hostigamiento diario a los trabajadores senegaleses puede incluir causas contravencionales y penales, detenciones arbitrarias, robo de mercadería e incluso el robo a personas senegalesas que caminan con mochilas o bolsas sin encontrarse en situación de venta.
“Mientras no hay controles, vendemos tranquilos, pero cuando algún compañero se ve amenazado salimos a defenderlo para que no se lleven las cosas, porque salen un montón de plata. Cuando nos sacan lo que vendemos, tardamos mucho tiempo en recuperarnos», explicó Cheikh.
En 2021, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano del Municipio pasó a ser Subsecretaría y Virginia Pérez Cattaneo renunció a su puesto. En su lugar está ahora Darío Ganduglia: el ex Secretario de seguridad que el 1 de enero de 2021 asistió a Carolina Píparo y a su marido después de chocar y no socorrer a dos motociclistas. Desde Perycia intentamos comunicarnos con personal del área pero no obtuvimos respuesta.
La resolución final
Para cada una de los supuestos delitos que incluía la denuncia de Cattaneo se hizo una investigación: todas dieron resultados negativos.
Frente a las pruebas recolectadas durante los casi dos años que se mantuvo activa la investigación, el fiscal Guillermo Ferrara descartó una situación de trata de personas, aunque señaló que “no se pueden pasar por alto los factores de vulnerabilidad que recaen sobre los ciudadanos de origen senegalés, lo cual llevó a efectuar una investigación a fin de vislumbrar la posible existencia de algún delito del cual los mismos resulten víctimas, con resultado negativo”. Finalmente, el fiscal solicitó finalizar la investigación y el juez Alejo Ramos Padilla confirmó esa postura y archivó la denuncia.
—¿Qué significa para ustedes esta resolución judicial?
—Este fallo tiene una importancia enorme porque pone en evidencia el relato mentiroso del que pretendió valerse el gobierno municipal para justificar su persecución a los manteros senegaleses. Además devela la mirada xenófoba, racista y estigmatizante que tienen las autoridades locales en relación a las comunidades migrantes que llegan a nuestra ciudad para laburar, ganarse el mango y ayudar a sus familias, sin ninguna mafia criminal que les diga qué tienen que hacer ni cómo—, concluyó Brumer.
