El 10 de marzo volvieron al centro porteño escenas del tipo “el palacio y la calle” que nos retrotraen a las protestas de diciembre de 2001. Fue durante la sesión en el Congreso para aprobar el acuerdo con el FMI y mientras militantes de agrupaciones de varios colores e ideologías manifestaban su rechazo en la plaza. Cuando parecía una jornada más de protesta, volaron piedras que impactaron en los vidrios de varios despachos, entre ellos el de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al rato una molotov cayó a los pies de policías de la Ciudad, provocando quemaduras a uno de ellos. Entonces, había que escarmentar a los revoltosos. Los elegidos fueron nueve.
“Me acusan de haber movido ese container que luego prendieron fuego. Luego vino la persecución, me pincharon el teléfono, me allanaron la casa, me han tratado como si fuera una persona insalubre para la sociedad. Me duele un poco, trato de estar fuerte pero nunca pensé que iba a estar acá. No tengo ni una multa de tránsito”. El venezolano Jaru Rodríguez Carrero, detenido desde el 14 de marzo en la Alcaidía 8va. de la Policía de la Ciudad, resume así su situación ante Perycia.
Por esas vueltas del sistema, se abrieron dos causas, una en CABA donde los tres manifestantes imputados están detenidos —los presos políticos del alcalde Horacio Rodríguez Larreta— y otra en la justicia federal, con seis procesados que permanecen en libertad, bajo la tan poco novedosa figura de la “intimidación pública”.
«Me pincharon el teléfono, me allanaron la casa, me han tratado como si fuera una persona insalubre para la sociedad», dice Jaru Rodríguez Carrero desde la alcaidía 8 de la Policía de la Ciudad.
A los pocos días algunos medios titularon que el “ataque habría sido premeditado” y que los manifestantes habían tenido un “acuerdo previo”. El fiscal de la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad, Mariano Camblong, argumentó que el hecho podría haber sido organizado para afectar el funcionamiento del Congreso y decidió que habría existido una asociación ilícita entre todos ellos, de ese modo justificó la prisión preventiva. Pero, más allá del devenir de los expedientes, ¿hubo un complot para atacar el edificio del Congreso?
Una de las abogadas que los defiende, María del Carmen Verdú de la CORREPI, dice que la respuesta es simple. Tres de sus defendidos procesados en la causa federal son jóvenes de 18 y 19 años, y otro de 24 con retraso madurativo. No pertenecen a las mismas organizaciones que los otros tres, ni se conocían entre sí o con los otros presos en la causa porteña. Además, los tres de CABA, tampoco son de la misma agrupación y no aparecen ni en una sola foto juntos.
Cuando hablamos de criminalización de la protesta social plasmada en la mal llamada “carátula” de las causas para referirnos a la calificación de los delitos, en criollo decimos que “les tiraron el Código por la cabeza” por la cantidad de delitos que les imputan. Esta vez no fue la excepción.
Asociación ilícita, volver al menemismo
Quienes desconocen el funcionamiento de las organizaciones que se expresan en las calles se apresuraron a ver fantasmas detrás de las piedras y el fuego. Los manifestantes no tenían la menor idea de que el despacho de la vicepresidenta está ubicado sobre ese lado del Congreso, la casualidad hizo que los más “revoltosos” quedaran sobre Hipólito Yrigoyen, y embocaran las ventanas de la oficina de CFK junto a otras cuatro dependencias. Es cierto que la Policía de la Ciudad tardó media hora en intervenir, de modo que la querella que impulsa la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort reaccionó fuerte. Sobre las exenciones de prisión de los imputados, estuvo de acuerdo porque la idea en teoría no era “ir contra los pibes sino por quien organizó todo”. Sin embargo, en el expediente no hay indicio alguno de “organización previa”.
Los abogados y las abogadas dedicados a este tipo de procesos sostienen que desde la época de Carlos Menem no se veía la acusación de asociación ilícita, tal como impuso el fiscal Camblong y a la cual no se opuso el juzgado, aunque aclaró que no está configurado tal delito. En este sentido, tampoco crean todo lo que leen.
Los manifestantes no tenían la menor idea de que el despacho de la vicepresidenta está ubicado sobre ese lado del Congreso […] en el expediente no hay indicio alguno de “organización previa”.
El juez porteño del caso, Norberto Circo, armó su número. De ninguna manera quería que la causa pase al fuero federal. La jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió a Circo que se inhiba. Circo aceptó y se declaró incompetente. El fiscal apeló y fue a Cámara. El fiscal de Cámara desistió del recurso y quedó firme la incompetencia. Pero el juez no quiere desprenderse de la causa con la excusa de que la quiere mandar con las situaciones procesales resueltas en Cámara, otro escándalo porque desde hace más de un mes los camaristas no resuelven sobre la libertad de Jaru Rodríguez Carrero y de Julián Lazarte (sí quedó ratificada la prisión preventiva de Oscar Santillán). Es decir, Circo retiene una causa en la que ya no es competente.
Intimidación pública, una vieja conocida
En la justicia federal, si la jueza Capuchetti mantiene la calificación por intimidación pública la causa podría caer, pero también terminar en una condena.
En los procesos originados en la manifestación por la aparición de Santiago Maldonado, el 1 de septiembre de 2017, y contra la reforma previsional del 14 de diciembre de 2017, la Cámara Federal demolió la acusación por intimidación pública, y lo hizo en expedientes más complejos, con mayor cantidad de participantes. Pero confirmó (con otra integración) la causa por intimidación pública a los manifestantes identificados en las protestas que se hicieron cuatro días después —el 18 de diciembre— contra esa misma reforma; y el Tribunal Oral Federal 3 condenó.
Como contó Perycia, en la revisión de esas condenas ahora la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, tiene ahora la oportunidad de no convalidar el uso arbitrario de la figura de la intimidación pública en el marco de las manifestaciones y de la protesta social. De lo contrario, puede abrir la puerta a una política criminal expansiva y persecutoria de la protesta social.
Carece de domicilio fijo, siga preso
Julián Lazarte tiene 31 años, una hija de 10 y vive en Merlo. Su novia Angélica Acosta es de Haedo. Estudiaban juntos para ser extraccionistas de sangre. La noche que lo detuvieron habían ido a dormir a la casa de ella. No se pueden ir a vivir juntos porque no les alcanza el dinero. Precisamente carecer de domicilio fijo es uno de los argumentos del fiscal y del juez para negarle la excarcelación.
Lazarte y su novia trabajan para un estudio jurídico, asesoran a personas que tuvieron un accidente sobre los derechos que tienen que reclamar. Durante este mes de encarcelamiento trata de mantenerse entero, pero el paso del tiempo va haciendo crecer la tristeza y la depresión. Julián y Angélica militan juntos en la Coordinadora de Unidad Barrial Movimiento Teresa Rodríguez (CUBa-MTR). “Lo acusan por lo de la bomba, que no tuvo nada que ver, de quemar a un policía, que tampoco hizo, de tirar piedras, tampoco, y en lo que nos muestra la justicia no hay ninguna prueba contundente en su contra”, dice Angélica a Perycia.
Ella explica que comparan a Julián con una persona cuya contextura física es diferente. “Él es mucho más grandote y gordito que el que hizo la bomba, además el que la manipula es diestro y Julián es zurdo con un tatuaje en esa mano, el otro pareciera en las imágenes que también está tatuado pero en la derecha”, describe. Se queja de que la justicia está demasiado lenta, pasaron quince días desde que apelaron. “Esto es como un cartel para tapar las cosas importantes que están pasando, o para buscar un culpable porque en realidad no encontraron a los que hicieron todo, no hay nada en su contra para que lo mantengan preso”, resume.
Lazarte fue cambiado recientemente de pabellón en Ezeiza, y los presos lo recibieron bien. “Antes estuvo en una comisaría de 9 de Julio, ahí lo maltrataron, le robaron todo, a uno de sus compañeros le pegaron, los provocaron, cosas muy feas pasó”, relata.
“Esto es como un cartel para tapar las cosas importantes que están pasando, o para buscar un culpable porque en realidad no encontraron a los que hicieron todo», asegura Angélica, la novia de Lazarte.
Los vericuetos del Código Penal para la caza de brujas
Oscar Santillán tiene 52 años y tres hijos. Es artista callejero. Vive y trabaja en las cooperativas del Movimiento Teresa Rodríguez Histórico (MTR-H). “Es un hombre muy humilde, no tiene un trabajo fijo”, lo describe su abogada, María del Rosario Fernández. Está preso en la Alcaídia 12 de la Ciudad, acusado de los presuntos cargos de “daños agravados por el fin y por el objeto; incendio, explosión e inundación con peligro común para los bienes; atentado contra la autoridad agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas”.
A los pocos días le sumaron la imputación por “asociación ilícita», algo que desde la Gremial de Abogados y Abogadas que lo defienden calificaron como un elemento “claramente ideológico, casi como una caza de brujas”. En diálogo con este medio, Eduardo el Negro Soares dice que Santillán nunca fue imputado por la pedrada al Senado. “Acusarlo luego también de asociación ilícita es algo que no veíamos desde el menemismo, y tiene dos objetivos, típico de la justicia de Larreta: bloquearle la excarcelación y meter por la ventana a otras organizaciones, como el MTR Histórico de Martino y otras”, afirma el letrado.
La defensa de Santillán adhiere al pase al fuero federal. “Con todos los cuestionamientos que puedan hacerle a los magistrados de Comodoro Py, siempre será mejor estar ahí que con la justicia de la Ciudad, en materia de persecución a quienes toman las calles para protestar”, aclara.
Así como los “grandes” medios estigmatizaron a Sebastián Romero en 2017 como “el gordo del mortero” por arrojar un cohete de pirotecnia durante la protesta contra la reforma previsional, no tuvieron piedad con los acusados de esta tanda. Publicaron que Santillán cobraba el plan Potenciar Trabajo, y el gobierno se lo quitó. Sobre llovido, mojado.
LEÉ MAÑANA LA SEGUNDA PARTE CON LA ENTREVISTA EXCLUSIVA A JARU RODRÍGUEZ CARRERO, LOS ALCANCES DE LA LEY ANTITERRORISTA Y SUS DERIVACIONES EN LA POLICÍA DE LA CIUDAD.
