1/8/2021
El cuerpo de Santiago todavía no apareció a la vera del río Chubut (aquel que había intentado cruzar durante el violento e ilegal operativo de Gendarmería el 1° de agosto de 2017), cuando un tipo hasta ahora desconocido, anota en su teléfono una frase sobre el juez Gustavo Lleral.
Es septiembre de 2017 y la causa acaba de pasar a manos del silencioso y enigmático magistrado del Juzgado Nº 2 de Rawson. A más de 1.500 kilómetros de su despacho, el secretario privado del presidente, Mauricio Macri, escribe en su teléfono:
“Gustavo Lleral. Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contactos. Mahiques va a verlo el lunes”.
El que deja todo asentado en su teléfono es Darío Nieto, uno de los hombres de confianza de Macri. El mensaje recién sale a la luz a fines de 2019 y comienzos del 2020, cuando comienza a investigarse la intrincada trama de espionaje ilegal a manos de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y funcionarios macristas, entre ellos, Nieto.
La nota que había dejado el secretario del ex mandatario fue escrita el mismo día en que el juez Lleral había sido designado para la causa que –en ese momento- buscaba con vida a Santiago Maldonado.
Para conectar la desaparición forzada del joven de 28 años -quien se había acercado en solidaridad a la comunidad mapuche Pu Lof (de Cushamen, Chubut)- con el espionaje ilegal que operó durante los cuatro años que gobernó Cambiemos, hay un momento simbólico en la causa.
El 28 de noviembre de 2018, el juez Lleral “archivó” el expediente, alegando que ya “no tenía más nada que investigar”, a pesar de las cuantiosas pruebas que apuntaban directamente a miembros de la Gendarmería y al rol que ocupó el ministerio de Seguridad que por entonces comandaba Patricia Bullrich.
Minutos antes de prácticamente cerrar la causa, Lleral se tomó el tiempo de llamar a la madre de Santiago, Estela, a quien intentó consolar y le sinceró que “había recibido muchas presiones”. El juez nunca dijo qué tipo de presiones, ni mucho menos quiénes lo habían presionado. Pero lo cierto es que bien se podría entrelazar aquel mensaje perdido en el Iphone de Nieto con el sincericidio del juez.
¿Fue el por entonces miembro de la Cámara de Casación Penal, Carlos Mahiques, quién “visitó” a Lleral, tal como indicaban esas notas en el teléfono peritado? Hasta ahora, nadie lo puede confirmar. Tampoco negar.
Los cuerpos no van contra la corriente
1° de agosto de 2017. El tibio sol patagónico ilumina todo el territorio de la Pu Lof y su gente, sin haber podido dormir toda la noche, descubre que otro gran operativo de Gendarmería se prepara agresivamente en la Ruta 40. Hay directivas de reprimir, entrar y quemar todo. Las casillas, las pertenencias de los mapuche; tirar varios tiros, sembrar miedo. Pero sin ninguna orden escrita del juez, Guido Otranto.
Más bien, la orden de avanzar es política.
Los uniformados superan la primera trinchera de piedras que vuelan desde el territorio, pero las balas pueden más. Rompen la tranquera e ingresan con camionetas y algunos Unimog. Hay corridas, detenidos y detenidas. Casas, pertenencias y hasta juguetes incendiados.
Dos meses después –cuando la búsqueda de Santiago se había instalado en todo el país y parte del mundo- se conoce que Gendarmería guardaba varias fotos de aquel operativo. En una de ellas, se identifica a Maldonado, que corre y lleva puesta la campera celeste que le había prestado uno de los miembros de la comunidad mapuche. Es la última foto con vida del joven anarquista.
Después, lo denunciado hasta el hartazgo por la familia y organismos de Derechos Humanos: la desaparición de Santiago se da en el marco de un operativo de las fuerzas de Seguridad y existen decenas de pruebas que apuntan contra la Gendarmería y algunos funcionarios. El país tiene una nueva desaparición forzada y las plazas se llenan pidiendo a gritos su aparición.
¿Cuáles son las pruebas y pistas que el juez desestimó?
En los primeros rastrillajes, los perros entrenados hicieron al menos tres veces el mismo recorrido que testigos afirman que hizo Santiago: una desesperada corrida hacia el río. Se encontraron pertenencias de él, como su gorra blanca. Semanas después, se conoció que dos gendarmes – Fabían Méndez y Emmanuel Echazú– hicieron un extraño viaje y volvieron a su puesto de mando, 12 horas posteriores a la represión en la Pu Lof.
Otro gendarme, Neri Cardozo, afirmó en su primera declaración que había herido a una persona a la vera del río durante la represión. Pero después se desdice. Además: las camionetas utilizadas en el operativo de seguridad de ese 1° de agosto, son lavadas a pesar de haber sido separadas para un peritaje en búsqueda de ADN. Entre otros hechos sospechosos.
Dos meses y 16 días después, el cuerpo de Maldonado aparece 300 metros río arriba del lugar en donde todos los testigos afirman haberlo visto por última vez. ¿Pueden los cuerpos subir contra la corriente? ¿Puede aparecer un cuerpo en un lugar que se había rastrillado cuatro veces por más de 200 miembros de Prefectura y otras fuerzas, por tierra y agua? Al momento del operativo de Gendarmería, la profundidad del río Chubut era de menos de un metro.
Hay más interrogantes. El estado de conservación del cuerpo de Santiago no coincidía con los presuntos 78 días que pasó debajo del agua. Tampoco se entiende cómo su DNI y otras pertenencias, como billetes y preservativos, pudieron aguantar todo ese tiempo sumergidas en las aguas congeladas del Chubut.
La diferencia entre los grupos de peritos acerca del tiempo que el cuerpo estuvo sumergido evidencia que no hay acuerdo de si Santiago murió o no ese mismo día del operativo, pero el juez lo pasó por alto. Un dato crucial que prácticamente deja la causa abierta.
Un día de diferencia podría plantear que Santiago no murió allí, ahogado en el helado río que intentó cruzar mientras huía de los disparos.
Un último dato: la mochila del joven artesano y su teléfono celular jamás aparecieron. Uno de los amigos de Maldonado, Ariel Garzi, llamó a ese número un día después de su desaparición y la llamada fue respondida durante 22 segundos.
“Se escuchaba una habitación vacía, con ecos, pasos. Y lo primero que se me vino a la mente fue el ruido de botas, caminando. En ningún momento me hablaron”, aseguró Garzi, quien perdió la identidad protegida luego de que la exministra Bullrich lo mencionó públicamente en una conferencia.
Jugar al tenis con la causa
“En este momento la causa está paralizada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde febrero del 2020”, le explica a Perycia la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia.
Esa es la última carta que se juegan los familiares del joven, luego de que en varias instancias judiciales intentaran también desaparecer la investigación.
En la trama por congelar la causa aparece otro protagonista clave de la mesa judicial que operó durante el macrismo. Uno de los jueces que visitó 15 veces la Quinta de Olivos para “jugar al tenis con Macri”, rechazó la necesidad de seguir investigando el delito de “desaparición forzada de persona”.
Se trata del juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara de Casación Penal.
Luego de que en noviembre de 2018 Lleral buscara archivar la causa, el expediente volvió a moverse recién en septiembre del año siguiente. Allí, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideró que “se debía investigar algún delito” en el marco de la muerte del joven de 28 años, pero desestimaba una “desaparición forzada”.
En diciembre de ese mismo año, los recursos judiciales que impusieron la familia y organismos de Derechos Humanos, llevaron el debate a la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, en Comodoro Py. Allí, los magistrados de la sala, Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carvajo ratificaron la decisión de la anterior instancia judicial.
Sin embargo, Hornos y Carvajo hicieron un apartado asegurando que “debía seguir investigando la figura de desaparición forzada de persona”. El juez Borinsky fue el único que rechazó esa carátula y además negó el pedido de la familia para establecer un grupo de investigadores independientes.
La intervención del gobierno de Cambiemos en la causa comenzó incluso antes de la feroz represión de Gendarmería en agosto de 2017. El ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, había entablado reuniones personales con el primer juez, Guido Otranto. Los dos admitieron esos encuentros.
Una de las primeras medidas que tomó Otranto, cuando se conoció la desaparición de Santiago, fue pedirle ayuda de intervención al propio al organismo sospechado -el Ministerio de Seguridad de Bullrich-, citando al ex secretario de Coordinación de los Poderes, Gonzalo Cané.
“Para que se dé una desaparición forzada debe iniciarse el hecho con la privación ilegal de la persona, seguido de la falta de información y de investigación. Si a eso le sumás la intervención directa de la institución sospechada, tenés todo un manto de impunidad que completa el cuadro. La desaparición forzada de personas es un delito complejo y requiere de la participación de todos los sectores del Estado”, grafica Heredia.
Las mismas manos: de Chubut a Bolivia
En agosto del año pasado, el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, encausó una denuncia penal contra algunos ex funcionarios de esa cartera por las irregularidades durante el operativo de Gendarmería que terminó con la vida de Santiago Maldonado.
Hasta ahora, esa denuncia no logró más que seguir instalando el caso y mostrar algunos nombres. Uno de ellos es el del ex Director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, Gerardo Otero, quien en 2017 estaba a cargo de la fuerza y que en las últimas semanas tomó protagonismo por su responsabilidad en el contrabando de armas a Bolivia, durante el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.
La denuncia se apoyó en un informe interno que indicaba que “no fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje en las condiciones que se daban el día 1° de agosto de 2017”, y que en efecto, “se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaban equipados con los elementos de actuación necesarios (equipamiento contra disturbios), lo que desbordó en un cierto descontrol en el abordaje del operativo”.
En el centro de la acusación aparecían Pablo Noceti y el ex Director Otero.
“Así, se concluye que no había razones para iniciar en las circunstancias apuntadas el operativo de despeje, y que éste sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Doctor Pablo Nocetti (sic), y del ex Director Nacional de la Gendarmería de entonces, el Comandante Otero”, destaca el documento.
Casi un año después, en julio del corriente 2021, el Ministerio de Justicia en manos de Martín Soria, denunció el envío de balas y otros tipos de armamento de guerra desde la Argentina hacia Bolivia, durante los días más calientes del golpe de Estado en ese país. Entre los imputados está el propio ex presidente Macri, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, el ex Canicller Jorge Faurie, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García. También Otero.
“Este año se está probando que el macrismo tenía una mesa judicial y que el caso Maldonado fue una de las más intervenidas -dice la abogada Heredia-. Nosotros no lo decimos ahora, sino que ya lo afirmábamos en agosto de 2017”.
