Entre “búsquedas pasivas”, pedidos de cambios de fuerzas de seguridad durante la investigación y fallidas estrategias judiciales, el Estado intenta dar con el paradero de, al menos, 22 prófugos que evitan el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad. El camino para encontrarlos, sin embargo, tiene obstáculos que ponen en duda los mecanismos usados. A 40 años del retorno de la democracia: ¿cuánto tiempo puede escapar un represor?
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La foto es del 2021. Carlos Ignacio Cialceta, exteniente coronel del Regimiento de Infantería de Tartagal de la provincia de Salta, procesado por el secuestro y asesinato del militante peronista Jorge René Santillán, está sentado sobre el borde superior de un placar marrón empotrado a la pared.
Desde abajo, un efectivo de gendarmería, con el barbijo puesto, lo mira incrédulo. Cialceta —prófugo desde hacía seis meses, tras un pedido de captura— se escondió en ese pequeño cubículo cuando tocaron su puerta en la ciudad de Salta. Una persona había alertado a las autoridades de la Unidad Fiscal, al verlo entrar y salir como si fuera un vecino más.
Agazapado en la oscuridad, con su cuerpo corvo, probablemente rezando para que nadie descubriera su último escondite, Cialceta fue finalmente capturado y procesado por homicidio.
La imagen del exmilitar —que se viralizó en los medios— resume hasta dónde puede llegar un condenado por esos delitos para no ser capturado: esconderse en el sitio más recóndito. La dificultad de encontrar a un prófugo no siempre tiene que ver con la virtuosidad del que huye sino con las herramientas con las que cuenta el que busca.
De “búsquedas pasivas” a la suerte del “dato anónimo”
Federico Efron, titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Derechos Humanos, área encargada de llevar los juicios de lesa humanidad donde el Estado es querellante —unos 279 en todo el país— trabaja en una oficina vidriada. El sol se cuela por los cristales de su oficina en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), donde funciona la Secretaría.
Por los mismos pasillos donde habitó el terror, ahora se oyen unos cuarenta abogados tecleando en sus computadoras, confirmando audiencias, enviando oficios, escuchando a las víctimas. Las desapariciones, las torturas, los exterminios ahora reposan en archivos PDF.
—Nosotros tenemos una limitación —es lo primero que dice Efron─. Solo podemos interferir en las causas donde somos querellantes. En el resto tenemos un rol secundario.
La Secretaría es querellante en causas donde figuran algunos de los 22 prófugos. Tal es el caso del exoficial de la marina Luis Kyburg. El represor había sido citado para una indagatoria en 2012 por el juez federal de Mar del Plata, Sebastián Inchausti. Kyburg debía rendir cuentas por las causas de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la Base Naval de Mar del Plata durante el último gobierno militar.
En 2013, tras no presentarse a los tribunales, se emitió una orden de captura internacional. Está prófugo desde entonces, aunque las últimas investigaciones lo ubican presuntamente en Alemania.
—Desconocemos el lugar preciso donde está ahora, pero siempre nuestra prioridad es traerlos y juzgarlos acá —resume Efron.
En Alemania, cuenta el funcionario, el Estado no puede constituirse como querellante ni mandar una orden de extradición por las leyes que rigen en esa nación. Pero no en todos los países europeos es igual.
Para el ex capellán militar de Mendoza, Franco Reverberi Boschi, —quien no figura en la lista de los 22 represores incluidos en el Programa—, pero que reside en Italia, el escenario fue diferente. En 2013 la Justicia italiana rechazó la extradición. Sin embargo, Argentina apeló y el tribunal de Casación europeo hizo lugar al pedido este año. Reverberi Boschi, por otro lado, jugó una carta conocida entre los represores: alegó que tenía 84 años y que no podía viajar, ni permanecer detenido por problemas de salud.
El equipo de Efron no desistió. Envió una extradición certificada por cancillería sobre el estado de las unidades de Campo de Mayo donde el represor va a estar alojado. De esta manera le aseguran a la Justicia italiana que Reverberi Boschi puede ser cuidado sin ningún problema en esa prisión. Todavía esperan una respuesta de las autoridades europeas.
En cuanto a los prófugos de los que aún se desconoce su paradero, el titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Derechos Humanos, enmarca las cejas y dice:
—Nosotros no podemos intervenir sobre el poder judicial y las causas de esos represores, pero notamos que hay problemas estructurales —admite Efrón—. Es difícil traducir una orden de extradición. Hay cuestiones de presupuesto. Después es el juzgado el que tiene la facultad de ordenar allanamientos, detenciones o una resolución para traer al imputado a suelo argentino.
Desde afuera de la oficina se oye a alguien del equipo ofuscarse por una apostilla mal hecha. El sol calibra sobre los vidrios: luminosidad plena en uno de los sitios más oscuros de la historia.
—Hay una realidad y es que también hay jurisdicciones más lentas —retoma el funcionario—. Un juez como Daniel Rafecas te saca una resolución de captura en diez días y otros se toman su tiempo.
En febrero Rafecas mandó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina un pedido de detención a Italia para el exagente de la SIDE, Daniel Oscar Cherutti —imputado por delitos de lesa humanidad—, y quien reside en Europa desde el 2001.
Tiempo, dice Efron. Entre los que buscan y los que huyen. Entre las víctimas y sus verdugos.
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Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), los prófugos por delitos cometidos durante la última dictadura con oferta de recompensa por un dato de su paradero son 22. La mayoría de esas caras se hicieron públicas a través del Programa Nacional de Recompensas (PNR), que depende del Ministerio de Seguridad y que, desde el 2009, ofrece recompensas monetarias a quienes, de forma confidencial, aporten información certera que permita la detención de los represores buscados.
Otro actor clave en la búsqueda es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Siempre y cuando sea querellante en la causa en que se acuse al represor.
Pero tanto la PCCH, encargada del seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de todo el país, como el Programa Nacional de Recompensas y la Secretaría de Derechos Humanos dependen de un actor central en la pesquisa de estos prófugos: los jueces y los fiscales a cargo de las investigaciones. Ninguno de los organismos anteriores podrá avanzar en la búsqueda sin la actuación previa de los operadores judiciales.
La oficina de la fiscal María Ángeles Ramos, titular de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), es sobria: apenas un escritorio de ribetes dorados repleto de papeles en un edificio del Ministerio Público Fiscal. Su trabajo es el seguimiento de todos los procesos abiertos sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. La unidad apuntala la labor de las fiscalías Federales que en cada provincia llevan adelante este tipo de causas. También las de los que están prófugos. Es decir, si una fiscalía de Formosa tiene a cargo la búsqueda de algún represor, la PCCH hace un seguimiento del proceso, aunque no interviene.
—Cuándo alguna fiscalía solicita la captura pública de un represor es porque ya hizo todo lo que estuvo a su alcance para encontrarlo —dice Ramos—. Judicialmente se agotaron las vías. Se hicieron medidas de inteligencia, tareas de visualización de domicilios, allanamientos, pedidos de informes. Todo.
—¿Y cómo sabemos que se los buscó bien?
—Eso dependerá de cada juzgado y las fuerzas de seguridad que hayan trabajado en cada caso. El Ministerio Público Fiscal no puede entrometerse en el proceso.
Si se dicta una orden de captura, señala Ramos, es porque ya no hay nada más que hacer por parte del juzgado. El siguiente paso ya depende del Ministerio de Seguridad. “Lo que prevalece en ese escenario son las búsquedas pasivas”, cuenta la fiscal. “Se espera a que el represor caiga yendo a votar, en algún control fronterizo o porque algún ciudadano aportó un dato clave”.
La titular de PCCH recuerda que hace poco un exmilitar con prisión domiciliaria aprovechaba sus visitas al médico para ir a un café a leer el diario. Una trabajadora del lugar lo vio en una ocasión y alertó a su unidad. “Hicimos una investigación y estaba autorizado a salir solo al médico”, señala Ramos. “Desde entonces, se controla que no haga otra parada”.
Los llamados anónimos forman parte de estas “búsquedas pasivas” que describe la fiscala. Tal fue el caso de Carlos Ignacio Cialceta, exteniente coronel del Regimiento de Infantería de Tartagal en la provincia de Salta, sorprendido adentro del placard de una casa en 2021, tras un llamado telefónico a la fiscalía.
—En mis causas nunca tuve un pedido de búsqueda activa —dice la fiscala—. Existen datos vinculados que podrían serle útil al Ministerio de Seguridad para generar un programa más activo, pero excede nuestra competencia
—¿Y cómo se logra una búsqueda activa?
Ramos hace silencio. Mira a un punto fijo y entrelaza las manos.
—Habría que ver en cada caso cómo se los buscó, pero no podemos intervenir en las tareas de investigación de cada fuerza.
En 2008 la Ley 26.375 estableció un fondo de recompensas para hallar a prófugos en causas por delitos de Lesa Humanidad. En 2009 se creó el Programa Nacional de Recompensa (PNR), que depende del Ministerio de Seguridad, y permite publicitar datos de los represores para que cualquier persona pueda aportar información sobre su paradero. Actualmente, según el programa, son 22 los imputados por delitos de lesa humanidad que lo integran. Quien brinde un dato certero, puede llevarse hasta cinco millones de pesos.
El ofrecimiento de esa recompensa, sin embargo, lo pide la Justicia. El juez que tiene a cargo la causa del represor es quien determina que se ofrezca dinero por colaborar en la búsqueda . Ahí es cuando entra en escena el PNR que funciona dentro de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, a cargo de Mercedes La Gioiosa, e incluye la participación de las cuatro fuerzas de seguridad federales.
Cuando al programa le llega un dato anónimo, lo comunica inmediatamente a las autoridades judiciales. Éstas analizan e investigan esa información. Después, si es que lo requieren, ordenan que alguna fuerza de seguridad intervenga. Y, claro, en qué momento.
Desde que se creó el PNR, explica La Gioiosa, se capturaron a tres prófugos gracias al aporte anónimo de alguna información que llegó al organismo. Uno de ellos fue Roberto Brunello, represor de Bahía Blanca acusado por torturas y tormentos, quien se fugó en 2013 tras ser llamado a declarar en una indagatoria. Fue detenido en 2021, ocho años después, en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, donde se escondía en la vivienda de un familiar. De no haber estado prófugo, desde 2022 —y no desde el pasado 9 de mayo como ocurrió— Brunello hubiera integrado la nómina acusados en el megajuicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 333 víctimas.
La búsqueda pasiva. La fortuna del dato anónimo. Esperar a que caigan ellos. Mientras tanto: ¿cómo se los busca?
Ni vivos ni muertos: prófugos
─Ángel Ervino Spada está muerto. Nos llegó el acta de defunción a finales de 2021.
El fiscal Luis Benítez, a cargo de la búsqueda del represor formoseño Spada, incluido en los 22 prófugos del PNR, lo confirma desde Formosa. El exmilitar del Ejército, acusado de 74 casos de privación de la libertad, 43 casos de tormento y la desaparición de 4 personas, murió en un hospital de Resistencia, Chaco.
El represor había llegado a una clínica, tras una enfermedad terminal avanzada en diciembre del 2021. Con ayuda de sus familiares, Spada logró entrar al sanatorio con una identidad falsa. Tras fallecer, su hijo reveló su verdadero nombre a los médicos de la clínica. A los pocos días —antes de dar aviso a la fiscalía de Formosa—, cremaron sus restos.
—Faltan algunos resultados de la investigación por la falsa identidad desde Chaco —cuenta Benítez—. Pero nosotros damos por cerrada la causa.
El acta de defunción, sin embargo, no es suficiente para confirmar realmente que el exmilitar de inteligencia del Ejército está muerto. Fuentes judiciales le revelaron a Perycia que el acta no fue acompañada de una toma de ADN de los restos de Spada. “Un papel firmado no puede establecer el cierre de la causa”, señala una de esas fuentes. Uno de los médicos de la clínica que atendió al prófugo en Chaco, además, está siendo investigado por un supuesto “encubrimiento”. “Ellos dieron aviso a la fiscalía de Resistencia cuando ya estaba cremado. Así es muy difícil comprobar si efectivamente era él”, cuenta la misma fuente.
Miguel Nieva, criminólogo que integró equipos de búsquedas de restos óseos como el Equipo Argentina de Antropología Forense y de las Naciones Unidas, señala que la incineración calcina los huesos y “destruye prácticamente todo el ADN”. “Hay posibilidad de recuperar el ADN en casos de una carbonización parcial, pero es un proceso muy complejo”, agrega el especialista.
Spada —ni vivo ni muerto— continúa en la lista de prófugos con una recompensa de cinco millones de pesos.
Algo similar ocurrió en la Unidad Fiscal de La Plata, a cargo de las búsquedas de los represores Jorge Luis García y Emilio Rimoldi Fraga.
—Nos llegó una información de que Fraga habría muerto en Paraguay —cuenta la auxiliar fiscal de esa unidad, Ana Oberlin—. Entonces pedimos un informe desde ese país para cotejar las huellas dactilares del supuesto cuerpo con las del represor.
El subcomisario Emilio Rimoldi Fraga participó en 1977 de un raid sangriento en el que, en una noche, un grupo de policías mató a tres personas y desapareció a otras tres. Se encuentra prófugo desde el 2013.
—Aparentemente sería él —retoma Oberlin—. Pero hasta no tener los resultados de las muestras, no lo confirmamos y seguirá como prófugo.
Lo mismo ocurre con Jorge Luis García, un expenitenciario de la Unidad 9 de La Plata, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en esa prisión y con pedido de captura desde el 2006.
—Tenemos información de que habría muerto, pero no podemos revelar en dónde —explica la auxiliar fiscal—. El dato llegó a través del PNR, así que aún lo estamos evaluando.
Las búsquedas de las diferentes fiscalías tienen historias tan comunes que rozan lo terrenal. O el desconcierto.
Un empleado de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca encontró a uno de los dos prófugos que tienen a cargo a través de Google. En 2021, tras teclear el nombre del represor Carlos Alberto Arroyo en el buscador más famoso del mundo, apareció su obituario publicado ese año en el diario La Nación. El empleado judicial se estremeció. El que firmaba la despedida de Arroyo era Julio Guillermo González Chipont, un ex coronel de Bahía Blanca condenado a prisión perpetua que gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria.
Tal como ocurrió con Emilio Rimoldi Fraga, la fiscalía bahiense tenía un dato: Arroyo también habría muerto en Paraguay, pero sin una confirmación certera. “Sabíamos que tenía una enfermedad terminal”, explica el empleado. “Cuando encontramos el obituario, pedimos declaraciones indagatorias a la familia”.
La expareja y uno de los hijos de Arroyo confirmaron su muerte, pero no dijeron mucho más. La fiscalía no pudo acceder a un certificado de defunción, mucho menos someter al supuesto fallecido a pruebas periciales que aseguraran su identidad. “No logramos trabajar fluidamente con las autoridades paraguayas para concluir que efectivamente era él”, confirman desde el juzgado.
Entonces: hay dos represores prófugos que habrían muerto en Paraguay. En el caso de Emilio Rimoldi Fraga, la fiscalía de La Plata sí podría confirmar el fallecimiento a través de sus huellas dactilares, pero en el otro —Arroyo— las autoridades bahienses ni siquiera tienen un acta de defunción.
“La causa no está cerrada”, aseguran desde Bahía Blanca. “Nuestra investigación indica que entró a Asunción con otro nombre y se enterró de igual manera, pero no podemos ubicar el cementerio”, agregan.
El segundo represor prófugo cuyo rastreo está a cargo de esa fiscalía es Miguel Ángel García Moreno, acusado de dos homicidios calificados y el blanqueo de tres secuestrados en el centro de torturas clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca. En 2011, tras desconocerse su paradero, se ordenó el pedido de búsqueda.
—Se esfumó— dicen desde la fiscalía─. El único dato que tenemos es que por un tiempo visitó a su familia en esta localidad.
Esa información fue obtenida a través de Facebook. En el 2015, luego de revisar la red social de la nieta de Moreno, lo vieron en una foto junto a sus familiares.
─Le pedimos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que haga un seguimiento de toda la familia, pero no obtuvimos resultados positivos.
García Moreno fue director del Registro Nacional de las Personas durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, entre 2002 y 2003. Alguien que integró un aparato represivo que desaparecía personas fue, por un tiempo, el encargado de darles una identidad y hoy —esa misma persona— no se sabe en dónde está.
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Esconderse entre la oscuridad del placard de una casa o en el refugio de leyes internacionales. Desaparecer entre identidades falsas, complicidades y muertes dudosas. Huir al confín de la memoria. Tiempo, piden los que buscan. Olvido, gritan los que escapan.
