20/5/2021
Aquel mediodía de septiembre de 2012, el viento trajo la lluvia ácida hasta el patio de la escuela. Estela entró a los alumnos e hizo llamar a sus familias para que los retiraran. Agarró el guardapolvo y lo agitó en el aire, pero su llamado de atención no fue suficiente. El conductor del mosquito –la maquinaria empleada para fumigar por vía terrestre- echó “hasta la última gota de veneno”. Estela filmó la fumigación y envió el video a la Secretaría de Producción de la Provincia de Entre Ríos. Nunca tuvo respuesta. Entonces, hizo la denuncia.
–Yo tenía que hacer que ese señor dejara de fumigar, explica.
Estela había llegado en 2001 a la Bartolito Mitre, la primer escuela rural de jornada completa en la provincia que se convirtió en trabajo y techo para ella y cinco de sus hijos. Pese a la denuncia, las fumigaciones en el campo aledaño siguieron durante años, rociando la escuela. El veneno penetró su cuerpo y el de alumnos, pero la judicialización no daba resultados. Hasta hoy.
***
Después de una sentencia previa desfavorable, la Sala II Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú acaba de fallar a favor de la docente rural Estela Lemes, reconociendo que su enfermedad, una polineuropatía aguda que atrofia sus músculos y le genera pérdida de equilibrio, entre otras dolencias, fue causada por envenenamiento por agrotóxicos, debido a las fumigaciones a las que se vio expuesta durante años en la Bartolito Mitre, escuela que dirige. Además, el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPSER) deberá costearle el tratamiento de rehabilitación.
Durante casi diez años y en absoluta soledad, Estela alzó la voz para denunciar que sus “gurises” y las docentes en lucha contra las fumigaciones, eran el daño colateral de un sistema agrícola perverso que los fumigaba tanto en forma aérea como terrestre.
– Fue una pelea muy solitaria durante varios años, sólo acompañada por mis hijos y unos pocos amigos. Pasaron años hasta que el gremio, -la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER)-, y los movimientos ambientalistas se acercaron a batallar-, le cuenta a Perycia.
***
En 2014, los estudios de laboratorio arrojaron que Estela tenía 1.6 de clorpirifós en sangre y 1.8 glifosato en orina. El clorpirifós es un organofosforado, prohibido en varios países de Europa y Estados Unidos, ampliamente utilizado en Argentina. Es un disruptor endocrino que provoca desde efectos neurotóxicos hasta daño neurológico a largo plazo. En los niños, genera autismo. El glifosato es el pesticida pilar del modelo sojero; en nuestro páis se utilizan más de 270 millones de litros cada año. Su alta toxicidad fue comprobada en laboratorio por el científico del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET) Andrés Carrasco. Sus pruebas determinaron los efectos devastadores en embriones, como trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales, entre otros.
-La enfermedad me dejó una afección muscular muy grande. Tuve aplastamiento en una pierna y se me están atrofiando los músculos en todo el cuerpo; principalmente en el lado derecho. La parte neuronal no tiene vuelta atrás. Eso ya está afectado y lo que se rompe, no se recompone-.
Estela inició un recorrido judicial impuesto, forzado. La Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) se presentó en la Bartolito pero desestimó la presencia de agrotóxicos y cerró la causa. Lemes inició una demanda contra la ART, el Consejo General de Educación y el Superior Gobierno de Entre Ríos, como Perycia ya contó hace dos años.
– Mis gurises no sólo están expuestos a las fumigaciones en horario de escuela. Muchos viven en asentamientos cercanos, a mitad de camino entre el campo y la ciudad. Son familias provenientes de Santa Fe, Misiones y Buenos Aires. La escuela se comprometió a darles un lugar a estos chicos. Cerramos galerías, se hicieron más aulas. Arranqué con 16 alumnos, hoy son más de cien-.
Un relevamiento conjunto realizado por la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas y el gremio que nuclea a los docentes entrerrianos, estableció que el 80 por ciento de las escuelas rurales de la provincia padece fumigaciones con agrotóxicos.
En 2017 Lemes sufrió un revés judicial cuando el juez Luis Frosch, falló en su contra en base a una pericia elaborada por el médico neurólogo Eduardo Chesini, que consideró que la docente no sufría dolencia alguna. El magistrado omitió evaluar el dictamen de la perito Mariano de Britos que sostuvo que Lemes sufría de un “síndrome químico múltiple por exposición a pesticidas organofosforados”.
-En septiembre de 2017, me vio en el hospital el perito neurólogo, que sin hacerme estudios (solo me pidió que caminara y me parara sobre un pie), decidió que no tengo dolencia alguna. En octubre del mismo año, un mes después, la perito médica me vio y solicitó una importante cantidad de estudios, y determinó que tengo un síndrome químico múltiple, por lo que me dio un 37,75 % de incapacidad. Ante este panorama, el juez determinó que fuera un perito forense quien decidiera. Este doctor que no me pidió estudios ni le vi la cara una sola vez, se quedó con lo que dijo el anterior-. En octubre de 2018, la Cámara Civil II, a cargo de Oscar Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por AGMER y el Foro Ecologista, y ordenó la “suspensión de las fumigaciones terrestres en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos”. El magistrado señaló que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”.
Desde el lado de los productores, la respuesta no se hizo esperar y Lemes fue blanco elegido de una campaña de desprestigio e intento de censura. En noviembre de 2018, la Sociedad Rural de Gualeguay trató de impedir una charla, que, Estela finalmente dio en la escuela N° 5 José González Grey. A los ruralistas no les alcanzó enviar una carta al Director Departamental de Escuelas exigiendo la cancelación de la charla; se presentaron y se quedaron en el fondo del aula, protestando ante cada afirmación suya. La trataron de mentirosa, dijeron que no estaba enferma y exigieron que presentara los análisis.
Hoy, Estela volvió a vivir en la escuela.
-Mis hijos están grandes y quedaron en casa. Tenía que venir a abrir todos los días y por eso volví a instalarme acá. No estaba desde que me diagnosticaron la enfermedad, y comencé el tratamiento. Estamos trabajando la presencialidad, con la escuela dividida en dos burbujas y un protocolo muy cuidado. Los gurises necesitan estar acá. Se dejó de fumigar y arrendaron para ganadería. Tenemos una huerta y el lema de la escuela es “alimentación saludable”-.
Desde campos cercanos se acercaron a avisar que fumigarían fuera del horario de clases.
–Si la deriva llega a la escuela, voy a hacer la denuncia. Los gurises son mi responsabilidad y yo sólo tengo esta lucha. No me van a callar- dice Estela, y cuenta que no pudo más que llorar durante días cuando le dieron la noticia del fallo.
– Ningún triunfo, un justo reconocimiento, asegura.
Lemes recuerda que hubo momentos en que no dio más, y Fabián Tomassi (el aeroaplicador de Basavilbaso que murió a causa de una intoxicación crónica por manipular agrotóxicos) le inyectó fuerzas. “Hay que seguir, porque si nosotros que tenemos el veneno en el cuerpo no lo denunciamos, el veneno va a llegar a todos”, le dijo. También la animó Ana Zabaloy, docente rural fallecida de cáncer, fundadora de la Red Federal de Docentes por la Vida.
Lemes está en condiciones de jubilarse pero prefiere no hacerlo. Su vida está en la Bartolito, sembrando semillas de conciencia y esperando que los docentes rurales no sean más testigos directos de este sistema basado en venenos y transgénicos.
