Gabriel Heredia había conseguido un trabajo nuevo hacía poco tiempo y eso lo tenía muy contento. El viernes 29 de julio de 2022, bajó del tren Sarmiento, en Morón, alrededor de las 20, para volver a su casa, y se encontró con varias personas peleándose con un grupo de policías. Siguió, se acercó hasta la parada del colectivo 635, pero cuando vió que a uno de los chicos que estaba forcejeando con la policía se le cayó el celular, se lo quiso resguardar.
—Compa, tengo tu celular. Te espero acá y te lo doy—, dice Patricia Heredia que le contó Gabriel, su hijo, cuando le resumió lo que pasó antes de que lo detuvieran.
«El policía se da vuelta y lo agarra a él. Entre cuatro policías lo detienen, lo tiran al piso, lo golpean, lo revisan, lo tuercen todo y lo esposan», le cuenta Patricia a Perycia. Después, denuncia, lo llevaron a la Comisaría Primera de Morón, donde lo torturaron junto a otros cuatro detenidos —Walter Machuca (40), dos hermanos y otro hombre que frecuentaba la Plaza La Roche, frente a la estación en Morón—. Una semana después Gabriel se suicidó. Tenía 18 años.
Denunciar a pesar del miedo
«Él (Gabriel) prefería estar muerto antes de que la policía lo volviera a agarrar, porque lo iban a tener como el gil de la comisaría», asegura Patricia, que se presentó en la causa por aplicación de tormentos para impulsar la investigación. El caso está en la Fiscalía 5 de Morón, actualmente a cargo Claudio Oviedo y Marisa Monti.
Walter Machuca, otro de los detenidos esa noche en la plaza frente a la estación de trenes, también es parte en la causa por apremios, como Patricia con el patrocinio de la Coordinadora Contra La Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Este mes, la abogada que los representa, María del Carmen Verdú, pidió el pronto despacho de las medidas de prueba que solicitó hace un año, el 16 de agosto. Entre ellas, estaba la solicitud de los nombres de los policías que estuvieron trabajando en la comisaría los días 29 y 30 de julio. Aún espera una respuesta.
«Hoy la causa está dormida»
Los vendedores ambulantes y los pasajeros del tren, a pocos días del incidente, le contaron a esta periodista que «al chico que se mató lo tenían tirado en el piso, ni se defendía. No se resistía y le pegaban entre ocho policías, todo mientras el pibe estaba en el piso».
La represión fue filmada por los transeúntes. Gabriel también llegó a grabar videos que le mandó a su novia y fueron entregados por su madre a la justicia. La intendencia de Morón, cuando recibió los videos, los presentó con una nota al Ministerio de Seguridad Bonaerense para que investiguen los hechos.
Anoticiados, desde la Dirección de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense acompañaron la denuncia de Machuca y Patricia. «La hicimos cuando nos enteramos de lo que había pasado por informes de la Dirección de Derechos Humanos de Morón», dice el titular del área, Ingnacio Álvarez.
«La fiscalía ante un caso donde tiene elementos que puedan dar la pauta de que funcionarios estatales pudieron incurrir en violencia institucional debe investigar esa línea y no guiarse únicamente por la versión policial, que en este caso decía que los detenidos habían generado disturbios en la vía pública y que Gabriel había robado un celular. Hoy la causa está dormida. Nosotros estamos impulsando para que se investigue y se llegue a juicio. Nadie quiere ver policías presos, pero se tiene que investigar y ser crítico. Además, la Fiscalía tiene una ley que cumplir sobre violencia institucional«, asegura el funcionario.
«Abuso de autoridad»
En el último Registro de Actuaciones Judiciales por Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal se revela que el 27% de los hechos de violencia institucional que ocurren en la provincia de Buenos Aires suceden en la vía pública y el 21% en las dependencias policiales bonaerenses. Esto equivale a 415 y 321 casos respectivamente.
Entrevistado por Perycia, Walter Machuca recuerda cómo empezó todo aquella noche: Un policía en moto subió a la vereda y quiso requisar a unos chicos que estaban esperando a su patrón para cobrar el sueldo y los acusó de estar fumando marihuana. «Le dijimos, de lejos, que los chicos no estaban haciendo nada», remarcó. «La discusión entre los chicos y el policía subió cada vez más de tono y mi pareja empezó a grabar, junto con otras personas que estaban en la parada del 635», señaló y lamentó que todo pasara cuando volvía de trabajar en la panadería para encontrarse con su mujer.
Como la discusión se hizo más fuerte, el uniformado solicitó refuerzos y a la plaza llegaron alrededor de 10 patrulleros. «Se armó una batalla campal y a mi mujer un policía la choca y la tira al piso. Me acerco a ayudarla y empiezo a gritar a la gente que estaba ahí tratando de ayudar que eso era abuso de autoridad. ‘Me tenés re podrido vos’, me gritó el policía que inició todo. Me agarró del cuello y me metió en un patrullero», dijo Walter. Y remarcó que, «estaba tranquilo, no grité, no me resistí. No le falté el respeto a nadie. Pensé que iba a tener que firmar un papel y volvía a mi casa».
«Repartían piñas para todos lados»
La noche en la que lo detuvieron, Walter Machuca fue trasladado en el patrullero hasta Bartolomé Mitre al 939, dónde está la Comisaría Primera. «Apenas entro al cuarto, esposado, estaban golpeando entre cuatro (policías) a Gabriel, acusándolo de que se había robado un celular», dice el panadero. En el cuarto estaban los otros tres detenidos, los dos hermanos y el hombre que frecuenta la plaza donde los detuvieron.
«Automáticamente, en fila, nos empiezan a pegar a todos. Uno por uno. Repartían piñas para todos lados», recuerda Walter. «No nos preguntaron los nombres ni de dónde éramos, nos empezaron a golpear sin mediar palabra», asegura y cuenta que fueron 40 minutos seguidos de golpes y humillaciones.
«Nos hacían sacar la ropa mientras nos pegaban. Nos vestíamos, nos pegaban, nos hacían arrodillarnos y nos pegaban. Me agarraban la cabeza y me la daban contra la pared, y me daban piñas con la mano abierta. Yo llegué a un punto que no escuche más de un oído», le había contado Gabriel a su hermana cuando lo liberaron.
«Los trataban de gatos, a mi hijo le hacían decir ‘miau’ mientras le pegaban desnudo», dice Patricia y cuenta que «a uno de los hermanos, también desnudo, lo hacían saltar mientras le pegaban en la panza y lo insultaban, le decían ‘salta gordito’».
Las familias que estaban esa noche en la puerta de la comisaría lograron contactarse con la Dirección de Derechos Humanos de Morón. «Pasaron el llamado a la mesa de entrada de la comisaría. Fue por eso que nos dejaron de pegar», sostiene Walter. Y añadió que pocos minutos después de ese llamado, los hicieron vestirse y «empezaron a borrarse de a uno los policías que nos habían estado golpeando».
Construir la impunidad
Luego de torturarlos —rememoran Patricia y Walter—, los metieron en un calabozo en condiciones «deplorables». Después los llevaron al Hospital de Haedo, porque en el de Morón no los podían atender. Ya en el hospital, «(el policía que custodiaba a Gabriel) le apretó las esposas para que mintiera sobre los golpes», cuenta su mamá. Y Walter lo confirma, y asegura que «(Gabriel) no se animó a decir qué era lo que realmente había pasado como pude hacer yo. El policía le puso palabras en la boca cuando habló con el médico».
«Cuando volvimos del Hospital y llegamos a la comisaría de Morón de nuevo nos metieron a la habitación donde nos habían golpeado y Gabriel se descompuso. Estaba temblando porque pensó, al igual que yo, que nos iban a cagar a palos de nuevo. Por suerte no pasó», sostiene el panadero. «Creo que él (Gabriel) se pudo quitar la vida por lo que vivimos esa noche, porque estaba muy traumado», concluye.
Los cinco fueron liberados recién 24 horas después de ser detenidos en la plaza por resistencia a la autoridad. A Gabriel, además, le abrieron una causa por el supuesto robo del celular, a pesar de que les habían dicho que no les iba a quedar ningún prontuario.
Walter es el único testigo de lo que pasó en la Primera de Morón que se presentó como particular damnificado en la causa. Los hermanos y el hombre que frecuentan la plaza frente a la estación prefirieron no declarar. «Tienen mucho miedo y es entendible, es parte del mecanismo de impunidad, el terror, el disciplinamiento, te hacen que no quieras hablar, que te quieras esconder», sostiene María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI, quien advierte además que la misma Comisaría figura en el listado de 500 centros de tortura registrados por la CO.NA.DE.P (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) (Ver: El historial de torturas y asesinatos en la Primera de Morón).
«Hay momentos en que cruza un patrullero en la calle y tengo una sensación especial, muy extraña. Tengo miedo de que me pare la policía de nuevo y me pase algo similar», explica Walter. «Es muy frecuente que te paren en Morón por portación de cara y esto no puede pasar más. Encima lo que me pasó fue muy injusto, estoy en todo mi derecho de reclamar y denunciar», asegura.
Cadena de violencias
«El viernes siguiente a la misma hora que pasó todo mi hijo se sacó la vida», recordó la madre del chico que hoy tendría 19 años. «Él salió muy asustado, estaba con una sonrisa, pero evidentemente era mentira porque hizo esto», dice Patricia. «Yo estoy destrozada, no puedo salir de ese día».
«Él nunca amenazó con algo así. Pero esa semana le mandó mensajes a la novia donde le dijo que él prefería estar muerto antes que la policía lo volviera a agarrar porque lo iban a tener como el gil de la comisaría», recuerda la mujer que después de la golpiza policial había llevado a su hijo al Hospital Dr. René Favaloro de Rafael Castillo para tener constancia de los golpes. Pero cuando se enteraron de lo que había pasado, no le dieron nada por escrito y le dijeron que se quedarían con la historia clínica pese a que los centros de salud tienen la obligación de entregarla a los pacientes que la pidan, según establece la Ley 26.529. Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado.
Como particulares damnificados, en la causa solicitaron el libro de ingresos a esa guardia y que se llame a declarar a los médicos que atendieron a Gabriel durante esa semana. Sin embargo, hasta la fecha de publicación de esta nota, la fiscalía no avanzó en este trámite.
«En la fiscalía donde le abrieron la causa a Gabriel, cuando él iba a contar lo que le pasó, el que le tomaba declaración se fue y lo dejó solo. Después volvió y tenía un papel donde decía que él había robado el celular. Él ya se quería ir, entonces firmó», explica Patricia. Cuando ella se presentó en la Fiscalía 5 de Morón para hacer la contradenuncia, le recordó esa situación e increpó al fiscal: «¿De verdad mi hijo tenía que hablar? ¿Contar lo que le había pasado? Si con verlo descalzo y con toda la ropa llena de sangre se notaba».
El viernes en el que se suicidó, a la casa de Gabriel había llegado la citación para tomarle las huellas digitales en la causa por el celular robado. «Lo llenó de miedo el terminar escrachado, el tener que volver a enfrentarse a todo eso… Y a la noche hizo lo que hizo. Le dije que al otro día íbamos a ir a hacer la contradenuncia, pero él tenía mucho miedo», asegura Patricia. «Mi hijo era un bebé, no sabía viajar solo a la Capital. Esa semana tuvimos que ir de médico en médico para que lo revisen porque estaba todo golpeado, lo acompañé yo. Era tan flaquito, no entiendo por qué ese ensañamiento con un chico de 18 años», lamenta esta madre que sigue pidiendo justicia en un expediente que «está dormido».
Historial de torturas y asesinatos en la Primera de Morón
Testimonios de sobrevivientes y la justicia indicaron que esta comisaría fue parte del circuito represivo de la Zona 4, subzona 16, área 160, de la Fuerza Aérea. Ahí se torturó, asesinó y se robaron bebés nacidos en cautiverio. «Cuando la mamá de Gabriel nos llamó y nos dijo que se trataba de la Comisaría Primera de Morón a los más viejos de Correpi nos corrió un frío por la espalda», remarcó la abogada María del Carmen Verdú.
Ya recuperada la democracia Sergio Gustavo Duran (17) fue asesinado el 7 de agosto de 1992 por policías en esa misma comisaría. Estaba allí por averiguación de antecedentes. En el juicio por su asesinato se comprobó que la policia seguía utilizando metodos de tortura y la picana eléctrica. Los policías acusados por el crimen de Durán actualmente están en libertad. Dos de ellos prófugos de la justicia.
