Publicada 8/3/2021
Ursula denunció 18 veces a su ex pareja, el policía que terminó asesinándola a puñaladas. Marcela pasó más de cuatro años presa acusada sin pruebas de matar a su ex pareja, a quien además había denunciado por violencia. Rosalía cumple condena por un aborto espontáneo, que para la Justicia fue un crímen premeditado. El agresor de Fernanda no fue detenido por violar la perimetral porque era sábado y la oficina de notificaciones y oficios de la comisaría estaba cerrada. Y la lista sigue. El 17 de febrero fue la última marcha feminista, en la que miles de personas salieron a la calle para pedir justicia por Úrsula, aunque también se marchó por algo más grande: una reforma judicial feminista.
“El proyecto de reforma judicial incluye algunos elementos en base a una mirada de género, pero aún faltan cosas, por ejemplo, un cambio más profundo sobre el sistema acusatorio. Muchas de las cosas que fallan, al menos en el ámbito de la Justicia Federal, tienen que ver con la concentración de funciones del juez de instrucción, que investiga y juzga en un expediente escrito, sin audiencias orales ni contacto con las víctimas y la comunidad”, dijo a Perycia Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal.
El lema ya venía sonando en la boca de algunas referentes, pero al igual que en 2015 con el movimiento #Niunamenos, el crimen de Úrsula Bahillo rebasó el vaso. A la chica de 19 años la mató Matías Ezequiel Martínez, un policía de la bonaerense que ya tenía denuncias anteriores por violencia hacia otras ex parejas y abuso de una menor. Lo único que hizo la Justicia fue otorgar una restricción perimetral que el asesino violó el día del crimen. Hace unas semanas, datos oficiales a los que accedió Perycia revelaron que su caso está lejos de ser aislado: 6.000 miembros de esa fuerza han sido denunciados en los últimos siete años.
“En lugar de mirar qué es lo que está fallando, por qué la gente no nos cree, la reacción de la Justicia siempre es corporativa, de abroquelarse en el status quo, acusando los intentos de reforma como un intento de ataque”, dice Labozzetta. La UFEM fue creada para desplegar estrategias de investigación sobre los fenómenos criminales de violencia contra las mujeres y trabajar sobre los modos en que sus distintas manifestaciones afectan a otros grupos en situación de vulnerabilidad por razón de su orientación sexual e identidad de género.
«El proyecto incluye algunos elementos en base a una mirada de género. Algunos requisitos para los concursos –una formación de género para quienes acceden a la magistratura- y requisitos de paridad –hoy el mapa de los cargos es bastante desigual-. Después hay que ver si el cumplimiento del curso de la ley Micaela es suficiente o no. Y es fundamental, porque lo que más vemos que falla la Justicia es en esta falta de formación y sensibilidad”, agregó Labbozzeta. La Ley Micaela fue promulgada el 10 de enero de 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
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Desde el otoño de 2004, cuando se habían casado, Fernanda convivía con las reacciones enloquecidas de su marido. Su historia se cuenta por primera vez en el Especial del 8M de Perycia. Cuando quedó embarazada de los gemelos, unos años después, los celos se volvieron enfermizos. Cada vez que iba al consultorio por controles, él la obligaba a tener sexo para que no «se desahogara» con el médico. Le revisaba la ropa interior antes de salir y la tarjeta SUBE para corroborar el circuito exacto que hacía.
Con los mensajes y todas las pruebas del hostigamiento en el celular, Fernanda fue a denunciarlo en la Comisaría 5º de Rafael Calzada. Lo citaron, pero la causa terminó desestimada porque “su pareja no constituía un peligro para ella, ya que las amenazas no se concretaban y los mensajes de texto habían mermado”, relató su abogada Vanessa Peralta. Lo mismo ocurrió cuando fue a denunciarlo por segunda vez.
El 19 de febrero de 2020, mientras en todo el país las mujeres salían a la calle con sus pañuelos verdes para reclamar el aborto legal y seguro, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca condenó a Rosalía Reyes, -una trabajadora precarizada, “madre soltera” responsable de cuatro hijxs-, a ocho años de prisión efectiva por homicidio agravado por el vínculo. Rosalía había sufrido un parto espontáneo después de una doble jornada de trabajo. Pero el fiscal de la causa Jorge Viego propuso al comienzo del juicio que probaría que Rosalía “a sabiendas y con intención” causó la muerte de su hija recién nacida.
La medianoche del 18 de mayo de 2005, Rosalía llegó a su casa en Argerich, un pueblito rural a 30 kilómetros de Bahía Blanca, después de un turno de 16 horas en el frigorífico de pollos La Gleba. Se sintió descompuesta, fue al baño y tuvo un parto espontáneo. A las pocas horas, la bebé murió por hemorragia a través del cordón umbilical. No se pudo determinar de cuántas semanas estaba Rosalía al momento del parto. Pero de alguna forma el fiscal Jorge Viego infirió que eran aproximadamente nueves meses y que Rosalía era culpable por no haber cortado el cordón: “una mujer que ya tuvo cuatro hijos no puede ignorar que el corte umbilical debe atarse antes de cortarse”.
La Justicia tampoco escuchó a Marcela Mendoza. El 9 de agosto de 2015, ella aceptó juntarse a hablar con Eduardo Gómez, su ex pareja. Él la esperó en su Volkswagen Gol blanco a unas cuadras de la casa y salieron para la ruta. Ella cuenta que él comenzó a insultarla por una foto que subió a sus redes sociales. De repente, agitó en el aire algo que traía escondido en la mano. Combustible. Ella comenzó a sentir un dolor agudo. Fuego. Marcela logró reaccionar a tiempo, abrió la puerta y salió a la ruta a pedir ayuda. Él salió detrás, mientras las llamas crecían. Ese mismo día se la llevaron detenida y la tiraron en un calabozo húmedo, sin atención médica para sus quemaduras. Él falleció tres días después, en el hospital. Para los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini del Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata, que él muriera y ella sobreviva fue argumento suficiente para acusarla: perpetua. Tampoco tuvieron en cuenta que el único testigo, un hombre que pasaba en moto por la ruta y que llegó antes que la policía, declaró que Marcela le pidió protección ni bien pudo salir del auto. “Me quiere matar”, le dijo y se escondió.
La Justicia condenó a Marcela por homicidio sin ninguna prueba contundente más que las habladurías del pueblo. No buscaron comprobar que Marcela hubiera comprado o conseguido combustible los días previos al incendio. Tampoco hubo allanamientos en su casa para buscar algún elemento que la incrimine, ni se hicieron peritajes telefónicos y por eso la condena finalmente fue anulada por Casación, aunque Marcela sufrió más de 4 años de encierro y ahora espera en libertad un nuevo juicio. Si, otra vez sentada en el banquillo de las acusadas, como aquel primer debate oral en el que el elefante en el baño fue la absoluta indiferencia acerca de las las dos exposiciones y la denuncia por violencia que Marcela asentó en un juzgado de Magdalena. Gómez había violado una perimetral.
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“La violencia no es solo un tema judicial”, dijo a Perycia la abogada feminista Sofía Caravelos, integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). “Es necesario un abordaje integral”. Se refiere a las discusiones que comenzaron a generarse en torno al punitivismo. “Si no acompañamos ese proceso con un enfoque integral, podemos caer en el facilísimo de pensar que con más vigilancia se resuelven estructuras de poder y relaciones sociales”. Caravelos fundó esa organización con otrxs militantes hace 17 años, y su ejercicio profesional siempre estuvo vinculado a su activismo en Derechos Humanos. Es hija de desaparecidxs de la última dictadura cívico militar y creció con el descrédito hacia la Justicia, propio de quien tuvo que padecer en carne propia las leyes de obediencia debida y punto final. El escrache a los genocidas y otras herramientas impulsadas por HIJOS le permitieron entender a la Justicia como una dimensión que no pasa solamente por los tribunales. “Sabemos que con un paradigma securitario no se resuelve demasiado. Además porque la Justicia no es solo patriarcal. También es racista y clasista: si no podemos entrecruzar esos paradigmas, las respuestas serán muy escasas y excluyentes”.
