Desde el 17 de noviembre de 2017 -cuando la Armada denunció dos días después la desaparición del ARA San Juan ante la justicia federal santacruceña- hasta hoy, durante cinco años, 40 investigaciones penales han intentado explicar por qué se hundió el submarino, quiénes son los responsables, y todo lo que rodea a la mayor tragedia naval argentina desde el ataque británico al crucero ARA General Belgrano, durante la Guerra de Malvinas.
Ataques nucleares de submarinos extranjeros, tráfico de oro, desperfectos en la nave, falta de adiestramiento de la tripulación, una mala maniobra del comandante Pedro Fernández, una tormenta perfecta con olas de siete metros de altura, mentiras y ocultamientos en los expedientes judiciales, corrupción en la contratación de las empresas para la búsqueda y en el mantenimiento del San Juan, malversación de fondos públicos, y hasta espionaje ilegal a los familiares de los marinos muertos: todo se ha dicho y se ha hecho para intentar culpar o desvincular a las autoridades políticas y militares de aquel momento. Y todo, desde las hipótesis más verosímiles hasta los rumores más disparatados, han ido a parar a alguno de esos cuarenta expedientes. La cuarta parte, engrosan hoy la causa madre 17379/17, que avanza -según una de las querellas- muy lentamente y podría encaminarse hacia el ojo de una nueva tormenta. Muchas han sido archivadas a las pocas horas de su ingreso, y tantas otras que aún siguen abiertas, aunque casi no se muevan y casi nadie lo sepa.
En cinco años de investigación, en la causa de 17379 de Caleta Olivia que instruye Marta Yáñez y debería impulsar el fiscal Lucas Colla, se encuentran procesados cuatro altos mandos de la Marina pero no quien era el Jefe, Marcelo Srur, ni los funcionarios políticos que tenían bajo sus responsabilidades la Fuerza, y no hay ninguna certeza de que pronto pueda ser elevada a juicio. La pregunta que nos hicimos, es por qué. Hace dos años, cuando era interventora de la AFI, la ex fiscal Cristina Caamaño encontró una abrumadora cantidad de evidencia de que el gobierno de Mauricio Macri había espiado a las familias de los tripulantes, y lo denunció en la justicia. Un juez federal procesó a Macri y otros once funcionarios y espías. Y ahora, a más de dos años de aquella presentación, parecen encaminarse hacia la impunidad. Otra vez: por qué.
A lo largo de la investigación, encontramos 38 expedientes más en diferentes juzgados del país, hasta componer este mapa de 40 que hoy presentamos, y sin sumar los más de medio centenar que tramitan en el fuero civil.
Y entonces sí; los interrogantes que aparecieron fueron muchos: ¿dónde se instruyen esas causas? ¿Qué jueces y juezas intervienen y quienes son el resto de los actores judiciales? ¿Qué intentan develar esas causas? ¿Tuvieron éxito?
Y el enigma que nos pareció más importante: ¿Por qué la mayoría los desconocemos? Te invitamos a navegar las respuestas.
Aún no se realizaron los peritajes sobre los restos de la nave hallada un año después, a 600 kilómetros de la costa, en Comodoro Rivadavia. Y la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, tampoco definió si va a imputar al expresidente Mauricio Macri, a su ministro de Defensa, Oscar Aguad, ni al entonces jefe máximo de la Armada, Alfredo Srur. Solo cuatro altos mandos de la Fuerza están procesados, porque su impericia o inobservancia de las reglas pudo haber causado la tragedia que le costó la vida a 44 tripulantes.
Desde la desaparición del ARA San Juan, todos los días María Victoria Morales mandaba un mensaje al celular de su hijo, el submarinista Luis Esteban García. «Le decía que no se asuste, que en la Base había mucha gente, que habían llegado sus hermanos de Tucumán con sus familias para esperarlo. Si está sumergido el celular y si está sin señal, obviamente, nunca le llegaban los mensajes. Pero de repente empezaron a aparecer dos tildes», recuerda indignada. «No sospecho, tengo la certeza de que nos espiaron», concluye.
María Victoria es querellante en la causa en la que en diciembre del 2021 el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a Mauricio Macri por seis hechos de espionaje a las familias de los submarinistas desaparecidos. Antes, había procesado a ocho espías y a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lxs funcionarixs que el expresidente nombró al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gestión.
Seis denuncias, una sola con once procesadxs
«De tanto en tanto, me gustaba escuchar su voz», cuenta Zulma Sandoval, la mamá del sonarista del ARA San Juan Celso Vallejos. «Eran los audios que me mandaba para el día de la madre, para el día de mi cumpleaños—sigue y, como si hiciera falta, agrega—: son mensajes lindos, entonces una los guarda». Estas muestras de cariño y la foto del perfil de Celso en WhatsApp se borraron el día en el que el celular de Zulma se empezó a prender y a apagar, después de reunirse con otrxs familiares y una periodista en el centro de Mar del Plata.
Sin embargo, aunque estos hechos no son parte de la única denuncia que llegó a tener procesados por el espionaje a estas familias, la de Celso sí figura entre las víctimas nombradas en el expediente. El 15 de enero de 2018, personal de la AFI siguió y fotografió a Malvinas Vallejos, una de sus hermanas, en una misa por la desaparición del submarino. Y otra vez, el 2 de abril, cuando Malvinas y otra familiar intentaron entregarle una carta al expresidente en el Golf Club de Mar del Plata.
Además de esta, hay otras seis denuncias que en distintos momentos y por distintas circunstancias presentaron lxs familiares porque se sintieron perseguidxs o advirtieron intrusiones en sus teléfonos y redes sociales, por ejemplo.
Sobreseído y justificado: el riesgo de ser espiadxs
En febrero de 2022, Macri logró llevar a Comodoro Py, a manos del juez Julián Ercolini, la causa en la que fue procesado por usar —a sabiendas— la información que los servicios producían sobre las familias de los 44 tripulantes. «Tanto el presidente (Macri) como el ministro (Aguad) sabían lo que les íbamos a preguntar», dice María Victoria.
En julio, la Cámara Federal porteña compuesta por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dictó el sobreseimiento de Macri, sus dos funcionarios y los ocho espías. Argumentan que «la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del Presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional». Este fallo fue apelado por el fiscal de Cámara Juan Iturbe y por las querellas.
Ahora debe resolver la Cámara de Casación, donde el Centro de Estudios Legales y Sociales se presentó para aportar su opinión jurídica pero fue rechazado. El organismo de derechos humanos entiende que este caso trasciende el interés de las partes involucradas. Y aclara que «un riesgo de riesgo sobre la seguridad presidencial» no es motivo para justificar este accionar.
En el amicus curiae los abogados del CELS aseguran que la recopilación de información o la producción de inteligencia por motivo de las opiniones políticas o de la participación de las personas en distinto tipo de organizaciones es un delito que atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la privacidad. Y cualquiera de nosotrxs puede ser la próxima víctima.
Catalina se quedó dormida. Desde que salieron de Mar del Plata no paró de llorar y Emilio maneja como puede, los ojos pesados de lágrimas no ayudan. La tarde comienza a caer sobre la ruta 226. Es un día cualquiera de comienzos de abril de 2018 y ellos vuelven a Olavarría, como cada semana, de una reunión con otros familiares en la que comparten los avances de la investigación. El submarino lleva cinco meses desaparecido en el Atlántico.
Emilio mira al cielo y lo ve: una nube gigante forma un submarino perfectamente delineado, como si las nubes fueran de algodón y alguien hubiera tomado trozos pequeños y los hubiera colocado con cuidado, acá la popa, más allá la proa, hasta la torreta se distingue bien. No lo puede creer.
—Mirá, Caty, un submarino en el cielo.
Despierta a Catalina, ella no entiende hasta que mira por la ventanilla. La ruta gira de golpe hacia la izquierda en una curva cerrada llegando a Balcarce, pero el ARA San Juan sigue ahí.
Milva Benítez
Javier Sahade
Laureano Barrera
Rosario Marina
Lucía Giusiano
Bernardita Castearena
Andrés Macías
Nicolás Freda
Tati Catelani
Verónica Liso