Exclusivo: el documento de criminólogos de Latinoamérica en apoyo a las Madres

 

 

 

La Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC), fundada en Guatemala en 2011, expresa su preocupación acerca de una serie de acontecimientos que están produciéndose en los países de América Latina.

 

Esta Asociación profesa la libertad de los pueblos de nuestra región desde el campo científico, profesional y social llamando la atención a los procesos de criminalización y victimización en nuestra región sobre los sectores más vulnerables. Somos fieles cultores de la democracia representativa, republicana y participativa que defendemos sin cortapisas. Anhelamos su desarrollo en nuestras naciones, propendiendo desde el compromiso intelectual y la praxis ser coprotagonistas de su progreso constante.

 

Observamos que, en algunos países, se recurre a la violencia policial e institucional, vulnerando derechos humanos fundamentales so pretexto de mantener un orden que es –en todo caso– un desborde de poder de sectores hegemónicos.

Denunciamos enfáticamente los crímenes y avasallamientos que supuestamente se cometen en nombre de la democracia, pero que –en realidad– son para mantener el statu quo de la dominación arbitraria desde el Estado, afectando derechos individuales y bienes jurídicos de hondo contenido social.

 

A su vez, presenciamos el triste espectáculo de medios de comunicación, en ocasiones monopolizados por los más poderosos conglomerados económicos, que no vierten las opiniones libres de periodistas críticos sino de aquellos de la prensa parcializada, por lo que terminan apuntalando o legitimando a gobernantes autoritarios.

 

 

Esta prensa que –en algunos países, es propiedad de unas cuantas familias- coadyuva a la construcción social de un imaginario colectivo favorable a la represión (militarización de la fuerza policial, incremento de las penas, hacinamiento y violencia carcelaria) como única línea de política criminal. Todo ello conspira contra una prensa libre, que es fundamental para el desarrollo de la democracia.

 

También denunciamos la –en ocasiones– flagrante manipulación del sistema judicial, transformándolo en un brazo del poder político en vez de preservarse la esencial independencia técnica y administrativa de los magistrados, situación que ha llevado en muchas ocasiones a la impunidad.

 

 

Asistimos entonces a persecuciones políticas, a encarcelamientos de opositores, a veces, por delitos que tan sólo requieren prueba documental para continuar la investigación y otras, por la creación de tipos penales inexistentes.

 

 

Desde los poderes económicos es preocupante ver la modelación del Estado y del Derecho en favor de un nuevo orden global, en el que se arrasa con los derechos de los trabajadores (recorte de prestaciones salariales, aumento exasperado de las edades de jubilación, degradación de los servicios de salud, flexibilización unilateral de las condiciones de trabajo, etc.) y se legisla a favor de las grandes corporaciones multinacionales o sistemas financieros trasnacionales.

 

Se cometen además crímenes tales como la violación de la Constitución con el fin de desestabilizar a la democracia desde dentro de ella, siendo un macabro sistema de ocultación de la verdad y de la construcción de enemigos aparentes a los que se sataniza, cuando –en los hechos– son demócratas victimizados por lo más sórdido y rancio del verticalismo antidemocrático.

 

Nos solidarizamos expresamente en Argentina con las Madres de Plaza de Mayo a quienes pretenden silenciar utilizando métodos como el cierre de su Universidad o el desalojo de los locales en donde desarrollan sus actividades siempre vinculadas a la protección y defensa de los derechos humanos.

 

Hacemos un llamado a la reflexión, a la mirada crítica, a la institucionalidad democrática y a la memoria colectiva para resguardar la liberación que tanta sangre costó en nuestra Patria Grande.