27/6/2022
Ni errores ni excesos en la Masacre de Avellaneda, planificación y decisión política para aniquilar la protesta social, esa que en lo cotidiano resignifica el subsidio estatal en panaderías, bloqueras, herrerías y huertas (…) Piquete que ensanchó un puente que cruzamos muchos, como bajo aquella lluvia de Avellaneda en julio, de dientes apretados, de dolor en piel y huesos, ya con el hueco de Darío y Maxi en el asfalto pero decididos a dar la pelea.
Vicky Daleo, 25 de mayo 2003
“Bueno mire Nora, ese es un enfrentamiento de pobres contra pobres, quédese tranquila”, le dijo el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante una conversación telefónica el mismo 26 de junio de 2002.
Esa fue la versión oficial que el gobierno de Eduardo Duhalde hizo circular cuando los heridos aún seguían llegando al hospital Fiorito, tras aquella feroz represión y cacería de militantes de la que participaron las policías Federal, Bonaerense, además de la Prefectura y la Gendarmería. Y ratifica la hipótesis de las familias Kosteki y Santillán sobre la existencia de un plan de los gobiernos nacional y provincial para enviar una señal ejemplificadora en medio de una situación de altísima conflictividad social, que respondiera a la demanda del poder político y económico de castigar la acción directa que cortaba calles y rutas.
La madre de Maximiliano Kosteki, Mabel Ruiz, hizo la primera denuncia sobre las responsabilidades intelectuales de los funcionarios políticos. Esa causa —la número 14.215/03 que lleva como carátula Ruckauf Carlos, Duhalde Eduardo, Solá Felipe s/homicidio simple— estuvo archivada y aunque fue reabierta hace siete años por la Justicia Federal nada parece indicar que alguno de los acusados deba preocuparse.
LOS HERIDOS EN EL FIORITO
En medio de un relato de horror de lo que Cortiñas vió en el Fiorito, hasta donde se había extendido la cacería represiva de militantes, recordó a Aurora Cividino, una de las heridas de bala durante la masacre que jamás recibió reparación alguna.
“Por esos días había muchos movimientos sociales en las calles con reclamos en todo el país, yo estaba atenta a los acontecimientos porque había mucha ebullición e inquietud. El 26 recibí un llamado de una compañera que me decía que había una gran represión en el puente Pueyrredón”, dijo la referente de Madres Línea Fundadora en su declaración en los Tribunales Federales el 29 de octubre de 2015.
Y reseñó que tras verificar esto en las imágenes de la televisión se puso en comunicación con otras Madres, con el pastor José De Luca, de la Iglesia Evangélica Metodista, y con Adolfo Pérez Esquivel.
Querían ir a la zona pero antes decidieron llamar al gobernador Solá. Recién lo lograron por la tarde. Dos veces le repitió Solá a Cortiñas que había sido un “enfrentamiento de pobres contra pobres”, y cuando ella le dijo que había muertos el ex funcionario y ex canciller le respondió que se quedara tranquila porque “fue entre ellos”. La Madre de Plaza de Mayo destacó que esa frase la lastimó y le quedó grabada para siempre.
“Fuimos con Pérez Esquivel y De Luca a ver los heridos en el Fiorito, y ahí vi a Aurora, herida de bala, toda magullada, mal muy mal, descompuesta, no podía creer lo que había vivido. Después recorrí otras salas y vi a hombres jóvenes lastimados, ensangrentados, como una guerra era la visión. No podíamos creer tanta criminalidad, tanta represión a un grupo de trabajadores que reclamaban justamente”, dijo.
LA CERTEZA DE NORA: “Eso había sido preparado”
Cortiñas agregó que tuvo la “certeza de que eso había sido preparado muy fríamente por el propio gobierno provincial y nacional, había la intención de salir a matar, de reprimir fuertemente para ejemplificar y disciplinar al pueblo para que no emitiera sus reclamos”.
Le preguntaron a Cortiñas en qué basaba tal convicción, y ella respondió que “días anteriores había malestar y murmullos de que se estaba preparando algo para esa manifestación, para frenarla, todo lo que vi por televisión me pareció muy organizado, con la policía muy preparada para salir a escarmentar. Solo podía ser desde una orden del presidente y del gobernador dirigiendo a la policía para que frenara la movilización con las armas, y si tenían que matar, mataban. No creo que salieran de esa manera sin una orden”.
En ese momento de la declaración, Cortiñas volvió sobre Aurora. “La vi hace poco, salió tan lastimada de esa masacre y no encontró después de tantos años una atención por parte del Estado responsable. Muchas personas quedaron lastimadas y con un estado psíquico deteriorado por ese momento de represión”, dijo.
En sus palabras, fue “el mayor estado de horror haber visto que después que balearon a Maxi, su compañero Darío fue a socorrerlo y también lo hieren de muerte en ese estado de salvajismo”.
Nora Cortiñas concluyó que es necesario dejar constancia de la “gran responsabilidad del gobierno y del Estado, que los heridos no recibieron hasta hoy la atención debida, y que no se ha implementado la justicia correspondiente a los responsables políticos”.
A veinte años de los hechos, la deuda con esas víctimas sigue sin ser saldada.
EL PLAN
Una semana antes que Cortiñas, había declarado en los tribunales de Comodoro Py Oscar Laborde.
En el momento de la masacre, Laborde era intendente de Avellaneda y cuando declaró era el representante especial para la Integración Económica y Social de la Cancillería. En la reabierta causa la querella —que impulsaba en ese momento la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la APDH La Matanza—seguía sosteniendo que hubo un plan detrás de la luz verde que tuvieron cuatro fuerzas policiales y de seguridad para desplegar la cacería de militantes de esa jornada.
“Los gobiernos de Duhalde y Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera”, dijo Laborde al sitio Ojos Vendados.
CAUSA CERRADA
En 2010 el juez Ariel Lijo y el fiscal Miguel Osorio habían cerrado el expediente al considerar que “no había nada”, y explicando que para poder avanzar necesitaban “nombres”. Laborde los aportó.
Contó, por ejemplo, que el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en la represión. ¿Por qué? ¿Qué había que ocultar?
También relató que cuando le dijo a Felipe Solá que a su criterio los gobiernos nacional y provincial habían actuado en conjunto, el ex gobernador le respondió que “lo habían puenteado”. Y recordó que en el municipio quiso armar un plan de acción porque los antecedentes le generaban “preocupación” respecto de la integridad de los manifestantes.
“Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave, le dije al comisario Fanchiotti que no quería un muerto en Avellaneda”.
SE VEÍA VENIR
Ante la fiscal federal Paloma Ochoa, en quien delegó la reactivada investigación el juez Lijo, Laborde hizo un relato detallado de aquellas horas previas y posteriores a la masacre en el puente, la estación renombrada Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y sus alrededores.
El ex intendente de Avellaneda describió que el 26 de junio de 2002, a las 9 de la mañana se reunió el gabinete municipal y elaboraron un plan de acción.
“Expresé la preocupación que tenía por tres informaciones: una era la afirmación de (Carlos) Ruckauf donde reivindicaba el decreto firmado en el año ’75, cuando era ministro de Isabel Perón (en alusión al decreto con el cual ordenó a las Fuerzas Armadas ‘aniquilar el accionar de los elementos subversivos’). La otra era las declaraciones del jefe de Gabinete (Alfredo) Atanasof, donde decía que si querían subir al puente iba a haber una guerra, y tercero era la información del hospital Fiorito, que había recibido la orden de retirar a todos los pacientes excepto a los de terapia intensiva. Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave”. Fuentes judiciales consultadas por Perycia indicaron que en el expediente no hay constancias de que ese centro asistencial haya sido avisado de lo que sucedería.
En su declaración testimonial, Laborde dijo que “ya en la conversación que había tenido con el comisario Fanchiotti la noche anterior sabía que iba a haber un clima de combatividad ese día, porque en realidad en Avellaneda teníamos periódicamente cortes en el puente y nunca había habido un clima así”. En esa discusión el funcionario le dijo al policía que no quería un muerto en Avellaneda.
CON EL GOBERNADOR
Laborde dijo que estuvo en la municipalidad hasta las 16 y que luego se fue a La Plata para entrevistarse con Solá.
Ante las preguntas de los abogados querellantes, el testigo describió que en esa oportunidad le dijo a Solá “que a los manifestantes los había matado la policía, tenía el testimonio directo de una persona en los brazos de la cual había desfallecido Santillán. Esta persona (Osvaldo Baqueiro) recibió amenazas personales y tuvo un accidente automovilístico por la rotura de los frenos.
“Le dije Solá que en mi opinión el gobierno nacional y provincial habían actuado en conjunto. Me dijo que había sido ‘puenteado’, lo cual me pareció muy extraño y se lo dije”, agregó el ex funcionario.
LA PREFECTURA: De eso no querían hablar
“Hablé con Juan José Alvarez por el tema de que un empleado municipal, Silvio Pereyra, había recibido una bala de plomo, le impactó en la clavícula, la conservó y me vino a ver.
Álvarez me dijo que había un programa que estaba por salir con el testimonio de este empleado, y que él había visto marchar por Irigoyen persiguiendo a los manifestantes tanto a la Bonaerense como a los ‘marrones’, refiriéndose a personal de la Prefectura.
Me pidió que no saliera en el programa porque si era así quería decir que Prefectura había bajado a Avellaneda», dijo Laborde.
LOS EJECUTORES
En otro tramo de su declaración, Laborde expresó: “Durante ese día percibí una persecución generalizada no sólo sobre el puente, en barrios como Gerli o Villa Tranquila, tenía testimonio de arrestos de manifestantes».
«Otra cosa extraña fue que sobre Mitre hicieron bajar a la gente de un colectivo de línea y tiraron una molotov adentro, eso era para dar la impresión de un caos generalizado en la ciudad”, dijo el ex funcionario. Sobre ese hecho afirmó tener “la versión de que los autores habrían sido dos oficiales de la primera de Avellaneda vestidos de civil”.
Laborde detalló que “unas 400 personas se refugiaron en un establecimiento municipal cercano a la estación (auditorio Faure), Fanchiotti intentó junto a cuatro policías ingresar violentamente presionando la puerta de ingreso. Ahí Baqueiro me relata que cuando sale ve caída a una persona, que luego supo que era Santillán, y cuando la levanta ve que tenía un chorro de sangre que le corría por la espalda, lo suben a una camioneta y finalmente fallece en el hospital Fiorito”.
LOS ESPÍAS
Dijo Laborde que cuando estuvo con Solá le habló de la información que tenía sobre los manifestantes, le preguntó por las razones del desalojo del Fiorito y por qué la policía había pisado el puente sin autorización provincial.
“Solá me dijo que no sabía nada, que estaba desbordado”.
De las conversaciones que tuvo el 26 con el entonces comisario Fanchiotti, el ex intendente recuerda que en una de ellas el policía le dijo que estaba en diálogo con Oscar Rodríguez, en ese momento el número dos de la SIDE que conducía Carlos Soria.
Luego de dos décadas, los investigadores aún no pudieron conseguir en la actual AFI (Agencia Federal de Inteligencia) la evidencia de esas conversaciones.
NO USARON LA FRECUENCIA POLICIAL
También detalló que se enteró por Marcelo Saín que ese día los policías no usaron una frecuencia especial, como suele suceder cuando hay un evento especial, sino “handys que no eran de la fuerza, es decir que tuvieron un sistema de comunicación propio” pero que no había sido provisto por la policía.
Cuando la fiscal Ochoa preguntó a Laborde si quería agregar algo, dijo: “Tengo la convicción sobre la articulación que hubo entre el gobierno nacional y provincial, el rol que tuvieron Atanasof y Rodríguez”.
Se estaba refiriendo a la respuesta represiva del aquel gobierno ante quienes lo caracterizaban como débil frente a la protesta social, por caso, al presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Eduardo Escasany, que pidió a la clase política que ponga orden y acabe con los piquetes.
LA CARPETA Y LOS INFILTRADOS
La querella le preguntó al testigo si sabía sobre reuniones que habían realizado los movimientos piqueteros en mayo de ese año y días previos a la masacre, en un teatro de Avellaneda y en el polideportivo Gatica de Villa Domínico.
El 22 y 23 de junio se había realizado la Asamblea Piquetera Nacional y allí los agentes espías de la SIDE habían tomado nota, enviados por Soria, de que los piqueteros habrían estado infiltrados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y de que “se habló de revolución, de toma del poder y caos”.
Con eso y otros recortes de prensa la SIDE armó la carpeta que le había pedido el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, con precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podrían configurar algún delito contra la democracia”.
Y así fue, el gobierno de Duhalde dio instrucciones al procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”.
Era la pata judicial del entramado que cerraba con el micro incendiado y los militantes “matándose entre ellos”, tal cómo salieron a decir enseguida sus funcionarios.
A estos hechos se refieren los familiares y compañeros de Darío cuando hablan de un plan político, del que habrían participado varios miembros de su gabinete: Vanossi, Atanasof, Alvarez, el fallecido Soria, Rodríguez y el entonces secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández, además de Solá, e incluso algún empresario de medios que difundió la primera versión del “enfrentamiento”.
DESPUÉS DE LOS DISPAROS
“Sabíamos desde hace veinte días que iba a suceder una cosa de estas características, en el estadio Gatica se organizaba una asamblea de piqueteros en la que se habló de lucha armada, se definió un plan de lucha que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”, dijo Aníbal Fernández a pocas horas de la masacre, modificando “plan de lucha” por “lucha armada” sin ninguna inocencia.
Años más tarde le tiraría el fardo a Solá. “Mientras buscábamos (sic) a Kosteki y Santillán él estaba tomando mate con el asesino, hay fotos de él con (el comisario Alfredo) Fanchiotti”, dijo en septiembre de 2015 el programa Plan M sobre el ex gobernador bonaerense.
Enseguida Fernández se enojó ante la insistencia del periodista Diego Genoud. “Me había ido del país y volví el 26 a la tarde, a los chicos (sic) los habían matado a la mañana, qué tengo que ver con la seguridad si era secretario general de la Presidencia, es tonta la acotación, es irresponsable poner en la cabeza de otro algo que te queda cómodo a tu discurso”. Y agregó que dentro de aquel Gabinete él se habría pronunciado por no confrontar con los piqueteros.
Sin embargo, sus palabras trece años antes ponen en evidencia hasta qué punto sí tuvo que ver.
El combo “se mataron entre ellos porque se pelearon en busca de tomar el poder”, entonces “reprimo porque se viene el caos y vienen por mí” era lo que creía que necesitaba Duhalde para sobrevivir pero terminó anticipando su salida del gobierno.
EL EXPEDIENTE PERDIDO
Las secuencias fotográficas de los asesinatos, tomadas por Sergio Kowalewski, que obtuvo esta periodista para Página12, y las de Pepe Mateos (que Clarín tenía pero no usó el primer día, como evidenció el documental La crisis causó dos nuevas muertes), le cambiaron los planes.
La maniobra se caía a pedazos, pero igualmente el 27 de junio entraba a Tribunales la denuncia contra los piqueteros.
El informe de inteligencia —que hablaba de la influencia de las FARC sobre ellos— fue elevado a Vanossi, quien lo compartió con los jefes de las distintas fuerzas federales.
Pretendían que la justicia federal investigara “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podían configurar algún tipo de delito contra la ley de Defensa de la Democracia”. Ahí estaba el origen de la cobertura legal que planeaban darle al operativo del Puente.
Esa causa, que en Comodoro Py llamaban del “Complot”, en la que acusaban a los manifestantes de 17 delitos, fue archivada gracias a la intervención colectiva de organizaciones antirrepresivas y organismos de derechos humanos. Uno de los hallazgos más increíbles de esta agencia fue escuchar de fuentes judiciales que no hay rastros de ese expediente en el juzgado que ahora ocupa Daniel Rafecas.
SIN INVESTIGACIÓN
Antes de pedir el cierre de la causa por las responsabilidades políticas del crimen de Kosteki y Santillán, el fiscal Miguel Osorio dijo que quedaban medidas por hacer, como un allanamiento de la división Inteligencia de la policía Bonaerense, en lugar del pedido por oficio como ordenó el juez Lijo, que fue respondido por Carlos Stornelli con un previsible “no hay nada” de interés para la causa.
Y un nuevo cruce de centenares de llamadas telefónicas. ¿No había nada?
Los actuales investigadores ratifican que no se pudieron verificar contactos vinculados a algún tipo de planificación. Pero aclaran que las conversaciones más importantes de ese día no quedaron registradas.
EL POLICÍA Y SUS ABEJAS
La abogada de la causa, Paula Alvarado Mamani, pertenece al pueblo indígena kolla. Desde 2014 acompaña a la familia Santillán, y desde hace dos años a Mara Kosteki, la hermana menor de Maximiliano.
“La fiscala te atiende en forma muy amable, nos pidió testimonios, se los llevamos. Sin embargo, para ella y su equipo no hay mérito para avanzar”, dice en diálogo con Perycia. “Y en la otra causa, recibimos un escrito bastante grosero del ex policía Fanchiotti que cada vez que puede intenta pedir la libertad condicional, ahora dice que estudia apicultura y quiere salir a ver a las abejas. Esto fue un crimen de Estado, y lo que pasó hace veinte años puede pasar hoy. Estamos a la deriva, las mismas situaciones que llevaron al asesinato de Darío y Maxi, a que 35 compañeros resultaran heridos nos pueden pasar porque esta sociedad no nos contempla”, agrega.
La abogada explica que tras la reapertura de la causa se produjeron once declaraciones testimoniales con el objetivo de probar
- la desmesura del despliegue de fuerzas y del operativo
- la anormal intervención de la Prefectura en territorio bonaerense
- la desproporcionada y brutal represión que incluyó persecución más allá de la localidad de Avellaneda
- la intervención de servicios de inteligencia de fuerzas federales
- la relación de Fanchiotti con Oscar Rodríguez y la SIDE
- la responsabilidad de Juan José Álvarez en el ocultamiento de la participación de la Prefectura.
¿POR QUÉ NO AVANZA LA CAUSA?
Muchos funcionarios y abogados pasaron por el expediente. La Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) acompañó a la querella en coordinación con el abogado Maximiliano Medina. Sin embargo, el ex procurador Félix Crous recibió una vez a sus abogadas y les dijo que no podía hacer nada. “En la Procuvin le decían a Alberto en la cara ‘no te atendemos’”, explica Alvarado Mamani.
También se reunieron con la fiscal Cristina Caamaño por las conversaciones telefónicas. Esa prueba parecía activarse cuando la funcionaria estuvo en la AFI, algo que ahora se habría frustrado con su reciente alejamiento de la central de los espías vernáculos.
Alvarado Mamani también representa a dos heridos de aquellos días. Tuvieron encuentros con sendas secretarías de Derechos Humanos de Nación y provincia. “No fueron buenas reuniones, un asesor de (Horacio) Pietragalla dijo que a ellos les convenía llevar todo a la CIDH. No hubo buena recepción, pero entendiendo que algunos de los compañeros del Poder Ejecutivo son responsables de la masacre, es decir que no íbamos con muchas pretensiones”, explica.
DUHALDE ADMITE QUE DIÓ LA ORDEN
Algunos de los políticos que protagonizaron este episodio histórico bisagra parecen más dispuestos a hablar en entrevistas, de modo que la querella reactivaría la estrategia judicial en base a las recientes notas realizadas por el documentalista Patricio Escobar a Duhalde, Solá y Juan José Álvarez.
En ese sentido se produjeron las declaraciones testimoniales de Escobar y Alejandro Bercovich, autores del documental Diciembre donde el ex presidente admite que él dió la órden de que los piqueteros ese día no debían cortar el puente ni impedir el paso a Capital.
Otra de las posibilidades estratégicas sería obtener un pronunciamiento por falta de compromiso y denegación de justicia, y en ese caso irían al sistema interamericano.
“No vamos a dejar que el caso prescriba, nuestro planteo es que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por eso fue un crimen de Estado, pero la fiscal no comparte el enfoque”, dice la abogada. Perycia le preguntó si acaso la causa se mantiene abierta para no pagar el costo político de cerrarla, pero tampoco es activada también por el costo político que implicaría. “Exacto”, respondió Alvarado Mamani.
LA PROMESA QUE KIRCHNER NO CUMPLIÓ
A pocas horas de volver a subir al Puente Pueyrredón, como todos los 26 de junio, Alberto Santillán insistió en que para la familia “ir hasta las últimas consecuencias” no es una frase hecha. “Queremos ir más allá, queremos que el Estado informe quién se reunió con quién. Como papá de Darío digo lo mismo desde hace 20 años, la denuncia es hacia la Justicia y hacia el poder político respecto de la inacción y no tener la menor voluntad en investigar caiga quien caiga, como en su momento me había prometido Kirchner pero no cumplió”.
