Femicidio de Cecilia Basaldúa: una causa reñida con la verdad

30/6/2022

Este viernes en los tribunales de Cruz del Eje, Córdoba, llega a su fin el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa que tiene a un joven como acusado y una larga lista de irregularidades en su investigación. Daniela Pavón, abogada de la querella, fue invitada en el marco del taller “Los expedientes judiciales en clave periodística” de Perycia y dio detalles sobre la causa: “Llegamos a un juicio con ninguna prueba directa que vincule a Lucas Bustos —acusado de femicidio— con Cecilia”, afirmó.

Como estaba previsto, las audiencias se llevaron adelante en Cruz del Eje por la cercanía con esta localidad de las personas que fueron convocadas como juradxs populares y porque el imputado se encontraba detenido allí, pero contó con la actuación de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores.

El juicio comenzó el 2 de mayo y a lo largo de las doce audiencias declararon numerosos testigos: tan solo en la quinta fueron once los que comparecieron frente al jurado popular. 

Cecilia en Capilla del Monte

Para poder explayarse en las irregularidades que se cometieron durante la investigación, Daniela Pavón recapitula y cuenta quién era Cecilia y qué pasó a partir de su desaparición: 

Cecilia Basaldúa era una joven de 35 años que hacía cinco venía viajando por América Latina y para concluir decidió ir a Capilla del Monte, en Córdoba, a escribir su libro. Llegó a esa ciudad el 19 de marzo de 2020, un día antes de que se decretara la cuarentena estricta. La situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (por el Covid-19) trajo problemas y se encontró con que no podía quedarse en ningún lugar. 

La abogada señala que la joven estuvo varios días buscando alojamiento hasta que  una persona le ofreció una casita que estaba desocupada y le permitió quedarse. «Era un lugar bastante inseguro para ella: se cortaba la luz, era muy austero, tenía lo básico y la puerta no cerraba. Allí estuvo cuatro o cinco días y a raíz de esos inconvenientes volvió a contactar a esa persona, quien le dio alojamiento en la casa de un amigo en donde estuvo cuatro o cinco días más, hasta el 5 de abril, día que se perdió su rastro». 

La última vez que la familia tomó contacto con ella fue el sábado 4 de abril. «Esta persona —que es la última que la vio con vida— se contactó con la familia tres días después de la desaparición y les dijo que Cecilia se había ido de su casa con un brote psicótico dejando todos sus elementos personales en ese lugar», resume Pavón. 

Desaparición y búsqueda

La familia hizo la denuncia en Buenos Aires —ya que eran de Núñez— y se la comenzó a buscar seis días después de la última vez que estas personas dicen haberla visto, a pesar de que en Córdoba hay, desde 2019, un protocolo de búsqueda inmediata de cualquier mujer desaparecida. “Acá arrancamos con las falencias tanto de la Policía como del Poder Judicial”, advierte la abogada.

Veinte días después de su desaparición hallaron el cuerpo de Cecilia al costado de un río con signos de haber sido abusada sexualmente y asfixiada.

A las 48 horas se detuvo a un lugareño, Lucas Bustos, un joven de bajos recursos que tiene una leve discapacidad intelectual. La policía lo interrogó en calidad de testigo y hubo una supuesta confesión. “Esto fue en sede policial, sin ninguna constancia, ningún acta, ningún abogado”, destaca Pavón. 

Lucas quedó detenido y al otro día su hermano, que también había sido interrogado con el mismo modus operandi por parte de la policía, denunció apremios ilegales, en una provincia alertada por la interacción violenta de las fuerzas de seguridad. “Ahí se inicia el proceso de investigación con esta persona como acusado”, señala.   

Una investigación plagada de irregularidades

Daniela Pavón asumió como abogada querellante de la familia el 30 de abril, a los pocos días de haberse encontrado el cuerpo de Cecilia y de la detención del joven.

Durante la autopsia se determinó la causa de su muerte y comenzó la investigación que terminó con una elevación a juicio “con ninguna prueba directa que vincule a este chico, acusado de femicidio, con Cecilia”, indica.

Enseguida identificaron numerosas irregularidades vinculadas al accionar de la policía; también quedaron expuestas las contradicciones de los testimonios, algunxs decían haberla visto y después no podían ratificarlo. “Se notaba que era una causa armada completamente y se dejó también expuesta la falta de perspectiva de género”, asegura. 

A Cecilia se le realizaron numerosas pericias post mortem para cotejar la declaración de que había tenido un brote psicótico, sin tener en cuenta lo que su familia decía de ella. “Se instaló esto para seguir esta investigación adelante y de cierta manera también para tener apartadas de la investigación a estas personas que nosotros desde el principio nos planteamos como sospechosos, que son las últimas personas que la ven con vida a Cecilia, sobre todo Viviana Juárez, la mujer que la lleva de un lado para el otro”, afirma Pavón. 

No solo la policía habría direccionado la causa, aduciendo que Lucas había confesado, sino que también lo habría hecho el cuerpo técnico que realizó las pericias. Daniela lo explica de esta manera: “Las pericias que se hicieron en torno a Cecilia y a este chico acusado ya contaban con numerosos elementos sabidos de antemano, como la condición social de este chico, el trabajo rural que realizaba, pero nunca se encontró vinculación alguna y tampoco hay transferencia de víctima a victimario. En el cuerpo de Cecilia, en todos los elementos que se tomaron, no había nada de Lucas Bustos”. 

Las mencionadas no son las únicas irregularidades señaladas por la querella. También lo es la aparición del cuerpo de Cecilia en una zona que ya había sido rastrillada y sin signos de descomposición que son típicos de la exposición de cualquier cuerpo al ambiente durante tantos días. Esto indicaría que el cuerpo fue plantado.

La prueba ignorada por la fiscal

Además, al llegar a la última audiencia de testimoniales, la querella presentó una nueva prueba: la declaración de los propietarios de una casa deshabitada que se hallaba muy cerca de donde había sido encontrada Cecilia y que, al ingresar a la misma diez o quince días después de hallado el cuerpo, presentaba un escenario de crimen, con colchones llenos de sangre. 

La fiscalía no lo tuvo en cuenta y nunca se investigó pese a que la conocía desde mayo de 2020, pero la querella pidió la suspensión del juicio y solicitó el cotejo de ADN hallado en ese lugar. La sorpresa fue mayúscula: de todas las muestras que habían sido preservadas y recolectadas en esa casa, ninguna servía por la forma en que habían sido tomadas.

“Estaban sumamente degradadas, así que tampoco pudimos cotejar ADN. Hoy estamos a la espera, hasta el viernes, de los resultados de unos cabellos que se encontraron que es lo único que puede arrojar algún perfil de ADN”.

La querella hizo el planteo para incorporar esta nueva prueba y la Cámara hizo lugar, a pesar de que la etapa de instrucción se cerró hace tiempo, porque eran evidentes las irregularidades. 

“Pruebas contra Lucas no hay”

El viernes 1 de julio es la última audiencia del juicio donde se leerán los alegatos y el jurado deliberará a fin de llegar a una sentencia. En Córdoba los femicidios se juzgan con jurados populares integrados por ocho titulares y ocho suplentes, y el veredicto es por mayoría simple. Si hubiera empate el Presidente del tribunal también votaría.

“Pruebas contra Lucas no hay”, dice la abogada querellante, y añade: “se le secuestró ropa en su casa, algunas con manchas de sangre y de semen que pertenecían a él, la vegetación que había en sus ropas no se coincide con la vegetación que presentaba la ropa de Cecilia y del lugar donde hallaron el cuerpo, se hizo cotejo de ADN y todos dieron negativo. Se secuestraron pelos que dieron como resultado que pertenecían a su linaje, es decir, a sus hermanas. No hay nada. La realidad es que lo único que hay son dichos de policías que dicen que este chico se habría auto incriminado”.

El día que Lucas declaró en la comisaría, una persona de civil que estaba por una situación particular escuchó que lo presionaban : “Decí la verdad porque vas a terminar en cana como tu hermano”. Lucas tiene un hermano preso con una condena de doce años por el robo de un teléfono celular. Si bien Pavón señala que no tuvo acceso a esa causa, pudo saber que ninguna de las personas denunciantes reconoció al hermano de Lucas como autor del delito.

Daniela Pavón es clara: “La condición socioeconómica de Lucas y su retraso madurativo constatado nos indica que es la persona ideal para estar en este lugar y seguir encubriendo a los verdaderos asesinos de Cecilia. En razón de la demora del juicio y de que se había excedido el plazo que se estipula para la prisión preventiva, que es de dos años, la defensa de Lucas Bustos pidió el cese de prisión para que transcurra lo que falta del juicio libre. Y nosotros acompañamos ese pedido. La particularidad de este juicio, que no se ve mucho, es que la querella no está acompañando la acusación de la fiscal”.

El fiscal de Cámara, Sergio Cuello, asumió al inicio el compromiso con la familia de Cecilia de llegar a la verdad, diferenciándose de la fiscal a cargo de la instrucción Paula Kelm, “pero creo que va a acusar, porque también hay intereses. Vemos que se está protegiendo a la fiscal y vamos a solicitar el jury de enjuiciamiento. Creemos que el fiscal Cuello no va a asumir el compromiso de llegar a la verdad y sí va a acusar, pese a que no hay pruebas directas que vinculen a Lucas”.

La víctima en la mira judicial

“Les pareció extraño el modo de vida de viajera de Cecilia, se puso el foco en eso”, señala la abogada, y agrega: “Durante la investigación se ventilaron aspectos muy personales de Cecilia, se revisó la computadora donde tenía sus escritos y se basaron en esos escritos para decir que ella alucinaba. No se tuvieron en cuenta aspectos relacionados al círculo íntimo de Cecilia, no se le preguntó a la familia cómo era ella, qué habilidades tenía”. 

Esto añade otra cuestión que tiene que ver con el vínculo víctima-victimario y que no se tuvo en cuenta en la investigación: “Lucas Bustos es muy menudito, con un peso más bajo que el que tenía Cecilia y ella era cinturón negro de artes marciales, era muy instruida a nivel físico, se podría haber defendido. Todas esas cosas no se tuvieron en cuenta, por eso planteamos que este hecho no fue cometido por una sola persona y que el cuerpo fue dejado en ese lugar”. 

¿Qué quiere la querella? “La intención de nuestra parte, el resultado que queremos obtener es la absolución de este chico y que se remitan las actuaciones a otra fiscalía donde investiguen. Seguramente muchas pruebas que podríamos haber tenido en esos momentos ya no están, pero la familia siempre tuvo presente que no querían un culpable preso sino que querían a los verdaderos asesinos”.

Daniela Pavón considera que el caso de Cecilia es un antes y un después porque la fuerza de la familia, la lucha en las calles, fue muy importante. “El proceso ha sido sostenido y llegamos a donde llegamos por la colaboración de las organizaciones feministas. Eso hay que destacarlo. Hemos llegado a Buenos Aires, hemos estado con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que se constituyeron como querellantes”. 

Desde la citada Secretaría, el director de Políticas contra la Violencia Institucional Mariano Przybylski le dice a Perycia: “es una vergüenza que Bustos esté como imputado en la causa” y observa que el Tribunal está atento a las irregularidades de la investigación y por este motivo aceptó la excarcelación del joven. “Es rarísimo que una persona esté en prisión preventiva dos años —durante toda la investigación— y cuando ya está cerca la sentencia revoquen la prisión preventiva y lo excarcelen. Entiendo que esto tiene que ver con lo que se está viendo en el debate”, dice.

La lupa sobre la policía

Para la familia y para Daniela la consecuencia más grave es que se le dieron dos años de ventaja a los asesinos.

“Durante el transcurso de ese tiempo la familia fue muy maltratada y no se la escuchó, no se atendió a la Ley de víctimas”. Antes de que Daniela asumiera su representación, la familia Basaldúa tenía una abogada que los asistió y que, en un giro inexplicable, terminó siendo abogada defensora de la persona que la querella indica como el primer sospechoso, Mario Mainardi, a quien no se investigó.

“Existe la particularidad de que en la División de Investigación de la Policía de Capilla del Monte, que estuvo a cargo de esta investigación, tres policías hoy están investigados por hechos de violencia de género. Uno fue cesanteado, otro declaró desde la cárcel y otro ya está en libertad pero tuvo procesos en su contra por violencia de género”.

Uno de esos policías, que declaró en el juicio desde la cárcel, se presentó a la familia Basaldúa como el responsable de llevar adelante la investigación. A él se le suma el ex director de Defensa Civil, Diego Concha, encargado de buscar a Cecilia y a todas las mujeres que se perdían o desaparecían, y que hoy está preso por abusar sexualmente de una subordinada que luego se suicidó, también acusado por violencia de género contra su mujer.

“Claramente tenemos acá en Córdoba un alto porcentaje de violentos denunciados dentro de las fuerzas policiales y esto nos lleva a preguntarnos si hay algún filtro dentro de las fuerzas, si los capacitan, los someten a un pericia psiquiátrica”, dice Daniela.

La audiencia final

“Justicia que encubre, patriarcado que mata”, dice la convocatoria del Equipo de Trabajo Justicia por Cecilia y del Ni Una Menos Córdoba para la audiencia de este viernes en donde se leerán los alegatos y, tras la deliberación del jurado popular, se conocerá la sentencia. 

Las organizaciones convocan a partir de las 10 de la mañana en los tribunales de Cruz del Eje y en los de Córdoba. Entre sus exigencias está el juicio político a la fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm.