5/1/2022
Imagen de portada: Interior de un avión usado en los vuelos de la muerte. Museo Aeronáutico de Morón. Foto: Helen Zout.
“Me gustaría ver qué sale en el diario ahora”, dijo Martín Arancibia con la emoción apoyada cómodamente en su rostro. El diario es Clarín. Y aquel 4 de julio de 2022, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°2 de San Martín apenas había terminado de leer el veredicto en la primera causa en la que se juzgaron los Vuelos de la Muerte que partieron desde Campo de Mayo. Hubo sorpresa con la referencia al diario argentino. Pero los jueces decidieron aceptar el pedido de la fiscalía y por eso fallaron: “Remitir copias de los testimonios al Grupo Clarín para que adecuen conforme a lo resuelto, la nota ‘Buscan a familiares de dos niños abandonados’, publicada el 24 de noviembre de 1977”.
Los dos niños, Martín y su hermana Adriana, no habían sido abandonados. Su padre y madre habían sido secuestrados. El de Roberto Ramón Arancibia, militante del PRT-ERP, fue 1 de los apenas 4 casos que se tomaron en el histórico juicio. En julio se conoció la sentencia. Clarín todavía no cumplió la orden judicial.
No es sencillo resumir el 2022 en torno de los juicios por crímenes de lesa humanidad en una sola nota periodística. Pero la convención del balance nos trajo hasta aquí, y ese ejemplo tal vez sea un buen comienzo. Al menos refleja lo que fue la conclusión judicial de un debate histórico. Nunca se habían juzgado los Vuelos de la Muerte desde Campo de Mayo. Solo un expediente judicial se había ocupado de la operatoria más utilizada por las fuerzas genocidas para desaparecer cuerpos, pero en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La confesión del marino Adolfo Scilingo sirvió para conocer cómo operaban los Vuelos, tanto como para circunscribir su operatoria en el imaginario social a la ESMA. Si bien sobrevivientes habían dado cuenta de que en Campo de Mayo —la megaciudad militar de la provincia de Buenos Aires en la que funcionaron varios Centros Clandestinos de Detención, Torturas y Exterminio— también se había utilizado la operatoria macabra de los Vuelos de la muerte, nunca se habían juzgado específicamente esos delitos. Incluso el cuerpo del Negrito Floreal Avellaneda, un joven militante del Partido Comunista de 16 años, apareció en las costas uruguayas, y fue fotografiado antes de que lo volvieran a desaparecer. Su caso se juzgó en 2009 en el primer juicio de la megacausa Campo de Mayo, lo que demuestra que ya se conocía ese “destino final”, aunque quizá todavía no la dimensión.
El juicio por los Vuelos fue demoledor en varios sentidos. Sobraron las pruebas para condenar a perpetua a los cuatro imputados que llegaron al día del veredicto: Santiago Riveros, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Luis del Valle Arce. Pero además resultó muy conmocionante escuchar los relatos de los principales testigos: los exconscriptos, pibes de entre 18 y 20 años en la época de los hechos, a quienes les tocó realizar la colimba en el Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo. Desde allí partieron los Twin Otter, luego renovados por flamantes Fiat G-222 traídos desde Europa por uno de los condenados, Delsis Malacalza. Algún “colimba” vio cómo traían a los prisioneros; otro observó cómo los bajaban en la pista. Varios se quebraron al relatar la subida a los aviones de personas con mal aspecto y tambaleantes, seguramente ya drogadas para ser transportadas hacia su macabro destino final: el Río de La Plata o el mar.
Decenas de cuerpos aparecieron en las costas bonaerenses, fundamentalmente en 1976 y 1977. Fueron enterrados como NN en diferentes cementerios e identificados luego por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que en algunos casos constató que sus lesiones óseas eran compatibles con haber sido arrojados desde altura. Por cuatro de esas víctimas se realizó este tramo de la causa: Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Juan Carlos Rosace y Adrián Enrique Accrescimbeni.
La visita ocular al Batallón en el marco del juicio sirvió para varias cosas. Se observaron en la torre de control de la pista de aterrizaje un par de homenajes incómodos: una gran pintura del artista Exequiel Martínez en la que se observan varios de los aviones Fiat G-222 que se trajeron específicamente para los Vuelos de la Muerte. También había una placa dorada de Malacalza “al Comando de Aviación del Ejército en conmemoración del Primer Cruce del Atlántico por una aeronave Fiat G-222 del Ejército argentino-Junio 2 año 2000”. También fue impactante observar algunos de los aviones utilizados, a punto de ser licitados como chatarra.
Luego de la visita judicial, todavía en pleno juicio, se ordenó preservarlos, y se espera que el año próximo formen parte del Espacio de Memoria que se proyecta dentro del predio del Ejército. Será el primer pie que apoye la democracia en Campo de Mayo. ¿Acaso alguien puede imaginarse la ESMA en manos de los marinos hoy? Seguro que no. Sin embargo, pocas voces se preguntan por qué Campo de Mayo todavía sigue en manos de la fuerza perpetradora del genocidio con mayores responsabilidades.
Al finalizar el juicio, se realizó un señalamiento frente al ingreso al Batallón de Aviación. Ese día, por orden del Ministro de Defensa Jorge Taiana, se retiraron el cuadro y la placa que tanta incomodidad habían causado durante la ocular. El cierre exitoso de este primer tramo impulsó también una causa que se tramita en Dolores, y en el que ya fueron procesados el exjuez Carlos Facio y una docena de policías y funcionarios catrastrales de la zona. La trama de ocultamiento de los cuerpos que aparecían en las costas podría llegar a juicio en 2023.
El Milagro de Blaquier
Por supuesto que el de Vuelos de la muerte desde Campo de Mayo no fue el único juicio que terminó este año, pero sí quizá uno de los más relevantes, junto al tramo más grande de la atomizada Megacausa Campo de Mayo, que culminó en la misma semana de julio que el comentado anteriormente. Difícil de explicar y entender: dos juicios por hechos ocurridos en el mismo lugar se hicieron por separado y terminaron en la misma semana.
En diciembre finalizó la Megacausa de Jujuy, que incluyó los hechos conocidos como La Noche del Apagón y la persecución a los trabajadores de la Mina El Aguilar. Aunque nada haya quitado el sabor amargo por la ausencia entre los acusados del dueño del Ingenio Ledesma, Pedro Carlos Blaquier, quien viene zafando de una posible condena gracias al inestimable apoyo de Casación y la Corte Suprema, las condenas fueron recibidas con emoción y alegría. Blaquier sigue libre en la misma provincia que mantiene presa a Milagro Sala. Síntoma molesto de lo que pueden hacer juntas la impunidad y la desigualdad, dos de las enfermedades más extendidas en el país.
Garachico y el infierno grande para Etchecolatz
En La Plata todavía resuenan los chiflidos del público que abandonó la sala de tribunales en medio de la lectura del veredicto que condenó a Julio César Garachico y a Miguel Osvaldo Etchecolatz a prisión perpetua. El descontento fue consecuencia de que se mantuvo el beneficio de la prisión domiciliaria de Garachico.
Etchecolatz escuchó el veredicto desde su lugar de internación. Sería su última condena. El infierno lo recibió con sus nueve condenas colgadas del pecho como medallas. El “asesino serial” —como lo calificó Jorge Julio López en el juicio que significó la primera condena contra el jefe policial y también la definitiva desaparición del testigo— murió también en el movidito mes de julio.
La Pastoril, el principio del fin del PRT-ERP
Indudablemente, uno de los debates orales más atrapantes resultó ser el de los crímenes cometidos en la Quinta La Pastoril. La principal particularidad fue que no se trató de un juicio con un centro clandestino como núcleo de la causa, sino que se juzgó lo sucedido en un hecho puntual. Apenas ocurrido el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, la plana mayor del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) convocó a una reunión urgente en una enorme quinta que alquilaron en la localidad bonaerense de Moreno.
Allí se reunieron el 29 de marzo, con invitados de organizaciones de Uruguay, Bolivia y Chile. Alcanzaron a tener una primera plenaria por la mañana. Luego almorzaron. A la hora de la siesta, antes de retomar el análisis acerca de qué cambiaba con la Junta militar en el poder, las conclusiones llegaron en forma de ataque conjunto de fuerzas militares y policiales. Si bien la mayor parte de la militancia pudo aplicar el plan de contingencia y escaparon por los fondos de la quinta, los atacantes se las ingeniaron para perpetrar una masacre.
Quienes consiguieron escapar –Mario Santucho, Benito Urteaga y Domingo Mena entre otros líderes reconocibles del ERP- irían cayendo en los meses posteriores. El ataque a la Quinta La Pastoril quizá pueda verse como el “principio del fin” del PRT-ERP como herramienta de lucha por aquellos años. Al menos así lo calificó la Revista Gente, a cargo por entonces de Samuel “Chiche” Gelblung.
En una nota periodística que da cuenta de la caída de la cúpula guerrillera ocurrida en julio del 76, dicen que la mira de la persecución de la Inteligencia del Ejército consiguió ser precisa desde el ataque a La Pastoril. Si lo decía Chiche… fuentes directas no le faltaban. Seis militares y policías fueron condenados en este juicio en el que también hubo un absuelto. La prensa argentina, sean las empresas o sus trabajadores/operadores del genocidio, no han llegado todavía a ser juzgados.
El periodismo en Argentina no fue cómplice del genocidio, fue parte fundamental. No hay consenso social para una persecución si antes no se crea el estigma que permite delimitar el objetivo. Esa fue la tarea previa de la prensa local. Luego, por supuesto, vendría la “campaña psicológica”: hacer aparecer como enfrentamientos lo que en verdad eran secuestros o directamente fusilamientos. Experiencias que hoy se aplican en los casos de gatillo fácil de todo el país. La impunidad genera repetición.
La imprenta del PRT-ERP en San Andrés
Tres meses después del operativo en La Pastoril, la represión cayó sobre una de las imprentas del PRT-ERP. Verdaderas obras de ingeniería replicadas en Córdoba y la localidad bonaerense de San Andrés, imprimían clandestinamente los periódicos El Combatiente y Estrella Roja. En la de San Andrés había además una cárcel del pueblo con un detenido que apareció muerto en el asalto. Era importante conocer la actitud de la Justicia ante este hecho. ¿Levantarían la teoría de los dos demonios?
A pesar de los intentos de las defensas de los acusados, las condenas fueron ejemplares. Entre los condenados están los laderos de Aldo Rico en el levantamiento de 1987 que consagró la impunidad de 20 años: Martín Sánchez Zinny y Emilio Morello, quien llegó a ser diputado nacional en los 90 por el MODIN.
A la cárcel o a casita
21 fueron las sentencias conocidas en el 2022. Es un gran logro: el proceso de Memoria, Verdad y Justicia está más vivo que nunca. Sin embargo, una situación horada su eficacia reconocida a nivel mundial.
Luego del intento del macrismo de amnistiar masivamente a los genocidas a través del cómputo del 2×1, derribado en las calles por multitudes, los beneficios llegaron en pequeñas dosis. Según informa el área del Ministerio Público Fiscal que se dedica específicamente a las causas de lesa, al comando de María de los Ángeles Ramos, en aquel 2017, 603 genocidas estaban en cárcel común, mientras 439 cumplían arresto en sus domicilios. Esa tendencia comenzó a revertirse hasta llegar a las preocupantes cifras actuales. Apenas 108 genocidas están en una cárcel común. Al tiempo que 549 permanecen en sus casas.
Ya no hay multitudes en las calles, porque esta información se conoce poco y nada o quizá porque no gobierna el macrismo. También se instaló la idea de que por encima de los 70 años la Justicia está obligada a otorgar las domiciliarias. Pero no es así: lo que se cuenta como un “no queda otra”, en realidad es un beneficio que puede ser otorgado o no.
En la jurisdicción de San Martín lo tienen bastante claro. Por eso los juicios en los que intervinieron los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini, Walter Venditi y la jueza María Claudia Morgese Martín, culminaron con condenas a cumplir en cárcel común, previa revisión médica que constate que las afecciones propias de la edad pueden ser atendidas en las unidades del Servicio Penitenciario Federal.
La Unidad 34, ubicada dentro del predio de Campo de Mayo, es la prueba de que el Estado puede tener cárceles en las que no se violen los derechos humanos. El casi centenar de genocidas que está allí tiene pabellones limpios y espaciosos. Lugares para recreación. Hasta una cancha de tenis. Es la muestra más efectiva de que el Estado podría tener en esas condiciones todas la cárceles. Es lo que corresponde. Pero solo se aplica con los genocidas. Las personas detenidas por delitos comunes parecieran tener otro sistema penal y por lo tanto otras cárceles.
