Violencia institucional

Policía de la provincia de Buenos Aires

El año de La Bonaerense: este no es un calendario feliz

Perycia relevó el año de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a través de datos otorgados por organizaciones de derechos humanos. La fuerza de seguridad más numerosa del país culminó el 2022 involucrada en al menos 45 muertes, entre otros hechos delictivos por los que está siendo investigada. Los días en el calendario de la ‘maldita policía’ comandada por Sergio Berni se tiñeron de rojo.

Por: Facundo Lo Duca
Collage e interactivo: Lucía Giusiano y Verónica Liso
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Si alguien elige cualquier mes del 2022 habrá, por lo menos, tres muertes cometidas por policías de la Bonaerense en diferentes circunstancias. Julio, por ejemplo. La Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia (CPM), según datos parciales hasta el momento, registró en ese mes 12 fallecidos por intervención de integrantes de fuerzas de seguridad. Este año en total, según el organismo, hubo 45 muertes en las que estuvieron involucrados policías de la Bonaerense. “La cifra, probablemente, aumente cuando recabemos datos de diferentes organismos oficiales”, explica Ariel Lede, director del programa de análisis de la información de la CPM.

Aún no remitieron sus listados completos, continúa Lede, dos instituciones que conforman fuentes centrales para el registro que lleva la institución: los datos de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que detalla, entre otros, los sumarios abiertos a los agentes que provocaron una muerte, y los de la Procuración General, que establece las causas abiertas contra al menos una parte de esos efectivos. “La cifra de victimarios de seguro aumente tras recibir esta información”, asegura el integrante de la CPM. 

Otros datos que se desprenden del informe son las localidades en donde más ocurren estos delitos. Si bien en las mismas también intervienen ocasionalmente fuerzas de otras jurisdicciones con menos cantidad de efectivos ─como Gendarmería o Policía de la Ciudad─ entre los partidos más afectados por la violencia institucional se encuentran La Matanza con 17 víctimas, Merlo con 7 y Almirante Brown con 5. Las víctimas tienen un promedio de edad de entre 21 y 30 años. Además, la mayoría de los casos se produjo cuando los oficiales se encontraban fuera de servicio

Los números, por el momento, tienen puntos en común con los registros de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (CORREPI). En julio el organismo también contabilizó 12 muertes, al igual que la CPM, siendo los 31 días con más decesos registrados en manos de esa fuerza de seguridad. Hasta el mes de noviembre CORREPI, que recibe denuncias directas, contabilizó, al menos, 54 fallecidos por la intervención de la fuerza de seguridad dirigida por Sergio Berni. 

Los delitos este año cometidos por efectivos de la Bonaerense, explican las distintas organizaciones, no están relacionados solo con la muerte de sus víctimas. El sistema que pregona el ministro Sergio Berni repite patrones de aquella ‘maldita policía’ de los años ’90, dirigida por su exjefe, el inefable Pedro Klodsczyk, que cultivó negocios espurios entre comisarios y oficiales y convirtió a la fuerza policial más importante del país en otra secta del ‘gatillo fácil’.

Indómita y autárquica a cualquier poder político que intente domarla, La Bonaerense mantiene férrea su doctrina represiva.

Por eso desde Perycia conformamos un calendario con algunos de los hechos más notorios del 2022. 

¿Feliz año?

Enero

Cinco disparos. Así se quebró la tranquilidad de la noche en la cercanía de una de las tantas plazas de La Plata el 30 de enero. Un oficial de la Bonaerense se encontraba fuera de servicio y trabajando como repartidor de un delivery cuando se cruzó con dos adolescentes que, supuestamente, quisieron asaltarlo. El efectivo desenfundó su reglamentaria y apuntó. 

Uno de ellos, Nicolás, de 17 años, recibió dos impactos en el torso. Murió en el acto. El otro uno, pero quedó detenido cuando ingresó al hospital. Cuando se hicieron las primeras pesquisas en el lugar, a metros del cuerpo de Nicolás, se encontró una llave pico de loro que el policía confundió con un arma de fuego. Ninguno de los jóvenes, se comprobó luego, estaba armado. Contrariamente a lo que manda la Resolución 1390 del Ministerio Público, la fiscalía delegó algunas diligencias investigativas en una unidad de la misma Policía Bonaerense. La CPM intervino en la causa en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Febrero

Lo último que vio Daian Nievas, de 18 años, desde su moto fueron las luces en dirección contraria. Un móvil policial de la localidad de Ramallo giró inesperadamente en U en medio de la ruta y atropelló de frente al joven. Nievas falleció meses después. La oficial de la  Bonaerense que hizo la maniobra fue imputada por la fiscalía local por “lesiones culposas agravadas”.

Marzo

El oficial subayudante Marcelo Ezequiel Bogado, de la subcomisaría de Ricardo Rojas, en la localidad de Tigre, creyó ciegamente en la impunidad de su placa. El 15 de marzo, una joven se acercó llorando para denunciar a su pareja por violencia de género. Bogado, en lugar de tomar su denuncia, agarró su mano, la abrazó, tocó su pierna, besó su mejilla y le dejó anotado en un papelito su número de celular. La joven, tras regresar a su casa, contó lo sucedido a su familia, que se acercó hasta la comisaría para protestar contra la seccional.

Al enterarse de lo sucedido, el titular de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de Tigre, Lucas Borge, denunció al oficial y le dio intervención inmediata a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Tigre y a la Auditoría General de Asuntos Internos. 

Bogado quedó aprehendido e imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Abril 

“Lo confundí con un delincuente”, dijo el oficial Alexis Cisneros, de 22 años, tras dispararle a José Maximiliano García, de 30, en General Rodríguez. Aquel 8 de abril, el efectivo salió desesperado en una camioneta a buscar a los asaltantes que, minutos antes, habían asaltado a su suegro. Al ver a García en una moto similar a los supuestos delincuentes, forcejearon unos instantes y luego le disparó. García falleció luego en el hospital zonal. El oficial fue arrestado y  quedó imputado por «homicidio agravado por ser miembro de la fuerza y por el uso de arma de fuego».

Mayo

Una aspirante a policía de Olavarría denunció el 19 de mayo a un comisario que formaba parte de su instrucción. El mismo participó en el examen conocido como «visu», instancia en la que los aspirantes a cadetes de la policía Bonaerense se presentan y son evaluados y consultados sobre su interés acerca de formar parte de la fuerza. En esa instancia, denunció la joven, el comisario le hizo preguntas “que no tenían nada que ver con el contenido de la jornada”. A partir de ese día, cuenta, fue acosada de manera constante por su superior. 

Tras su ingreso formal a la Escuela de Policía Juan Vucetich de esa localidad, la joven denunció que fue abusada sexualmente por el comisario en una de las habitaciones del instituto. El efectivo, según una fuente de Asuntos Internos consultada por Perycia, fue desafectado de la fuerza y se le abrió un sumario.

Junio

Una joven de 26 años es hallada muerta en una comisaría tras ser detenida por una contravención.

La vida en Laprida, una pequeña localidad de la pampa bonaerense, no fue igual desde el 5 de junio, cuando Daiana Abregú, una joven de 26 años que había sido detenida por una contravención, apareció muerta en la comisaría comunal. Los cinco oficiales que la custodiaban dijeron que “se suicidó”. Las autopsias y exámenes posteriores confirmaron indicios de que no fue así. Actualmente, los cinco policías imputados por homicidio en la causa están libres, aunque separados de la fuerza hasta resolver su situación procesal. Ante la trascendencia del crimen, Amnistía Internacional intervino en el caso y eligió la historia de Daiana para su campaña internacional sobre derechos humanos.

Perycia reveló la brutalidad policial de la comisaría de ese pueblo y cómo oficiales que habían sido denunciados por violencia institucional fueron ascendidos y hoy continúan en servicio.

Julio 

Rodrigo Delgado, de 32 años, aprieta los dientes mientras alza las manos e invita a pelear a otros. Traga bronca, sus ojos son fuego. Lo acaban de echar de una fiesta en una casa. A él, a sus amigos y a su hermano. A él, que es policía y se dedica a cuidar a “estos”. Ya van a ver, piensa Rodrigo, en la fría madrugada de un domingo en Bahía Blanca.  

Aquel 26 de julio, Rodrigo se va, pero después vuelve a la fiesta. Solo. Con su arma reglamentaria y sus ojos de fuego. Dispara. Algunos testigos dirán luego que fueron diez balazos. Al menos serán dos. Gatilla Rodrigo y se va. “Que me echen ahora”, habrá pensado, se perdía con su auto en las sombras de la madrugada. 

Al momento en que llega a su casa y apoya la cabeza en su almohada completamente borracho, Agustina Galarza, de 20 años, se desangrada con dos disparos en su pecho. Fue trasladada al Hospital Interzonal de Agudos José Penna, donde murió esa madrugada. 

“Disparé para sacarme la bronca”, confesará días después Rodrigo ante un fiscal que lo mirará atento. “No tuve intención de matar a nadie, los quería asustar”, se excusará. Fue imputado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. 

Agosto

Dos oficiales de la Bonaerense, vestidos de civil y sin ninguna identificación, asistieron el 30 de agosto al juicio por el asesinato de Lucas Verón en La Matanza ─quien falleció en 2020 tras recibir dos disparos por parte de un efectivo─ y sacaron fotos a los asistentes de la audiencia. 

Ambos fueron interrogados por miembros de la CPM a quienes le confesaron que eran miembros de la Comisaría Primera de San Justo y “estaban cumpliendo órdenes”. Fueron denunciados penalmente por “inteligencia ilegal”. Dos semanas después, los mismos efectivos fueron vistos en otro juicio a policías por otros integrantes del organismo. 

Septiembre

Dos menores de edad fueron secuestrados y torturados por un grupo de oficiales

Dos menores de edad caminaban por las calles de Mar del Plata cuando los oficiales de la Comisaría Distrital Sexta, Ariel Estévez y Micaela Estigarribia, los pararon sin motivo alguno. Cinco minutos más tarde, llegaron los oficiales Jonatan Cabrera y Vanesa Cano en otro móvil. Bajaron y los golpearon. Luego los subieron al patrullero.

Desde el asiento delantero, la oficial Cano les gritó: “Ahora van a ver cómo los matamos y nadie se entera, cómo yo tengo un montón de muertos y nadie se enteró. Dos más no me van a hacer nada”. Los llevaron hasta un descampado. Los bajaron y ordenaron que se arrodillen. Les apuntaron con una escopeta y les dijeron que corran. Entre disparos, los menores huyeron despavoridos.

Perycia comprobó que la comisaría de los efectivos tiene casi un punto y medio más de sumarios iniciados por este tipo de hechos en esa localidad. Y hay otro dato de alarma: después de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata encabeza las investigaciones por violencia institucional contra menores de edad en la vía pública.

Octubre

El 6 de octubre La Bonaerense enlutó al fútbol una vez más. Esa jornada, Gimnasia y Esgrima de La Plata recibía a Boca Juniors en su cancha. Los disturbios entre hinchas y policías empezaron afuera, ante un malogrado operativo de ingreso al estadio. Los oficiales lanzaron granadas de gas lacrimógeno que inundó la cancha y las inmediaciones, suspendiendo el partido. Hubo heridos y varias internaciones posteriores a causa del gas, además de la muerte de un hincha de Gimnasia por un paro cardiorrespiratorio. 

Los uniformados también dispararon contra los hinchas de forma indiscriminada. El camarógrafo Fernando Rivero, de TyC Sports, recibió tres balazos de goma mientras grababa los incidentes.

Perycia pudo saber que la línea de investigación de la Fiscalía gira en torno a posibles delitos cometidos por negligencia o incumplimiento de deberes y funciones, previstos en la ley que rige la seguridad de Espectáculos deportivos.

Otro caso en octubre demostró la brutalidad de La Bonarense y su doctrina de gatillo fácil. El 31 de octubre, Esteban Bellido, de 39 años, fue baleado por la espalda, tras ser confundido por policías por un supuesto «dealer», mientras desarrollaban un operativo antidrogas en Virrey del Pino. Bellido falleció luego en un hospital de la zona.

Once efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas fueron detenidos e investigados por “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por la condición de ser funcionario policial».

Noviembre

A Sergio Bogarín, de 27 años, la muerte lo fue cercando en Moreno. La noche del 18 de noviembre, mientras disfrutaba de una charla con amigos en la calle, un grupo de hombres armados se apareció. Lo buscaban por antiguas riñas. Sergio apenas reaccionó. Escuchó los disparos y sintió el ardor en su pecho. Desde el piso, vio cómo sus atacantes escapaban. Murió por el impacto de una bala en su tórax.

El fiscal Federico Soñora de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno ordenó la detención de un sospechoso al día siguiente y se lo detuvo. Se trataría de un vecino, oficial de la Bonaerense, que prestaría servicio en la división de Infantería. Los testigos aseguraron que el atacante buscaba específicamente a Sergio. 

Diciembre

Lautaro Morello, de 18 años, y Lucas Escalante, de 26, salieron a festejar el triunfo de Argentina sobre Países Bajos por Florencio Varela el 9 de diciembre. 

Iban en el auto BMW de Escalante. Días después, luego de que ninguno regresara a sus casas, el auto apareció quemado en una ruta de La Plata. 

Una semana más tarde, el cuerpo de Morello fue encontrado calcinado al borde de la autopista en construcción Buen Ayre. Escalante, al cierre de esta nota, aún continúa desaparecido.

Por el momento, la Justicia detuvo a Cristian y Maximiliano Centurión. El primero es hijo de un comisario de La Bonaerense y cadete de la Escuela de Policía Juan Vucetich. El segundo es su sobrino. Ambos fueron acusados por el homicidio de Lucas y la desaparición de Lautaro.

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