Ocho días antes del nacimiento de Vicente Suárez Woller, José Miguel Padilla —junto a otros curas— fundaban en Intendente Alvear, provincia de La Pampa, el convento de la Fraternidad de Belén. Ahora, veintiocho años después, Vicente va a enfrentarlo en los tribunales de la localidad pampeana de General Pico, a 678 kilómetros de Paraná, en su Entre Ríos natal, en el juicio que lo juzgará como su abusador frente a la Justicia Penal.
La carátula dice “abuso sexual agravado por ser miembro de culto”. Lo que la carátula no dice, como no lo hace ningún expediente, es todo el tiempo, el proceso y el dolor que les implica a las víctimas de abuso —sobre todo en el ámbito eclesiástico— denunciarlo.
Liliana Rodríguez es psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y cuenta que ”reconocer aquello que les pasó, que aquello que recuerdan es así, cómo se llama aquella historia, la palabra abuso es el primer paso para poder, después de mucho tiempo, elegir cómo le ponen palabras a lo que vivieron y a quién se lo cuentan”.
La psicóloga explica que “es grande el temor a que no les crean, a la repercusión que traiga lo que relatan, a la respuesta, a las reacciones, a cómo van a ser recibidos”. “Una vez que pasan esa instancia y de hablar con familiares docentes, personas cercanas que le merecen confianza o con profesionales de la salud, atraviesan todo un proceso que es importante. Allí recién aparece la inquietud, la pregunta, la necesidad de poner la palabra en la Justicia”, agrega.
Abuso sexual en la infancia
En el caso de la denuncia de los menores por abuso sexual en la infancia —según los últimos cambios realizados al Código Penal (Ley 27455)— es considerado delito de acción pública: el Estado está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no haya una ratificación por parte de la madre, padre o tutor/a del niño, niña o adolescente.
Según la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas (Ley 27206), sancionada en el año 2015, para los delitos contra la integridad sexual de las víctimas menores de edad, la prescripción comienza a computarse a partir de la denuncia o ratificación realizada por la víctima, sin distinción de la edad que tenga quien denuncia, ni cuánto tiempo haya transcurrido desde los hechos denunciados. Hoy se está pidiendo, a partir del caso de Lucas Benvenuto, denunciante del mediático Jay Mammon, que la no prescripción alcance también a los delitos contra la integridad sexual en la infancia cometidos antes del 2015.
Vicente no era menor, pero pudo hacer la denuncia recién en noviembre de 2019, a sus veinticuatro años, cuando después de publicar en Twitter una serie de hilos donde relató lo vivido en el convento, su familia y sus terapeutas lo convencieron. El impulso motor lo terminó de ganar cuando participó activamente de la Red de sobrevivientes, con la que se había contactado tres años antes, sin poder poner el abuso en palabras.
La vida en el convento
Fue en el año 2015 cuando conoció a José Miguel Padilla y se unió a la Fraternidad para convertirse en fraile, para destinar su vida a la ayuda y al servicio del prójimo, con los valores que la Iglesia Católica promueve desde el discurso. Resistió un año y medio. Además de los abusos que Padilla cometía contra Vicente, la vida de los “capuchinos recoletos” —nombre que prohibió la orden de capuchinos, cambiándolo al de Fraternidad de Belén— era sumamente asfixiante.
La doctrina capuchina consiste en aislarse de todo lo que pueda desviarlos de Dios: la tecnología, amistades, familia, trabajo, aspiraciones personales, estudios. Usan sandalias de cuero todo el año y como abrigo, solo una capa de lana. Al ingresar se rapan completamente el pelo. En verano usan el mismo hábito marrón y, dentro del convento, a excepción de lugares comunes, no existe el aire acondicionado o el ventilador. Su comida es muy limitada, todo se come en platos de madera y el trabajo, al interior del convento, es de exclusivo servicio a la Iglesia.
Cuando llegó desde Entre Ríos, desde la localidad de La Paz a Intendente Alvear en La Pampa, Vicente no conocía el pasado de Padilla, que fue capellán del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 141 del Ejército de San Luis entre 1980 y 1983 en plena dictadura. Después —como relata Claudia Giacobbe en su libro sobre el caso: “La verdad los hará libres”— “estuvo en San Luis con el Obispo ultra conservador Juan Rodolfo Laise, como rector del seminario, párroco de la catedral y vicario”. Laise fue señalado por testigos en juicios por delitos de lesa humanidad en 2009, por lo que el Tribunal Oral Federal de San Luis solicitó que lo investigaran, según testigos, durante la última dictadura habría solicitado que desaparecieran a un cura que pretendía casarse. Laise murió de viejo, a los 93 años, impune en Italia, diez años después.
Con el retorno a la democracia, Padilla adhirió en 1987 al levantamiento carapintada. No es casual que fuera el fundador de la Fraternidad de Belén, hija bastarda de la ruptura con la orden capuchina primitiva, creada para fundar una comunidad más estricta (aún) que, bajo el ala de Monseñor Brédice (fallecido en 2021) se instaló en La Pampa y llegó a expandirse a La Plata, Tres Arroyos y Córdoba.
Hoy solo existen dos conventos de frailes en Intendente Alvear y San Martín y un convento de monjas, fundados por Padilla en Córdoba, que nunca superaron la veintena de frailes. Según comenta Vicente, el perfil del cura es ultraconservador y es parte de un movimiento reaccionario al modernismo propuesto por la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II. Se relacionan con otras órdenes similares: como los disueltos monjes de Cristo Orante en Tupungato, Mendoza, los religiosos del Verbo Encarnado (cuyo fundador también fue acusado de abusos) o la secta Servi Trinitatis, también llevada a la justicia en La Pampa: la misma doctrina, el mismo secretismo, idéntico flagelo de las víctimas.
Los traslados y la negativa a escuchar
Comprendiendo el peligro que representa Padilla, Vicente comenzó a contactarse con distintos miembros de la Iglesia para que lo escuchen. En 2016, después de haber sido expulsado por Padilla del convento, se comunicó con el Obispo Raúl Martín, que lo invitó a dialogar, cosa que nunca ocurrió, a pesar de presentarle pruebas documentales: el sacerdote Padilla lo seguía acosando, ahora telefónicamente. Desde entonces, Martín niega haberse contactado con Vicente que lo denunció, sin respuesta, junto con Padilla, frente a una Comisión de Recepción de Denuncias Internas que la diócesis de La Pampa creó para tales fines. También recurrió al Obispo Gabriel Barba, que dijo querer “interiorizarse en la causa” frente a los medios y al Cardenal Poli y a la Conferencia Episcopal Argentina, por mail. Pero la impunidad de Padilla fue tal que sólo y recién cuando peritaron su casa, la Fraternidad contrató un abogado.
Mientras Vicente tuvo que mudarse y esperar a llegar a la instancia de la denuncia penal para que Padilla dejara de acosarlo, su abusador fue trasladado a otra iglesia en San Luis, para seguir en funciones, dando misa a otros jóvenes.
Perycia consultó a Jorge Salamone, abogado defensor de Padilla, para conocer los motivos por los cuales fue trasladado y no fue apartado del cargo y para indagar sobre el sistema de juzgamiento al interior de la Iglesia. El abogado defensor del cura indicó que “comenzó a intervenir como defensor del Señor Padilla desde el primer momento en que fue citado al proceso en noviembre del 2019; que la pericia psicológica de Padilla la pidió la fiscalía en agosto de 2020 y que no se llevó a cabo entonces por la pandemia, admitiéndose en marzo de 2021 y llevándose a cabo en abril de 2021 con el consentimiento del denunciado. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo y, efectivamente, Padilla dio su consentimiento”.
Salamone agregó además que “desconoce el sistema de juzgamiento de abusos que tendría la Iglesia y quién dispone los traslados». Dijo, además, «que no ha tenido inconvenientes en su relación con el cliente y que lleva a cabo su trabajo con mucha colaboración de su parte, ya que, como es una persona muy culta, ha estado al tanto siempre de todo lo que ocurría en la causa”.
La Iglesia y su decreto
Según una investigación realizada por el DiarioAr, un 30% de los denunciados por abuso dentro de la Iglesia Católica Argentina son cambiados de destino. El Papa Francisco en el decreto pontificio Vos estis lux mundi alegó mano dura contra la pederastia y los abusos sexuales a menores en el clero denunciados, pero establece un conjunto de instrucciones para tomar medidas al interior de la Iglesia: “salvaguardando la legítima protección y el buen nombre y de la esfera privada de todas las personas implicadas, así como la presunción de inocencia para quien es investigado en espera de que sean determinadas sus responsabilidades”, según explican en el Vatican News.
Es por eso que Vicente cuenta: “La falta de acompañamiento de la Iglesia y su silencio espantoso fue tan doloroso como los mismos abusos que Padilla cometió, porque una persona que cree toda su vida en lo que la Iglesia enseña espera que lo pueda llevar a la práctica al menos en actitudes mínimas”.
Hoy Vicente se reconoce como ateo y las respuestas que espera de la Iglesia son las que, considera, “deben dar obispos y curas en la Justicia como cualquier ciudadano, ninguna otra acción más que esa”. Y piensa: “La Iglesia como institución está comandada por gente como el Obispo de La Pampa, de San Luis o el Cardenal Poli que no es idónea, transparente y que con su silencio cómplice han permitido que personas como Padilla anden abusando de la gente ante sus miradas indiferentes: no puedo permitirme ser parte de algo así. No volví a pisar una Iglesia y sinceramente, espero nunca tener que volver a hacerlo”.
Cuando Vicente hizo la denuncia, además de tener que lidiar en un pueblo pequeño con el desdén y la ignorancia de los vecinos —que confundían su reclamo con cuestiones político-partidarias—, tuvo que desenhebrar la larga madeja de mentiras y manipulación que, al interior de la comunidad, Padilla y otros sacerdotes que conocía, le tejían: que tenía problemas psicológicos y psiquiátricos, que era esquizofrénico y que fuera del convento jamás iba a ser feliz.
“La Iglesia vulnera todo derecho, toda posibilidad de acceder a reparación, justicia, contención, apoyo. Actúa corporativamente, protegiendo a quien delinque y silenciando —y difamando— a quien denuncia. Jamás se va a poner del lado de los más débiles como suele pregonar: tienen un trato inhumano porque hay personas que esperan toda su vida esperanzadas una palabra de aliento. Yo mismo estuve años actualizando todos los días mi correo para ver si el Obispo de La Pampa se había encargado de contestarme o de investigar la congregación de Padilla: la Iglesia, cuando le pedís ayuda, vuelve a abusar de vos”, cierra.
Una condena (y una vida) justa
Hoy Vicente es docente en Educación Especial y sabe que no es casual. El largo camino de sanación que realizó para comprender lo sufrido lo fortaleció y le permitió entender los vínculos con los estudiantes de otra manera: “Jamás trato a una persona con discapacidad desde la lástima o los diagnósticos. Prima siempre un respeto profundo por la persona sin etiquetas, sin miradas lastimosas, manicomializantes o prejuiciosas. Yo mismo me miré por mucho tiempo desde ese lugar y es una sensación horrible, por lo que no puedo permitirme tener esa actitud con otras personas”.
Gracias a la Red de sobrevivientes de abuso eclesiástico, en el 2021 pudo terminar de comprender el engaño: una pericia demostró no solamente que lo relatado a la justicia era cierto, sino que, además no padecía ninguna patología ni trastorno. Durante mucho tiempo, afectaron sus amistades, minaron su autoestima y su cotidianeidad, lo obligaron a callar, pero finalmente descubrió cuánto le habían mentido y que era una persona sana. Recién allí reconoce que pudo reconstruir su vida, rodearse de afectos y de un equipo de docentes excelentes, buenos compañeros y profesionales.
Por eso Vicente pide una condena justa. No una condena ejemplar que sume su caso a los pedidos amarillistas de justicia que los medios hegemónicos de comunicación se encargan de imponer en la agenda. Pide, a poco más de una semana para el inicio de las audiencias del juicio contra su abusador, José Miguel Padilla, y a quince días del juzgamiento en Salta de otro cura, Carlos Fernando Páez —denunciado por Kevin Montes— una condena justa.
“Una condena justa es, para mí, una condena ajustada a Derecho, es decir, las penas que establece el Código Procesal Penal para cualquier ciudadano argentino que cometa hechos de estas características. Si hablo de una condena ejemplar, corro el riesgo de que se entienda la pena para un abusador eclesiástico como una situación excepcional, cuando en realidad hablamos de una conducta sistemática de clérigos, monjas y fieles abusadores a lo largo de los años, en Argentina y en el mundo y que el mismo poder eclesiástico se ha encargado de silenciar”.
Si fuiste víctima de abuso, podés comunicarte o expresar tu deseo de ser acompañado o escuchado a través del correo electrónico: [email protected] o a través de la Red de Sobrevivientes en Facebook.
