Según el Informe Anual y Mapa del Abuso Eclesiástico en Argentina (2022) que la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico confeccionó, desde 1970 han sido denunciadas más de 148 personas consagradas en nuestro país. De esos, 89 son sacerdotes diocesanos de la Iglesia Católica; 37 son frailes y/o religiosos de órdenes católicas y de otras denominaciones cristianas, como Testigos de Jehová o Budistas; 11 de ellas son monjas con rango de superioras o responsables de establecimientos educativos o de cuidado de las infancias; 6 son laicos consagrados o afines a establecimientos católicos; 5 son Obispos Católicos y 3 son, además, fundadores de órdenes religiosas ultraconservadoras.
Un informe elaborado por Mariana García, para el DiarioAR, en octubre del año pasado, contabilizó —en consonancia con el listado de la Red— 128 miembros de la Iglesia Católica que fueron denunciados por abuso sexual, de los cuales sólo 31, un poco más del 24 por ciento, recibieron una condena judicial. La expulsión del sacerdocio, máxima pena de la justicia canónica, fue impuesta a 28 sacerdotes, alrededor del 21 por ciento.
Consultado por el medio por la cantidad de casos, la voz del Episcopado autorizada para hablar sobre abusos en la Iglesia, el Monseñor y Capellán de Gendarmería Sergio Buenanueva —que es presidente del Consejo de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)—dijo: “No me parece exagerado, seguramente no son menos, responde al porcentaje que se ha dado en otros países”. Y agregó: “lo más difícil de cambiar es la mentalidad de que esto no es un problema más, de que el comportamiento sexual tiene que ver con el abuso de poder. Es que significa tocar los aspectos más oscuros de la Iglesia, cosas muy dolorosas, es una llaga muy fuerte de la Iglesia y la sociedad”.
La llaga es profunda: hirió los tejidos y las células de la institución eclesiástica que hizo metástasis en el año 2021, cuando comenzó la sanción de los casos de delitos sexuales al interior de la Iglesia, corriendo el foco del celibato, considerado el peor de los pecados entre los religiosos. Y mientras entre el clero la problemática se encuentra naturalizada, y aparentemente solucionada a través de la implementación de protocolos, las víctimas sobreviven a la espera de la Justicia.
Julieta Añazco, una de las fundadoras de la Red de Iglesia Sin Abusos, denunciante del cura Héctor Ricardo Giménez por abusos que, en la Iglesia Madre Divina Gracia de localidad platense de Gonnet, había padecido a sus 7 años reflexiona al respecto: “cuando un niño es abusado por un religioso sufre un doble abuso, ya que para él un sacerdote es casi como dios. Es muy difícil para un niño entender lo que está pasando. Viene un cura y te hace cosas horribles, mientras le contás tus pecados, ¡con 8 años!, y te dicen que esas cosas no las podes contar porque te vas al infierno. Es terrible. Un denominador común en estos casos es el suicidio, por eso usamos el término sobreviviente”.
La decisión de elevar a juicio una denuncia es muy importante y reparatoria para las víctimas. Es la posibilidad de que además de la víctima, su entorno, la comunidad y quienes la rodean reconozcan al victimario, sus características, el delito que cometió y la condena que merece pagar. También es un golpe certero a la lógica sistémica de encubrimiento que la Iglesia despliega al interior de cada una de las comunidades donde sus pastores desandan el camino.
Eneas Espinoza, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso en entornos institucionales en Chile, comenta que se calcula que sólo entre un 4 y un 6 por ciento de este tipo de abusos se denuncia. En 32 años , 66 fueron las denuncias por abusos sexuales radicadas únicamente en el fuero penal; 27 únicamente en el fuero eclesiástico y 38 en el fuero penal y eclesiástico, respectivamente. Otras 17 denuncias fueron públicas, pero por fallecimiento del agresor, prescripción u otros motivos no se radicaron formalmente. ¿Cuántas víctimas serán las que, sin consuelo ni justicia, permanecen sin poder denunciar?
Punto de inflexión
A partir del informe del Boston Globe (Ver El fallido origen…), muchas víctimas que anteriormente temían hacerlo, decidieron comenzar a denunciar: en mayo de 2019, el Vaticano publicó —después de meses de encuentros endogámicos donde los mismos curas pretendieron encontrar el remedio a la enfermedad— Vos estis lux mundi, una carta apostólica en forma de “motu proprio”: un documento con directivas del Papa, que establece un protocolo para denunciar el acoso y la violencia y garantizar que los obispos y los superiores religiosos rindan cuentas, disolviendo además el secreto en caso de abusos sexuales.
Cuatro años más tarde, introdujo modificaciones, vigentes desde este 30 de abril venidero, como la obligación de proteger, además de a quien realiza una señalación, a «la persona que afirma ser ofendida y a los testigos» y pide salvaguardar «la legítima protección del buen nombre y de la esfera privada de todas las personas implicadas».
Mientras tanto, en un palazzo en ruinas lleno de palomas en Roma, la Comisión para la Protección de los Menores tendrá finalmente un espacio físico: afuera del Vaticano. Todo un símbolo de una Institución arcaica, conservadora y poderosa que, en medio de una crisis de legitimidad, con los cuestionamientos sobre las políticas de juzgamiento y castigo de los cientos de miles de denuncias que cada día se suman a la lista de los abusos cometidos por sus pastores, sigue insistiendo en el secretismo que nombra el pecado y no al pecador.
Una herida indeleble en el cuerpo (de Cristo)
Este año en Argentina se desarrollarán una serie de juicios contra miembros de la Iglesia Católica*. Este mes son dos los procesos que se llevarán a cabo contra miembros de la Iglesia Católica Argentina: el primero comenzó este 2 de mayo contra José Miguel Padilla, sacerdote excarapintada, fundador del convento de La Fraternidad de Belén en La Pampa refugiado en San Luis, que continúa dando misa, después de haber sido denunciado por abusar sexualmente de Vicente Suárez Woller, en 2019. En 2021, después de que la lucha de Vicente se hiciera pública, otra denuncia se sumó contra el —todavía— sacerdote: un ex alumno del colegio de Intendente Alvear en el que trabajaba Padilla.
Desde el 15 al 18* también de este mes, comienza, con la reticencia de un amplio sector de la provincia de Salta, una de las provincias más católicas y conservadoras del país, el juicio oral y público contra el sacerdote Carlos Fernando Páez, por abuso sexual. Durante tres jornadas de audiencias declararán 33 testigos. Páez fue denunciado (denuncia penal y canónica) en el año 2019 por Kevin Montes, que señaló que, además, se encuentra amenazado de muerte. El Instituto Instituto Laico de Estudios Contemporáneos junto a la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico sacó una solicitada pidiendo garantías para el denunciante.
Paez es el tercer cura que será juzgado por abuso sexual en Salta. Kevin fue testigo en otro proceso contra el Obispo emérito Gustavo Zanchetta, y hoy espera que su caso no corra con la misma suerte: Zanchetta obtuvo una condena por cuatro años y medio de prisión efectiva por abusar sexualmente de dos seminaristas. Hoy goza del beneficio de prisión domiciliaria.
Catamarca es otra de las provincias más conservadoras de nuestro país. Cuna de los hijos del poder, escenario del horror del caso de María Soledad Morales —cuyos asesinos siguen libres— cuenta con cinco casos de curas denunciados por abusos sexuales y violaciones cometidos en perjuicio de personas que eran niños, niñas y adolescentes, al momento de las agresiones.
Hace nueve años que Renato Rasguido está acusado por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Un niño menor de 13 años lo denunció mientras ejercía en Andalgalá. Fue el primer cura denunciado, a sus 59 años, en Catamarca. Sin embargo, el proceso se dilató por las presentaciones que en la causa realizaron los abogados que el Obispado de la provincia pagó, mientras Rasguido disfruta su libertad en una casa de retiro.
El cura párroco Raúl Eduardo López Márquez fue acusado por tres hechos que habrían ocurrido entre 2002 y 2003 en perjuicio de tres menores. Fue el año pasado, cuando un joven de 36 años denunció pública y penalmente al religioso. La carátula es la de violación y corrupción de menores. Los hechos sucedieron cuando tenía entre 8 y 10 años en la casa parroquial El Recreo. La fiscalía solicitó sus pericias psiquiátricas y, a partir de que se tornara público el caso, como suele suceder con el abuso eclesiástico, apareció otro denunciante. Este año también otro joven, de cuando Lopez Marquez era párroco en Chumbicha, se animó a denunciarlo.
El año pasado, el sacerdote catamarqueño Juan de Dios Gutiérrez fue condenado a 12 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de ser representante de un culto religioso”. La denunciante esperó siete años para el proceso y un año más para verlo tras las rejas. El Vaticano no se pronunció sobre su expulsión y, hasta el momento de la detención, como Rasguido, gozó de la libertad.
Moisés Pachano, catamarqueño que había sido imputado por la Fiscalía de Belén por los delitos de «abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor ministro de un culto religioso» y «abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de un culto», un hecho continuado, falleció en 2022. Roberto Mazzucco, su defensor declaró: “el último tiempo se había deteriorado su salud”.
En la cordillerana San Juan, Walter Bustos, ordenado en 2007, está acusado de delito de abuso sexual simple agravado por el grave daño a la salud mental y física de sus víctimas y procesado por abusar de sus dos sobrinos desde el año 2015. Permanece detenido en el Penal de Chimbas y la Iglesia lo suspendió de sus funciones. Las audiencias comenzaron el 18 de abril pasado. Ya solicitaron la nulidad del juicio, rechazada por el juez. Aún no hay veredicto.
Mención aparte merece el caso de Raúl Sidders, cura acusado de abuso sexual en un colegio de La Plata que será juzgado recién en 2025. Detenido desde el 2020 por los crímenes cometidos entre el año 2004 y 2008 contra una niña de 11 años; la causa en la que está pendiente el debate es también por abuso sexual de otra niña, entre sus 11 y 15 años.
Los cargos que enfrenta el ahora sacerdote de 61 años son por el delito de «abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de su realización doblemente calificado por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima y por ser el autor ministro de un culto religioso, en concurso real con corrupción de menores calificada por ser la víctima menor de trece años». La víctima asistía al colegio de San Vicente de Paul, una institución educativa tradicional de La Plata, a la que concurren más de 800 niños y niñas. La solución del Arzobispo fue sacarlo del colegio y trasladarlo a Misiones con la advertencia de que se alejara de los menores.
“Una herida indeleble en el cuerpo de Cristo”: así definió el Papa Francisco a los abusos cometidos por los miembros del clero, en un mensaje que envió al II Congreso Latinoamericano de Prevención celebrado este marzo pasado, titulado: «Atender, Informar y Comunicar: claves para una gestión eficaz en los casos de abuso sexual». Y mientras por vías burocráticas, con protocolos, cartas y giras del Papa por todo el mundo, la Iglesia intenta maquillar la herida indeleble, son las víctimas quienes, por la vía judicial, a la espera de los procesos, viven con la marca del abuso eclesiástico.
EL FALLIDO ORIGEN DE UNA COMISIÓN ECLESIÁSTICA CONTRA LOS ABUSOS
Corría el año 2003 cuando el periódico norteamericano The Boston Globe publicaba la investigación periodística más exhaustiva sobre casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica. Recién en agosto de 2018, quince años más tarde, la investigación de la Justicia norteamericana sobre los datos de la publicación arrojaría un informe judicial de 1356 páginas, difundido por la Corte Suprema de Pensilvania que identificó a 300 sacerdotes que habían abusado, sólo en ese estado, más de 1000 niños y niñas y un plan sistemático diseñado para encubrir los casos durante más de 70 años.
El escándalo, que llegó hasta Hollywood y se alzó con un Oscar y un Pullitzer, motivó al entonces recién asumido Jorge Mario Bergoglio —en marzo del 2013 y, en adelante “Papa Francisco”— a crear una Comisión para la Protección de los Menores en 2014, cuyas oficinas instaló dentro del mismo Vaticano.
Un año después de la creación de la Comisión, la primera medida tomada por Francisco fue nombrar a Juan Barros como Obispo de la diócesis chilena de Osorno, pese a que había sido señalado como cómplice de los abusos del sacerdote pedófilo más conocido del país —Fernando Karadima— que murió sin haber cumplido una condena efectiva. Francisco, que primero salió a declarar en su defensa, tuvo que retractarse tras una investigación que, dadas las repercusiones mundiales del nombramiento, encomendó. Se disculpó con las víctimas y admitió “graves errores”, luego de leer un informe de 2.300 páginas sobre los abusos en Chile. El 11 de junio de 2018 Barros tuvo que renunciar al obispado.
*Esta lista no es definitiva, porque hay causas elevadas a juicio que, por distintas razones, todavía no cuentan con una fecha programada. Compartimos entonces los juicios que cuentan con una fecha establecida o aproximada y los que esperan el tiempo de la Justicia. Después de la edición de esta nota, recibimos la confirmación de la suspensión de este debate oral.
El mapa que compartimos en este nota es una producción de la Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico
Si fuiste víctima de abuso, podés comunicarte o expresar tu deseo de ser acompañado o escuchado a través del correo electrónico: [email protected] o a través de la Red de Sobrevivientes en Facebook.
