En Jujuy, pero también con impacto a nivel nacional, la detención del abogado Alberto Nallar fue un «aviso» para quien se anime a desafiar públicamente al gobernador y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Gerardo Morales. Nallar había recorrido la provincia juntando firmas en rechazo de la reforma constitucional que Morales amaño con sus aliados y el peronismo local. El pasado 13 de julio, lo fueron a buscar a su casa y —sin informarle el motivo— lo trasladaron al penal del barrio Gorriti en la capital provincial.
Peinado a la gomina y abrigado con una campera de gabardina marrón, en los días previos a su detención, Nallar había sido retratado en video denunciando los que considera los delitos de la reforma en uno de los cortes de ruta en la provincia. Esto fue incluído como prueba en la causa en su contra.
Se lo ve sosteniendo un megáfono y explicando conceptos básicos sobre derecho constitucional a las personas que se estaban manifestando junto a él.
—Tenemos otro problema gravísimo, no podemos denunciarlo en la Justicia, porque él (Morales) además ejerce el Poder Judicial, dijo adelantándose a lo que viviría días después.
En el petitorio para el que juntó firmas, el letrado señala a Morales por “atentado al orden constitucional y la vida democrática” y solicita la intervención federal de la Provincia.
Actualmente, Nallar se encuentra en su hogar en la localidad de El Carmen con arresto domiciliario después de haber sido imputado por “instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento público”.
A un mes de haber aprobado el texto de la reforma constitucional en Jujuy, la persecución a docentes, abogados, militantes de agrupaciones de izquierda o peronistas y pueblos originarios no es sólo judicial, también es política e ideológica.
Los ejecutores
Quien ejecutó la orden de detención de Nallar fue el fiscal Walter Hugo Rondón del Ministerio Público de Acusación (MPA). En la causa, expresa que Nallar “se presentó en los cortes de ruta que se realizaban en la ruta 66 (…) y en la ruta 9 en la ciudad de Tilcara, instigando públicamente a las personas que allí se encontraban a continuar realizando la interrupción de servicios públicos (…) y a que cometan el delito de motín y sedición, alzándose en contra la Constitución de la Provincia”.
Rondón fue propuesto por Morales en el año 2021 para ocupar el cargo de Fiscal Especializado en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. A pesar de que su designación fue rechazada por diputados del radicalismo —por las más de cuarenta denuncias que tenía en su contra—, el abogado finalmente obtuvo los votos necesarios en la legislatura jujeña.
El fiscal también es responsable de ordenar la detención de 23 manifestantes durante la represión del 17 de junio, así como de otras 53 personas en Purmamarca el 21 de junio. Durante ese período el MPA imputó a 90 personas que estuvieron ejerciendo el derecho a la protesta en las afueras de la legislatura.
Rondón imputó a las y los detenidos bajo las figuras de “atentado a la autoridad”, “resistencia a la autoridad”, “lesiones leves”, “daños a bienes de uso público”, “estrago”, “estorbo funcional y entorpecimiento funcional de transporte terrestre”, entre otras figuras, con penas que van desde millonarias multas a 25 años de cárcel. El Fiscal de Estado, Miguel Rivas, adelantó que “pedirán las penas máximas” para cada delito.
Diego Funes es otro de los fiscales del MPA que intervino en estas causas. Funes es conocido por actuar en causas contra dirigentes políticos y sociales, entre ellas el reciente allanamiento de la propiedad de Milagro Sala, el pasado 29 de junio, en “el marco de la causa que investiga la comisión de delitos por las manifestaciones en Jujuy de los últimos días”.
Sala posteriormente aseguró en una nota con El Destape, que el fiscal está relacionado con el gobernador: “Todos los jueces y fiscales responden a Morales, y el que no, lo echan”.
Libertad condicional
Actualmente, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar.
“Es un pedido que hemos hecho en favor de la protección de personas defensoras de derechos humanos en la provincia de Jujuy en relación a una serie de amenazas, hostigamientos y el contexto de detenciones arbitrarias masivas que se está produciendo en la provincia sumado a la detención del doctor Nallar”, aseguró a Perycia Florencia Vallino, directora de ANDHES.
Luego de la detención de Nallar comenzó a circular una lista con nombres de abogados y abogadas que podrían ser detenidos por sedición. “Otros colegas decidimos interponer acciones de habeas corpus a los efectos de resguardar nuestra libertad ambulatoria. En Jujuy vivimos hace más de 7 años en libertad condicional”, ejemplificó Luis Paz, integrante del equipo de abogados defensores de Milagro Sala, la dirigente política y social privada de su libertad desde 2016.
¿Y la división de poderes?
Nallar además había denunciado penalmente a Morales por “la supresión del sistema republicano en la provincia” y determina que “la captura y sometimiento del Poder Judicial por parte del Ejecutivo tiene tres consecuencias: la impunidad absoluta del Gobernador y sus cómplices por los delitos que cometan, la impotencia de quienes deben denunciarlo y la indefensión absoluta del pueblo”.
En ese apartado relata los siguientes hechos:
En su primer día de gobierno, Morales elevó a la Legislatura el proyecto de ley de ampliación del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia que en diciembre de 2015 se aprobó. De este modo pudo designar cuatro nuevos jueces, sumados a los cuatro preexistentes, dentro de los que ya se encontraba la jueza Clara Langhe de Falcone, miembro del Partido Radical.
También menciona la incompatibilidad de Morales para ser elegido como parte de la Convención Constituyente en la Provincia, donde desde su rol de Presidente indicó la “sanción express” de la nueva Constitución.
Luego procede a realizar un racconto de delitos en los que involucra al gobernador: el desfalco y liquidación del banco de desarrollo de Jujuy, el megaendeudamiento de la provincia en 2019, la confiscación de tierras urbanas donde se encuentra la comunidad pueblo Kolla de Caspallá, y la ley de desalojo sin juicio previo, entre otras.
La directora de ANDHES concluyó en que “vemos en el comportamiento judicial distintos patrones que dan cuenta de esa falta de división de poderes y de cómo la justicia responde de manera directa a Morales”. Ejemplificó la dilación de las resoluciones de habeas corpus en la justicia provincial frente a la “proactiva persecución” por parte del Ministerio Público de la Acusación a las personas por manifestarse.
“El gobernador de Jujuy a través de varias conferencias de prensa ha dado órdenes a fiscales de imputar a personas que protestan. Cuando queda eliminada la separación de los poderes, el gobierno se transforma en ilegítimo”, finalizó Paz.
