“El gobierno ve a los migrantes como remesas: lo que les pueda producir les interesa, y lo que sea problema para ellos lo dejan a un lado”.
Rosmery Yax, abogada y coordinadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático.
23/08/2023
Soy Lucía Santos Coyoy, mujer de origen maya-quiché. Mi hijo Bernabé Cruz Santos desapareció migrando hacia Estados Unidos. Soy su madre, vivo en un pueblo rural de Guatemala. ¿Adónde voy, a quién acudo, por dónde empiezo?
La pregunta se repite. Las respuestas no. A nivel institucional, en Guatemala existen múltiples fallas en la búsqueda de sus migrantes desaparecidos. Los datos que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores son deficientes.
La ausencia de políticas públicas, la falta de campañas de difusión que expliquen adónde ir para iniciar la búsqueda y el desconocimiento de las autoridades de herramientas de otros países provoca que se acumulen los desaparecidos y se dificulte cada vez más encontrarlos.
Mientras tanto hay familias que buscan hace un mes, un año, 20 años.
Quienes logran avanzar con las familias en esos procesos son las organizaciones de la sociedad civil, como el Equipo Argentino de Antropología Forense, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), ECAP (Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial), entre otras, que crearon redes de trabajo conjunto e intentan hacerlo también con algunos Estados.
El maltrato
Bernabé planeaba ir a Washington porque ahí vivía un hermano. A los 18 años ya tenía mujer y dos hijos, que se quedaron en Guatemala. Salió el 28 de enero de 2011. El coyote, la persona que cruza a Estados Unidos a los migrantes ilegales a cambio de dinero, le dijo que iban a ir directo, pero no salió así. A los 20 días de salir llamó a su mamá, estaba en Nueva Laredo (México).
Lucía recuerda que su hijo lloraba al teléfono. Estaba con un grupo grande en un lugar sin comida, con un barril de agua lleno de gusanos, cuenta Lucía y en un segundo los ojos de Lucía se llenan de lágrimas que no caen. Le dijo que si la situación no cambiaba se irían al día siguiente, porque ya no aguantaban el hambre. Lucía no supo más nada de él.
Lucía Santos Coyoy habla de la primera vez que fue a poner una denuncia porque su hijo, Bernabé Cruz Santos, había desaparecido en su camino hacia Estados Unidos. Llegó, desde el Cantón de Chuicavioc, una localidad rural próxima a la ciudad de Quetzaltenango, hasta una oficina pública de su país, Guatemala, y la culparon a ella por la desaparición.
—Usted, señora, por qué lo manda a su hijo, es que usted dinero quiere, por eso manda a su hijo a la fuerza, me dijo. Ahí me regañaron.
«A las autoridades no les interesan sus ciudadanos. Una persona migrante para ellos no significa nada. Hay mucha indiferencia. A los migrantes los ven como remesas [dinero que envían los guatemaltecos que viven fuera del país]: lo que les pueda producir les interesa, y lo que sea problema para ellos lo dejan a un lado. No hay una indignación, una responsabilidad, un interés por atender a las familias», dice Rosmery Yax, abogada y coordinadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático en Guatemala, una organización de la sociedad civil creada en 2011 que acompaña a familiares de personas migrantes desaparecidas o masacradas a través de litigio estratégico y acciones de búsqueda.
La doble moral del Estado guatemalteco
Según el banco Banguat, en Guatemala el ingreso de remesas familiares enviadas por migrantes radicados principalmente en Estados Unidos durante 2022 fue de 18 millones de dólares (unos 141 mil millones de quetzales), superando la cifra del año anterior que fue de 15 mil millones de dólares. El ingreso diez años antes había sido mucho menor, poco más de 4 mil millones.
Las remesas en Guatemala representan el 14,5% del PIB (Producto Interno Bruto). Esta situación ubica al país entre los 14 con mayor impacto de las remesas en su economía a nivel mundial.
«Las remesas han mejorado de manera significativa la economía familiar y han facilitado la obtención de patrimonios de las familias del país, por lo que muchas familias han llegado a ver la migración como una necesidad para lograr bienes materiales», explica el estudio realizado por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) sobre el impacto en las familias guatemaltecas ante la migración irregular.
Las remesas, ese valor económico tan importante para el país en general y para las comunidades en particular, las mandan los migrantes, esos mismos que corren el riesgo de desaparecer.
¿Cómo está de la tristeza?
El día que la abogada Rosmery Yax conoció el caso de Bernabé, hijo de Lucía, necesitó hacer una pausa para ir a llorar detrás de la puerta. Después se tuvo que componer para seguir escuchando a la mujer que buscaba hacía un año a su hijo desaparecido. Eso fue en 2011. «Me dio mucha angustia, mucha tristeza el ver la desesperación de la señora Lucía y en ese momento no poder hacer nada. Empecé a ver que era difícil enfrentarse al sistema», recuerda.
Ahora, Lucía cuenta su historia frente a cámara, con Rosmery a su lado, en la oficina de Xela, una ciudad guatemalteca a 130 kilómetros de Tapachula, la principal vía de entrada para los migrantes en la frontera sur de México.
En Guatemala aún no existe una ley efectiva que ampare o establezca la búsqueda de personas desaparecidas. Si bien existe un Código de Migración que en su reglamentación obliga a las autoridades a implementar un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas.
«Creemos que no hay intención como tal de atender a la solicitud de esta problemática», explica Rosmery y profundiza. «No hay intención de atender a las solicitudes.»
Comúnmente lo que sucede es que las familias presentan su reporte de desaparición con la Cancillería, Ministerios de Relaciones Exteriores, ellos documentan y se limita la búsqueda a sus consulados y si ahí no hay información ahí queda. Las familias esperan llamadas, una respuesta y no hay seguimiento del caso», cuenta la abogada.
Lo mismo sucede cuando se hacen denuncias en el Ministerio Público o en la policía. «La mayoría de las veces ellos son criminalizados. Les dicen ¿usted por qué dejó que su hijo se fuera si era menor de edad? o ¿por qué dejó ir a su esposo?, él no tenía que migrar. O les dicen: no tenemos jurisdicción para investigar en México», cuenta.
—¿Cómo está de la tristeza, doña Lucía?
Todos los meses, Rosmery Yax llama a Lucía Santos y le hace esa pregunta.
Buscar migrantes centroamericanos en México
El 18 de diciembre de 2015, mediante un acuerdo de la Procuraduría General de la República (PGR), México creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAE).
Lucía fue una de las primeras personas en denunciar la desaparición de su hijo desde Guatemala a México a través del MAE, una herramienta que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático propuso al Estado de México y fue aprobada como política pública.
«El objetivo de este mecanismo es que las familias de personas migrantes desaparecidas o cualquier defensor o defensora de derechos humanos pueda, desde su país, denunciar», explica Rosmery Yax.
La Unidad «será competente para facilitar el acceso a la justicia a las personas migrantes y a sus familias, investigar y perseguir los delitos cometidos por o en contra de personas migrantes», publicó en ese momento la Secretaría de Gobierno de México.
Antes de la pandemia, a través del MAE se logró que funcionarios de las fiscalías de México llegaran hasta Quetzaltenango a tomar las denuncias por desaparición. Así hizo su denuncia Lucía. Cada 6 meses debían informar a las familias de las diligencias que habían realizado en la búsqueda, compartirles información, entregar copia de los expedientes. Ahora eso se hace de manera virtual, desde las oficinas de la Fundación en comunicación por zoom con las fiscalías de México.
Entre 2017 y 2023, en El Salvador, Guatemala y Honduras se presentaron 124 denuncias a través de este mecanismo. De Guatemala eran 31. En ese tiempo se encontraron dos migrantes guatemaltecos. La abogada de Fundación para la Justicia considera que aunque suene muy poco, es alentador para las familias que exista el MAE. «Ante la ausencia de respuesta del Estado de Guatemala, para ellas que exista este mecanismo da luz a sus procesos de búsqueda».
Guatemala, el Estado ausente
Cuando las familias guatemaltecas dejan de tener contacto con su hijo o hija que migró hacia Estados Unidos, no saben qué hacer. De manera intuitiva, preguntan en las fiscalías, pero les dicen que no, que deben ir a reportar la desaparición al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué no lo saben? Porque el Ministerio no tiene campañas de comunicación para que las comunidades sepan dónde denunciar, cómo hacerlo, qué precauciones tener, qué datos son importantes para aportar.
¿Cuáles son los pasos que deberían seguir para buscarlos? De manera institucional, lo primero es poner una denuncia ante la Cancillería. Los obstáculos principales son el dinero y el tiempo que requiere trasladarse a las oficinas que quedan en el centro de cuatro ciudades (en la capital, en Quetzaltenango, Jutiapa y Huehuetenango).
Casi el 40% de los reportes de desaparecidos recibidos por esas oficinas en los últimos 13 años son de estados fronterizos con México: Quetzaltenango, Huehuetenango, y San Marcos
Otra de las barreras es el idioma, ya que en esos estados la mayor cantidad de la población es maya y muchos adultos no hablan el español, o lo hacen poco.
El vicecónsul de la Cancillería, Geovani René Castillo Polanco, explicó para esta investigación: «Muchas de los procesos no se saben, no se entienden, no se conocen y consecuentemente no hay una agilización en todo este proceso de búsqueda de los familiares».
Sobre los pasos a seguir para denunciar, indicó que existe un marcado rápido (1740), pero ninguna de las familias entrevistadas mencionó conocer esa forma de denuncia.
NamUS: la base pública de Estados Unidos que deberían conocer en Guatemala
Entonces, de nuevo: ¿qué debe hacer una madre que perdió contacto con su hijo que migró a Estados Unidos? Primero conseguir dinero para ir a una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores a poner la denuncia por la desaparición. El Ministerio lo que hará es avisar a la red consular y buscarlo vivo en hospitales, cárceles, comisarías, etc.
Pero no hará nada para encontrarlo si está muerto. No buscará en la base de datos estadounidense llamada NamUS. Pero esto no lo saben las familias. La promesa que les hacen es que las llamarán cuando sepan algo. Así, se pasan los años y los ojos se llenan de tristeza, los huesos duelen, la vida pesa cada día.
¿Qué es NamUS? Sus siglas significan National Missing and Unidentified Persons Systems (Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas). Se trata de una base pública estadounidense con reportes de tres situaciones: personas desaparecidas en el país, personas encontradas fallecidas que no han sido identificadas, y aquellas que sí lo fueron pero aún no son reclamadas por sus familiares. Se puede consultar online y es gratuita. Pero, la mayoría de las familias guatemaltecas no la conocen, incluso muchos funcionarios de ese país tampoco lo hacen.
En NamUS hay más de 50 mil casos cargados que se pueden explorar con un buscador y filtrar por categorías claves como número de caso policial, género, edad, región geográfica, raza, entre otras. Pero como no existe ningún filtro para saber si la persona que figura en sus archivos murió intentando cruzar la frontera, sólo se pueden hacer acercamientos y revisar reporte por reporte.
En la ficha digital de cada persona aparecen los datos que se pudieron obtener de los restos encontrados. Uno de los casos, por ejemplo, data de 2010. El reporte indica que es una mujer que fue encontrada en Sells, Arizona y que tiene entre 18 y 23 años. Pelo negro, 63 pulgadas (1,60 metro) de altura, no se pudo estimar el peso, su cuerpo fue encontrado el 13 de julio del 2010 en las coordenadas N 32 07.394 W 112 12.891.
Como el cuerpo no es reconocible no hay foto de ella, pero sí de sus pertenencias: además de la ropa llevaba dos billetes de un dólar, pesos mexicanos, un papel con varios números de teléfono anotados, y un collar hecho con cordón negro y dos dijes, uno de un corazón atravesado por una flecha y otro de una medialuna con estrellas. Al final están los datos de contacto del médico forense que tomó el caso.
De todos modos, no alcanza con mirar las fichas para tener una certeza de que los restos no identificados corresponden a la persona que se busca. No hay certeza hasta que la familia no se hace una prueba de ADN y se compara con estos restos.
Sin embargo, esta base es clave para que las familias que buscan puedan acercarse a los médicos forenses que intentan identificar a las personas fallecidas. Pero casi nadie sabe de la existencia de esta base pública en Guatemala, y muy pocos la usan. Ni siquiera el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país avisa, a quienes llegan a su oficina reportando un familiar desaparecido, que pueden buscar allí.
En territorio, acompañan y buscan las organizaciones
En Guatemala, como en muchos países de la región, son las organizaciones de la sociedad civil las que asumen la carga de hacer lo que el Estado no hace para ayudar a las personas que migran. Katalina López y Angélica Juchuña forman parte del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), que acompaña a los familiares de migrantes guatemaltecos desaparecidos.
“Muchos llegan con un dolor en el corazón de no saber qué hacer y a dónde acudir”, dice Angélica, que se sumó hace 3 años a ECAP. Recorren la zona de Chimaltenango, yendo de casa en casa, para ofrecer la ayuda. Algunas personas están dispuestas y otras todavía no pueden.
«Cuando ellos se acercan al grupo ya quieren encontrar a su familiar, pero hay que entender que necesitan un proceso. Primero estar consciente de ese dolor y cómo sacarlo, hablar de ese dolor», dice Katalina
Román Coc, quien busca a su hija Laura hace 13 años, recibió el acompañamiento de Katalina y Angélica y dice: “Nos han quitado el miedo de entrar en alguna oficina a poner una denuncia, a llenar papelería. ECAP es el que nos ha sacado adelante”.
La organización no tiene un número exacto de la cantidad de familias que buscan a un migrante desaparecido en Chimaltenango porque ningún organismo del Estado lleva la cuenta. Solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un número de reportes de migrantes guatemaltecos desaparecidos: son 817 entre 2010 y 2023. Pero ese dato no es público ni para las organizaciones ni para las familias. Fue obtenido por esta investigación a través de pedidos de acceso a la información pública. Además, reconocido por el vicecónsul, a ese registro le faltan muchas personas.
En la comunidad muchas veces las familias, por vergüenza, no cuentan nada. Hoy, Katalina y Angélica trabajan con doce familias, pero saben que hay muchas más.
Desde ECAP advierten que no hay una coordinación entre los Estados, el de origen y en el que desaparece la persona migrante; pareciera que no tienen un plan de búsqueda. «No hay ningún plan de trabajo. Sería magnífico que tanto Guatemala, como México y Estados Unidos tuvieran un plan de rescate o un plan de salvaguardia de las personas», concluye Angélica.
Esta nota forma parte de la investigación Migrar y Desaparecer realizada por dos periodistas de Perycia, Verónica Liso y Rosario Marina, junto con Gabriela Villegas de México y Andrea Godínez de Guatemala.
Durante 8 meses investigaron las desapariciones de migrantes en la ruta que va desde Guatemala a Estados Unidos. Recorrieron el camino hacia «el sueño americano», hablaron con las familias que buscan y las organizaciones que las acompañan. Investigaron qué hacen, y sobre todo qué no hacen, los estados de México, Guatemala y Estados Unidos para encontrar a estas personas. Entrevistaron funcionarios/as, forenses, especialistas para trazar el contexto. Y fueron a los datos duros, hicieron pedidos de acceso a la información pública en los tres países, para entender la dimensión de la problemática.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
