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Violencia institucional

Río Negro

Rafael Nahuel: la caída del relato Bullrich

Echada por tierra la versión del enfrentamiento armado, las últimas audiencias significaron un avance en la causa que juzga el crimen del joven mapuche de 22 años. Para fines de 2023 se espera la sentencia para los cinco prefectos acusados. En una cobertura conjunta de Perycia y lavaca.org, hablamos con la querella, la familia y referentes de la comunidad mapuche.

 

Por: Juan Pucciarelli
Foto: Jaime Carriqueo
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“Para llegar hasta Fiske fue mucha distancia, y allá tuvimos que buscar cada uno su lugar”, contó, en diálogo con este medio, María Nahuel, tía de ‘Rafita’. Se refiere a Fiske Menuco, término en mapudungún para denominar a la localidad rionegrina de General Roca (quien fuera, justamente, el autor de la masacre de la comunidad mapuche en el siglo XIX). Allí se realiza el juicio por el homicidio de Rafael Nahuel, en el Tribunal Oral Federal, a 500 kilómetros del lugar donde el 25 de noviembre de 2017 integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina le dispararon por la espalda. 

—¡Ahhhh, no puedo respirar, no puedo respirar!, fueron sus últimas palabras, en la montaña, dentro de la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en Bariloche.

Escapaba de la cacería desatada por los Albatros. Dos días antes, el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, había ordenado un operativo de desalojo; desde entonces, los efectivos de la Prefectura se encontraban apostados en la zona.

Lautaro González Curruhuinca y Fausto Jones Huala pudieron bajar hasta la base con el cuerpo de Rafael Nahuel agonizante. Falleció después de varios intentos de reanimarlo. En la redada criminal que terminó con su vida, también fue herida su prima, Johana Colhuan, y Gonzalo Coña, otro integrante de la comunidad.

María Nahuel cuenta cómo es viajar para declarar en el juicio por el crimen de su sobrino. “Como hay gente mapuche también [en Fiske Menuco], nos abrieron las puertas para quedarnos en sus casas. Nos separamos en dos y nos dieron lugar. No teníamos plata. Estábamos esperando una colaboración de la Nación, que llegó, pero el día que estábamos volviendo. Los mapuches que nos recibieron allá tuvieron que poner la comida”, explicó. La comunidad en la que viven está a siete kilómetros de la ciudad de Bariloche. «Se podría haber hecho acá el juicio, no teníamos la necesidad de viajar. Incluso una de las testigos, que es mi hija, Johana Colhuan, tuvo que viajar con su nena”.

El juicio que se realiza por el asesinato del joven de ascendencia mapuche avanza a paso firme. De los cinco prefectos implicados, uno de ellos, Sergio Cavia, está procesado por “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”. Los otros cuatro, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa, están señalados como “partícipes necesarios”. El fiscal del juicio Rafael Vehils Ruiz anunció este lunes que está pautada para el 24 de octubre la inspección ocular en el territorio donde ocurrió el crimen.

La semana pasada tuvo lugar una de las audiencias de testigos clave. Entre ellos, González Curruhuinca, Jones Huala y Colhuan, que sobrevivieron al ataque y que, por lo tanto, son víctimas, tal como señaló el juez Simón Bracco (quien junto a su par, Pablo Díaz Lacava, integra el tribunal presidido por Alejandro Silva). También declaró María Nahuel. De las 92 personas citadas como testigos, aún restan una decena solicitadas tanto por la fiscalía como por la defensa.

La tía de Rafael asegura que no hubo enfrentamiento’, “le dispararon por la espalda. Fueron muchos los cómplices del asesinato”. 

“El sueño se lo quitaron en un segundo”

“Como también lo dije en el juicio, nosotros no somos delincuentes, no somos terroristas. ‘Rafita’ Nahuel no era un terrorista”, señaló María y aseguró: “Vamos a seguir luchando mientras tengamos fuerza”. 

“Sólo queremos vivir en los territorios, vivir como mapuches, trabajar la tierra, criar animales, cuidar la naturaleza. Algo que él, Rafita, tenía muy presente era a su padre, a su madre y a su hermano. Siempre del campo quería venir a ver cómo estaba su familia, cómo estaba su mamá, su papá”, contó. “Decía ‘yo quiero instalarme bien acá para cuando pueda hacer mi casita, tener mi caballo, mi perro, criar conejos, y traer a mi hermano’. El sueño se lo quitaron en un segundo”. 

También, en relación a su testimonio, la tía de Rafael Nahuel contó que “no se pudo hablar cada uno en su lengua porque el abogado que defiende a los prefectos, una persona muy racista, cuando yo me presente en mapudungún él ya estaba gritando que traigan un traductor”, y subrayó que “el fiscal y el juez entendían perfectamente bien lo que yo estaba diciendo”. 

Un juicio atípico 

“El panorama es muy bueno comparado con la instrucción que se ha desarrollado. No se pueden salvar todas las deficiencias que se arrastran desde la investigación, pero sí se está haciendo un juicio razonable”, dijo el abogado querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, que espera la sentencia para antes de fin de año. “El tribunal tiene un principio de apertura de pruebas que no se venía sosteniendo en otras instancias, que permitió producir una pericia antropológica para que esté en el debate el asunto mapuche, que había sido despreciado, soslayado”, agregó.

Por su parte, el abogado de la familia e integrante de la APDH Bariloche, Rubén Marigo, afirmó en declaraciones a este medio que “en este momento, después de haberse realizado bastantes audiencias, están claras las dos posturas. La nuestra, que sostenemos que es un homicidio agravado por haber sido perpetrado por las Fuerzas de Seguridad, lo cual merece cadena perpetua, y por otro lado, la postura de la fiscalía de primera instancia (que tuvo a cargo la investigación), que extrañamente coincide con la de la defensa, que sostiene que hay un exceso en la legítima defensa”. 

Marigo se refiere a la teoría del enfrentamiento armado que expuso la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little, a cargo de la investigación del caso en ejercicio de una subrogancia, antes de jubilarse el año pasado. La etapa de instrucción de la causa también había atravesado las gestiones subrogantes de los jueces Gustavo Villanueva y Gustavo Zapata.

Acerca de la jornada de declaraciones de la semana pasada, Orlando Carriqueo, integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, sostuvo que “los testigos de las comunidades, que vivieron ese asesinato por la espalda por parte de la Prefectura, pudieron expresar y contar lo que verdaderamente pasó, que coincide con las pericias balísticas”. 

También se mostró crítico del proceso judicial, al señalar que “es un juicio atípico, donde los imputados no están presentes sino a distancia, y los testigos de las fuerzas de seguridad cuando recibieron alguna pregunta complicada o que ponía en jaque lo que venían diciendo, se quedaban sin Internet o no escuchaban la pregunta”. Consideró también que “si se espera desde el Poder Judicial un acto esclarecedor, estas circunstancias jugaron en contra”. Las grabaciones de las declaraciones a distancia están registradas, pero “no son de acceso público”, según consignó Marigo. 

Además, Carriqueo subrayó que “está descartado, a esta altura, un enfrentamiento armado. Cada vez queda más en evidencia que eso fue un armado judicial y del ministerio de Seguridad de aquel momento”, dice haciendo referencia a la cartera que lideraba Patricia Bullrich.

130 disparos de los Albatros

“El crimen por supuesto que impactó mucho” en la comunidad local, aseguró, “pero la lucha continúa”. “La dimensión del conflicto político, histórico y social que tiene Argentina no lo va a resolver el Poder Judicial. Hay ciertas circunstancias políticas que se tienen que dar, como el reconocimiento del genocidio de hace 145 años, y una discusión también sobre la verdadera identidad de la sociedad argentina. Empezar a hablar muy abiertamente de lo que significó ese genocidio para los pueblos indígenas, cuyas consecuencias están hoy presentes: perdida de identidad, racismo, violencia institucional, que forman parte de la vieja historia en esta construcción de un Estado mono cultural que intentó por todos los medios invisibilizar a los pueblos indígenas preexistentes”, añadió.

Rubén Marigo explicó que durante la audiencia se demostró un claro sesgo de odio hacia el grupo de los pueblos originarios, y que la postura del enfrentamiento se ha venido desmoronando, no solamente porque hay mas de 130 disparos efectuados únicamente por los Albatros (31 de las cápsulas fueron encontradas cerca de los mil metros de altura del cerro), «sino por el hecho de que no existe un solo herido de prefectura, mientras que del otro lado está el asesinato y los dos heridos”. 

Sostuvo que “no hay una sola bala ni ningún otro elemento que pudiera demostrar que hubiera armas del otro lado, sino solamente piedras que usaron en defensa los compañeros mapuches que se intentaba cazar. Esto lo han demostrado las audiencias de a poco, como también las pericias que pretendían demostrar que en las manos de Rafael Nahuel y los dos compañeros que lo bajaron había restos de pólvora”, explicó el abogado. Según la elevación a juicio, los efectivos buscaron «resguardar sus vidas», y en ese sentido, actuaron «en cumplimiento del deber».

Para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hubo una persecución y un homicidio calificado, donde son culpables los cinco prefectos que dispararon con intención de matar”, dijo Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, bajo la cartera conducida por Horacio Pietragalla. “Eso es por lo que nosotros acusamos, lo que estamos sosteniendo en el juicio y lo que creemos que se está probando”, refirió.

La investigación fue elevada a juicio en diciembre de 2021, por decisión de la jueza Silvina Domínguez. En marzo de ese año, Przybylski se había presentado como querellante en la causa. Feudal destacó la actuación “con mucho compromiso y mucha dedicación al caso tanto de Pietragalla como Przybylski”, aunque en relación a la política del Frente de Todos respecto a la comunidad mapuche, recordó que “este Gobierno produjo un desalojo” (el cual motivó en octubre de 2022 la renuncia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta), por lo cual afirmó: “Mi reconocimiento a Pietragalla y a Przybylski no es extensible a todo el Gobierno”. 

La versión de Bullrich

La postura oficial actual sobre el caso Rafael Nahuel contrasta con la esgrimida en los años del gobierno de Mauricio Macri, gestión bajo la cual se cometió el crimen. Dos días después del homicidio, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que las víctimas pertenecían a un “grupo que está fuera de la ley que intenta convertirse en poder fáctico y tomar un territorio”, y argumentó la presunta existencia de “armas de grueso calibre” con las que habían atacado a los prefectos, en una conferencia junto a Germán Garavano, su par del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Luego de estas declaraciones, el Presidente salió a respaldar su posición, destacando la existencia de un “cambio cultural” que implicaba “volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse”.

También, a comienzos de diciembre de aquel año, en el programa televisivo conducido por Mirtha Legrand, el periodista Ernesto Tenembaum cruzó a la entonces vicepresidenta, Gabriela Michetti, por el crimen de Rafael. “Fue baleado por la espalda, no tenía restos de pólvora en la mano y las dos personas que lo llevaron hasta la ruta tampoco tenían pólvora en sus manos. La bala era 9 milímetros, de Prefectura”, le dijo Tenembaum, al cuestionar que ella diera “por sentado que hubo un ataque”, tras lo cual Michetti le respondió: “Se supone que hay armas de todo tipo, hay lanzas y también armas de fuego. (…) Tratemos de hablar con sentido común, por favor te lo pido. ¿La persona le va a estar tirando porque sí?”.

Cabe recordar que en la quinta jornada del juicio realizada a fines de agosto pasado, el Prefecto Mayor Naval Julio César Mostafá declaró en calidad de testigo, al ser consultado por Sebastián Feudal, que había actuado en base a “lo que salió en los medios de comunicación”, entre los cuales mencionó al Grupo Clarín. Mostafá fue quien organizó la represión, al designar como jefe del operativo al oficial Pablo Rubén Berra, quien estuvo a cargo de veinte efectivos en aquella jornada. 

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