Publicada 18/9/2026
Florencia Mascioli lleva los labios pintados de rojo y ojeras profundas. Envuelta en un sobretodo de paño marrón, sostiene una carpeta con kilos de pruebas de su causa. Llegó a La Plata desde Tres Arroyos, a unos 500 kilómetros en auto, con su pareja. Es el 13 de agosto y están por entrar juntos a una sala diminuta en Tribunales, junto al abogado de Florencia, Carlos Quirós y el fiscal Juan Pablo Caniggia. Es el comienzo del juicio contra Agustín Raimondo, el empresario de medios acusado de lesiones psicológicas graves contra Florencia y dos desobediencias judiciales. En el pasillo aún se oye una música lejana y consignas de la radio abierta que los militantes del Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBo) montaron para acompañar la jornada.
Pero la mañana se crispa con la noticia de que el abogado del acusado, Marcelo Peña, faltó sin avisar. No envió siquiera un escrito al Tribunal Oral Criminal (TOC) N°1 que entiende la causa. Aunque el acusado está solo, debe comparecer igual ante la jueza Cecilia Sanucci. Las dimensiones de la sala hacen que Florencia pida no estar presente, para no quedar tan cerca y de frente a Agustín, su ex pareja y ex jefe en el multimedios COOL. También padre de su hija. De común acuerdo termina escuchando el desarrollo de la brevísima audiencia desde la antesala, el lugar donde en condiciones normales suelen esperar los que van a ser juzgados.
Raimondo entra esposado, acompañado de dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). No deja de mirar el suelo.
La secretaría del Tribunal explica que, horas antes del inicio de la audiencia, una persona que dijo llamarse Matías llamó al TOC, y dijo trabajar en un estudio jurídico con Peña. Sin brindar DNI ni matrícula, avisó que el abogado no llegaría al debate -fijado semanas antes- por un problema de salud. Luego, cortó la llamada.
Raimondo alza la cabeza cuando la jueza le habla directamente:
-Le pregunto al sr. Raimondo si sabe algo de su defensa, porque lo ha dejado… estamos sin defensa.
El empresario se toca la cara y el pelo. Farfulla, mueve los labios.
-Le pido que le hable al micrófono, por favor.
-Ah, perdón. No, no sé, no… –la voz le baila de graves a agudos.
-¿No tuvo ninguna comunicación?
-No, la última vez ayer, 9, 10 de la noche, por ahí.
-¿Y qué es lo que hablaron?
-No, no, para ultimar los detalles de todo esto.
-¿Se hallaba en buenas condiciones físicas?
-Sí osea… no sé, sí. Me hablaba bien, no sé. Sí.
La jueza pregunta a la parte acusatoria si quiere manifestar algo sobre la situación. Los abogados dicen que, si bien no es prolija la notificación del colega, su ausencia ya es un hecho consumado. Piden que el juicio continúe al día siguiente. Hay caras largas, a nadie le gusta haber ido a trabajar para nada.
-Para mí esta situación no está formalizada, porque si no yo tendría que darle vista a usted – Sanucci mira a Raimondo- para que decida quién lo va a defender, o manifieste su voluntad de ser defendido por algún otro defensor, o si no tiene que continuar con un defensor oficial. Oídas todas las partes y en vistas de esta circunstancia, voy a disponer que se inicie el juicio mañana a las 10. Se va a intimar a la defensa para que presente la justificación y, eventualmente, los comprobantes de por qué no se pudo hacer presente el día de hoy. Buenos días y muchas gracias.
Antes de irse, le aclara al acusado:
–Esto es un dispendio judicial, y el más perjudicado es usted.
El abogado ausente, Marcelo Peña, argumentaría luego un presunto ensañamiento de la jueza contra su cliente, en una campaña mediática que combinó cuestionamientos a Sanucci con información falsa y se desplegó con inusual intensidad.
Raimondo sale de regreso a la unidad penitenciaria N° 61 de Melchor Romero. De la antesala al pasillo van saliendo los testigos previstos para la fecha. También fueron para nada. Sería la primera de un total de tres veces que se presentarán a dar su testimonio sin poder hacerlo. Por último salen todos los demás. Los padres del acusado, que esperaron a que se desarrollara la audiencia sin subir a la sala, ya se retiraron del hall de entrada de Tribunales.
Florencia no le presta atención a eso, ni a mucho más. No puede parar de llorar mientras baja las escaleras hacia la calle junto a su abogado. Desde el SiPreBo le ofrecen un micrófono, ella agradece a todos -el sindicato, su abogado, su pareja, sus amigas- y dice:
-De Agustín no me sorprende nada. De las personas con las que se maneja tampoco. Sé que debe haber gente de su círculo contenta con esto, estoy muy segura. Pero aunque ahora esté llorando y tal vez no lo pueda entender, mañana voy a venir más fuerte. Esto me da más fuerzas. Yo esperé casi toda mi vida este momento, no me voy a rendir ahora.
Y se le quiebra la voz.
Momentos más tarde, cuando se apagan los micrófonos, Florencia conoce a Sonia. Es una joven locutora que trabajó para Raimondo durante el 2025, y que consultada por Perycia asegura que, en noviembre, el empresario llegó a enviarle mensajes de audio desde la cárcel para darle órdenes de trabajo mientras seguía sin pagarles el sueldo. No se conocían: Florencia denunció a Raimondo en 2022 y desde entonces intenta no tener vínculo con él; Sonia se acercó a presenciar el juicio como forma de solidaridad. Se presentan, se dan un abrazo algo incómodo, y al despegarse Florencia le pregunta en voz muy baja:
-No te mandó él a filmarme, ¿no?
Crónica de un juicio que no fue
Lo demás es historia. Peña envió un certificado médico el mismo jueves 13 por la tarde, que le encomendaba reposo por 48hs. El debate quedó definitivamente suspendido. La jueza dispuso una nueva fecha: 20 y 21 de agosto. Lo que siguió fue un intercambio de escritos: Peña dijo que no podría asistir el 20 porque el mismo 13 de agosto, día en que estaba previsto el debate, había comprado pasajes para las Cataratas por un compromiso laboral. El fiscal y el abogado de Florencia se opusieron, y la jueza ratificó la fecha. Sería el 20 de agosto. Cuando estaban saliendo de La Plata, Florencia y su pareja chocaron en auto producto de una pinchadura de rueda. Ella llegó a Tres Arroyos creyendo que no podría volver. Pero lo hizo, igual que lo harían los testigos y la prensa.
El 19 de agosto, distintos medios de la ciudad publicaron que la familia de Raimondo, sus padres, habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, por presunta “parcialidad” o excesos en su comportamiento con Raimondo. El diario el Día y el Hoy, por caso, informaron de esa denuncia. Pero Perycia confirmó con máximas autoridades de ese organismo que no existe ninguna denuncia contra la jueza Cecilia Sanucci. Ni por los hechos denunciados por la familia de Raimondo, ni por otros casos que la involucren.
El 20 de agosto Peña volvió a faltar: presentó un escrito diciendo que ya había avisado que iba a estar en Cataratas. Esa mañana, radio La Cielo lo llamó por teléfono y mantuvo un breve diálogo con él, que pidió que lo llamaran después. Pero el llamado nunca se concretó. Perycia también le escribió ese día: el abogado invitó a que se lo llamara y luego no atendió el teléfono, en múltiples oportunidades. La familia de Raimondo tampoco se había hecho presente esa mañana en Tribunales.
Florencia viajó esa segunda vez sola, en micro, con la ayuda de una venta de rifas: sorteó entre quienes compraron cursos de oratoria dictados por ella, que es periodista y locutora. Durante todo ese tiempo contó con el acompañamiento del Sindicato de Prensa Bonaerense, que fue clave en la visibilización del caso. El gremio informó en un comunicado que, según su último relevamiento, “la violencia y el acoso laboral por razones de género afectan a más de la mitad de las trabajadoras de prensa de la región”. El mismo 20 de agosto, Raimondo ratificó ante Sanucci que quería continuar con la defensa de Peña. Por eso la jueza llamó finalmente a una reunión para el lunes siguiente, con el objetivo de definir, entre todas las partes, una nueva fecha. Florencia regresó a Tres Arroyos: acumulaba 2.000 kilómetros de viaje.
De la reunión entre las partes se dispuso que el juicio sería el 28 de agosto, 31 y 1ro de septiembre. El 26, la Asociación de Abogados Penalistas de La Plata sacó un comunicado donde alertaban por acciones que podían limitar el libre ejercicio de la defensa. De nuevo, diarios más y menos conocidos de La Plata difundieron este comunicado y muchos llegaron a informar que la jueza “habría interrogado sin su abogado” al empresario de medios y que ya tendría “escrita la condena” contra él. Perycia le consultó al presidente de la asociación de abogados penalistas si estaba al tanto de que la denuncia nunca se había hecho, pero no obtuvo respuestas.
El 28, la tercera vez, Florencia también viajó sola en micro. La ausencia de Peña y de la familia de Raimondo no sorprendió a nadie. La versión circuló primero en los medios y se confirmó a media mañana: Raimondo había revocado el mandato de Peña como su abogado. En una carta escrita a mano, consideraba que la jueza estaba “ensañada” con el penalista y que eso podría perjudicarlo a él como su defendido. Todas habían sido versiones mediáticas: el abogado nunca atinó a recusarla formalmente.
Perycia intentó comunicarse con Peña unas seis veces durante este proceso. Al obtener respuestas esquivas y no poder llegar a una instancia de conversación, le acercó por WhatsApp una serie de preguntas que, al momento de publicarse esta nota, aún no fueron respondidas.
Bajar hasta el fondo y volver a subir
– Lo único que puedo decir de positivo es la red que encontré: una red invisible, que uno no sabe que tiene y de repente aparece cuando te estás por caer. El sindicato, los testigos, una amiga con la que estábamos medio distanciadas… Eso me salvó. También creo que destaco mi fortaleza. Mucha gente me dice, «Flor, qué valiente que sos”. Y yo no soy valiente, yo voy re cagada. Lo hago pero lo hago con miedo, porque no me queda otra.
Del otro lado del teléfono Florencia habla convencida, aunque a veces se le cierre la garganta. Está en Tres Arroyos y L., la hija de ambos de 8 años, está en la escuela. Cuando Perycia le pregunta qué balance hace sobre estas tres fechas fallidas, plantea que aprendió, “lamentablemente, a surfear el sistema penal, que nadie sabe lo que es hasta que lo vive. Y como negativo, la destrucción total, una devastación absoluta en todos los sentidos, más allá del económico que sabemos que es importante en estos tiempos. Psicológico, físico… Yo me acostaba a dormir y me desmayaba. Volví a tener ataques de pánico. Me había preparado durante mucho tiempo en terapia para afrontar esto, e iba y no se hacía… Son como cachetadas que te van pegando”.
Tal como contó Perycia en 2025, el empresario de medios fue detenido luego de incumplir una medida de restricción dispuesta por la Justicia en octubre del año pasado. Según el relato de Florencia, durante los nueve años que duró su relación con Raimondo —iniciada en 2012 y terminada con la separación, en 2021— atravesó múltiples situaciones de violencia de género. Sufrió violencia psicológica grave y sometimiento: “Me escupía la cara, me tiraba del pelo, o me ponía el puño a centímetros de la cara y me decía hija de puta, si fueras hombre te cagaría a trompadas. Lastimaba a mis mascotas y revoleaba cosas contra la pared”, describe Florencia en diálogo con este medio.
Además, asegura, Raimondo no la dejaba trabajar en otro medio bajo el pretexto de «exclusividad» en su radio y la obligaba a pagar los servicios a medias en la convivencia, aunque su sueldo era considerablemente inferior a los ingresos del empresario. Tras separarse en 2021, Florencia continuó trabajando en la radio de su expareja bajo hostigamiento y amenazas. “Yo no quería y él me obligaba, porque si yo no trabajaba en su radio me sacaba a la nena. Esa era su amenaza: con una indigente mi hija no va a estar”, cuenta Florencia. Y suma: “Me echaba cuando quería, como era una relación laboral en negro me ‘echó’ muchas veces. Me decía, Levantate y te vas, o Ahora te vas, chau, estás suspendida”. Este tipo de prácticas no eran solo contra Florencia: Perycia relevó situaciones muy similares en la investigación realizada el año pasado luego de la detención del empresario. Muchos de sus ex empleados lo denunciaron por despidos, y en los relatos hay indicios de precariedad laboral y maltrato: acumula más de una decena de expedientes en el fuero laboral platense.
Ya separada, en octubre del 2022, Florencia radicó la primera denuncia por violencia de género. Tiempo más tarde realizó otra: una que fue archivada, desarchivada y nuevamente archivada, por un presunto abuso sexual contra la hija de ambos. Fue entonces cuando la Justicia dispuso medidas más severas -la orden de restricción contra ambas- y el hostigamiento se agravó, pasando de las redes y el WhatsApp a la calle, al jardín de la niña y a las afueras del departamento donde vivían las dos. Con el primer archivo de la causa hubo un período de revinculación, pero otro informe pericial cambió la situación y ella terminó mudándose con su hija a otra ciudad bonaerense, con permiso judicial.
El empresario, entonces, volvió a incumplir la medida en 2023. Luego llegó a irrumpir al juzgado de María del Carmen Roca, jueza de familia que llevaba su caso, gritando, llorando y hasta amenazando. La “escrachó” en múltiples notas de sus medios (Laplata1) y, según cuenta Florencia, también llegó a hostigar a miembros de su familia y a profesionales que atendían a su hija, como su médica y su psicóloga. Perycia comprobó que, días antes de ser detenido, también llamó y escribió insistentemente a dirigentes del SiPreBo, advirtiéndoles que Florencia había hecho “falsas denuncias”.
La familia de Raimondo sostiene una versión completamente diferente. En una entrevista exclusiva con El Día, su madre, Silvia Belcastro, aseguró que las denuncias de Florencia forman parte de una trama más amplia: ella asegura que todo comenzó cuando Florencia se enteró de la bisexualidad de su hijo, y que por ese motivo habría radicado distintas denuncias por abuso, todas archivadas. Sostiene que el objetivo era “ver destruido a Agustín”, a quien considera inocente del delito que se le acusa.
El 9 de octubre de 2025, finalmente, Raimondo viajó hasta Tres Arroyos y volvió a incumplir la restricción judicial. Se presentó en la escuela de su hija con un peluche de oso gigante. Florencia asegura que la niña no quería verlo y que él las siguió, gritándole cosas a la niña. El hecho encendió las alarmas de la fiscalía de juicio, que había recibido la causa semanas antes. Raimondo, además, le había enviado a Florencia un audio para encontrarse sin los abogados, que ella presentó como prueba. Los peligros procesales eran claros: riesgo de fuga, entorpecimiento probatorio y violación reiterada de medidas judiciales. El fiscal Juan Pablo Caniggia pidió su detención y prisión preventiva. Las causas por las lesiones graves psicológicas y las dos desobediencias ya habían sido unificadas y elevadas a juicio.
Un caso atípico
Hay algo en lo que coinciden las partes: es raro que un delito como este –lesiones psicológicas graves- llegue a juicio. Y no por restar gravedad al delito, sino por ser realistas. El sistema judicial está tan colapsado que los agresores por delitos de violencia psicológica no suelen ir detenidos, menos aún con prisión preventiva. El abogado de Florencia, Carlos Quirós, cree que justamente fue “una serie de equivocaciones” -tanto del empresario como de su defensa- lo que generó que, pese a la atipicidad del caso, termine preso. En esto las sistemáticas desobediencias judiciales tienen un rol central.
Y no es lo único raro en esta historia. Laplata1, Cadena COOL, todo lo que dependía de Raimondo sigue funcionando al día de hoy, actualizado con la información del día. Solo recientemente figura el nombre de la madre de Raimondo como dueña de Cadena COOL; aunque no así en LaPlata1, que sigue llevando el nombre del empresario. En la redacción y estudios de la radio siguen trabajando varias personas en total informalidad. MiróStream, en cambio, no consigna a ningún dueño en su footer, aunque la marca le pertenecería a Raimondo según varios medios de comunicación. El empresario sigue figurando deudor en situación 5 dentro del sistema financiero. Algunas de las pautas que reciben sus medios operan bajo el sello CDC Media S.A, firma que componen Raimondo, su madre y Martín Rojas, empresario vinculado a Test Viajes. Perycia lo contactó para saber un poco más sobre el funcionamiento de los medios, pero no obtuvo respuesta.
Además, hace apenas días, Raimondo dejó de figurar como deudor alimentario moroso. El Juzgado de Familia N.º 1 de Tres Arroyos ordenó levantar su inscripción del Registro de Deudores, en el que figuraba desde hace un año, valorando un pago efectuado recientemente y la existencia de un embargo sobre parte de un automotor. Pero no da por cancelada la deuda. Por el contrario, ordena practicar una liquidación actualizada para establecer los saldos pendientes: del lado materno aseguran que son considerables.
La decisión retoma un argumento planteado por el empresario: que su permanencia en el registro le impedía recibir pauta publicitaria para la radio de la que es titular -por la Resolución N° 40 de la Subsecretaría de Medios de la PBA (2017) y la Ley de Deudores Alimentarios– y que eso comprometía la continuidad del pago de la cuota: un círculo vicioso. Ahora, con la inscripción levantada, Raimondo podrá volver a percibir pauta y deberá afrontar el pago de la cuota alimentaria y su eventual saldo pendiente. Todos estos movimientos ocurrieron durante y después del proceso de “no-juicio” que se desarrolló desde mediados de agosto en el fuero penal.
En retrospectiva, el proceso judicial frustrado tuvo otra característica excepcional: una secuencia de tres suspensiones en apenas 16 días que, según los antecedentes públicos que pudo relevar Perycia, no encuentra muchos paralelos en la historia judicial reciente. Quirós sostiene que las acciones de Peña vinculadas al caso podrían ameritar una denuncia, aunque “Florencia no quiere porque tiene miedo. Dentro del estado de vulnerabilidad en el que está, cree que le puede mandar a hacer algo, porque tiene medios y recursos”. El abogado aclaró que apelaron la última decisión judicial de Casación -que le había otorgado la domiciliaria al empresario-: “El beneficio está sujeto a que termine la instancia apelatoria, que es ante la Suprema Corte. Si estamos dentro de la lógica judicial, eso debería llevar varios meses. Eso implicaría que el acusado siga detenido en Melchor Romero, en la unidad 61”, hasta que se lleve adelante el debate oral y público.
El abogado advirtió que “el objeto procesal está delimitado” y en el juicio no se podrán plantear las situaciones de revictimización que Florencia padeció en este proceso. Y explicó que Raimondo podría volver a tomar medidas sobre su defensa que compliquen el inicio del proceso: “Chicanas procesales hay un un montón, lamentablemente. Pero hay un momento en el que se llega a un límite. El tribunal tiene un límite. Jugaron con el honor de la jueza”, aseguró.
Las reiteradas suspensiones también tuvieron consecuencias sobre las dos desobediencias judiciales: según Quirós, la acción penal por esos delitos ya prescribió. De todos modos, las lesiones psicológicas graves calificadas tienen una pena mínima de 3 y una máxima de 10 años de prisión. Es el abanico con el que trabajarán tanto Quirós como el fiscal a la hora de pedir una pena, cuando finalmente se realice el debate.
Sobre la revictimización
La lesión psicológica no deja necesariamente una marca visible. “Así como cuando nos pegan nos dejan una marca en el cuerpo, un moretón, cuando tenemos situaciones emocionales angustiantes, eso también deja marca e implica la presencia de un daño psíquico”, explica la psicóloga Gabriela Galletti, magíster y diplomada superior en Género y Políticas Públicas, con más de 30 años de trabajo en el área de violencia de género.
Cuando esa violencia se sostiene en el tiempo – agrega-, puede producirse un trauma complejo: “No es una vez que te pasó; es una circunstancia que es marca sobre marca, golpe sobre golpe”. La especialista lo define como una “devastación emocional, psicológica y cognitiva” que puede dejar secuelas y afectar la vida personal, social y laboral. Todo ello, explica, puede ser evaluado a través de pericias psicológicas o psiquiátricas, a partir de indicadores clínicos y herramientas diagnósticas estandarizadas como el DSM-5 y la CIE-11, o incluso con el Baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) en nuestro país. De hecho, en la demanda laboral contra Raimondo, un dictamen psicológico consignó que Florencia presentaba “secuelas compatibles con el grado III de Reacción, Vivencial Anormal Neurótica” con un porcentaje de incapacidad psíquica del 20% de la Total Obrera. Raimondo impugnó luego esa evaluación.
Para la psicóloga, que es además coordinadora del Área de Violencias y de la Subárea de Salud Mental del Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y docente de posgrado, hay que tener en cuenta que el daño no necesariamente termina con la denuncia. “La denuncia es una puerta de entrada al mundo judicial para encontrar alguna respuesta posible ante la situación de abuso, pero hay un pensamiento de que quizás se denuncia y el agresor las va a dejar tranquilas, y en muchos casos no es tan así. Muchas veces se produce más violencia del otro lado.
Hay muchos casos de mujeres que no lo esperaban y eso las desborda, por eso hay que estar preparadas porque eso puede pasar”, aclara Galletti.
Y suma algo más: cuando el propio sistema obliga a una persona a repetir innecesariamente lo ocurrido, o la expone a situaciones inadecuadas sin contemplar su vulnerabilidad, puede producirse una nueva forma de daño: la revictimización o victimización secundaria. “En lugar de acompañarte es como que recibís un golpe por parte de personas que deberían estar dispuestas a ayudarte”, resume y describe el concepto de backlash, ese latigazo que hace que la persona -la víctima- retroceda cuando justamente estaba avanzando. En otras palabras: “en lugar de encontrar amparo, te encontrás de vuelta en el laberinto judicial repitiendo el trauma, de alguna manera, y siendo culpabilizada por él”.
Florencia describe su situación a lo largo de los años como una seguidilla de infiernos. “Son distintas fases, distintos tipos de infierno: la violencia dentro de la casa, la violencia laboral, la violencia post separación, dentro de la radio pero fuera de la casa…y ahora esto”, dice para referirse a las dilaciones procesales. Y es que pese a que la causa judicial aborda solo el delito de violencia psicológica, ella asegura que las acciones de su ex escalan muy por encima: habla de instigación al suicidio, de violencia económica y también vicaria, tanto con sus mascotas como con su hija. Asegura que, por todo eso, haberse podido mudar a Tres Arroyos le cambió la vida: necesitaba una red; en La Plata se había quedado sola y con muy pocas posibilidades de conseguir otro trabajo.
Después de esa experiencia “una queda totalmente despersonalizada, no sabés quién sos. Es como si te bajaras de una calesita, o de una montaña rusa, después de 10 años. Y no sabés quién sos, qué mierda hacer, no sabés nada, juro por Dios que te borran en la memoria. Te resetean. Y salir de eso es como volver a aprender a hablar”, asegura Florencia.
Ya en la tercera audiencia fallida, uno de los testigos se sube a su moto, malhumorado, para irse de Tribunales. Perycia le pregunta si está enojado por las desprolijidades procesales, y aunque reconoce que sí, también asegura: “Voy a venir las veces que hagan falta”. Hay un hilo invisible entre esas palabras y las que pronuncia Florencia unas semanas más tarde en la entrevista con este medio: “Se necesita red, sin una red no llegás al proceso penal. La red son esas personas que, cuando vos sentís que te están tapando con tierra, sacás la mano y están ahí: te ayudan a salir”.
