El caso de Daiana Abregú, la joven de 26 años que fue encontrada muerta en la celda de la Comisaría Comunal de Laprida, en la Provincia de Buenos Aires, fue elegido por Amnistía Internacional para una campaña mundial que busca difundir casos notorios de violencia policial en diferentes países.
La campaña anual del organismo, «Escribí por los Derechos», tiene más de 21 años de trayectoria y su objetivo es lograr “un cambio en la vida de quienes sufrieron violaciones de derechos humanos”. Para ello personas en todo el mundo se unen para escribir cartas, enviar mensajes y tuits, como también firmar peticiones a favor de quienes fueron víctimas de estas situaciones.
La sede local del organismo estuvo en Laprida y acompañó el reclamo de los padres de la joven en su pedido de justicia. El organismo utilizó notas de Perycia para abordar el caso e interiorizarse sobre lo que ocurre en la ciudad con la policía bonaerense.
“Estamos en contacto con el abogado de la familia y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La visibilización de su caso es muy importante en términos de derecho internacional”, dice Noelia Garone, abogada y directora de promoción y protección de los derechos humanos en Amnistía.
“La preocupación que nos genera el expediente ahora es si el Estado y la Fiscalía están llevando adelante la mayor cantidad de herramientas para el esclarecimiento del caso”, agrega Garone.
El organismo tiene experiencia en casos de muerte bajo custodia policial. En Argentina, uno de los más resonantes fue el de Mauro Coronel, detenido violentamente el 30 de abril de 2020 en su casa en Santiago del Estero y trasladado a la Comisaría Décima del barrio Autonomía. Allí, según testigos, fue torturado. Días después falleció tras haber sido, durante 48 horas, trasladado a diferentes comisarías sin que sus familiares supieran dónde se encontraba.
“Un trazo similar en los casos de Mauro y Daiana es la falta de rendición de cuentas de nuestro sistema policial y judicial”, vuelve a remarcar Garone. “Más allá de otros delitos vinculados con su muerte, como las torturas, hay que exigir que el Estado asuma esas responsabilidades”.
Dos autopsias y un informe parcial
Su “personalidad” y “comportamiento anormal”. Los “consumos de alcohol y otras sustancias”. Sus “relaciones personales”. Estos fueron algunos de los estigmatizantes argumentos que la Policía Federal volcó en un informe en el que pretenden concluir que Daiana Abregú se habría suicidado con su propia campera en la celda policial el 5 de junio, tras ser demorada por una contravención.
El informe de la Federal, hasta ahora avalado por el fiscal del caso, Ignacio Calonje, se basó en los resultados preliminares de las dos autopsias realizadas al cuerpo de la joven. La primera, hecha por peritos de Azul un día después del fallecimiento de Daiana —impugnada luego por otro peritaje—, reafirmaba la versión policial del supuesto suicidio.
La segunda, a cargo de la Asesoría Pericial de La Plata, demostró lo contrario: había indicios de una muerte violenta compatible con el homicidio. Sin embargo, los médicos legistas e investigadores de la Federal ponderaron aspectos de la personalidad de Abregú, junto al testimonio de los cinco policías imputados, por sobre otra evidencia relacionada con el estado póstumo de su cuerpo.
Durante la elaboración informe, además, excluyeron a los peritos de la CPM que interviene en la causa por su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, con quienes se habían reunido previamente para analizar las autopsias. Estos especialistas, tras leer las conclusiones finales, expresaron su total disconformidad.
De esta manera, Vanesa Núñez, Pamela Di Bin, Juliana Zeleya, Adrián Núñez y Leandro Fuhr —los cinco policías detenidos por la muerte de la joven de 26 años— fueron liberados el 22 de agosto. Los primeros cuatro efectivos están procesados por homicidio doblemente agravado porque premeditadamente actuaron en grupo y son miembros de las fuerzas de seguridad. El último, Leandro Fuhr, fue procesado por encubrimiento agravado. Todos fueron separados de sus tareas policiales, mientras la investigación del fiscal continúe.
El comisario de la estación policial, Christián Barrios, también fue desafectado de sus funciones. Sin embargo, el comisario inspector de la comisaría, Marcelo Amaya, aún pertenece a la Bonaerense. Según fuentes de Asuntos Internos, Amaya cumple tareas en el Departamento de Control de Operaciones en la Vía Pública y Coordinación con las Fuerzas de Seguridad Federales.
Dos expolicías de Laprida le dijeron a Perycia que ambos estaban al tanto de los manejos violentos de los efectivos y la falsificación de actas en los controles de los calabozos. Esto último fue confirmado en la declaración que el fiscal le tomó a los policías implicados.
Las conjeturas oficiales, por el momento, dejan más dudas que certezas sobre lo que realmente ocurrió en la celda de la comisaría.
¿Quién investiga a la Policía?
A los pocos días de que la Federal diera a conocer su informe, la Asesoría Pericial de La Plata obtuvo los resultados finales de la reautopsia del cuerpo, aportando nuevos elementos. En su dictamen, los especialistas pusieron en duda varias consideraciones de la primera autopsia realizada en Azul, como así también otros aspectos relacionados al hecho.
Entre sus principales observaciones, destacan la posición de la campera de Daiana supuestamente atada a los barrotes de su celda. En las fotografías tomadas, los pliegues de la misma, señala el informe, “están totalmente extendidas, sin aspecto de haber sido nunca un dogal (soga con un nudo corredizo)”.
Otro elemento que impugnaron es la supuesta lesión en su cuello. La primera autopsia describe un “surco de ahorcadura” en esa zona, producto del supuesto nudo de la campera. Sin embargo, en las imágenes esta herida no se observa.
Sí detectaron, en cambio, “excoriaciones en el cuello”, algo que también fue precisado en el informe médico de Omar Baquini, el primer sanitarista que ingresó y revisó el cuerpo de Daiana en la celda para constatar su muerte. Estas excoriaciones, algunas sangrantes —detalla el informe—, son relevantes dado “que representarían lesiones de defensa de la víctima”. En ese sentido, la reautopsia confirma una muerte por “asfixia mecánica por sofocación”. Es decir, se detectó que el aire que ingresó en sus pulmones quedó atrapado allí.
“Con estos resultados, le pedimos al fiscal que ordene una nueva pericia para que intervenga el cuerpo de peritos forenses de la Corte de la Nación, pero aún no tuvimos una respuesta concluyente”, explica Pedro Auzmendi, abogado de la CPM.
Desde el organismo de derechos humanos, coinciden que no debe ser la Policía Federal quien realice el informe final sobre la muerte de Daiana. “Consideramos a la Corte como un órgano superior e imparcial para dar una apreciación definitiva”, agrega el abogado.
¿Sobreseimiento o elevación a juicio?
La CPM había pedido la nulidad del informe de la Federal al Juzgado de Garantías, tras conocer su resultado. La defensa de los policías, por otro lado, pidió la nulidad del estudio de la Asesoría Pericial de La Plata por “falso testimonio” de una de las médicas. Con este escenario, señala Auzmendi, hay dos posibilidades por parte del fiscal. El sobreseimiento de los procesados o la elevación a juicio.
“Estas contradicciones pueden resolverse con una pericia a través de un órgano superior. Lo que nos viene respondiendo el fiscal es que, en caso de que sea oportuno, lo solicitará, aunque no tiene la obligación de hacerlo”, detalla el integrante de la CPM.
Perycia intentó contactar a Calonje en dos oportunidades para profundizar sobre estos temas, pero no tuvo una respuesta concreta.
Por su parte, Sergio Roldán, abogado de la familia, pidió un oficio al fiscal para pedir la declaración de Claudia Ochoteco, una médica forense que participó de la primera autopsia del cuerpo hecha en Azul, donde sugiere que Daiana se suicidó. “Tenemos la causa trabada ahí. Curiosamente, la doctora se pidió un parte psiquiátrico”, explica Roldán.
El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, la pasada semana se refirió al caso de la joven en una conferencia de prensa que realizó en Olavarría, a pocos kilómetros de Laprida. “Quedó demostrado que, lamentablemente, fue un suicidio”, manifestó el ministro. “Ustedes saben que la primera autopsia había dicho justamente que había sido un suicidio”, concluyó.
Sobre la segunda autopsia, Berni dijo que “se hizo por diferentes presiones”, sin aludir a que en la primera participaron funcionarios de la fuerza bonaerense, algo que se debería evitar en muertes que se dan bajo custodia policial, según el Protocolo de Minnesota.
El desconocimiento que el ministro tiene sobre el caso se hizo aún más notorio: “La nueva autopsia dio el mismo resultado que la primera”, deslizó. “Por lo tanto, me parece que están bajo investigación los que hicieron la segunda autopsia de manera deliberada, que no han informado lo que tenían que informar”, sentenció.
La segunda autopsia demostró resultados diferentes que engrosaron la hipótesis del homicidio y llevaron a la detención e imputación de los policías involucrados. En cuanto a la investigación de la Justicia, existe una denuncia por falso testimonio contra los peritos médicos de la Asesoría de La Plata, impulsada por uno de los abogados defensores. Desde la CPM consideraron a la medida como “ridícula y notoria” en defensa de los acusados y la corporación policial.
