Daiana AbregúViolencia institucional

Quién nos cuida de la policía

Manual para una “muerte suicida”: ¿Cómo la Policía Federal convirtió a Daiana Abregú en una candidata para atentar contra su propia vida?

Tras la liberación de los cinco policías imputados por la muerte de la joven de 26 años, Perycia repasa los principales puntos del informe elaborado por la Federal, habla con el fiscal que lo tomó como referencia y con las querellas de la CPM y la familia que lo cuestionan. Consultada al respecto, la asesora pericial e integrante de la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV) Amelia Barreiro advierte que se basa en una construcción “muy misógina, tendenciosa y sin base científica”.

Por: Facundo Lo Duca
Foto: Mauro Arias
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Los liberaron el lunes. En una foto que circuló por las redes sociales ese mismo día, Vanesa Núñez, Pamela Di Bin, Leandro Fuhr, Juliana Zeleya y Adrián Nuñez ─los cinco policías detenidos por la muerte de Daiana Abregú en Laprida─ posan juntos y sonrientes, tras salir de diferentes prisiones en las localidades de Azul y Olavarría. 

El fiscal Ignacio Calonje había solicitado su inmediata excarcelación, tras analizar el informe preliminar de la Policía Federal. Allí dos médicos legistas, una psiquiatra y dos especialistas en criminología examinaron los resultados preliminares de las dos autopsias que se hicieron del cuerpo de la joven de 26 años. Su conclusión fue que Daiana se quitó la vida, ahorcándose con su propia campera en la celda. 

Para arribar a esa conjetura los integrantes de la Policía Federal construyeron un perfil de su personalidad, describiéndola como una joven con “consumos problemáticos” de drogas y un comportamiento “anormal”. Es decir, según estos especialistas, Daiana ─que según su familia y amigos nunca había tenido un episodio suicida, ni había sido internada por una adicción y que al día siguiente se mudaría con su hijo pequeño a la ciudad de La Plata─ se quitó la vida en su celda, a metros de una custodia policial. 

La reversión del relato policial

Además de las tendenciosas y estigmatizantes descripciones sobre la vida privada de la víctima, el informe preliminar deja en claro que tomaron como componente “indispensable” las declaraciones testimoniales de los policías indagados por Calonje. Declaraciones que, como contó Perycia, tienen inconsistencias. 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene como particular damnificado en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, mostró su disconformidad con el informe pericial y la liberación de los oficiales de la Bonaerense. 

“El ateneo se extralimitó en sus funciones y por lo tanto está viciado de nulidad, cometió errores groseros e interpretaciones estigmatizantes de la víctima y revalorizó y tomó por ciertas las diligencias y declaraciones de la propia policía investigada”, detalló el organismo en un comunicado. 

También señaló que los funcionarios federales excluyeron del proceso a los peritos de parte que representaban a la querella y que tomaron al relato policial como “lo efectivamente ocurrido”.

“Se trata de una conclusión construida a partir de distintos elementos de la causa, pero valorados bajo una carga estigmatizante que solo busca poner la mirada sobre la víctima e interpretando elementos de la causa que, como se señaló, no eran objeto de la pericia ordenada”, explicaron desde la CPM.

Según lo ordenado por el fiscal, los funcionarios federales debían “realizar un informe médico legal integral tendiente a dar cuenta de la etiología de muerte, analizando la autopsia, re autopsia, estudios complementarios, análisis comparativo de ADN, pericia toxicológica, pericia anátomo-patológica y pericia de ensayos de tracción”. Sin embargo, una vez recibido el informe, Calonje no reparó, señala la CPM, en basar su pedido de excarcelación para los y las policías en el informe que avanza sobre aspectos que no se habrían requerido. 

La actuación del fiscal

Las críticas a Calonje también estuvieron: “el fiscal, automáticamente y sin ningún análisis de la prueba, solicitó al juez de garantías de Olavarría Carlos Villamarín la libertad de los cinco policías, lo que se cumplió de inmediato. Nunca consignó, además, que los peritos de parte tomen contacto con los testimonios y declaraciones del expediente judicial”, detallaron. 

La actuación del fiscal ya había sido cuestionada por la jueza de Garantías 1 de Olavarría, Fabiana San Roman, quien había ordenado la encarcelación de los oficiales a fines de julio. En ese entonces, San Román llamó la atención sobre la “inacción” para investigar a los policías de la comisaría de Laprida, tras la muerte de la joven. 

La CPM anticipó que pedirá la nulidad de todo el informe, mientras que Sergio Roldan, uno de los abogados de la familia Abregú, confirmó que apeló la decisión del fiscal. 

Perycia dialogó con Calonje, quien aseguró que actuó de acuerdo a “los procedimientos de la ley” y que la liberación de los imputados no los exime de algún grado de “culpabilidad” de lo ocurrido, ya que la carátula del caso —homicidio calificado por su comisión con alevosía y por abusar de su función en su calidad de miembro de las fuerzas policiales— continúa igual. 

¿Qué dice el informe preliminar de la Policía Federal?

Perycia analizó las partes más llamativas del informe preliminar.

En los hechos delictivos en los cuales los indicios materiales son escasos o de poca calidad técnica científica, la prueba testimonial resulta indispensable para su esclarecimiento”.

Como mencionamos, las declaraciones de los policías tuvieron varias inconsistencias y tomar eso como componente “indispensable” pone en duda lo que finalmente se decida.  Uno de los más insostenibles es el de Vanesa Núñez, la última oficial a cargo del cuidado de Daiana y quien, supuestamente, la encontró ahorcada. En su declaración, Vanesa describe su relación con Daiana. Ella asegura que solo “la conocía de vista”. Sin embargo, le confirmó al fiscal que había enviado mensajes a una amiga y a su novio para contarles que la tenían detenida. Incluso, siguió la imputada en su declaración, grabó un audio de WhatsApp cuando la joven rompía las paredes para que su amiga ─quien aseguró que tampoco conocía a Daiana─ escuchara. Luego borró todos los mensajes. “Lo borré porque no quería tener nada de ese día”, justificó. Sergio Roldán, por otro lado, explicó que ellas dos “habían tenido sus encontronazos fuera de la estación”.

“Se deja constancia de que bajo una pileta había un balde que recepcionaba una pérdida de agua de un caño o desagüe. Estos elementos resultan concordantes con los testimonios de personal de la comisaría al describir que la occisa, en las horas previas al deceso estuvo rompiendo las paredes, el colchón y tirando agua”.

Ninguno de los cinco  efectivos que estuvieron encarcelados mencionó el balde ante el fiscal. Cuando se le consultó a Calonje por esto, dijo, titubeante, que “cree” que en la declaración de otro oficial que también estuvo ese día sí menciona ese objeto. Es decir, el balde aparece en el informe preliminar que el fiscal consideró clave para liberar a los imputados, pero ninguno de ellos lo señaló en su testimonio. 

“Respecto de su personalidad, son muy relevantes las declaraciones testimoniales de la madre de la víctima, en cuanto a que su hija padecía trastornos psiquiátricos por consumo de estupefacientes, informando, además, que había realizado tratamiento médico para dejar las drogas. Esta información debe ser verificada y ampliada, como ya se ha solicitado, con otra documentación médica”.

Perycia tuvo acceso a la historia clínica de Daiana en el hospital local Pedro Sancholuz. En sus 59 páginas, no figura ningún tratamiento relacionado a un cuadro problemático de consumo. 

“…es importante para ver el tipo de incidente entre ellos. En caso de ser una conducta atípica por lo “irracional”, indicaría con probabilidad una personalidad anormal (erotomanía, tendencias obsesivas, tendencia a la agresividad, etc.), más aún reforzadas por el estado de intoxicación etílica que se infiere de los valores de alcohol según autopsia.”

El informe recupera el testimonio de Benjamín Bertolotto, un joven de Laprida con el que, aparentemente, Daiana mantuvo una relación sentimental. También revela algunas intimidades entre ambos. La noche previa a su muerte, declararon los policías liberados, Daiana irrumpió en el domicilio de Bertolotto de forma forzada, lo que llevó a una breve discusión entre los dos. El joven se presentó en la comisaría y denunció lo sucedido. Perycia se comunicó con Bertelotto para conocer su opinión, pero no tuvo respuesta. Aun así, ¿por qué los funcionarios de la Policía Federal destacan esa relación y momento como una prueba? ¿Eso es suficiente para demostrar un suicidio o es, simplemente, una intromisión a su vida personal?

“Se sabe que la fallecida había estado festejando su despedida con un asado en compañía de amigos y allegados: Conocer cómo le afectaba la bebida es crucial para entender el estado de intoxicación en que se hallaba al momento de ocasionar el incidente por el que fue detenida”.

Los funcionarios federales detallaron que la joven lapridense había ingerido alcohol y también que se le encontró restos de cocaína en el pelo. Sin embargo, los médicos y policías que declararon sobre el estado de Daiana coinciden en lo mismo: ella estaba tranquila y consciente. Incluso cuando estuvo encerrada en la Comisaría Comunal de Laprida.

Que el análisis toxicológico haya dado positivo para este fármaco [utilizado en ciertos tratamientos médicos o psiquiátricos] nos estaría indicando que, presumiblemente, la fallecida lo tomaba con algún tipo de indicación psiquiátrica. Es por ello que debe solicitarse la historia clínica médica para verificar si la paciente estaba afectada de algún tipo de trastorno psiquiátrico y/o neurológico.

De nuevo, el informe pretende estigmatizar a la joven a través del consumo de drogas. Algo que es puesto en cuestión por el abogado Sergio Roldán, quien sostiene que Daiana no estuvo internada, ni tampoco mantenía un tratamiento respecto a alguna supuesta adicción de estupefacientes. 

“La otra posibilidad de aprovechar una situación de indefensión de la víctima, para luego ahorcarla, puede ser a consecuencia de que la misma sufre un estado de inconsciencia secundario a una afección neurológica, por ejemplo, debido a patologías médicas descompensadas (diabetes, infecciones, epilepsias, etc.) o estados de intoxicación (etílica, por psicotrópicos, etc.). Esta posibilidad quedaría descartada toda vez que, en primer lugar, el precario y el testimonio del médico que la examinó previo al ingreso a la comisaría, no arrojó ningún resultado de alteración patológica, tanto en el orden médico-somático como en el orden de lo psicológico: no comprobó estado de intoxicación ni de alteración de la conciencia”.

Para los médicos de la Policía Federal, Daiana no pudo ser atacada por un tercero porque estaba consciente para defenderse. Sin embargo, al mismo tiempo, apuntan que la joven estaba demasiado influenciada por sus consumos para suicidarse. 

“El tipo de personalidad de la fallecida, sus antecedentes de consumo de alcohol y otras sustancias y otros datos relevantes (historias clínicas médicas, psiquiátricas, etc) sumado al análisis del incidente que origina la detención de la misma y la situación de atrapamiento pudieron haber influido en el estado anímico de forma tal que analizados todos estos elementos en conjunto puede concluirse que la etiología médico legal del caso correspondería a una muerte suicida”.

Así concluye el informe preliminar. Si bien la causa de la carátula aún no cambió, las conjeturas oficiales dejan más dudas que certezas sobre lo que realmente ocurrió el pasado 5 de junio, cuando Daiana murió en la celda de la comisaría. La responsabilidad de su cuidado bajo custodia policial todavía resta por comprobarse, aunque la Policía Federal esté más preocupado en construir el perfil de una Daiana que su familia y amigos desconocen. 

Opinión

¿QUIÉN INVESTIGA PARA LA JUSTICIA?

La antropóloga Amelia Barreiro señala que es necesario replantear que el Poder Judicial dependa de las fuerzas de seguridad para los análisis forenses.

Marchas en Laprida. Foto: Mauro Arias.

“Es un problema que la investigación forense esté en manos de las fuerzas de seguridad”, dice Amelia Barreiro, antropóloga forense e integrante de la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV). “Y que el poder judicial dependa tanto de la policía para los análisis forenses es algo heredado de otros tiempos. Debemos plantear esa discusión”, agrega.

La especialista, que participó en casos resonantes de desaparecidos como el de Luciano Arruga, Tehuel de la TorreyGuadalupe Lucero, advierte que es una “falencia” que no se consulte a cuerpos forenses independientes de la Policía. “Ellos tienen el monopolio de la investigación y muy pocas veces dejan lugar a otras instituciones, como las universidades”, señala.

Respecto al informe preliminar de Daiana Abregú, Barreiro sostiene que se hizo una construcción social “muy misógina, tendenciosa y sin base científica”. 

“Daiana venía de consumir alcohol en una fiesta, algo completamente normal. La cocaína dio positivo en el pelo, lo cual tampoco nos dice mucho. Y la medicación psiquiátrica podría haber influenciado en su estado de ánimo, pero todos señalaron que estaba tranquila. Veo un cuadro forzado por parte de la Policía”, explica la antropóloga forense. 

“Cuando haces un informe de autopsia, no podés andar descifrando qué estaba pensando la víctima en cada situación. Además, no hay en su historia personal algo que indique que pudiera atentar contra su vida”, completa. “Los pseudosuicidios en comisarías tienen una trayectoria lamentable en nuestro país”, finaliza Barreiro.

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