27/07/2026 (Publicada originalmente en Pelota de Trapo)
Por Laura Taffetani (*)
(APe).- Entre los años 1512 y 1542 los conquistadores españoles en América debían leerles a los nativos -en un perfecto español que no comprendían- una proclama llamada “Requerimiento” por la que se les exigía someterse a la corona con la advertencia de que si no lo hacían: “os haré guerra por todas partes y maneras que tuviere… y tomaré a vuestras personas y a las de vuestras mujeres e hijas y los haré esclavos y como tales los venderé, y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere como vasallos que no obedecen y que no quieren recibir a su señor …”
Trescientos años después, los nacientes estados independientes de Argentina y Chile llevaron adelante la conquista de los territorios al sur en ambos lados de la cordillera: las llamadas campañas “Pacificación de la Araucanía” (Chile) y “Campaña del Desierto” (Argentina) arrasando con las comunidades que conformaban la Nación mapuche (Wellmapu) de ahora en más dividida por la cartografía oficial en dos países.
En Argentina, la campaña finalizó con miles de mapuche muertos. En las cuentas del Gral Roca además figuraban como prisioneros 10.539 mujeres y niños y 2.320 guerreros. Muchos de ellos se convirtieron en mano de obra para las cosechas de uva y caña de azúcar en Cuyo y noroeste argentino, otros 3.000 fueron enviados a Buenos Aires y sus niños y mujeres entregados como sirvientes a familias ricas.
Según Jacinto Oddone, luego de la Campaña del Desierto el Estado Nacional transfirió entre 1876 y 1903, 42 millones de hectáreas a 1.843 personas que se adueñaron de la tierra.[1] , verdadero motivo que justificó tamaña empresa. Argentina debía proveer materia prima al mercado internacional y la lana era vital para la industria textil inglesa y los territorios del sur eran especialmente aptos para la cría del ganado ovino necesario para su producción.
Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia.
La nueva conquista del “desierto” del Siglo XXI
Luego de la ocupación, el Estado Argentino fue consolidando la apropiación de los territorios patagónicos y el pueblo mapuche sobreviviente acorralado a la periferia de las ciudades, despojándolos no sólo de sus tierras sino también de su identidad.
Las ciudades crecieron, el próspero negocio del turismo y la explotación de los recursos naturales del lugar fueron entregados a la medida del mercado. Pero fue durante la última dictadura militar y los gobiernos democráticos que es donde este proceso se profundizó, a favor de una clase dominante cada vez más al servicio de intereses extranjeros.
El Grupo Benetton posee aproximadamente algo más de 800.000 hectáreas en la Patagonia a través de la Compañía de Tierras del Sud Argentino; el magnate británico Joe Lewis 12.000 hectáreas, sin contar la ilegal apropiación del Lago Escondido que contó con la complicidad judicial descarada.También creció la compra por parte de los Emiratos Árabes y Qatar, por poner solo algunos ejemplos.
Pero paralelamente, también en los 90 surgió una gran movilización indígena en América Latina frente al Quinto Centenario de la Conquista de América. Las sublevaciones maya-zapatista en Chiapas en 1994 y el resurgimiento quechua-aymara desde Ecuador a Bolivia entre 1997 y 2005 son algunos de los hechos más relevantes de ese proceso.
Es esta corriente la que impulsará que en la reforma constitucional de 1994 en Argentina se reconozca la preexistencia de los pueblos originarios por parte del Estado Nacional, así como también la normativa internacional que los protege.
Como era de suponer gran parte de esa reforma estaba destinada a ser ignorada, las alianzas con los sectores de la clase dominante y los intereses económicos en juego condicionaron cualquier intento de implementación.
Es en este contexto que, a comienzos del Siglo XXI en la Patagonia, producto de ese movimiento de recuperación de su identidad y la falta de voluntad del Estado en su reconocimiento, se producirán distintas recuperaciones territoriales por parte de comunidades mapuche que habían sido despojadas de sus territorios y esto provocará que el Estado Argentino reaccione rápidamente con una ofensiva cultural, legal y armada para asegurar la “inviolabilidad de la propiedad privada”, tanto de los particulares como de las tierras del Estado destinada a servirlos.
Es ésta la razón por la que, durante el gobierno macrista, de la mano de Patricia Bullrich, se ordenó la represión feroz en la Pu Lof Cushamen que culminó con la muerte de Santiago Maldonado, que siguió meses después con el allanamiento brutal de la Lof Lafken Winkul Mapu y la cacería del día siguiente que finaliza con el asesinato de Rafael Nahuel por efectivos de la Prefectura Naval en Bariloche.
La ofensiva también se extendió en el terreno cultural, discriminando los mapuche buenos de los malos, según el disciplinamiento o no al Estado, hablando de “autopercibidos mapuche” o “mapuche truchos”, o simplemente negando su presencia previa a la conquista, diciendo que son chilenos, como lo hizo en su momento Roca llamando desierto a los territorios habitados que tomaría.
Como la Lof Lafken Winkul Mapu, persistió en su lucha y comenzaba a lograr un cierto reconocimiento en sectores del Gobierno de Fernández a través del Ministerio de Seguridad que intentó el diálogo, la ofensiva de los sectores “afectados” por su presencia se hizo aún mayor.
Así, intempestivamente, se produjo el recambio de funcionarios y el área de seguridad quedó en manos de Aníbal Fernández, quien llevó adelante una renovada campaña con todo su esplendor creando un Comando Unificado de fuerzas federales y conjuntas como brazo ejecutor.
La operación fue de manual: se instaló un tráiler de Gendarmería en un predio privado contiguo a la comunidad, luego aparecieron unos encapuchados que lo atacaron, lo incendiaron y eso fundamentó un allanamiento para todo el territorio, por lo que el Comando Unificado entró a saco al lugar, con una violencia exponencial, con el pleno conocimiento de que había niños, lo que provocó que algunos de ellos permanecieran más de un día perdidos. Las lagmien detenidas en el lugar, una de ellas embarazada próxima a parir, fueron encarceladas durante ocho meses. Algunas de ellas fueron trasladadas a Buenos Aires, en una señal clara que la conquista había vuelto.
Durante el cautiverio de las mujeres, a instancias de las comunidades mapuche, se abre una mesa de Diálogo con el Gobierno Nacional y se firma un acuerdo que por supuesto luego no cumplirá y la Fiscalía Federal de General Roca, siempre al servicio del poder de turno, batallará para impedir su ejecución.
Finalmente, el gobierno actual, coherente con el proyecto político que sustenta, en sus primeras medidas desconoció por resolución el acuerdo, terminó de sepultar la posibilidad de diálogo con la comunidad y se fue a juicio. Un juicio en el que ninguna de las imputaciones tuvo que ver con el episodio del tráiler (motivo que diera inicio a la causa). La única imputación que se planteó fue la de Usurpación.
Con una sentencia escrita de antemano, a pesar de las irregularidades y denuncia de torturas que se expusieron sobre la instrucción, todos fueron condenados.
La defensa, llevada a cabo por la Gremial de Abogados y Abogadas apeló a la Cámara Federal de Casación y en estos días se conoció la sentencia que revocó el fallo de primera instancia aplicando la ley, simplemente eso, situación a la que ya dejamos de estar acostumbrados. Los conflictos territoriales de los pueblos originarios no pueden afrontarse desde la penalización del delito de usurpación.
Lo obvio se hizo justicia y una bocanada de aire puro cruzó en esos días una argentina tan injusta.
La inviolabilidad en la conquista
El proyecto de ley, bien llamado de Inviolabilidad de la propiedad privada, viene a resolver los pocos intersticios que sobreviven al proceso de extranjerización y concentración de la propiedad privada que ya venía en curso.
Ahora, con la sinceridad brutal del gobierno actual y una conciencia popular adormecida en relación al uso de nuestros bienes comunes, el enaltecimiento de la propiedad privada a la que se le quitó toda dimensión social gracias a la constante manipulación de los grandes medios de comunicación y la complicidad de la clase dirigente, miles de familias que buscan desesperadas tomar un lugar donde vivir o pueblos originarios que quieran recuperar o defender sus territorios son definitivamente sacrificados a la voracidad del capital.
Por eso cuando hablamos del nuevo proyecto ley no podemos dejar de ver que barco nos trajo a este puerto y poder tejer la argamasa necesaria entre los pueblos que habitamos este territorio que permitan que esta brisa que sopló en estos días de una sentencia ajustada a derecho se convierta en un tornado que se lleve consigo todo el mal que nos ha convertido en exiliados en nuestros propios territorios.
Juntarse, organizarse, luchar sigue siendo la mejor opción para que la vida, algún día, pueda definitivamente, desplegarse a sus anchas en un mundo que nos pertenece.
[1] Citado por Alberto Morlachetti, “El desierto de Roca” en su libro “Que cien años fue ayer”.
(*) Integrante de la Gremial de Abogados y referente histórica de Pelota de Trapo.
