27/6/2022
Casi tres años después de que los policías bonaerenses salieran de cacería con munición de plomo en una protesta por alimentos y empleo, un tribunal de Lomas de Zamora en mayo de 2005 inició el juicio oral y público contra algunos ejecutores de aquella masacre en el Puente Pueyrredón. Ocho meses después, condenó a dos de ellos a prisión perpetua por los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. A otros cinco les impuso penas menores por intentar encubrirlos. Y a uno por participar de la cacería estando retirado.
Veinte años después de los crímenes, Sofía Caravelos, una de las abogadas que empujó esa histórica sentencia vuelve a recordar junto a Perycia aquel debate que considera “excepcional”, por su duración, el tipo de pruebas y la tecnología que usó. Caravelos confiesa que dos espinas le quedaron clavadas aquel 9 de enero de 2006 en el que se leyó el veredicto: el rol nunca esclarecido de la Prefectura durante la represión, y la pena leve que recayó sobre el jefe policial Félix Osvaldo Vega, que nunca estuvo preso y fue quien digitó desde las sombras de su escritorio el operativo criminal: “El policía más gordo se nos escapó”, dice.
En 2002, no era cosa de todos los días que una modesta fiscalía de Lomas de Zamora tuviera que señalar a los asesinos de dos personas y los culpables de las heridas de bala de plomo de otras treinta y tres, de entre las filas de tres fuerzas de seguridad que actuaban bajo las órdenes de las más altas esferas del poder político. El expediente por los asesinatos en las protestas de diciembre de 2001 estaba muy lejos de llegar a juicio, y el crimen del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén acababa de ocurrir.
El fiscal Juan José González, de la Unidad Funcional de Investigación N°11 de Lomas, pidió la elevación a juicio nueves meses después de los crímenes. Pero la justicia demoró otros veintiséis en empezar el debate.
Un juicio excepcional para la época
En mayo de 2005 comenzaron las audiencias que se extendieron por ocho meses y convocaron a más de 300 testigos. El lunes 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora compuesto por Elisa López Moyano, Jorge Roldán y Roberto Lugones, dictó la prisión perpetua para el ex comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el ex cabo Alejandro Acosta por “doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de asesinato”. Fueron 4 años de cárcel para el jefe policial del distrito, Félix Osvaldo Vega, y para los oficiales Carlos Quevedo y Mario de la Fuente, y 3 y 2 años para Gastón Sierra y Lorenzo Colman, respectivamente. A Celestino Robledo lo condenaron por 10 meses en suspenso por usurpación de títulos y honores, ya que participó de la cacería después de haber renunciado a la policía.
“Fue un juicio oral excepcional para la época y para la justicia ordinaria. Por la extensión en el tiempo de las audiencias, la cantidad de imputados y víctimas con representantes. Solo comparable con los juicios de lesa humanidad que vendrían algunos años después en el fuero federal”, recuerda la abogada Caravelos.
En las vísperas del juicio, Sofía recibió la oferta de su colega Claudio Pandolfi, un abogado cercano a los movimientos de desocupados, para representar a tres de los treinta y tres heridos en la represión. Caravelos aceptó. Esa querella se compuso con otros abogados y abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“La extensión del juicio y la duración de las audiencias, que a veces terminaban muy tarde en la noche, solo permitía que actuaran abogados o estudios pagos, como los defensores de los imputados, o las estructuras partidarias, como el Partido Obrero, que representaba a la familia de Kosteki. El resto lo hacíamos con voluntarismo militante de pequeñas orgas de derechos humanos, que participamos de manera coordinada en las audiencias”, recuerda Sofía.
Por esos días, los expedientes todavía se fotocopiaban y quienes integraban el equipo usaban el mail para contarle al resto qué había sucedido en la audiencia anterior.
Los tiradores
“La mayor preocupación de nuestra estrategia era imputarle a Fanchiotti los dos homicidios, porque para la fecha del juicio ya estaba muy claro que quien había disparado sobre Santillán era Acosta. Teníamos que probar que Fanchiotti tenía dominio de la situación”.
Y lo hicieron. En la sentencia, los jueces destacaron que ambos actuaron bajo el “dominio funcional del hecho”, y una de las pruebas para llegar a esa conclusión fue la frase que Fanchiotti le dijo a Acosta después de recibir un golpe en el cuello y que su chofer le ofreciera llevarlo al hospital: “Abrime el móvil que a estos negros hay que matarlos a todos”. Y le pidió munición de guerra.
“El proceso también fue excepcional por los recursos tecnológicos que se usaron: pericias en el Instituto Balseiro, reconstrucción 3D, pericias balísticas de alto nivel. Y por la gran cantidad de material audiovisual que conformó la prueba de cargo, que se utilizó para reconstruir esos estudios periciales”.
Crímenes en 3D
La policía en la que había llegado a ser comisario, en el amanecer del siglo, conservaba algunas viejas costumbres de la que había iniciado a Alfredo Fanchiotti 22 años antes, todavía al mando de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. Los crímenes habían ocurrido a plena luz del día y ante las cámaras de varios canales de televisión. Por eso, las fotos y los videos fueron pruebas esenciales para identificar a quienes apretaron el gatillo.
Aquello funcionó, sobre todo, en el crimen de Santillán. En el interior de la estación, con un puñado de testigos y rostros individualizables, el material fotográfico y fílmico despejó cualquier duda: el cabo Acosta lo fusiló a un metro y medio de distancia. Y lograron revertir el relato que estaban instalando desde los despachos nacionales y provinciales y grandes diarios como Clarín: se habían matado entre ellos. ¿Pero cómo saber quién había asestado, un rato antes, sobre la Avenida Pavón, tres perdigones de plomo a Maximiliano Kosteki?
El Área de Animación, Maquetería y Planimetría Forense de la Asesoría Pericial de La Plata, que dependía de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se puso con la reconstrucción tridimensional de los asesinatos. En abril de 2004 un grupo de peritos planimétricos, valiéndose de videos e imágenes pero también de mediciones en terreno, los incorporaron en la causa.
La secuencia que muestra cómo el cabo Acosta ejecuta a sangre fría a Darío Santillán y que tras diecisiete años reproduce Perycia —se vieron durante el juicio e Indymedia las había publicado en la página de prensa, que ahora está caída— ubica a los protagonistas del crimen desde una toma aérea, y luego, desde varios puntos de vista. La animación permite dimensionar con exactitud la escasa distancia desde la que disparó Acosta mientras el militante escapaba del lugar, de espaldas.
Los ecos del asesinato de Maxi
En el de Kosteki, fueron cruciales las pericias 3D, ya que detectaron el origen y la trayectoria de los perdigones que hirieron de muerte al piquetero. La reconstrucción incluyó una pericia acústica en el Instituto Balseiro de Bariloche que contribuyó a determinar la fuente de los disparos.
La técnica se venía usando hacía diez años, pero el caso más resonante que había ayudado a resolver era el de la joven Teresa Rodríguez, de 24 años, asesinada durante un corte de ruta en la Semana Santa de 1997 en Cutral Có, Neuquén. Se hablaba de francotiradores, pero la pericia permitió ubicar a los protagonistas entre los policías y la causa volvió a activarse.
Durante la audiencia del juicio por la represión en Avellaneda, dos físicos del Balseiro mostraron el audiograma de un disparo. El gráfico se parecía a un pino acostado. Explicaron que, aunque esa estructura de ramas se percibía al oído humano como un único sonido, en realidad el primero correspondía al que llegaba al micrófono directamente desde el arma, y los picos posteriores a los que habían llegado por caminos indirectos, es decir, eran ecos, sonidos que habían rebotado en algún objeto.
Esa estructura de ecos daba información muy importante sobre la disposición espacial del lugar y permitía ilustrar de qué punto salían los disparos. En dos videos —uno del Ojo Obrero y el segundo de ATC— en los que se escuchaban las mismas cinco detonaciones, los ecos le habían permitido concluir que la fuente de origen era la misma —la formación policial—, y descartar que había disparado otro manifestante.
En la animación de la Asesoría Pericial, se traza el cono con las trayectorias posibles de las balas que impactan a Maxi, y la distancia de 80 metros desde donde Fanchiotti y su subordinado Acosta, adelantándose a la formación de la Infantería, habían tirado a matar.
Las deudas de la Justicia
A veinte años de los crímenes que marcaron un quiebre en el significado de la protesta social, la abogada está convencida de que la Prefectura la sacó barata, que tuvo algo que ver. “Desde el mismo día de los hechos, hubo testimonios que situaron la fuente de disparos con munición de plomo en el sector ocupado por Prefectura”. La abogada se refiere a un hombre herido en la clavícula. Poco después de iniciada la investigación, declaró bajo identidad reservada. Cuando recibió el plomo, dijo, sobre la avenida Pavón, los prefectos eran los únicos que venían en ese sentido.
Ese testimonio coincide con el reconocimiento médico y con la declaración de Máximo Lanzetta, quien dijo haberse encontrado con un empleado de la municipalidad de Avellaneda que le dijo que había sido herido en el hombro, le mostró la herida, un perdigón de plomo que tenía en la mano y que le había disparado la Prefectura.
El propio Fanchiotti lo reconoció durante una entrevista que dio desde la cárcel en agosto de 2003 al diario Página 12: “La Prefectura también disparó y no la investigaron”.
Sin embargo, la fiscalía y la jueza de garantías de Lomas de Zamora, Marisa Salvo, desecharon esa línea de investigación y en julio de 2002 mandaron la prueba que vinculaba a la Prefectura al juzgado federal 1 de La Plata, junto a la denuncia contra los piqueteros por el corte de ruta. Ninguna de las dos avanzó.
En las audiencias y la sentencia, los jueces del Tribunal hicieron un enorme esfuerzo para desvincular a la fuerza naval: “Es de fundamental importancia mencionar que las fuerzas de seguridad pertenecientes a la Prefectura Naval argentina efectuaron únicamente —en forma medida y controlada— disparos con municiones antitumulto y que los mismos se realizaron para repeler agresiones y dispersar a los manifestantes”.
El eslabón que cortó la cadena de responsabilidades
La segunda falta que marca Caravelos respecto al juicio es sobre el ex comisario Félix Osvaldo Vega, jefe de la Departamental de Lomas de Zamora, el policía de mayor rango entre los acusados. “Había ascendido de la mano de Juan José Álvarez, en su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense durante el acotado mandato de (Carlos) Ruckauf”, cuenta la abogada. “Él tuvo a su cargo la supervisión del operativo. Le daba órdenes a Fanchiotti, que se encargaba de lo que sucedía en la calle”.
En aquel diálogo de 2003 con Página 12, Fanchiotti dio detalles sobre el rol jugado por su superior: “A mí el jefe de la Departamental me ordenó hacer detenciones. Lo hizo en forma tajante, porque yo le había comunicado que al ingresar al hall de la estación había encontrado a una persona que estaba grave, aparentemente muerta (por Maximiliano Kosteki) y otra que estaba herida, que se trataba de Darío Santillán. Entonces él me dijo ‘Quiero detenciones, tenés que hacer detenciones’, como para justificar de alguna manera… digamos, la situación de estas dos personas, Kosteki y Santillán.”
El tribunal Oral Federal 7 condenó a Vega por encubrimiento agravado. “Como si hubiera metido las manos luego de ocurridos los hechos, y no antes ni durante. Era necesario investigarlo. Nosotros no pudimos modificar la calificación, y el más gordo se nos escapó”, se lamenta Caravelos.
“Ese eslabón nos habría servido de nexo, para llegar más arriba, a su inmediato superior, el director general de investigaciones Beltracchi y al siguiente escalón, el ministro de Seguridad de ese momento Luis Genoud”. En 2011, la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires terminó la faena y lo absolvió del encubrimiento. Félix Osvaldo Vega quedó libre de culpa y cargo.
Lo que dejó el juicio
Para Sofía Caravelos, hija de padre y madre desaparecidos, militante de uno de los MTD de las afueras de La Plata luego del “Argentinazo” de 2001, también fue un hito vital y profesional: “El juicio fue una instancia muy importante. Una experiencia invalorable para mí”. La abogada aún recuerda las palabras que pronunció Alberto Santillán en las horas previas a la sentencia: “Durante el juicio vi tantas veces morir a mi hijo… espero que tenga sentido”.
Finalmente, el Tribunal impuso las mismas penas que había pedido el fiscal Bernardo Shell, con la única diferencia de un año menos a Colman, uno de los encubridores. Aunque ordenaron abrir una causa judicial por falso testimonio al ex ministro de Justicia de la presidencia de Eduardo Duhalde, Jorge Vanossi; al ex titular de la SIDE Carlos Soria y su segundo, Oscar Rodríguez, se negaron a indicar que se investigara —como habían pedido los familiares— a funcionarios bonaerenses, como el ex jefe de Policía Edgardo Beltracchi y el entonces secretario de Seguridad y actual juez de la Suprema Corte, Luis Genoud.
A pesar de todo, las prisiones perpetuas para un comisario de la Policía y su chofer por los crímenes de la institución durante una jornada de protesta social marcaron un antes y un después: “Estamos contentos porque es un paso importante, por primera vez hay una condena efectiva a la bonaerense”, dijo la hermana de Maximiliano, Vanina Kosteki. Alberto Santillán, el padre de Darío, las valoró como “el primer paso de una historia que debe continuar”. Creía: “Algunos policías recibieron penas livianas, pero estoy conforme. Mi hijo está en el espíritu de todos los que luchan”.
