Daiana Abregú: anatomía de un caso inconcluso

El próximo 5 de junio se cumplirán dos años de la muerte de Daiana Abregú, la joven de 26 años que ese mismo día del 2022 fue encontrada sin vida en la celda de la comisaría de Laprida, en la Provincia de Buenos Aires. Perycia llegó a la ciudad bonaerense una semana después del hecho, y desde ese día, seguimos la investigación judicial del caso de cerca. 

Hace dos años, cuando llegamos a Laprida, conocimos mejor a Daiana: entrevistamos a sus amigos y familiares y a sus compañeras de Lilán, el equipo de fútbol lapridense donde jugaba. También expusimos cómo operaba la policía bonaerense en la ciudad. Hablamos con ex policías que trabajaron en la comisaría en donde Daiana apareció muerta y con vecinos que sufrieron violencia institucional por parte de algunos efectivos que luego fueron implicados en su muerte; y recurrimos  a la hemeroteca de la ciudad en busca de un dato en un diario local. Aquella noticia puso en relieve los manejos de la seccional en el pasado en donde Marcelo Amaya, el comisario que le avisó a los padres de Daiana sobre su “suicidio”, figuraba en los hechos.

A fines de enero, la jueza que llevó la instrucción, tras dos autopsias del cuerpo de la víctima con conclusiones opuestas y tres informes pariciales de distintos organismos, elevó la causa a juicio con la certeza de que Daiana, finalmente, se había quitado la vida ahorcándose con su propia campera. Esa decisión llegó luego de varias autopsias y pericias que buscaban la verdad a través de un cuerpo que, desde hace dos años, dividió a toda una ciudad.

El idioma de los cuerpos 

La fría mañana de aquel domingo 5 de junio del 2022, Daiana había salido a bailar a un popular boliche de Laprida. A las siete de la mañana, ya fuera de la discoteca, fue detenida por la policía, tras provocar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en la Comisaría Comunal de Laprida. Unas horas después, como única detenida de la dependencia, la joven fue encontrada muerta por los efectivos bonaerenses de turno.

«Su hija se suicidó», le dijo, horas después, el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven. Sus policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en su celda con su propia campera. Pese a practicarle RCP —les narró el comisario—, no pudieron reanimarla. Tampoco podían ver el cuerpo: una ambulancia la estaba trasladando hasta la ciudad Azul, a 160 km de Laprida, para la realizarle la que sería la primera autopsia.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria, tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnó esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal. Entre las irregularidades que se cometieron en la autopsia —señaló la CPM—, se encontraban, entre otras, la falta de la tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica para recolectar pruebas de la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: La Bonaerense.

El fiscal del caso, Ignacio Calonje, ordenó entonces una segunda autopsia del cuerpo. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia de la CPM, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, puntualizaron los peritos en su informe, el lazo de ahorcadura de su cuello, apuntaría a que la herida fue realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio.

Calonje, luego de esos resultados, imputó a los cinco policías involucrados por homicidio y encubrimiento, además de ordenar su encarcelamiento de forma inmediata. Aquel giro en la causa, sin embargo, no duraría mucho. El fiscal, por pedido de la defensa de los efectivos, había ordenado que un nuevo equipo pericial analice los resultados de las dos autopsias. El órgano encargado, esta vez, fue la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal. El mismo —criticó la CPM al conocer la decisión—, estaba compuesto en su mayoría por especialistas en criminología y médicos legistas como psiquiatras, y no por perito forenses acordes para estudiar los informes de la autopsia. 

Los miembros de la UCAP rechazaron rápidamente las conclusiones de homicidio de la segunda autopsia y enfocaron su análisis en los aspectos psicológicos de Daiana. En su informe —que incluyó una recreación ficticia del “suicidio” en la comisaría de Laprida—, los expertos describieron a la víctima como una persona con una personalidad «inestable» y con problemas de consumo de drogas. La noche anterior a ser detenida, detalló la unidad especial, la joven había consumido alcohol y cocaína, lo que un contexto de encierro, explicaron, pudo haber provocado “una crisis nerviosa que llevó a la joven a quitarse la vida”.

A pesar de que Abregú ya había sido detenida en otras ocasiones en esa comisaría por una contravención y que sería liberada a las pocas horas, el dictamen final de la Policía Federal no dio lugar a otra posibilidad que no fuera la del suicidio. Con dos estudios que avalaban esta última hipótesis —primero el de la autopsia de la Asesoría Pericial de Azul; y ahora esta resolución de la fuerza federal— Calonje ordenó la libertad para los cinco oficiales bonaerenses. Pero la vía judicial aún no estaba terminada.

Tanto el abogado de la familia, Sergio Roldan, como la CPM, le exigieron al fiscal una tercera instancia pericial, dado que no reconocían a la primera autopsia —la de Azul— como válida, al no respetar los protocolos necesarios. Con ese escenario, donde había un informe como el de la Asesoría de La Plata que decía que la joven fue presuntamente asesinada y en otro, el de la Federal, que optaba por la posibilidad de que Daiana se haya quitado la vida, se requería una tercera opinión que reconfirme, y a su vez rechace, algunas de estas dos hipótesis. El órgano elegido por Calonje —sugerido por la CPM— para la tercera instancia de análisis fue, finalmente, el Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia.

En diciembre del año pasado, los peritos del máximo órgano judicial apoyaron —a través de sus propias conclusiones—, la hipótesis de la Federal, ponderando nuevamente la teoría del suicidio. Entre las particularidades de su informe, los integrantes del cuerpo forense de la Corte destacaron la resistencia de la campera de Daiana. La prenda, explicaron en su análisis, fue sometida a un procedimiento de fuerza de estiramiento que comprobó —según sus propios estándares— que la misma podía soportar aún más que el peso de la víctima, sin resquebrajarse sus costuras. Es decir, la campera, para los especialistas forenses, era una herramienta más que apta para quitarse la vida en la celda. Las instancias periciales, luego de ese último informe, habían terminado .

Con este último resultado, la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, Fabiana San Román,  del fiscal, dictó el sobreseimiento de los cinco policías. Sólo una efectiva bonaerense, Vanesa Núñez, fue imputada por incumplimiento de su deber ante el cuidado de un detenido.

«Ya no hay nada para hacer», le dijo a Perycia el abogado Sergio Roldan. Desde la CPM y Amnistía Internacional, organismo que posteriormente acompañó a la familia y tomó el caso de la joven como uno de los ejemplos representativos de la violencia institucional, no están conformes con el trámite de la causa, tras poner en duda los informes finales de la Corte, como así también los de la Policía Federal.

Las dudas de los peritos

Federico Schmeigel es antropólogo y perito de parte de la CPM. Participó en los informes de la UCAC y en el de la Corte. En el primero, realizado por la Policía Federal, Schmeigel asegura que este se “basó en un perfil totalmente forzado y estigmatizante sobre la víctima, sin tener perspectiva de género y destacando supuestas situaciones personales que llevaron a Daiana al suicidio”. 

“Cuestionamos que el fiscal haya utilizado un área criminalística de una fuerza federal en detrimento de lo que había sido un informe concluyente de un órgano pericial de la justicia, como el de la Asesoría Pericial de La Plata”, señala el antropólogo. 

Schmeigel, además, cuestionó el procedimiento elegido por la UCAC para establecer el presunto suicidio: “No se pusieron en marcha los protocolos para la reconstrucción de la escena del crimen que estaban planteados en una resolución del misterio de seguridad”. Además, explicó el especialista forense, “no se evaluaron todas las hipótesis que estaban planteadas entorno a la muerte de Daiana, sólo la del suicidio”. Al momento de la reconstrucción de la escena en la comisaría de Laprida, los cinco oficiales bonaerenses todavía estaban acusados de homicidio. “Solo reconstruyeron el ahorcamiento de la víctima. No dieron lugar a la hipótesis del homicidio y eso es una negligencia enorme”, remarcó el integrante de la CPM.

Fabián Quintero también es antropólogo, además de investigador y director del programa forense que se dicta en la Universidad de La Plata (UNLP). Fue convocado por la CPM como un consultor externo para el análisis de los modos de construcción de la información en la investigación por la muerte de la joven de Laprida. Para Quintero, la prueba mecánica que se hizo sobre la campera —impulsada primero en el informe de la Policía Federal y ratificada luego por la Corte— “está mal hecha”.

“La Suprema Corte y los abogados saben de un montón de tópicos jurídicos, pero carecen de conocimiento sobre cuestiones técnicas, como por ejemplo cómo se mide en una prenda de vestir la capacidad de soportar una atracción”, apunta el investigador. “Por eso, cuando leen los informes periciales, dan por sentado muchas cosas que tienen una complejidad alta en su metodología”, agrega Quintero. 

En cuanto a la prueba de la campera, el antropólogo sostiene que no se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas. “En los informes no se brindó una descripción detallada y replicable del método de ahorcamiento”, explica Quintero. “Solo se describe que el cuerpo fue encontrado sentado con una campera de jeans blanca alrededor de su cuello, con tres nudos sujetos a la parte superior de la reja de la celda”. 

El método de ahorcamiento, sigue el antropólogo, debe coincidir con la causa de muerte, que en este caso se dirime entre la “asfixia mecánica por sofocación” (en el caso del asesinato) y la “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca” (en el caso del suicidio). “Ellos hicieron una pantomima. Tomaron la prenda, enroscaron la parte de adelante y la parte de atrás de la manga, y solo hicieron atracción sobre la parte de arriba”, detalla Quintero.

“La resistencia de una prenda es heterogénea. No en todos los lugares resiste de la misma manera. Hay partes que son más sensibles que otras. Y esos lugares son los de la costura, a parte del sobaco. Porque allí no están soportados por la estructura de la trama de la tela, sino que son dos telas unidas”, profundiza el investigador forense. 

Las pericias sobre la campera, concluye Quitero, se hicieron sobre la parte más resistente de la misma, sin tener en cuenta la unión más débil de las costuras. “Nadie puede decir realmente qué extremos de la prenda usó la víctima. Por eso era necesario que se midiera la resistencia de la misma desde diferentes tramos de la tela”, finaliza el investigador.